Cien años de experiencia de una organización social, tan significativa para la historia y el destino de la sociedad trabajadora y popular colombiana, como lo es la Unión Sindical Obrera (USO) es difícil dejarlos pasar desapercibidos para el pensamiento crítico.
Para su efecto vamos a abordar nuestra reflexión en el marco de cuatro periodos. 1. El heroico (1923-1958) 2. El estatalista (1958-2004) 3. El desregulado (2004- 2022) y 4. El energético verde. Reseñar su historia nos lleva de la mano con la metamorfosis de la clase obrera mundial y latinoamericana, y de la colombiana en particular; con valor significativo, si consideramos que ella ha sido su máxima expresión en nuestro medio. Finalmente, indicativo de lo que ha sido, es y puede ser este actor del trabajo de la época moderna, hoy en clausura, y en transición de una nueva en ciernes.
A manera de introducción
Un ejercicio de análisis crítico no deja de ser de carácter evaluativo, que estará mediado por el referente o perspectiva desde el cual se aborda. Así, por ejemplo, vista desde lo generacional, se tiende a considerar, por parte de la generación vigente entonces, que lo que hizo en su momento era lo correcto pues así lo determinaban las circunstancias o condiciones. Vista desde la perspectiva clasista o marxista, la tendencia más radical tiende a considerar como lo más correcto aquello que involucra la acción más rebelde, por ser la partera de la historia; como igual lo creen los otros sectores y las otras clases y actores en su consideración y acción funcionalista de mantener su estatus. Que en conjunto significa, que se concibe la existencia de un canon de evaluación determinista preestablecido para su valoración y que ha de concluir en validar una de las alternativas de la dicotómica: bueno o malo o falso y verdadero. Juzgamiento de la situación que se corresponde con la validación de la posición ideológica, creencia, valor y razón vital de la cual se es partidario. Que, en el campo de la vida política -como en el del amor, de todos es sabido, damos previamente por sentado que nuestras posiciones son las válidas, objetivas y ciertas y, en consecuencia, actuamos; pasando por alto la astucia de la realidad que a menudo nos aprisiona la razón y la vida en dilemas, cuyas resoluciones nos resultan trágicas para la historia, o en el mejor de los escenarios cómicas para nuestra vida cotidiana.
Un aspecto que, en relación con los asuntos sociopolíticos del orden hipercomplejo, no puede ser tan simple, pues cualquier valoración que se haga estará en permanente revisión, como lo valida el pensamiento científico, crítico por principio dado su dialéctico quehacer entre lo determinista y lo escéptico.
Lo cierto es, finalmente, que el pasado realizado no se puede cambiar, y que buena parte de devenir está definido por las decisiones asumidas en el presente, y que lo más importante de este tipo de reflexión crítica evaluativa, son las enseñanzas que se pueden desprender para las razones vitales, creencias, valores y estrategias de las clases, grupos, actores y coaliciones sociopolíticas democráticas y populares presentes y porvenir, que le apuesten a la construcción de unas relaciones humanas entre los diversos y variopintos miembros de nuestra especie, es decir, a la constitución de su utopía.
- El heroico (1923-1958)
Este periodo de la historia sindical se enmarca, a su vez, en el periodo extractivistaconcesionado (1905-19050) de la historia de la política petrolera del país (Hernández, 2018), por tanto, tiene su inicio en el año 1905, cuando el presidente y General conservador Rafael Reyes adjudica, a su compadre Roberto de Mares, en Barrancabermeja, y al general Virgilio Barco también conservador- en el Catatumbo, las respectivas Concesiones para la explotación de petróleo. Contratos, cuyo proceso ha sido cuestionado por los entendidos, por lo amañados que resultaron, y terminar en manos de las multinacionales norteamericanas (Villegas, 1967). Así se sientan las bases fundacionales de la historia petrolera en el país, que da espacio a la emergencia, de nuestro actor obrero y sindical.
El asunto despunta a principio del siglo XX en el marco del despliegue de la revolución industrial a nivel mundial, sustentada en las energías fósiles: carbón y petróleo; que requieren para su explotación de grandes capitales y, en consecuencia, la institucionalización de grandes corporaciones empresariales del orden transnacional: las famosas siete hermanas petroleras norteamericanas (Centeno, 1982), (Yerguin, 1991) Sistema de producción industrial organizado alrededor de los denominados principios modernos del taylorismo-fordismo. Forma empresarial que sustituye a las artesanales premodernas caracterizadas por la unidad entre el saber y el hacer que portaban, entonces, los denominados trabajadores de oficio dueños de sus medios y ejercicio productivo, para dar paso al obrero industrial especializado, que como señala Frederick Taylor, padre de la llamada administración moderna, “hiciera obedeciendo” lo ordenado por el administrador y/o técnico quien ahora posee el conocimiento del proceso, con el fin de aumentar la producción y, en consecuencia, las ganancias y su acumulación por parte del nuevo actor capitalista, dueño de los medios de producción, al amparo del modelo económico liberal dominado por “el dejar hacer y dejar pasar” del emergido libre mercado capitalista.
