“Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos hablaron. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”. Con tono de resignación y espíritu en apariencia democrático, se pronunció por la red social X Daniel Noboa, presidente de Ecuador, una vez conocidos los resultados de la consulta popular/referendo del pasado 16 de noviembre, y con la cual aspiraba a coronar múltiples propósitos: ampliar su poder, restringir los espacios de acción de la oposición; abrirle las puertas del país, vía redacción de una nueva carta constitucional, a una agenda neoliberal, sin límites, en paralelo a reforzar su alianza militar, política y económica con Estados Unidos.
Se trata de una iniciativa puesta en marcha el 5 de agosto, cuando radicó ante la Corte Constitucional las preguntas de su propuesta electoral, aprobadas por este organismo un mes después y con luz verde por parte del Consejo Nacional Electoral, tanto referendo como consulta popular, el 20 de septiembre (1). El llamado a urnas y las pretensiones contrarreformistas buscaban prolongar lo alcanzado el 21 de abril de 2024, cuando el voto mayoritario dio visto bueno a la extradición de nacionales y la vinculación de las FF.AA. al control del crimen organizado, entre otros asuntos. Tal apoyo fue negado para llevar a cabo una reforma laboral que estipulara el contrato a plazo fijo y por horas, así como para que el Estado ecuatoriano reconociera el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales.
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