Pronunciamiento ante el “Reconocimiento y solicitud de perdón por ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo” del Ministerio de Defensa ante la desaparición forzada, tortura y asesinato de Fair Leonardo Porras Bernal / 30 de noviembre, Ocaña, Norte de Santander.
Mi nombre es Liz Carolain, soy hermana de Fair Leonardo Porras Bernal, un joven con discapacidad y una mentalidad de un niño de 8 años, desaparecido, torturado y asesinado en enero de 2008 por militares del Batallón de Infantería General Francisco de Paula Santander, aquí en el Norte de Santander. Hoy estoy aquí en representación de toda mi familia para decirles que nosotros lamentablemente NO PERDONAMOS.
Desde que asesinaron a mi hermano hemos venido sufriendo persecución, amenazas, ruptura familiar y desplazamiento por exigir justicia. Teniendo que vivir una revictimización constante, que continua en actos como este en el que nos quieren imponer un perdón.
Aquí vinimos hace 15 años para poder exhumar el cuerpo de mi hermano. Una exhumación a la que llegaron 24 militares de alto rango enviados por Álvaro Uribe Vélez, impidiendo que mi madre identificara el cuerpo de mi hermano al entorpecer la exhumación con sus intimidaciones. Razón por la cual nos entregaron su cuerpo incompleto.
Estos crímenes que quieren hoy perdonar ocasionaron una herida abierta llena de dolor e injusticia social. Sembraron miedo en los territorios, estigmatización. Contribuyeron al despojo y conllevaron desplazamientos y exilio. Negándole el futuro a muchas familias y la ilusión de construir un porvenir. Aprovechándose de nuestra condición social para hacernos carne de cañón para una guerra que no nos pertenece, sin medir las consecuencias. En nuestra familia, por ejemplo, uno de mis tíos murió de pena moral por el asesinato de mi hermano.
Y del mismo modo que nos quieren imponer que perdonemos, nos imponen la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, una justicia que está borrando las escasas victorias judiciales que logramos los familiares. En el caso de mi hermano fueron cinco años de proceso para que reconocieran que se trató de un Crimen de Lesa Humanidad y para conseguir una condena a 53 y 54 años para el Mayor Marco Wilson Quijano, el Teniente Diego Aldair Vargas Cortés, el Cabo Segundo Carlos Manuel González y los tres soldados, Richard Contreras, Carlos Zapata y Ricardo García. Los mismos que dilataron los procesos, que humillaron e intimidaron a nuestra familia. Los mismos que solo contribuyen cuando tienen beneficios, ahora están libres sin cumplir sus condenas gracias a la JEP. Al igual que Alexander Carretero, el reclutador que entregó a mi hermano por 200 mil pesos. Como así lo hizo con más de 20 jóvenes.
Nos dicen que las víctimas somos el centro de esta Jurisdicción pero las peticiones y exigencias que hemos venido haciendo desde nuestra familia no han sido tenidas en cuenta, aún cuando radicamos documentos que nunca han sido contestados.
¿Acaso todo esto se puede perdonar? Y aún es más, ¿a quien tenemos que perdonar? ¿Al señor Uribe Vélez, al señor Juan Manuel Santos, al señor Mario Montoya? ¿a los militares que le dispararon? ¿a las instituciones que no nos quisieron atender? ¿a los forenses? ¿a la Fiscalía? En este momento no sabemos a quién tenemos que perdonar.
Hoy le ha tocado a usted señor Ministro asumir este acto, como así viene haciendo por otros departamentos. Y es que lamentablemente estos actos que llaman ahora de “excusas públicas”, y que son de obligado cumplimiento por sentencia judicial, se están convirtiendo en una rutina burocrática en nuestro país.
La Institución que representa se ha caracterizado por el asesinato sistemático de civiles, como así se ha demostrado. Nadie puede poner en duda que el ejército colombiano ha violado los Derechos Humanos, asesinando y torturando a miles de personas inocentes.
Por eso, hemos venido repitiendo y seguiremos diciéndolo que estos crímenes son imperdonables, y más en un contexto de impunidad como el actual. En el que quieren volver costumbre, matar y acceder al beneficio de la libertad pidiendo perdón o reconociendo su responsabilidad. No podemos normalizar esto. Y menos sabiendo que este perdón no garantiza la no repetición, ni construye una sociedad reconciliada, sino que perpetua la injusticia, la impunidad y la violencia.
Con este acto a nosotras las víctimas nos están utilizando una vez más para justificar sus decisiones políticas. Señor Ministro, ¿de verdad cree que estos hechos tan aberrantes se pueden perdonar? ¿Usted perdonaría si hubiese sido su hijo?
Esta pedida de perdón no cierra nuestra herida, ni responde a nuestras exigencias. La criminalidad estatal continua. Y nosotros seguiremos luchando por justicia y reclamando: Ni perdón, Ni olvido.
Atentamente,
Familia Porras Bernal
30 de noviembre, Ocaña, Norte de Santander.
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