Por su parte, el país seguía su quehacer socioeconómico en el marco de las instituciones de la civilización premoderna. Era una sociedad de dominio rural, sin mayores manufacturas y, menos, con industrias activadas por energías fósiles, “no había llegado ciertamente, a la edad de hierro” (Mayor, 1989, pág. 314). Con una geografía incomunicada, pues las mulas, caballos y hombres cargadores como los principales medios de transporte que eran, lo hacían a través de “caminos de herradura” que, para la fecha, no habían sido reemplazados, siquiera, por las famosas carretas conocidas desde el origen mismo de la civilización. Demográficamente, una población católica, lúgubre y políticamente sectarizada y, para colmo, pobre y en guerra. Socialmente, un país dominado por hacendados y comerciantes que conformaban un notablato señorial sinigual, trenzados desde “su patria boba” (1810-1816) en perniciosas confrontaciones bélicas, a nombre de facciones clientelistas liberales y conservadoras. Políticamente, bajo el dominio de un estado patrimonialista, en donde el ejercicio del poder, -al que le subyace una mezcla de los intereses de los sectores privados y públicos-, fluye directamente del líder gobernante, quien lo ejerce de forma autoritaria y oligárquica, y, como lo rubrica la asignación de las concesiones antes mencionadas. País político que inauguraba el siglo XX con lo que algunos historiadores denominan la Republica Conservadora, debida al triunfo del notablato conservador sobre el liberal en la denominada guerra de los mil días. Guerra tristemente célebre por sus causas, medios y efectos contraídos, que ofició de bisagra entre las guerras decimonónicas y la nuevas a darse en el siglo XX, de las que no salimos aún.
Es así como, las famosas concesiones se terminaron otorgando en el marco del fin de un conflicto que había llevado la pérdida de Panamá -y que contó con la intervención norteamericana, interesada en hacerse al famoso canal-; también, a la demora del inicio de su exploración (19151916), producción (1918) y refinación (1922), -cuando países como México y Venezuela ya hacían historia-. Proceso mediado por el pago de la indemnización por la toma de Panamá, por 25 millones de dólares -que llevó a la famosa “danza de los millones” en el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926)- que a la vez, que condicionada y ataba el petróleo a los intereses de las multinacionales norteamericanas (Villegas, 1975) de carambola, daba origen a la nueva dependencia del país con el sector financiero mundial, -ligado a las multinacionales-, a través de su creciente endeudamiento. (Tomán, 1985).
Al igual que la historia energética de la humanidad, la USO cuenta con su momento fundacional heroico. Los trabajadores llamados a conformarla, son en su mayoría jornaleros de las haciendas, colonos, campesinos pobres, y en menor medida artesanos y fuerza de trabajo cesante de los pocos centros urbanos existentes; que, para 1928, en Barrancabermeja, suman “125 obreros, enganchados sin más prerrogativas que su jornal diario de $0.50” (Almario, 1984, pág. 41). Muchos de ellos, sino la mayoría, eran analfabetos o semianalfabetos, con creencias y valores religiosos católicos y santeros tradicionales; políticamente, liberales o conservadores y, en una minoría, comunistas, según el lugar geográfico o social del que provenían. Cabe señalarse, que ellos, junto a los obreros de las bananeras, eran trabajadores de empresas norteamericanas transnacionales modernas, que marcan diferencias en su tratamiento y condiciones laborales con la de los trabajadores de las industrias de bienes consumo nacionales; impronta visible en sus acciones, reivindicaciones y comportamientos políticos, ilustrativas de las características patronalistas o nacionalista-antimperialista que, desde entonces, comporta el sindicalismo colombiano.
