El pasado 3 de junio, el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley con vistas a elevar el techo de la deuda pública y a fijar un tope para determinadas categorías de gasto público. El gran beneficiario es –¡sorpresa, sorpresa!– el Pentágono.
El Congreso ha mantenido intactos los programas asociados a las fuerzas armadas al tiempo que ha congelado todas las demás categorías de gasto discrecionales del ejercicio presupuestario de 2023 (con excepción de las ayudas a excombatientes). En efecto, el poder legislativo ha fijado el presupuesto del Pentágono y de otros programas de seguridad nacional –como los trabajos asociados a la energía nuclear que desarrolla ojivas nucleares en el ministerio de Energía– en el nivel fijado en la propuesta de presupuesto del gobierno para el ejercicio de 2024: aumento del 3,3 % del gasto militar a un total impresionante de 886.000 millones de dólares. Esto es un trato de favor de primer orden, que además favorece a ¡la única agencia gubernamental que no ha logrado superar ni una auditoría financiera!
Pese a ello, este aumento de 886.000 millones de dólares de los gastos del Pentágono y los gastos conexos probablemente no sea un techo, sino más bien un nuevo suelo en lo que respecta a lo que se adjudique a la defensa nacional el año que viene. Un análisis del acuerdo, realizado por el Wall Street Journal, revela que los gastos del Pentágono y de la atención a los excombatientes –que no han sido congelados en el acuerdo bipartidista– rebasarán el billón de dólares el año que viene.
Esta cifra debe compararse con los 637.000 millones de dólares que quedan además en el presupuesto discrecional del gobierno. Dicho de otro modo, la sanidad pública, la protección del medioambiente, la vivienda, los transportes y casi todo lo que emprernde el gobierno federal deberán contentarse con apenas el 45 % del presupuesto federal discrecional, o sea, menos de lo que haría falta para compensar la inflación. (Olvidemos las necesidades insatisfechas en este país.)
Demos por hecho que los gastos de seguridad nacional aumentarán probablemente todavía más gracias a un coladero enorme (aunque bastante inadvertido) de este acuerdo presupuestario, un gazapo tal que los halcones del Congreso se relamen ya con la idea de hallar la mejor manera de aprovecharlo. Claro que no es fácil ver este fallo debido a la jerga burocrática utilizada para explicarlo, pero su impacto potencial en el aumento rápido de los presupuestos militares no puede ser más claro. En su análisis del acuerdo presupuestario, la Oficina Presupuestaria del Congreso (Congressional Budget Office, CBO) señala que “la financiación prevista como exigencia urgente o para las operaciones de seguridad en el extranjero no estará limitada” por todo lo que habían acordado senadores y representantes de la Cámara.
Como deberíamos haber aprendido en el transcurso de los 20 años de guerras estadounidenses en Afganistán e Irak, la expresión operaciones de emergencia en el extranjero puede incluir casi todo lo que desee gastar el Pentágono con el dinero de nuestros impuestos. De hecho, existía incluso una cuenta llamada Overseas Contingency Operations (OCO), que se suponía reservada a la financiación de guerras aparentemente interminables libradas por este país después del 11 de septiembre de 2001. Esta cuenta se ha utilizado sin duda para financiarlas, pero cientos de miles de millones de dólares de proyectos del Pentágono que no tenían nada que ver con los conflictos en Irak o en Afganistán también se han financiado de este modo. Los detractores del gasto excesivo del Pentágono la han pasado a llamar muy pronto la Caja B del departamento de Defensa.
Prepárate por tanto para ver dentro de no mucho Slush Fund II (Caja B) en algún cine de tu barrio. Esta vez, el pretexto para inflar el presupuesto del Pentágono será sin duda el próximo programa de ayuda militar a Ucrania, que probablemente se presentará en forma de proyecto de ley urgente en el transcurso del año. Cabe prever que este paquete legislativo no comprenda únicamente una ayuda a Ucrania para rechazar la brutal invasión rusa, sino también decenas de miles de millones de dólares suplementarios para –¡cómo no!– inflar el presupuesto del Pentágono, que ya está muy bien dotado.
