- Trump se asegura el control mayoritario de 17 campos petroleros venezolanos con 65.000 millones de barriles de reservas probadas a meses de las elecciones de medio término y con el crudo disparado por la guerra de Irán.
- La oposición excluida y el chavismo ortodoxo coinciden en denunciar su opacidad y “entreguismo”.
31/08/2026
El “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, anunciado por Donald Trump el 28 de agosto a través de su red Truth Social, ha agrietado aún más a una oposición venezolana sumida en el desconcierto y apartada de la toma de decisiones.
Con este movimiento, Washington vuelve a validar de forma explícita al Ejecutivo de Delcy Rodríguez -a quien el mandatario estadounidense describió como una presidenta encargada “muy respetada”-, tras adjudicar el éxito de la negociación al secretario de Estado, Marco Rubio, y al de Guerra, Pete Hegseth.
Aunque la publicación promete el control sobre más de 65.000 millones de barriles en reservas probadas, la absoluta opacidad respecto a los términos reales y la falta de un acto formal de ratificación dejan al descubierto la profunda asimetría bilateral que rige en el país caribeño desde el ataque y secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
La falta de transparencia que rodea al acuerdo hace que Washington y Caracas mantengan versiones por momentos incluso contradictorias. Un funcionario de la Casa Blanca detalló a CNN y a CBS el esqueleto de la operación: una empresa conjunta privada recibirá concesiones por 100 años sobre los yacimientos venezolanos y Estados Unidos controlará el 55% de esa compañía entre participación accionarial y derechos de compra a precio de coste. Ese crudo, afirman fuentes del Gobierno estadounidense, servirá para rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo y abastecer a las Fuerzas Armadas.
La versión que Rodríguez ofreció el sábado por la noche en Venezolana de Televisión pone otros acentos: un convenio de 25 años -no de un siglo-, 17 campos, una meta superior a 1,5 millones de barriles diarios y ocho bloques en la Faja Petrolífera del Orinoco, con regalías mínimas del 16% e impuesto sobre la renta del 34%. A 65 dólares el barril, calculó, los 100.000 millones de inversión privada dejarían a Venezuela 209.335 millones de dólares, unos 19 por cada barril vendido. “Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, insistió.
En cualquier caso, el terreno jurídico llevaba preparado desde enero. Semanas después del ataque y secuestro de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, abriendo la puerta al capital extranjero. En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro fue levantando por etapas la prohibición de operar en Venezuela que pesaba sobre las petroleras: a Chevron, la única estadounidense que resistió las sanciones, se sumaron BP, Shell, Eni, Repsol y Maurel & Prom. Ambas partes preparon el terreno para el anuncio realizado el pasado viernes.
Dos socios obligados
Nada de lo pactado producirá petróleo a corto plazo. Los 17 campos incluyen yacimientos abandonados o apenas activos. Años de sanciones y de falta de inversión hundieron la producción y deterioraron taladros, oleoductos y demás infraestructura que hay que levantar de nuevo, una tarea de miles de millones y de varios meses o años
Chevron, el único operador extranjero con presencia continua en el país, elevó su producción a 280.000 barriles diarios en julio y no prevé un salto relevante hasta finales de 2028. La producción nacional llegó en junio de este año a 1.187.000 barriles, lejos de los 3,4 millones de los años noventa.
La aplicación efectiva del acuerdo convierte el entendimiento entre Rodríguez y la Administración Trump en una obligación operativa de años. Washington necesita un aparato que garantice permisos, seguridad y estabilidad fiscal sobre unos campos que tardarán en dar crudo, y ese aparato lo ocupa por completo -al menos por ahora- el oficialismo. Cualquier ruptura entre las partes, una convocatoria electoral desordenada o un cambio de interlocutor en Miraflores, pondría en riesgo la ejecución. Y eso parece justificar la tranquilidad con la que los republicanos administran el calendario político venezolano.
El cálculo estadounidense corre en un plazo mucho más corto. El 3 de noviembre se celebran las legislativas de mitad de mandato, las midterm, y la economía es el flanco más expuesto de Trump. La gasolina vuelve a superar los cuatro dólares por galón, la Reserva Estratégica cayó el 21 de agosto a 289,7 millones de barriles, su nivel más bajo en 44 años, y la guerra con Irán cumple seis meses sin salida. De hecho, el reciente ataque estadounidense contra la isla iraní de Larak, en Ormuz, volvió a disparar el precio del barril de Brent por encima de los 90 dólares. Una cifra que el estadounidense promedio nota en su bolsillo y que amenaza con castigar electoralmente a Trump. El anuncio venezolano opera sobre ese eje.
