Cada ciclo del desarrollo imperial estadunidense fabrica vocabularios destinados a convertir conflictos históricos en anomalías rebeldes.
Hoy, la expresión “terrorismo de izquierda”, empleada como categoría política indiscriminada, participa de esa operación al fundir experiencias, procesos, tradiciones intelectuales y luchas sociales heterogéneas dentro de una misma “nueva” figura criminal. Esa emboscada no persigue precisión conceptual. Aspira a cancelar la inteligibilidad del conflicto mediante una distorsión ideológica que sustituye el examen de las causas por la condena preventiva de cualquier impugnación al orden dominante. Cuando un representante del poder estatal convierte esa fórmula en instrumento diplomático o jurídico, la controversia deja de pertenecer al terreno de las ideas para ingresar en un dispositivo de disciplinamiento belicista donde la sospecha precede a la evidencia y la obediencia adquiere rango de virtud cívica. La historia demuestra que toda inquisición comienza con una redefinición del lenguaje.
Aquella Santa Inquisición fue una institución creada por la Iglesia católica durante la Edad Media con el propósito de investigar y sancionar la herejía, entendida como cualquier creencia o práctica que se apartara de la doctrina oficial. Existieron diferentes tribunales inquisitoriales en varios países; los más conocidos fueron la Inquisición española, establecida en 1478, la portuguesa y la romana. Para ello, los tribunales recibían denuncias, investigaban a los acusados y llevaban a cabo procesos judiciales. Se empleó la tortura como método de interrogatorio y las sanciones podían incluir penitencias, multas, confiscación de bienes, prisión e incluso la entrega del condenado a las autoridades civiles para la aplicación de la pena de muerte.
Toda palabra despojada de complejidad dialéctico-histórica reduce el horizonte del pensamiento y amplía la discrecionalidad del castigo. La acusación remplaza al argumento. El expediente desplaza a la investigación. La lealtad al imperio ocupa el lugar reservado al conocimiento. Bajo esa arquitectura, universidades, sindicatos, centros culturales, periodistas, científicos y organizaciones populares quedan sometidos a una vigilancia que transforma la discrepancia en amenaza existencial. El resultado consiste en una pedagogía del miedo cuya eficacia depende menos de la represión abierta que de la normalización cotidiana de la autocensura.
Marco Rubio ha recurrido con frecuencia a ese repertorio discursivo para presentar cualquier cuestionamiento estructural al capitalismo como expresión de radicalismo comunista amenazante. Puesta la mira contra México y contra Cuba especialmente. La estrategia responde a una lógica geopolítica que convierte diferencias económicas y demandas populares en problemas de seguridad nacional. Desaparece la explotación y el plusproducto como categoría analítica. Desaparecen las relaciones sociales que producen desigualdad. Desaparecen las contradicciones entre capital y trabajo. Permanece únicamente un enemigo abstracto cuya existencia justificaría mecanismos extraordinarios de vigilancia, represión, sanción y exclusión. Aquello que debería discutirse mediante evidencia histórica termina administrado mediante categorías policiales.
Una operación semejante invierte el orden racional de la investigación social. Ninguna sociedad debería ser acosada cognitivamente mediante ideologías burguesas.
Las transformaciones históricas nacen de la lucha de clases y de los conflictos materiales en las relaciones verificables, de formas específicas de apropiación de la riqueza, de distribuciones desiguales del poder y de disputas permanentes por el control del trabajo humano. Negar esa dinámica equivale a borrar el fundamento mismo de su historia. Y la conciencia de clase emerge precisamente cuando los individuos reconocen que los intereses privados se infiltran como conciencia colectiva para la dominación y así descubren que el sufrimiento perenne posee raíces históricas.
La criminalización del pensamiento crítico intenta impedir ese reconocimiento.
Siempre que la pobreza aparece desconectada de la concentración de la riqueza, y que la precarización laboral se explica mediante fracasos individuales; siempre que la desigualdad adquiere apariencia de fenómeno natural, el conflicto estructural de clase se disfraza tras una narrativa moralizante. Las mayorías dejan de percibirse como sujetos históricos para contemplarse únicamente como administradoras aisladas de dificultades personales. La fragmentación constituye entonces una forma de gobierno mucho más eficiente que la coerción permanente.
Una tradición humanista crítica nos recuerda que ninguna libertad florece donde el miedo organiza el conocimiento. La investigación científica exige contraste de hipótesis, crítica sistemática, revisión permanente de evidencias y apertura intelectual.
Un poder que define de antemano las conclusiones aceptables degrada la ciencia hasta convertirla en protocolo burocrático. La cultura pierde capacidad creadora cuando la sospecha sustituye al diálogo. La filosofía renuncia a su función emancipadora cuando acepta fronteras impuestas por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad. La universidad deja de formar ciudadanos capaces de comprender la complejidad histórica para producir administradores obedientes de consensos prefabricados. La experiencia histórica enseña igualmente que ninguna hegemonía permanece invulnerable.
Todo intento por clausurar el pensamiento crítico alimenta nuevas preguntas acerca del origen de las prohibiciones. La censura revela aquello que procura ocultar. Y tal persecución intelectual confirma la fragilidad de un orden incapaz de sostenerse mediante razones compartidas. El conflicto entre trabajo y capital reaparece entonces bajo formas renovadas porque pertenece a la organización material de la producción y no a la voluntad subjetiva de propagandistas o gobernantes.