El senador Lindsey Graham (republicano, Carolina del Sur) se ha manifestado en este sentido durante una charla con periodistas, poco después de la adopción del acuerdo sobre el techo de la deuda por parte del Congreso: “Pronto llegará el día en que deberemos ocuparnos de la situación en Ucrania. Esta será la ocasión, para mí y otros, de llenar las lagunas de este acuerdo presupuestario.”
El jefe de la mayoría senatorial, Chuck Schumer (demócrata, Nueva York), ha hecho una declaración similar en el Senado durante el debate sobre este acuerdo: “El acuerdo sobre el techo de la deuda no limita para nada la capacidad del Senado para adjudicar fondos de emergencia o suplementarios a fin de garantizar que nuestras capacidades militares sean suficientes para disuadir a China, Rusia y nuestros demás adversarios y de responder a las amenazas permanentes y crecientes que pesan sobre la seguridad nacional.”
La posición del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (republicano, California), podría constituir un obstáculo potencial (y sorprendente) frente a los futuros proyectos de los partidarios del presupuesto del Pentágono. En efecto, ha calificado los esfuerzos encaminados a aumentar los gastos del Pentágono por encima del nivel fijado en el reciente acuerdo presupuestario de “parte del problema”. De momento, al menos, se opone abiertamente a la elaboración de una serie de medidas de emergencia con vistas a incrementar el presupuesto del Pentágono:
Las últimas cinco auditorías del departamento de Defensa no han ido bien. Esto significa que hay muchos aspectos que es preciso reformar [en los que] podemos ahorrar mucho dinero. Hemos incrementado el presupuesto. Es la cantidad más importante que hayamos gastado jamás en defensa, es la cantidad más importante que nadie en el mundo haya gastado en defensa. Por tanto, no creo que la primera respuesta consista en hacer un presupuesto suplementario.
La sobrefinanciación masiva del Pentágono
El departamento de Defensa ya está, por supuesto, sobrefinanciado. La suma de 886.000 millones de dólares es una de las más elevadas que se han alcanzado jamás: cientos de miles de millones de dólares más que en el apogeo de las guerras de Corea o de Vietnam o durante los años más intensamente conflictivos de la guerra fría. Es más alta que las de los presupuestos militares juntos de los diez países subsiguientes, que en su mayor parte son, de todos modos, aliados de EE UU. Y se calcula que es tres veces superior a lo que recibe anualmente el ejército chino, la “creciente amenaza acelerada” que dice el Pentágono. Resulta por tanto irónico constatar que el hecho de “seguir el ritmo” de China implicaría, por el contrario, una reducción masiva de los gastos militares y no un aumento del presupuesto pletórico del Pentágono.
Ni que decir tiene que los preparativos encaminados a defender eficazmente a EE UU y sus aliados podrían llevarse a cabo por un importe bastante inferior al que se ha asignado ahora al Pentágono. Un nuevo enfoque podría permitir fácilmente un ahorro de más de 100.000 millones de dólares en el transcurso del ejercicio presupuestario de 2024, como han propuesto las representantes Barbara Lee (demócrata, California) y Mark Pocan (demócrata, Wisconsin) en la ley People Over Pentagon Act, la principal propuesta de reducción presupuestaria del Congreso.
Un informe ilustrativo publicado por la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) a finales del año 2021 esboza tres hipótesis que implican un enfoque menos intervencionista y más moderado de la defensa y supondrían una mayor dependencia de los aliados. Caca opción reduciría la fuerza militar activa estadounidense de 1,3 millones de personas (hasta una quinta parte en el caso de una de las hipótesis). Los ahorros totales derivados de los cambios propuestos por la CBO ascenderían a 1 billón de dólares a lo largo de un decenio.
Un planteamiento más detallado, alejado de la estrategia actual de cobertura del globo (cover the globe strategy), que consiste en ser capaz de librar (aunque no siempre de ganar, como muestra la historia de este siglo) guerras en prácticamente cualquier lugar del mundo, dentro de un plazo muy corto –y sin aliados, si hace falta–, permitiría economizar cientos de miles de millones suplementarios durante el próximo decenio. La reducción de la burocracia y otros cambios en la política de defensa también permitirían ahorrar en otros conceptos. Por solo citar dos ejemplos, la reducción de la masa de más de medio millón de empleados contratados privados del Pentágono y el recorte del programa de modernización de las armas nucleares supondrían un ahorro de más de 300.000 millones de dólares suplementarios durante una década.