La oposición desorientada
El acuerdo llegó tres semanas después de que Gobierno y oposición se sentasen por primera vez desde el ataque estadounidense en una mesa promovida por la propia Administración Trump. Aquella primera ronda, del 6 al 12 de agosto en Caracas, dejó un balance parco: el compromiso de renovar el Tribunal Supremo, la reclamación conjunta de las 31 toneladas de oro venezolano inmovilizadas en el Banco de Inglaterra y la excarcelación de 131 presos, hasta sumar 1.046 desde enero.
Ni el Consejo Nacional Electoral ni un calendario de comicios entraron en el orden del día. Dinorah Figuera, exdiputada de 2015 designada por Washington para encabezar la delegación opositora, anunció desde Madrid, donde reside, que la segunda ronda se retomará “a partir del 15 de septiembre”, fecha que su equipo calificó de tentativa.
En cualquier caso, lo más elocuente de la reacción opositora al mayor compromiso petrolero de la historia del país ha sido el silencio de sus principales figuras: ni María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, excluidos de la mesa, han fijado posición pública sobre el acuerdo. La Nobel de la Paz, que en enero entregó a Trump la medalla del galardón en agradecimiento por la operación contra Maduro -el Comité Nobel recordó que el premio es intransferible-, sigue sin obtener respaldo explícito de Trump ni puede regresar al país.
La oposición se sabe incómoda y desorientada en su relación con EEUU. Trump es a la vez el problema y el garante. Quien derrocó a Maduro, quien ejerce hoy una influencia omnímoda sobre Caracas y quien sostiene la mesa es el mismo que ha firmado un pacto que buena parte del antichavismo considera entreguista, y criticarlo de frente equivale a romper con el único actor capaz de forzar elecciones.
Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia y próximo a Machado, resolvió la papeleta pidiendo una “lectura calmada” y advirtiendo de que el acuerdo será “un rascacielos con pilares de barro” mientras administren los ingresos desde el chavismo. Henrique Capriles, otra figura prominente de la oposición, se limitó a preguntar qué van a recibir los venezolanos.
La incomodidad alcanzó al antichavismo de Miami. La congresista republicana María Elvira Salazar, una de las principales defensoras del uso de la fuerza en Cuba y Venezuela, publicó el sábado que cualquier acuerdo con el Gobierno interino “tiene fecha de caducidad”, borró el mensaje una hora después y volvió a X para celebrarlo.
El chavismo dividido
El oficialismo cerró filas de madrugada. El PSUV difundió el sábado un comunicado de “pleno respaldo” a Rodríguez, acompañado de un membrete con el rostro de Hugo Chávez, que se ampara en unos mecanismos de recuperación productiva que “priorizan los intereses nacionales”. Las principales figuras del partido, al igual que en la oposición, guardan silencio. Diosdado Cabello, que en diciembre de 2025 prometió “ni una gota” de crudo hacia Estados Unidos si el país era agredido ya había resuelto el 8 de enero que, si Washington quería comprar, Venezuela vendería.
Rafael Ramírez, que dirigió PDVSA y el Ministerio de Petróleo más de una década bajo el gobierno de Hugo Chávez, y que terminó enfrentado con Maduro y con la oposición, calificó el pacto de inconstitucional y “de espaldas al país”, y lo comparó con el Fondo de Desarrollo para Irak con el que Washington administró los ingresos iraquíes tras la invasión de 2003.
Elías Jaua, vicepresidente de Chávez entre 2010 y 2012 y cabeza visible del llamado chavismo originario, había declarado seis días antes del anuncio que no aceptaban “la ocupación yanqui”; en la misma dirección, Oswaldo Rivero, antiguo presentador de la televisión estatal, convocó el sábado una concentración en La Hoyada contra lo que llamó un saqueo. Son voces sin aparato ni cargo, pero le disputan al Gobierno el patrimonio simbólico del chavismo.
Rubio sostiene desde enero que la política estadounidense hacia Venezuela avanza en tres fases —estabilización, recuperación y transición—, pero no ha puesto fecha a ninguna. El acuerdo del 28 de agosto pertenece a la segunda y la prolonga: mientras la inversión no llegue y los campos no produzcan, la transición carece de urgencia para Washington.
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