¿Es la promesa de “destripar” a la izquierda en 2026 simple pirotecnia electoral o una expresión de una doctrina contrainsurgente aún latente? Este análisis busca poner en discusión el mito de la Guerra Fría revelando el pecado original republicano: el pánico histórico de las élites hacia la soberanía popular. De las Bananeras al genocidio de la UP y la persecución universitaria, la doctrina del “enemigo interno” o la “amenaza roja”se recicla hoy bajo el violento libreto global de Trump, Milei y Bukele. Un cuestionamiento urgente a esta narrativa que incita a desmontar esta lógica contrainsurgente: frente a la barbarie, un mundo nuevo ya crece en nuestros corazones.
Las declaraciones del candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, en las que utiliza palabras como “destripar” para referirse a los proyectos políticos de izquierda (no sobra decir que no entienden que la izquierda tiene una gran diversidad de matices y proyectos políticos que se amparan bajo esa sombrilla, sino que la han reducido al peronismo, que sólo es una mínima expresión de esa diversidad), no son un exabrupto aislado, ni simple pirotecnia electoral. En el actual contexto de la campaña de 2026, estas palabras ya se están traduciendo en realidades materiales y violentas: amenazas directas contra docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), la Universidad del Cauca, la Universidad de Caldas y la Universidad de Antioquia, así como agresiones físicas y hostigamientos contra los activistas que adelantan la campaña del candidato Iván Cepeda.
Esta preocupante reactivación de este tipo de violencia y la estigmatización profunda responde a una matriz histórica de larga data, una doctrina contrainsurgente que le ha impedido a Colombia, desde su origen republicano, consolidar una democracia plena. Esta noción funciona como una categoría discursiva fundamental que el aparato institucional ha reconfigurado constantemente para trasladar la lógica de la guerra hacia la sociedad civil, justificando la exclusión política y redefiniendo de manera violenta los límites de la participación política (Ramírez Gómez, 2026). Para entender la gravedad del panorama actual, es imperativo desarmar el mito de que la persecución a la izquierda es un producto exclusivo de la Guerra Fría. El miedo reaccionario a la voluntad popular nació mucho antes, operando como una estructura de control social diseñada por las clases dominantes ante el pánico que les suscita el avance de los procesos democráticos (Vega Cantor, 2014).
El pecado original: del miedo al pueblo a la cruzada anticomunista
La necesidad de las élites colombianas de construir un “enemigo” para salvaguardar el orden establecido se rastrea con claridad hasta el siglo XIX. Tras la revuelta de los artesanos liderada por el general José María Melo en 1854, se produjo un profundo viraje conservador y oligárquico. Allí se inauguró el temor al pueblo, cualquier aspiración legítima de libertad, de dignificación del trabajo o de transformación de las estructuras socioeconómicas coloniales comenzó a ser narrada como una afrenta directa a la civilización y la democracia. La soberanía popular pasó a ser sinónimo de caos. Este proceso responde a los miedos estructurales de las élites frente a la soberanía popular, el disenso y la posibilidad de transformaciones redistributivas reales (Vega Cantor, 2014).
Esta lógica de exclusión sumió a los procesos organizativos en una marginalidad forzada durante décadas, hasta que los años veinte del siglo pasado trajeron consigo el despertar de los movimientos sindicales, campesinos y agrarios. La respuesta del Estado y de los enclaves de capital extranjero ante esta primavera organizativa quedó sellada con sangre en el episodio más paradigmático de la época: la Masacre de las Bananeras en 1928 (Álvarez Ángel, 2022). En lugar de debilitar el tejido social, la respuesta armada del gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930) terminó por sembrar las bases de una movilización más consciente, que pronto fue catalogada bajo un nuevo ropaje discursivo: el peligro rojo. A través de normativas punitivas como la Ley Heroica de 1928 y decretos que tildaban las huelgas legítimas como acciones de una “cuadrilla de malhechores”, el Estado colombiano inauguró una tradición criminal donde las armas oficiales se disponían de manera premeditada para salvaguardar los intereses del capital privado y extranjero a costa de la vida de su propia población (Vega Cantor, 2014).
Durante el periodo conocido como La Violencia (1946-1958), los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) se desangraban en los campos, pero compartían un consenso tácito e inquebrantable: el verdadero enemigo a vencer era el comunismo. Nadie sintetizó mejor esta paranoia que el presidente Laureano Gómez (1950-1951), quien acuñó la célebre y monstruosa metáfora del Basilisco: un monstruo con cuerpo liberal pero cuya cabeza —la que realmente dirigía y coordinaba las acciones— era el comunismo internacional (Vega Cantor, 2014). Bajo esta premisa, que luego se encauzó de manera sangrienta mediante la persecución y estigmatización masiva del movimiento gaitanista, la disidencia política dejó de ser un contrincante electoral legítimo, se transformó en un espécimen satánico y subhumano que debía ser completamente borrado del mapa a través del terrorismo de Estado (Vega Cantor, 2014).
