Tras 14 meses de gestión, las pretendidas reformas en diversos campos de la vida nacional, promesa central de la actual administración pública, continúan en vilo, y las expectativas que pudieran despertar en el cuerpo social hoy son menores que en los primeros meses del nuevo gobierno, a tal punto que no concitan la movilización nacional en su apoyo.
El alargado proceso de confección de las mismas, que, si bien ha implicado múltiples y continuas consultas, debates, minimización de su espíritu original, radicación y trámite en el poder legislativo, no garantizó la consulta y la concertación con los acumulados sociales que las han impulsado desde décadas atrás, como lo constata la elaboración de la reforma a la salud, por dar un ejemplo, y tal vez por ello el desgano en su apoyo. Y mucho más cuando se teme la aprobación de algo distante de lo necesitado por la sociedad para contar con la garantía plena de un derecho fundamental.
Es esta una compleja dinámica en la que –sin reparar ni priorizar en los intereses mayoritarios de los excluidos de siempre y sí en sus propios bolsillos– los gremios y los empresarios han interpuesto todo tipo de triquiñuelas para que fracasen las transformaciones en nuestro cuerpo legal y social, necesarios para mejorar la calidad de vida de millones de personas, para la cual se requiere prestarles atención a la salud, las pensiones, lo laboral y la educación, entre otros factores de nuestro cuerpo social y vida en general.
Son maniobras, artimañas de todo tipo, las desplegadas para obtener tal resultado: ofensiva periodística para minimizar, aterrorizar y/o desinformar sobre el real alcance con cada una de las reformas, resaltando en su narrativa algo totalmente diferente de lo que se busca con ellas: que las mayorías saldrán perjudicadas de ser aprobadas. Por ejemplo: en la reforma a la salud y en pensiones, se dice cínicamente que el sistema quebrará y el servicio de salud –hasta ahora prestado por entes privados y públicos– se irá al traste, y en pensiones los ahorros se acabarán y los jubilados y los por jubilarse quedarán “colgados de la brocha”. Esa es parte de la serie de mal informaciones difundidas para que los cambios no se den.
La táctica empleada es un cubrimiento periodístico que, dejando a un lado el abc de su profesión, no repara en por qué son necesarias las transformaciones sociales que traerán tales propuestas, como tampoco pregunta para qué su aprobación, qué es lo que cambia en cada uno de esos campos, cómo lograrlo, quiénes se beneficiarían con ello, pero también quiénes se perjudicarían. Y, cómo no, quiénes son los favorecidos hasta hoy con el funcionamiento de la salud, las pensiones, el trabajo y la educación, tal y como los conocemos.
El proceso informativo viene acompañado de presiones políticas y económicas de todo tipo, desde manifestaciones sociales para denunciar “el peligro de la izquierda (comunismo, decían antes) para el bienestar del país” –léase: para las ganancias del empresariado–, en tanto que llevarán a la quiebra el sector salud, como al pensional y otros, al tiempo que desequilibrarán las finanzas nacionales al violar la sacrosanta regla fiscal, pasando por el bloqueo legislativo del trámite de las reformas allí radicadas, con maniobras legales y jugaditas de todo tipo para que no avancen, como la subcomisión creada en la comisión VII de Cámara para volver a revisar el texto de reforma al sistema de salud, o para obligar a la transformación de su espíritu original.
Simultáneamente, se presenta un notable desmejoramiento de parte de las agencias internacionales en su calificación del grado de estabilidad de la economía nacional, o en la confianza en la macroeconomía nacional. A la par, se generan otras acciones, más tradicionales, como la fuga de capitales, la especulación con la divisa verde, la salida del país de diversidad de empresas por no sentir “seguridad jurídica” o por proyectar que los rendimientos en sus ganancias no serán los calculados años atrás. No faltan, claro está, las visitas abiertas, como no anunciadas al público, de diversidad de funcionarios de los Estados Unidos para “conversar” en la Casa de Nariño sobre estos y otros temas que les preocupan a quienes realmente representan estos enviados: las multinacionales, con inversiones en diversidad de segmentos de la economía nacional.
El actual es un proceso sinuoso en el cual le ha faltado audacia política al alto gobierno, así como confianza en la sociedad, en particular en los movimientos sociales, proceso en el cual ha primado la iniciativa de los gremios que agrupan al empresariado en cada uno de los campos en que impactan las reformas, y en menor medida de los partidos tradicionales, que, para vergüenza propia y ajena, bailan al son que les toquen.