Una defensa auténtica de la dignidad humana exige rechazar toda inquisición contemporánea, cualquiera que sea el vocabulario empleado para legitimarla. El pensamiento crítico constituye patrimonio universal porque permite reconocer vínculos entre experiencia individual y estructura histórica, entre sufrimiento cotidiano y organización económica, entre cultura y poder. Reducir esa capacidad a una etiqueta criminal como “terrorismo de izquierda” representa un ataque contra la inteligencia colectiva antes que contra una corriente política determinada. La emancipación intelectual comienza allí donde el lenguaje recupera precisión, la investigación recobra autonomía y la conciencia revolucionada descubre que la historia permanece abierta mientras existan mujeres y hombres dispuestos a comprenderla para transformarla.
25 de julio de 2026
Por, Fernando Buen Abad Domínguez, Doctor en filosofía
La pedagogía del odio
25 de julio de 2026
La guerra cultural ha sido declarada. Bajo la batuta de Marco Rubio y el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, fueron convocados en Washington países aliados y dependientes para dar a conocer las estrategias del gobierno de Trump en su batalla contra lo que se ha llamado ideología antifa. Mientras se disputaba el Mundial de Futbol, según fuentes, acudieron 60 representantes de gobiernos de Asia, Europa y América Latina. Entre los invitados destacaron Israel, Argentina, Italia, Alemania o Chile. Entre los ausentes, México y China. No acudieron por decisión propia.
De esta guisa Estados Unidos redefine el terrorismo internacional. Categoría gelatinosa que incorpora el crimen organizado, el narcotráfico, la migración y los indocumentados, hasta movimientos políticos y sociales de izquierda, progresistas, anarquistas o socialdemócratas. En esta guerra, está dispuesto a financiar con un límite de 3 millones de dólares a organizaciones que apoyen sus planteamientos. Ese era, entre otros, el objetivo de la reunión. Dar a conocer la existencia de fondos gubernamentales en la promoción de la pedagogía del odio. De eso se trataba. Visualizar, y emprender su cruzada particular contra aquellos que representan un peligro para la razón cultural de Occidente, sus valores y modo de vida.
En una sociedad individualista, el discurso del odio se entronca con la emergencia de individuos que han roto amarras con la realidad social. Sólo pueden fantasear como lo hace el hipocondriaco con un cuerpo carcomido por la enfermedad. Su mundo es una construcción delirante. Baste transcribir las palabras de Marco Rubio, cuando se refiere a los nuevos terroristas: “viajan por el mundo para participar en ataques conjuntos, canalizar propaganda y material de captación, e intercambiar información sobre objetivos por medio de canales encriptados compartidos. Se desplazan mediante redes clandestinas de pisos francos, pagan sus operaciones con fondos trasnacionales y colaboran con estados extranjeros hostiles”. No menos delirantes son los informes que señalan a Cuba como promotora de la subversión en Estados Unidos, acusándola de “reclutar y cultivar activistas de izquierda, y de apoyar el terrorismo izquierdista en territorio estadunidense” (La Jornada, 21/7/26)
Producir rechazo al diferente es la finalidad de la sicopatología delirante del movimiento MAGA. En esta guerra cultural son llamados a participar partidos políticos, medios de comunicación y redes sociales. La cumbre Antifa, así fue definida, abrió la puerta a la producción global de odio social. ¿Cómo? A decir del siquiatra Carlos Castilla del Pino en su obra Teoría de los sentimientos, dando rienda suelta a la difamación, la calumnia, la crítica malévola, sobre las cuales se asienta el deseo de destrucción, de ser odiado. Y puede ser una clase social, un grupo étnico, migrantes o ideologías adjetivadas como “disolventes”. Se odia para destruir el objeto odiado.
El trabajo de odiar conlleva una pedagogía. No se nace odiando, dirá Freud en su obra Los instintos y sus destinos. Para odiar es necesario definir aquello que se odia. Descargar la violencia sobre un objetivo concreto. Hablamos de un sentimiento dirigido, cocinado a fuego lento. De ahí que el odio sea una conducta social. Se enseña, a la par que se aprende a odiar.
Se deshumaniza aquello que debe ser odiado. La historia da pautas. Tomemos la masacre en Ruanda. Entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, la población tutsi fue atacada en sus casas, lugares de trabajo, centros educativos o religiosos. Sus agresores eran vecinos, amigos, compañeros de trabajo o familias políticas pertenecientes a la etnia de los hutus. Apoyados por sus milicias y fuerzas gubernamentales, actuaron sin límites. Fueron asesinados un millón de sus miembros, equivalente a 70 por ciento de la población tutsi. Según los datos, entre 250 mil y 500 mil mujeres fueron agredidas o violadas sexualmente. Boubacar Boris Diop, escritor senegalés, plasmó el odio de los hutus en su novela El osario. Asimismo, en 1995, miles de bosnios musulmanes serían asesinados en la masacre de Srebrenica por las fuerzas serbio-bosnias del ejército de la República Srpska, liderados por Radovan Karadzic.
En ambos casos, el odio asienta la limpieza étnica. En el reciente inaugurado siglo XXI, el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania forma parte de educar a un país y su población en el odio. Son guerras civilizatorias encuadradas en el concepto de superioridad étnico-racial. En todos los casos, se odia a los pueblos originarios, al diferente, al otro, al pobre. Desdibujados, se presentan como el enemigo civilizatorio al cual exterminar.
La pedagogía del odio tiene docentes y divulgadores. Ideólogos formados en el rechazo a la democracia, la justicia social, los derechos humanos. Dirigentes políticos defensores de la explotación, la meritocracia y el patriarcado. Dominan los espacios públicos donde predomina la cultura de la cancelación. Soldados que adquieren el nombre de influencers y cumplen con su función. Muchos recurren al acoso cibernético y al bulo, y llaman a la violencia. Hoy, la guerra cultural posee un manual de instrucciones cuya fuente de legitimación se asienta en la pedagogía del odio.
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