Su origen como organización, va de la mano con el Partido Socialista existente entonces en el país y sus líderes Raúl Eduardo Mahecha y María Cano. Que fundan la presencia de intelectuales orgánicos en la organización. Mahecha establece en la zona del enclave una miscelánea que abastece a los colonos, a los que afilia en una organización que llamó “La Sociedad Unión Obrera”, constituyéndose en los primeros socios de la organización en ciernes. No sobra señalar de una parte que, las Uniones Obreras eran comunes en el país, y, de otra que, en el caso de Barranca, de ella formaban parte los campesinos, comerciantes, artesanos, prostitutas y demás sectores populares que se dispusieran en su conformación. En ese marco, la primera junta directiva de esa Unión obrera se elige en la clandestinidad el 10 de febrero de 1923, a orillas del rio La Putana, siendo su primer presidente E. Sánchez San Miguel (Renan Vega, 2009). “A mediados de 1923, el sindicato ya contaba con más de 400 campesinos y alrededor de 1.500 afiliados, y hacia 1924 con más de 3.000” (Almario. 1984. Pág. 58). Hechos que resultan significativos ante la arremetida y persecución en su contra por parte de la multinacional, respaldada por el estado y los gobiernos de turno. Una Unión obrera legitimada por sus amplias bases, que empezaba la lucha por su legalización ante el estado, al unísono con el mejoramiento de sus condiciones laborales, y, que, al final del periodo, luchando por la reversión de la concesión en favor del país, sienta las bases convencionales de sus derechos laborales que guiará al sindicato hasta el 2004.
Forman parte de sus acciones en procura de esos propósitos, las huelgas realizadas tanto en Barrancabermeja como en Tibú: 1924,1927,1934,1935,1946 y 1948. Acciones que contaron con el apoyo popular local, regional, nacional e incluso internacional; bajo el imaginario popular de los barranqueños y pobladores del Magdalena medio de sentirse miembros de la Unión. De esas huelgas, destacamos “la del arroz” en 1934 en Tibú, debida a la intención de suprimirles el arroz de sus comidas y “por la manera nada correcta y poco católica que usa con los trabajadores” (Aguilera, 1995, pág. 209), y la huelga de 1948 que lleva a la creación de la Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol, 2011). Huelgas como la de 1946 y 1948 contaron como ingrediente especial, el apoyo económico y moral que tuvo por parte de “otros sindicatos fuertes del país como el de ferrovías, y extranjeros como los de Venezuela, Perú y México, para presionar por la nacionalización del petróleo en Colombia”. (Sáenz, 1993, pág.8. Citado por (Urrutia, 2011). Por demás ilustrativas de los profuso que fue, en este periodo, este tipo de acciones por parte de la organización obrera y su alianza popular.
Por el carácter paradojal que portan los sistemas hipercomplejos en la que, por ejemplo, las fortalezas conllevan debilidades y, a su vez, estas conllevan fortalezas, como igual sucede con las amenazas y las oportunidades; la legalización de los sindicatos por la ley 83 de 1931, significó para la USO, de una parte, un logro de sus luchas, pero de otra implicaba una limitación a su composición social y a su accionar político pues, ahora, solo podían formar parte de la organización los trabajadores de la industria y, de otra, las protestas, manifestaciones y huelgas quedaban enmarcadas en las disposiciones legales.
Concluyendo, tenemos entonces que en este periodo la USO, en coalición con otros sectores obreros, campesinos, populares e intelectuales, se terminó constituyendo, como Coalición obrero sindical y popular, en un actor fundamental de la política petrolera del país, clave en la reversión de la Concesión De Mares en 1948-1951 que da origen a la empresa estatal Ecopetrol.
- El estatalista (1958-2004)
Comprende este periodo sindical los periodos: extractivista-estatal: 1951-1973 y extractivista-asociado: 1974-2002 de nuestra historia petrolera y de la misma estatal (Hernández, 2018). En ella, el papel jugado por el sindicato en la constitución de Ecopetrol, lo constituye, junto a la Coalición transnacional empresarial y la Coalición estatal o gubernamental administrativa, en la tercera Coalición protagonista de la historia petrolera del país (Hernández, 2018) durante este periodo estatalista. Sus creencias, valores y estrategias girarán alrededor de su estabilidad y mejoramiento laboral, la defensa de la estatal y la nacionalización del recurso.
El contexto de su protagonismo presenta un mundo recién salido de la II guerra mundial, la institución de la denominada “guerra fría” y su clausura con la implosión de la Unión Soviética en 1991; la hegemonía política y militar de los EE.UU. sobre América Latina; la implementación del modelo económico Keynesiano, -en donde el estado y su planificación indicativa de la economía es fundamental- de la mano, en América Latina, de la propuesta Cepalina con su original teoría estructuralista del centro-periferia y la política desarrollista industrial con base en sustitución de importaciones. La emergencia de Cuba socialista, y las luchas anticoloniales y de liberación de los países del tercer mundo. Se asiste también, a la “edad dorada” del capitalismo, sustentada en el poder de la energía fósil petrolera, que va hasta mediados de los setenta, cuando el agotamiento del keynesianismo da paso a la reemergencia del mercado como modelo Neoliberal que reprimariza nuestras economías y, que tocará de manera tardía, -iniciando el siglo XXI-, con su desregulación, a la estatal petrolera. Contexto que indudablemente incidió en la dinámica de la empresa y el sindicato.
