Venezuela vive desde el 3 de enero de 2026 una situación colonial de carácter disolutivo de las formas republicanas de existencia. Desde ese momento, Estados Unidos vende el petróleo venezolano, deposita en una cuenta del departamento del tesoro los montos de estas transacciones y dispone lo que se envía o no al país; todas las decisiones gubernamentales son facturadas en la Casa Blanca, el Departamento de Defensa, la Secretaría de Energía y la CIA, correspondiéndole a la Junta de Administración colonial liderada por los hermanos Rodríguez el papel de ejecutores; la presidencia del parlamento legisla conforme a órdenes norteamericanas produciendo cambios en las leyes de hidrocarburos, impuesto, comercio y minería que retrotraen el país al periodo del virreinato español y el gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935). Los estertores entreguistas, de lo que en algún momento fue la revolución bolivariana, hacen añorar el nacionalismo socialdemócrata, y la alianza militar-policial se ha convertido en la garantía del cumplimiento de las órdenes imperiales. La ausencia de coraje patriótico de las fuerzas armadas nacionales queda en evidencia ante posiciones abiertamente patrióticas de líderes como el socialdemócrata Claudio Fermín. Triste epitafio para un proceso, que liderado por Chávez generó tantas esperanzas en el país, Latinoamérica y el mundo.
La fotografía de Maduro, vestido deportivamente, con una sonrisa y mostrando con las manos la señal de victoria, publicada el mismo día que se anunciaba el acuerdo petrolero venezolano con los Estados Unidos, parecieran enviar el meta mensaje que “Estados Unidos aprieta, pero no olvida a quienes le han ayudado”, pues es innegable que el actual desastre fue construido a partir de los pactos fomentados por el Madurismo con los Estados Unidos entre 2018-2025 y el desenfrenado autoritarismo que aplicó contra el pueblo venezolano.
Aún se desconoce el texto del acuerdo firmado y lo que circula son confirmaciones oficiales del mismo, por parte de la administración Trump, el Delcynato (hermanos Rodríguez) y la empresa privada que ha servido de intermediaria.
Introducción y caracterización del pacto energético
Es necesario entender este acuerdo petrolero en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana anunciada por la administración Trump en noviembre-diciembre de 2025 y su abierta intención de reposicionarse en la región, especialmente controlando las reservas energéticas, las inversiones y los flujos de comercioregional.
La reconfiguración geoeconómica del capital energético en América Latina ha alcanzado un punto de inflexión sin precedentes tras la formalización del acuerdo petrolero suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos, el Estado venezolano y la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) (ATENCIO, 2026). Este instrumento otorga a la firma NABEP —dirigida por el empresario Alejandro Betancourt— derechos preferenciales de explotación por un período de 100 años -aunque Delcy Rodríguez ha dicho que solo será por 25 años (Sic!!!)- sobre 17 campos petroleros ubicados estratégicamente en la Faja Petrolífera del Orinoco y la cuenca del Lago de Maracaibo, los cuales albergan estimaciones cercanas a los 65.000 millones de barriles en reservas probadas P1 (FINANCIAL EXPRESS, 2026). La magnitud de este traspaso equivale a ceder de forma efectiva aproximadamente el 21% de la totalidad de las reservas de hidrocarburos de Venezuela a un consorcio privado resguardado por el aparato estatal norteamericano (TIMES BRASIL, 2026).
La incursión militar-financiera: El rol de la Office ofStrategic Capital (OSC)
La arquitectura corporativa de esta transacción destaca por la inclusión directa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos mediante la Office ofStrategic Capital (OSC), una entidad financiera creada originalmente bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para direccionar inversiones hacia tecnologías duales e infraestructuras críticas (FINANCIAL TIMES, 2026). La creación de la OSC en 2022, bajo la administración Biden, evidencia que lo que está ocurriendo ahora no es un hecho aislado del tremendismo de Trump, sino que forma parte de la continuidad de las políticas imperiales. La OSC funciona como un fondo de financiamiento e incentivo de capital privado -no realiza contratos directos como DARPA o DIU- y su tarea es atraer capital privado hacia cadenas de suministro e infraestructuras industriales de tecnologías duales (comerciales y militares) de interés para la seguridad nacional estadounidense (semiconductores, energía, microelectrónica, materiales avanzados).
A través de mecanismos de warrants financieros de un centavo, la OSC aseguró un 35% de participación accionaria en la empresa matriz de NABEP sin realizar desembolsos directos de fondos públicos por parte de los contribuyentes estadounidenses (OPEN BUREAU, 2026). Esta estructura concede al Pentágono no solo el derecho a percibir ingresos y dividendos comerciales sobre la comercialización del crudo, sino también el ejercicio de poder de veto e injerencia corporativa directa dentro de la junta directiva de la operadora energética (FINANCIAL EXPRESS, 2026).
Cláusulas de subordinación comercial y seguridad nacional
En el plano estrictamente comercial y de suministro, el acuerdo compromete la soberanía energética regional al estipular la reserva obligatoria del 20% de la producción total extraída a favor del Gobierno de los Estados Unidos a precio de costo (sin ninguna ganancia para Venezuela), con el objetivo explícito de restituir la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) estadounidense (FINANCIAL EXPRESS, 2026). Adicionalmente, el tratado concede al Departamento de Estado el derecho de primera opción (rightoffirstrefusal) sobre el 80% restante de la producción, lo que permite a Washington fiscalizar o bloquear la distribución comercial de crudo venezolano hacia terceros competidores globales como China o Rusia en escenarios de emergencia o disputa geopolítica (OPEN BUREAU, 2026).