La institucionalización militar y el amparo legal de la barbarie
Con la llegada de los años sesenta, esta narrativa teológica y partidista se tecnificó mediante la intervención de los Estados Unidos. La firma e implementación del Plan Lazo (1962-1966) formalizó la alianza contrainsurgente para atacar las denominadas “repúblicas independientes” (como Marquetalia, Río Chiquito) (Nieto Ortiz, 2004). A partir de este hito, fuertemente influenciado por la misión militar del general William Yarborough en 1962 —quien en un suplemento secreto recomendó la creación de fuerzas clandestinas civiles y militares para ejecutar operaciones de sabotaje y terrorismo—, el Ejército colombiano reformuló su doctrina defensiva (Vega Cantor, 2014). El peligro ya no provenía de una potencia extranjera que cruzara las fronteras, sino del propio ciudadano que cuestionara el statu quo (Vega Cantor, 2014).
El campesino, el líder agrario y el intelectual de izquierda se convirtieron formalmente en el «enemigo interno», trasladando definitivamente el teatro de operaciones hacia las bases de la sociedad civil. La década de los setenta llevó esta persecución a los códigos legales. Bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se dictó el Decreto 1923 de 1978, conocido como el Estatuto de Seguridad. Este marco normativo legalizó la represión, criminalizó la movilización urbana y el sindicalismo activo, facultó a los militares para juzgar a civiles en consejos de guerra verbales y desató una persecución sistemática y descarnada contra defensores de derechos humanos, líderes sindicales, profesores y estudiantes (Álvarez Ángel, 2022).
Al amparo de este estado de excepción permanente, la tortura, los allanamientos arbitrarios y las detenciones masivas pasaron a ser herramientas cotidianas e institucionalizadas de coacción estatal. Lo que vino después en los años ochenta y noventa fue la radicalización paramilitar de esta doctrina. Con el pretexto de combatir a las guerrillas insurgentes, las estructuras macrocriminales del paramilitarismo, en estrecha complicidad, aquiescencia y tolerancia con sectores estatales, ejecutaron un genocidio político sin precedentes en el continente. Movimientos alternativos como la Unión Patriótica (UP), A Luchar, y Esperanza, Paz y Libertad fueron sometidos al exterminio físico y organizativo (Cepeda Castro, 2006) (Corte IDH, 2022).
Como lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su histórica sentencia de 2022, la implementación de planes encubiertos de aniquilación como el “Plan Esmeralda”, el “Plan Baile Rojo” y el “Plan Golpe de Gracia” desvertebró la democracia representativa y causó un daño colectivo irreparable al catalogar a la oposición como enemigos de la patria. En esta época, las universidades públicas se transformaron en teatros de operaciones de la muerte. La Universidad de Antioquia, de manera dolorosa, vio caer a decenas de sus mejores académicos y estudiantes en una limpieza ideológica selectiva sustentada en la retórica de que el pensamiento crítico era una fachada legal de la subversión (Álvarez Ángel, 2022).
De la seguridad democrática al eco peligroso del 2026
Al iniciar el nuevo milenio, el proyecto contrainsurgente mutó en la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Durante este periodo, amparado en el contexto global posterior al 11 de septiembre de 2001, la categoría de “subversivo” mutó hacia la figura del “terrorista”, un significante ambiguo que sirvió para despojar de legitimidad política a la oposición. La retórica oficial tildó abiertamente a las organizaciones de derechos humanos y a los líderes sociales de ser “colaboradores de las FARC” o “terroristas vestidos de civil” (Ramírez Gómez, 2026).
Esta estigmatización masiva sirvió de caldo de cultivo para fenómenos aberrantes de violencia estatal como las ejecuciones extrajudiciales (los mal llamados “falsos positivos”) —incentivados materialmente por directivas ministeriales que ponían precio a la vida humana— y los falsos positivos judiciales, diseñados para exhibir resultados operativos falsos a costa de la vida y la libertad de los sectores más vulnerables. Paralelamente, organismos como el DAS operaron de manera clandestina mediante “Salas Grises” de interceptación ilegal, perfilando y entregando listados de intelectuales y sindicalistas a escuadrones de la muerte para su posterior ejecución (Vega Cantor, 2014).