El país por su parte se empezaba a urbanizar, en medio de un proceso de modernización industrial a medias (Corredor, 1997) al quedar reducida al sector de bienes de consumo y sin capacidad para producir bienes de capital, que lo mantiene dependiente del mercado de bienes de científicos y tecnológicos de procedencia extranjera, fundamentalmente norteamericanos. Economía sostenida en el café que, a raíz de la ruptura del pacto cafetero mundial a fines de los ochenta, habilita el narcotráfico y sus secuelas. Políticamente, un régimen frentenacionalista gobierna formalmente el país, que, si bien clausura la violencia bipartidista emergida desde 1948, por su carácter excluyente pulsa la emergencia de la nueva guerrillera y paramilitar, con telón de fondo histórico y sociopolítico en los fracasos de una reforma agraria del campo en sus tres intentos liberales modernizantes: 1850, 1936 y 1968.
En los inicios del periodo, la USO como tal solo comprende a los trabajadores vinculados a la estatal: Ecopetrol, recién constituida a raíz de la reversión de la concesión de Mares, con asiento en Barrancabermeja. Los trabajadores del Catatumbo, como los de las demás concesiones existentes, junto a los de los oleoductos y los de la distribución, contaban con sus propios sindicatos de base que, junto a los carboneros, mineros, químicos y petroquímicos convergen en Fedepetrol. La USO, en la medida en que van revirtiendo las concesiones y asociaciones, va ampliado el cuerpo corporativo sindical, a su vez, producto de las luchas en pro de las esas reversiones, que resultan ser la actividad más significativa de sus acciones sindicales durante el periodo: Cantagallo (1974), Casabe y Tibú (1975), Cicuco (1976), Orito (1979) , el Zulia (1990), Provincia (1992) y Neiva 540 (1994); junto a la solidaridad con los paros nacionales (1977), regionales (1960,1963, 1987,19), y las huelgas propias de: 1960, 1963, 1971, 1977 y la del 2004 que cierra el periodo. Acciones de derecho y de hecho que estarán acompañadas de la labor de intelectuales como Diego Montaña Cuellar, Marcel Silva, Tatiana Roa y Oscar Vanegas, entre otros.
La ampliación y potencia en todos los niveles del sector petrolero a nivel local, regional, nacional y mundial constituyen a Ecopetrol en la mayor empresa industrial del país y el estado (Bendeck, 1993) y, a su sindicato, en el más significativo del medio laboral colombiano. Sus reivindicaciones, institucionalizadas en sus convenciones colectivas cuatrianuales, eran referentes para las negociaciones de las demás organizaciones sindicales al igual que para las definiciones del salario mínimo de los demás, trabajadores y empleados del país. En conjunto el referente empresarial y laboral de todos los connacionales.
En relación con su composición social, ahora los trabajadores sindicalizados se diferencian, de una parte, de los empleados administrativos y técnicos de la empresa; estos se originan con la reversión(nes) al pasar de ser empleados o funcionarios de segunda de las multinacionales(les) a ser ahora sus nuevos directivos, diferenciados de las bases obreras sindicalizadas, y tratados con un régimen contractual especial de confianza. De otra, por los requerimientos de la misma empresa y los logros reivindicativos alcanzados por el sindicato en sus negociaciones, se cualifica la composición económica, social y cultural de los trabajadores. Ahora no son solo vendedores de la fuerza de trabajo física sino también trabajadores capacitados como técnicos y profesionales, formados por la misma empresa, y que incluyen a sus hijos y conyugues. Esto, debido a los logros convencionales alcanzados, sobre todo, durante la presidencia de Mario Galán (1963-1974) quien cambió el escenario de las relaciones existentes entre la empresa y sus trabajadores al implementar un proyecto de educación para erradicar su analfabetismo, exigir como requisito para entrar a la empresa el grado de bachiller, patrocinar hasta en un 90% las pensiones en los colegios de los familiares de los trabajadores; crear la Caja de vivienda de Ecopetrol (CAVIPETROL), para facilitarles la adquisición de vivienda, e impulsar el lema “La familia Ecopetrol”, al estilo de las compañías japonesas, además de las mejoras salariales ganadas en las negociaciones convencionales. Reivindicaciones que les permitió contar a los trabajadores petroleros con poder adquisitivo para demandar bienes y servicios socioeconómicos, financieros, culturales y recreativos propios de las consideradas clases medias; por lo mismo activadores del consumo de los servicios de las empresas comerciales, educativas privadas y financieras locales, regionales y nacionales objeto de su aprecio; incluso, para constituirse en propietarios de bienes muebles e inmuebles y, en el 2007 como accionistas de la misma empresa, cuando Ecopetrol es convertida en una empresa comercial por accionesLo que, en términos de las condiciones de vida, los colocaba, indudablemente, distantes de sus antecesores y fundadores luchadores por la provisión del arroz.