Sin embargo, nada de esto llegará siquiera a plantearse sin una presión concertada de la opinión pública que se proponga, en primer lugar, impedir que miembros del Congreso añadan decenas de miles de millones de dólares de gasto para proyectos militares locales [en el sentido de localización de industrias o de infraestructuras de armamento] que canalicen fondos a sus Estados o sus circunscripciones. También debería oponerse a la propaganda de las empresas proveedoras del Pentágono que pretenden necesitar cada vez más dinero para suministrar materiales adecuados para la defensa del país.
Los proveedores gritan que viene el lobo
Al tiempo que reclaman cada vez más dinero de nuestros impuestos, las grandes empresas de la industria militar dedican más esfuerzo a llenar los bolsillos de sus accionistas que a invertir en los dispositivos necesarios para la defensa del país. Un informe reciente del departamento de Defensa revela que, de 2010 a 2019, estas empresas han incrementado un 73 % la cantidad desembolsada a sus accionistas con respecto al decenio anterior. Durante este periodo, sus inversiones en investigación y desarrollo y en activos (bienes de producción) han menguado significativamente. No obstante, estas empresas afirman que sin una financiación suplementaria del Pentágono, no pueden permitirse invertir suficientemente en sus actividades a fin de discernir los desafíos futuros que deberá afrontar la seguridad nacional, y que incluyen la aceleración de la producción de armas para poder suministrar armas a Ucrania.
En realidad, los datos financieros indican que simplemente han optado por recompensar a sus accionistas en detrimento de todo el resto, por mucho que sus márgenes de beneficio y su liquidez no hayan dejado de mejorar. De hecho, el informe subraya que estas empresas “generan sumas sustanciales de liquidez, más allá de sus necesidades operativas o de inversiones de capital”. Así, en vez de invertir más en sus actividades, optan por comerse su simiente de maíz dando prioridad a las ganancias a corto plazo por encima de las inversiones a largo plazo y por invertir los beneficios suplementarios en sus accionistas. Pero cuando te comes tu simiente de maíz, ya no te queda nada para plantar de cara al año que viene.
Sin embargo, no temas, pues el Congreso parece dispuesto eternamente a rescatarlos. De hecho, sus empresas siguen prosperando porque el Congreso autoriza la financiación del Pentágono para que este les adjudique repetidamente enormes contratos, independientemente de sus logros y de la falta de inversión interna. Ninguna otra industria podría salir airosa con un razonamiento tan maximalista.
Las empresas militares superan a las empresas de tamaño similar de sectores no vinculados a la defensa en ocho de nueve indicadores financieros clave, incluido el relativo al rendimiento total para los accionistas (una categoría en la que dejan muy atrás a la mayoría de las demás empresas del S&P 500). Superan financieramente a sus homólogas comerciales por dos razones evidentes: en primer lugar, el Estado subvenciona gran parte de sus costes; y en segundo lugar, la industria de armamento está tan concentrada que sus principales empresas apenas tienen competidoras, si es que las tienen.
Para más inri, las empresas inflan las facturas que paga el Estado por el armamento básico que producen, mientras acumulan dinero para enriquecer a sus accionistas. A lo largo de los últimos 15 años, el organismo de supervisión interno del Pentágono ha denunciado los precios abusivos practicados por empresas que van desde Boeing y Lockheed Martin hasta otras menos conocidas, como TransDigm Group [equipamientos aeronáuticos]. En 2011, Boeing generó beneficios excedentarios de alrededor de 13 millones de dólares inflando la factura de 18 piezas de recambio utilizadas por los helicópteros Apache y Chinook. Para formarnos una idea, el ejército ha pagado 1.678,61 dólares por cada una de minúsculas piezas de helicóptero que el Pentágono ya tenía en su almacén y que le habían costado tan solo 7,71 dólares cada una.