Incluso tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la inercia del enemigo interno demostró su persistencia al adaptarse al entorno urbano. Durante las movilizaciones populares y el Estallido Social ocurridos entre 2018 y 2021, la respuesta gubernamental y de los medios hegemónicos repitió el libreto milimétricamente: los jóvenes que marchaban en las calles no manifestaban un descontento social legítimo, eran agrupados bajo la etiqueta criminal del “vándalo” o “terrorista urbano” (Ramírez Gómez, 2026). Se les acusó falsamente de ser facciones colectivas infiltradas por las disidencias, financiadas por el “socialismo del siglo XXI” o el comunismo internacional, con el único fin de neutralizar el reclamo legítimo y justificar el uso desproporcionado de la fuerza estatal (Ramírez Gómez, 2026).
Las implicaciones del presente
Cuando hoy, en plena contienda electoral de 2026, escuchamos a sectores políticos tradicionales o de extrema derecha validar palabras de grueso calibre, apelar a la eliminación simbólica del adversario y resucitar las lógicas más rancias del anticomunismo, debemos estar alerta. La historia de Colombia demuestra que en este país la propaganda de odio nunca se queda en las palabras. El discurso que deshumaniza a la izquierda opera como una orden de operaciones implícita para los violentos, transformando el lenguaje en un arma performativa orientada a que el exterminio físico sea consentido o asimilado de forma natural por la masa social. Esta alarmante realidad local guarda una estrecha relación con el panorama geopolítico contemporáneo y la consolidación de la retórica de la extrema derecha a nivel internacional.
El libreto utilizado por figuras como Javier Milei en Argentina, Donald Trump en los Estados Unidos, Nayib Bukele en El Salvador o Jair Bolsonaro en Brasil comparte una misma raíz discursiva: la deslegitimación absoluta y la degradación ontológica del rival político. Al etiquetar el progresismo, el pensamiento crítico o las demandas redistributivas no como posturas democráticas divergentes, sino como una “enfermedad”, “parásitos”, “cáncer ideológico” o una amenaza criminal transnacional, se construye un escenario donde el oponente debe ser erradicado para salvar a la patria. Esta internacionalización del odio proporciona un marco de validación global para discursos locales como el de Abelardo de la Espriella, alimentando la idea de que la aniquilación de la alternativa política es un acto legítimo de defensa institucional y no una agresión abierta contra la democracia.
Las amenazas a las universidad públicas, así como las agresiones físicas y hostigamientos contra los activistas que adelantan la campaña del candidato Iván Cepeda, son el síntoma material de una doctrina contrainsurgente que se niega a morir y que recurre a la degradación verbal del contradictor mediante significantes monstruosos o un abierto discurso anti-intelectual, que denota un desprecio por el conocimiento que no valida sus sesgos. Nos siguen vendiendo la idea corporativa de que el “enemigo interno” acecha en cada rincón donde se exija justicia social o se ejerza la autonomía intelectual, trasladando de manera arbitraria la lógica militar de la guerra hacia la población civil organizada (Ramírez Gómez, 2026). Desmontar esa narrativa, entender su profunda genealogía de exclusión —que se extiende desde los temores oligárquicos del siglo XIX hasta las operaciones encubiertas de las últimas décadas— y defender la legitimidad de todas las posturas políticas en el escenario democrático no es una disputa partidista. Constituye la única alternativa ética e institucional si queremos que este país desarticule definitivamente la política del miedo, rompa la inercia del control social punitivo y deje de contar a sus muertos por el solo hecho de pensar diferente.
Frente a este adverso y sistemático panorama de estigmatización, persecución y violencia histórica por parte de la derecha y extrema derecha, la respuesta colectiva de los sectores populares, sociales y alternativos no apela al repliegue, ni a la claudicación. A pesar de los intentos sistemáticos por desmantelar las estructuras organizativas y sembrar el terror en los territorios, la apuesta histórica por la dignificación de la vida y el cambio social demuestra una resistencia inquebrantable que las armas y las retóricas de la exclusión no han podido doblegar. La persecución actual no detiene la urgencia de proponer un país distinto. Por el contrario, reafirma la necesidad de persistir firmemente en la transformación de las estructuras coloniales y violentas que asfixian la sociedad. Ante el miedo que intentan imponer los promotores de la eliminación del otro, prevalece la convicción histórica de que la construcción de la justicia y transformación social es un proceso indetenible. Como bien lo recordó en su momento el revolucionario Buenaventura Durruti, “No tenemos el mínimo miedo a las ruinas. Vamos a heredar la tierra; no hay la menor duda de eso. La burguesía podría destruir y arruinar su propio mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Llevamos un mundo nuevo aquí, en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante”.
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