Políticamente, sus integrantes y, particularmente, sus dirigentes, forman parte de las formas organizativas de izquierda que se despliegan en el país desde los años sesenta: comunistas, liberales gaitanistas y del MRL lopistas, del PC- ML, del MOIR, socialistas y Camilistas, entre otros, que toman decisiones al interior de su dirección en el marco del centralismo democrático. Dirigencia que, considerados “enemigos internos” por el régimen bipartidista frentenacionalista, serán objeto de la persecución y el destierro por parte de la represión oficial y, en la década de los noventa del asesinato por parte del paramilitarismo, “con 863 hechos victimizantes contra sus afiliados, entre los que se registran 432 amenazas, 123 homicidios y 103 detenciones arbitrarias. Siendo el departamento de Santander en la subregión de Magdalena Medio la que concentra el 54% de la victimización con 474 registros” (Comisión de la Verdad, 2022), índice de asesinatos que triplicaba el promedio colombiano. Situación que, en el marco de la discusión de su Convención Colectiva (1994-1997), lleva a la conformación de una “Comisión de Derechos Humanos” (1989). Además, respaldarán el Plan de Desarrollo del Magdalena Medio (PDDMM. 1995), un programa que remplazaba el concepto de “zonas de influencia” de las actividades petroleras por uno de región totalizante. Hacia el 2014 la organización sindical le apuesta a un Proyecto de Ley Orgánica de los hidrocarburos, en el marco del pliego presentado ese año, y antecedido por los Foros regionales y nacional de 1989 y el Congreso Petrolero de 1994, en los cuales se mantienen vigentes los objetivos de defensa nacionalista del recurso y estatalistas de la empresa. Para 1996 se constituye en un sindicato de industria que, en sus características reemplaza a Fedepetrol clausurada a finales de los años noventa.
En el 2004 se lleva a cabo la última huelga realizada por la USO, de la que se tenga conocimiento al día de hoy. Acción sindical que pone a su actor social y político en otros términos y condiciones, y que se van a manifestar en el siguiente periodo acá considerado.
- El desregulado (2004- 2023)
Este último periodo se corresponde con el periodo extractivista-neoconcesionado:20032023 (Hernández, 2018) en el que se está encuadrada la política petrolera colombiana, que, para su despegue, tuvo como punto crucial el conflicto laboral datado en el 2004. Ese famoso conflicto huelguístico cierra los dos periodos de su edad gloriosa, y abre el vigente al periodo desregulado considerado en esta reseña critica. La acción se da en el marco de las transformaciones socioeconómicas, científicas, administrativas, políticas y culturales que se venían dando en el mundo y en el país desde los años setenta, y cuyos efectos -en el caso que nos ocupa- iban emergiendo e institucionalizándose durante el transcurso de la vigencia del anterior periodo. Son ellos la famosa crisis petrolera de los setenta: 1973 y 1979 y subsiguientes: 1982 y 2014 –que incluye las invasiones de Irak (2003) y Libia (2011) entre otras-, y las sanciones a países petroleros como Irán (2006), Venezuela (2014) y Rusia (2022), acompañadas de la crisis ambiental propiciada por el consumo de energías fósiles y, la emergencia de nuevas fuentes energéticas, entre ellas, las consideradas limpias. La financiarización de la economía y el endeudamiento de todos los estados y países del mundo. La tercera y cuarta revolución científico y tecnológica nano y bio; sustentadas en la electricidad, las redes informacionales y la inteligencia artificial. La crisis del modelo keynesiano y reimplementación de las leyes del mercado, –que habían hecho crisis en los años treinta–, por vía del modelo neoliberal bajo la égida de las grandes corporaciones transnacionales. Modelo venido de la mano con las prácticas administrativas posfordistas o toyotistas (Coriat, 2000) y (Coriat, 1996) empresariales y estatales, estas, ahora, corporativizadas en pro del interés particular. Con ellas, la flexibilización y tercerización del trabajo con las que, a la vez, se intenta enfrentar el nuevo y creciente desempleo acompañado de la inflación (estanflación). Receso laboral que va a propiciar la inseguridad económica y social en general, junto a la concentración del capital dinero que caracteriza la nueva forma de acumulación y, que tiene su escenario, ya no en la fábrica productora de bienes y servicios como valores del capitalismo fundacional, sino con base en la especulación accionaria llevada a cabo en las bolsas del capital financiero quien define ahora los precios de las mercancías (Mazzucato, 2019). De otra parte, se asiste a la revolución cultural en ciernes desde 1968, en donde las mujeres y los jóvenes se constituyen en sus principales actores(as) para hacer critica la cultura patriarcal y sus instituciones, que incluyen el consumo de bienes y servicios culturales y la revolución sexual en todas sus dimensiones (Hobsbawm, 1995). Factores que en conjunto van a caracterizar el proceso denominado de desregulación socio económica.