La iniciativa privada ha permitido comprender que no les interesa aquello que tanto cacaraquean –la democracia, entendida no solo como formalidad electoral–, así como el bienestar general, y sí sus tasas de ganancia. Así de simple, sin sonrojarse por ello, porque allí también están comprometidas la opinión y la acción de sectores religiosos que tienen inversiones en Educación y Salud, y con miles de trabajadores a su cargo que, de no aprobarse la reforma laboral, por ejemplo, no verán mejorada su vida terrenal, así en el futuro puedan tener ‘mejor suerte’ tras su deceso.
La preocupación es evidente: en salud, el núcleo de su oposición es a que se termine con las EPS, es decir, con el manejo por parte del sector privado de la billonada de dinero de la que se han lucrado hasta ahora por su intermediación (para este año la bobadita de 81 billones de pesos). Por ello, se oponen a que la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) contrate directamente con las instituciones prestadoras de servicios de salud sin que los dineros pasen por las EPS, mientras la mayoría de los otros asuntos los tiene sin cuidado: atención primaria, cubrimiento en salud de la población rural, etcétera. En ello posan de avanzados, sensatos, porque esos cambios no afectan el negocio.
Los sectores privilegiados económicamente, en cuanto a pensiones, rechazan y bloquean el buen tránsito del proyecto porque, de aprobarse tal como está, toda aquella gente que gane entre 1 y 3 salarios mínimos pasará a Colpensiones, y solo de ahí hacia arriba podrán afiliarse a los fondos privados. Como es obvio pensar, la mayoría de quienes trabajan ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, lo que les quitaría a aquellos la cereza del pastel. Esos fondos reciben y administran los aportes de 18,8 millones de cotizantes, en tanto que Colpensiones cuenta con 6,7 millones de ellos y 1,6 millones de pensionados. Al dejar de recibir ese dinero –arguyen los empresarios–, el mercado de capitales se irá a pique. Hay que recordar que, con ese dinero, por demás, especulan en bolsas de todo el mundo: un peligro para millones de jubilados y un beneficio para quienes ponen en riesgo lo que no es de ellos.
En Educación, les preocupa que el objetivo de asegurarla pública, gratuita y generalizada, les reduzca el número de estudiantes con que hoy cuentan y, por tanto, decaigan sus ingresos. No es nada más. Negocio, puro negocio. Y para esconder tan vil interés, vuelven con el viejo decir de que la educación privada es de excelencia y supera a la pública, y, por tanto, hay que protegerla asegurando el espacio para su continuidad, sin perder rentabilidad, para lo cual deben ofrecerles garantías, es decir, que el Gobierno les transfiera recursos de todo tipo, como lo ha hecho hasta ahora, asumiendo que miles de estudiantes queden con cargo financiero al gobierno central.
En lo laboral, según las observaciones de quienes la objetan, la reforma no generará más empleo y sí le incrementará los costos al empresariado. Aunque no lo dicen, serían felices de aprobarse una reforma que reduzca los derechos de quienes venden su fuerza de trabajo, como acaba de suceder en Grecia, ahora con jornadas de trabajo más amplias, con menos salarios, sin garantía de huelga, como lo dicen frente a la posibilidad de que los empleados públicos de sectores estratégicos de la economía nacional puedan realizar huelgas, algo hasta ahora prohibido.
Observaciones, oposición, bloqueos, chantajes, maniobras de todo tipo, que ocultan discusiones que emanan de todo esto. Por ejemplo: ¿Cuál es el modelo económico que debe abordar el país en su actual momento si se busca alcanzar un mejor bienestar para todos y todas? ¿Qué papel debiera jugar en ello el Estado? ¿Qué tipo de Estado ¿Cuál es el papel por liderar de parte de los sectores organizados de la llamada sociedad civil, más allá de los gremios económicos, por ejemplo, los movimientos sociales? ¿Cuál es el papel de la mayoría social, nunca invitada ni motivada para que intervenga en la reflexión, el diseño, la ejecución y el control de la economía del país que habita? ¿Es cierto que todo lo que toca el Estado es garantía de quiebra? Pero también, ¿responde a la verdad la afirmación de que el sector privado es per se garantía de éxito y probidad a toda prueba?
En fin, este debate, que debiera darse a la par con el trámite de las reformas que el país requiere, ha quedado oculto, y sacarlo a flote demanda mayor audacia de parte del Gobierno, dejando a un lado el temor por la necesaria politización de la sociedad, como condición fundamental para romper lo heredado de dos siglos de preeminencia de lo privado, con su inmenso costo de injusticia y desigualdad social que ha labrado.
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