En 2015, el Pentágono descubrió que Lockheed Martin y Boeing practicaban conjuntamente precios abusivos. Inflaron facturas de “cientos de millones de dólares” por unos misiles suministrados al ejército. Asimismo, TransDigm ganó 16 millones de dólares inflando las facturas de piezas de recambio entre 2015 y 2017, y todavía más los dos años subsiguientes, generando cerca de 21 millones de dólares de beneficios excedentarios. Al parecer no existe ninguna obligación legal para estas empresas de reembolsar al gobierno si se ha descubierto que han practicado precios abusivos.
Desde luego que no hay nada nuevo en este tipo de estafa, que por cierto tampoco es exclusiva de la industria de armamento. Sin embargo, es particularmente flagrante en este sector, dado que los principales proveedores de material militar dependen en gran medida de las actividades del Estado. Lockheed Martin, el más importante de ellos, realizó en 2022 el 73 % de su volumen de negocio neto, de 66.000 millones de dólares, con el Estado. Boeing, que lleva a cabo muchas más operaciones comerciales, generó a pesar de todo, ese mismo año, un 40 % de su volumen de negocio con el Estado (en 2020 fue el 51 %).
Pese a su dependencia con respecto a los contratos públicos, empresas como Boeing parecen redoblar sus esfuerzos por impulsar prácticas que a menudo llevan a aplicar precios abusivos. Según Bloomberg News, entre 2020 y 2021, Boeing se negó a entregar al Pentágono datos certificados sobre los costes y los precios de alrededor de 11.000 piezas de recambio correspondientes a un solo contrato con la fuerza aérea. La senadora Elizabeth Warren (demócrata, Massachusetts) y el representante John Garamendi (demócrata, California) solicitaron al Pentágono llevar a cabo una investigación, porque sin estas informaciones, el departamento de Defensa no podrá asegurarse de que paga un precio justo por sus compras.
Poner coto a esta política de los proveedores de la defensa y sus aliados parlamentarios
Acabar con las estafas y la corrupción de las empresas de armamento, grandes y pequeñas, permitiría al contribuyente estadounidense economizar muchísimos miles de millones de dólares. Y poner coto a la política de intereses particulares que practican los miembros del complejos militar-industrial-congresual (MICC) podría abrir la vía al desarrollo de una estrategia militar mundial verdaderamente defensiva en lugar del enfoque intervencionista actual que ha arrastrado a EE UU a las guerras devastadoras y contraproducentes de este siglo.
Una medida modesta para limitar el poder del grupo de presión armamentístico consistiría en reorganizar el sistema de financiación de las campañas electorales, que permite duplicar con fondos federales la cantidad que logren recaudar los propios candidatos o candidatas, diluyendo de este modo la influencia de las decenas de millones en donativos de campaña que aporta la industria de armamento en cada ciclo electoral. Además, el hecho de prohibir que las empresas de armamento contraten a los oficiales superiores del ejército que se jubilan –o al menos ampliar el periodo de espera a cuatro años como mínimo antes de que puedan hacerlo, como propone la senadora Warren– contribuiría asimismo a reducir la influencia indebida ejercida por el MICC.
En suma, es posible tomar medidas para impedir que las empresas militares comuniquen al Congreso sus listas anuales de deseos –oficialmente denominadas listas de prioridades no financiadas–, que contienen los elementos que esperan que se añadan al presupuesto del Pentágono. Después de todo, estas listas no sirven más que para que los miembros del Congreso añadan al presupuesto del Pentágono miles de millones de dólares más de lo que pide el propio Pentágono.
Está por ver si tales reformas, si se adoptan, bastarían para reducir realmente los gastos excesivos del Pentágono. En ausencia de tales reformas, una cosa es segura: el presupuesto del departamento de Defensa seguirá escalando, alcanzando sin duda el billón de dólares anual o más dentro de pocos años. Los ciudadanos y las ciudadanas estadounidenses no pueden permitir que esto suceda.
Julia Gledhill es analista del Center for Defense Information del Project On Government Oversight. William D. Hartung es investigador principal del Quincy Institute for Responsible Statecraft.
20/06/2023
Traducción:viento sur
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