En América Latina la implementación del nuevo modelo de mercado se hizo de facto, pues estuvo acompañado de las dictaduras en el cono sur. En Colombia se hizo “gota a gota” en medio del conflicto político-militar guerrillero y paramilitar; sin faltar, para consolidarlo -iniciando el siglo XXIacudir a la implantación del Régimen autoritario de la seguridad Democrática presidido por Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Para ese momento ya se había llevado a cabo buena parte de la implementación del modelo desregulador y/o privatizador en el país, pero faltaba la joya de la corona: Ecopetrol. La situación histórica presentada en su efecto, convierte a la USO y a su dirigencia en víctimas de una especie del dilema del prisionero, en el sentido de que cualquier decisión que tomaran terminaba, irremediablemente, en su contra; como les sucede a menudo a los actores protagónicos en este tipo de coyunturas críticas. Veámoslo.
El establecimiento neoliberalizado y sus medios de comunicación masivos sabían de marras a que apostaban, en su efecto apelaron previa y estratégicamente, a tácticas de facto (asesinato de activistas y líderes), propagandísticas (desprestigiando los alcances de sus logros de bienestar y salarial convencionales), a través de todos los medios de comunicación e incluso académicos posibles y, jurídicos, -en el momento de la huelga-, a través de un Laudo arbitral amañado y la declaratoria ilegal del conflicto, que sabían: ¡no lo era!; tal como lo “reconocieron” años después cuando tuvieron que reincorporar e indemnizar a los trabajadores expulsados, pero con la satisfacción de haber convertido la estatal en una Ecopetrol S.A, que era su objetivo. En su efecto, hicieron uso de una estrategia y respectivas tácticas afín a una guerra blanda, por cuanto sabían que el logro de su objetivo solo era posible, si adelgazaban a la organización sindical, hasta el límite de la sobrevivencia, tal como sucedió. La ocasión para ese logro del establecimiento, y dilema del sindicato, se dio en el 2002 en el marco de la negociación de la Convención Colectiva, cuando la empresa, bajo la presidencia de Isaac Yanovich, presentó un contra pliego que “cuestiona las cláusulas de estabilidad, los ascensos automáticos en el escalafón por antigüedad, las prohibiciones de contratar con terceros y los compromisos de nuevas contrataciones en la Convención Colectiva” (Miguel Urrutia, 2011) con el fin, entre otras, de flexibilizar algunas formas de contratación; aspectos que atentaban contra el artículo 2° de la Convención que, para las directivas del sindicato, era innegociable, pues hacerlo se constituía un acto de traición para sus bases y su historia.
- ARTÍCULO 2. La Empresa, cuando celebre contratos, se obliga a imponer y a exigir a los contratistas el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención. Es entendido que los trabajadores que laboren al servicio de contratistas disfrutarán de los mismos salarios y prestaciones a que tienen derecho los trabajadores de Ecopetrol. (Unión Sindical Obrera, 1991)
El sindicato rehusó negociar el contra pliego y una vez, agotadas las etapas legales del proceso sin que las partes llegaran a un acuerdo, fue convocado el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, que profirió un Laudo Arbitral el cual derogaba el mentado artículo 2°, eliminaba los limitantes en la libertad de administración de la empresa, e incorporaba un nuevo esquema de trabajo basado en la generación de resultados, la austeridad y el ajuste de la nómina. Cabe anotarse que para esa fecha ya se había expedido el Decreto 1760 del 26 de junio del 2003 que reformaba el sector petrolero. En fin, el Laudo habilitó a Ecopetrol para “flexibilizar sus esquemas de contratación y generar importantes ahorros en sus gastos de personal, repercutiendo en al aumento de sus ganancias” (Ecopetrol, 2003), lo que significó la supresión de la estabilidad laboral para los nuevos trabajadores convencionales, y de la cláusula que impedía despedir sin justa causa a quien llevara más de 16 meses de labores en la empresa; con la posibilidad de contratar con terceros actividades que no son propias de la industria (Ecopetrol, 2003). Lo dilemático del asunto para la dirigencia sindical consistió, en que, los denominados trabajadores “malleros” estaban interesados en ser vinculados de planta a la empresa, independiente de los términos conocidos en el artículo objeto de la discordia y, de esa manera, aceptando las condiciones propuestas por la empresa; que a la vez proponía incorporar un buen número de ellos, constituyéndose en el otro grillete del dilema de la prisión para la dirigencia. Se entiende que esos incorporados producto de la desregulación, forman parte en la actualidad de las bases de la USO.
En esas condiciones el sindicato declara la huelga el 22 de abril de 2004 la cual duró 37 días. La misma es declarada ilegal por el Ministerio de la Protección Social, por considerar que se hacía en un servicio público en el que estas manifestaciones están prohibidas. Argumento del cual se valieron las directivas de la empresa para a despedir a 247 trabajadores y enviar a la cárcel a uno de sus dirigentes. “Yanovich decía: despídalos así toque pagarles cuando regresen, porque cuando regresen van a ser otros, y ¡esto se cumplió!” (E.9, 2013) en (Hernández, 2018, pág. 197). El 26 de mayo se firmó un acuerdo, mediado por la iglesia y en el que participaron los ministros de Minas y Energía y el de la Protección Social, para poner fin al conflicto. Se comprometieron a adelantar tareas conjuntas para lograr la autonomía financiera de la empresa, respetando la situación fiscal que vivía el país, y que Ecopetrol operaría directamente los campos de La Cira-Infantas y Casabe, pero con derecho a usar cualquier modalidad de contratación de servicios y/o inversión (Ecopetrol 2003).
A partir de entonces, la reducción del poder sindical se hizo manifiesta, pues en el 2006, contrario a su tradición, negoció una nueva convención en arreglo directo, por el período 2006-2009, como también, en el hecho de que, en la actualidad, existan al interior de la empresa más de 30 sindicatos. Una realidad ilustrada por uno de sus asesores con la figura de ser “la USO un árbol frondoso con un tallo débil” (E. 11, 2013) en (Hernández, 2018, pág. 198). De igual forma, el factor de éxito de la reingeniería laboral aplicada en Ecopetrol S.A., que se traduce en las mejores salariales para los ejecutivos con base en las ganancias –ya no en la producción de valor– y que les permite ingresos por encima de los cien millones mensuales, en contraste con los salarios menguados de los nuevos trabajadores incorporados.
En ese nuevo marco laboral, consideramos como las acciones más importantes del sindicato: la segunda Asamblea Nacional por la Paz en el 2015 y la reversión de Cusiana en el 2016. Sin embargo, quedan ninguneadas desde entonces las acciones de hecho como huelgas, paros y movilizaciones; ahora, a cargo de las organizaciones populares cívicas, campesinas, indígenas, afros y ambientalistas, defensoras a nivel local y regional de los recursos hídricos y el medio ambiente.
- La energética verde
En la actualidad el mundo atraviesa por un periodo de transición civilizatoria que irá hasta el año 2050. Año a partir del cual se desplegará una nueva época, que denominamos del Procomún Colaborativo o Transmoderna, que va a reemplazar la Época Moderna vigente desde los siglos XVI-XVII, fundamentada en su matriz energética de origen fósil. Un cambio debido a la emergencia de dos nuevos giros civilizatorios: el energético, con base en la electricidad obtenida de fuentes verdes, y el lingüístico o comunicacional de la internet. Giros que critican de forma radical a las creencias, valores, instituciones y estrategias de los actores económicos, sociales, políticos, ideológicas y culturales modernos, dando paso a las requeridas transmodernas en ciernes; que no significa que dejen de sobrevivir remanentes de aquello(a)s, pero que ya no serán determinantes sino, cuando más, condicionantes de la transición y nueva situación.
En ese marco transicional nuestro actor sindical objeto de reflexión centenaria, se encuentra -como todos sus afines, trabajadores nacionales y mundiales de la época moderna- en un ambiente de ambivalencia entre las causas y efectos de un pasado en clausura y las de un porvenir transmoderno en incertidumbre, pero indetenible. A esto hay que agregarle la situación particular que vive nuestro país en donde, además, se vislumbra la posibilidad política de un cambio de régimen socio político, el de un Pacto Histórico por la defensa de la vida y la paz total, que clausure, por fin, al centenario Frente Nacional y su versión actualizada de la Seguridad Democrática sustentada en el recetario neoliberal. En su efecto, y en relación con el comportamiento sociopolítico y organizativo de los nuevo(s) actore(s) histórico(s), apostamos conceptualmente por el de los Sujetos Democráticos y Sujetos Populares propuestos por Ernesto Laclau en su teoría de la Razón Populista (Laclau, 2008); en las que, de alguna manera, parecen enmarcarse las acciones, que viene desplegando el sindicato objeto de nuestra reflexión. Nuestro referente teórico señala al respecto, que la unidad básica de análisis y acción de los sujetos sociales reside en su(s) demanda(s) que son, de por sí, concretas y diversas económica, política, social y culturalmente; además, requeridas por demandantes igualmente diversos: de clase, étnico-culturales, género y generacionales, entre otras. Que, como toda demanda, supone la existencia de quien la puede satisfacer, en términos políticos institucionales se considera lo es el Estado. Que, si el sujeto demandante considera que éste le puede satisfacer su demanda, obra como Sujeto Democrático, es decir, reconoce el marco institucional existente, y, cuya satisfacción, los legitima, al uno como gobernante por su eficiencia y al otro como gobernado por su satisfacción. Pero que, si esas demandas no son o no pueden ser satisfechas por la institución o Estado vigente, entonces se da paso a la constitución de un Sujeto Popular. Este se da a partir de un proceso que, a partir de esas demandas particulares, conlleve la constitución de un significante común, es decir, de su hegemonía como interés general o común en donde todos se sientan interpretados y comprendidos. En otras palabras, y por lo mismo, se constituyen en Estado: un Estado Popular.
Al parecer el estado y comportamiento de los actores populares del país en la actual coyuntura de transición civilizatoria y cambio de régimen, parecen apuntar en ese sentido. De una parte, a partir de los setenta, se han visibilizado diversidad de sujetos y demandas, hasta entonces, ninguneados y reducidos a los propios de clase obrera. Esta a su vez ha tenido profundas transformaciones, pues ya no es el proletariado típico de la época taylorista fordista reducido a su fuerza de trabajo físico, sino enmarcado, ahora y hacia el futuro, en las demandas propias de un productor posfordista de la nueva industria informática que enfatiza en la capacidad técnica e intelectual, que combina técnicas de producción vanguardistas con sistemas inteligentes que se integran con las organizaciones y las conductas de las personas (Sennett, 2000). Pero que, debido al giro energético, hace anacrónicos y sustituibles a los productores de energía fósiles y en consecuencia sus formas organizativas empresariales y sindicales. Situación que complica aún más la que vive la USO desde principios de siglo que, hasta entonces, siendo un sujeto democrático, comportaba creencias, valores y estrategias propias de un sujeto popular, pero venidas a menos a raíz de la huelga del 2004: situación que explicaría de una parte que ahora, “A través de pliego de peticiones, USO busca que no se privatice Ecopetrol” (https://www.larepublica.co/. Agosto 14 de 2018) y de otra, que tenga a uno de sus expresidentes como Viceministro del Trabajo en el actual gobierno del Pacto Histórico, decisiones a través de las cuales entendemos, procura fortalecerse como sujeto democrático y renovarse como sujeto popular.
Pero esa situación de la USO como sujeto democrático, también la viven sujetos que pretendieron obrar como sujetos populares rebeldes: M-19. PC-Ml y Farc quienes, por la misma época, declinaron esa opción y se involucraron en procesos de paz con los gobiernos de turno, optando de esa manera por la institucionalidad es, decir, se convirtieron en sujetos democráticos; que significa considerar que sus demandas políticas, pueden ser alcanzadas formando parte del ejercicio gubernamental del estado, participando, en su momento, en la constituyente del 91, contando con cuotas en el Legislativo y la administración con carteras ministeriales y como gobernadores regionales y alcaldes locales.
Asistimos entonces, en esta coyuntura transicional civilizatoria y de régimen político en el país, a la metamorfosis inevitable de las creencias, valores, demandas y estrategias de sus diversos sujetos democráticos como la USO, y populares como las organizaciones rebeldes, que requiere su convergencia en un nuevo significante hegemónico, de cara a la nueva época, nuevo régimen y nuevo país. Sujetos democráticos y populares que deben considerar, si la “defensa de la vida”, -la consigna del actual gobierno-, se puede reconocer y constituir como su significante hegemónico, -que lo sería no solo del régimen sino del nuevo estado-; y, si: “la paz total, igualmente significativa en todos los sentidos, su mejor estrategia.
Bogotá, septiembre 20 de 2023-Junio 12 de 2026
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