Para sostener dicha meta operativa, NABEP y un grupo de inversionistas privados contemplan un plan de inversión en infraestructura que asciende a 100.000 millones de dólares para elevar la producción a más de un millón de barriles diarios (TIMES BRASIL, 2026). Esto se produce, en lo que pareciera una salida operativa, ante la negativa de las empresas transnacionales, convocadas a la Casa Blanca en enero de este año, para invertir directamente en la industria petrolera venezolana. Este acuerdo genera una triangulación (empresa privada ejecutora, Estado norteamericano e inversionistas) y protección comercial de las inversiones que procuran concretar la millonaria inversión. A su vez, esto extiende la situación colonial venezolana, dotando al Departamento de Defensa norteamericano un papel de aseguramiento que profundiza la pérdida de la República.
Perfil tecno-político empresarial de Alejandro Betancourt y el capital rentista
El liderazgo operativo de NABEP recae en Leopoldo Alejandro Betancourt López, cuya trayectoria empresarial ilustra la dinámica de articulación entre el capital privado financiero y la renta petrolera estatal (EL PAÍS, 2026). Formado en administración y economía en la Universidad de Suffolk y con estudios de posgrado en Oxford, Betancourt consolidó su fortuna tras la crisis energética venezolana de 2009 mediante la cofundación de DerwickAssociates, firma a la que se señala de haber obtenido 11 adjudicaciones directas sin licitación pública para la instalación de plantas termoeléctricas contratadas por Corpoelec y Bariven (BANCA Y NEGOCIOS, 2026). En este momento se encontraban al frente de la industria petrolera Rafael Ramírez y de la electricidad Alí Rodríguez Araque, ambos miembros de la dirigencia del PSUV, provenientes del clandestino Partido de la Revolución Venezolana (PRV) de los años setenta del siglo pasado.
Esta vinculación histórica de la empresa de Betancourt López con los excedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) le valió ser catalogado por analistas como parte de los denominados “bolichicos”, diversificando posteriormente su portafolio en inversiones financieras globales a través de entidades como O’Hara Administration y la marca Hawkers (EL PAÍS, 2026).
Es muy importante destacar la “extraña trayectoria” de López Betancourt, siendo parte estructural de la conformación de la nueva burguesía (Boliburguesía) entre 2009 – 2017, pasando luego a apoyar la presidencia encargada de Juan Guaidó (hecho denunciado por el propio Maduro, sin mayores consecuencias para el empresario), a la par que se le atribuye haber contribuido con Delcy Rodriguez, para lograr entre 2018-2022, el acercamiento entre la vieja y nueva burguesía. Es decir, es evidente el papel de Betancourt en el acuerdo inter burgués durante el periodo de Maduro, que ahora, después de los eventos del 3 de enero de 2026 le dota de un papel estelar en el modelo de gobernanza que para Venezuela impulsa la administración Trump.
Entramado judicial e investigaciones
A pesar de su posicionamiento en el acuerdo hemisférico, Betancourt ha enfrentado un extenso historial de escrutinio judicial internacional, incluyendo investigaciones por presunto blanqueo de capitales procedentes de la corrupción en PDVSA instruidas por la Audiencia Nacional de España y autoridades suizas (FINANCIAL TIMES, 2026). Si bien hasta la fecha no han derivado en condenas o cargos formales en su contra, los tribunales españoles reabrieron indagatorias enfocadas en el rastro monetario proveniente de contratos estatales (ATENCIO, 2026). Betancourt cumple una función objetiva que se enmarca en la de un intermediario o broker de alto nivel, cuyo pragmatismo financiero conecta los intereses de las élites políticas venezolanas (cuarta y quinta República) con los imperativos geopolíticos del capital estadounidense (BIGGO FINANCE, 2026).
Inconstitucionalidad e ilegalidad del pacto en el marco jurídico venezolano
Desde la doctrina del derecho constitucional venezolano, el acuerdo pactado vulnera frontalmente las bases fundacionales de la soberanía de los hidrocarburos consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). En primer lugar, la concesión por 100 años choca directamente con el Artículo 12 de la CRBV, el cual declara que los yacimientos mineros e hidrocarburíferos existentes en el territorio nacional son bienes de dominio público, por ende inalienables e imprescriptibles (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 1999).
Otorgar derechos sobre reservas por un siglo constituye una enajenación fáctica del recurso público, contraviniendo el principio de reserva estatal estipulado en el Artículo 302 constitucional, así como los preceptos de la antigua Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) Chavista, la cual exigía que toda actividad primaria de explotación fuera ejercida directamente por el Estado o mediante empresas mixtas en las que la República mantuviera una participación accionaria superior al 50% y el control efectivo de la gestión (ASAMBLEA NACIONAL, 2006).
La anulación del control soberano de la producción y la comercialización
La ejecución de este contrato desmantela de forma integral los mecanismos de control directo sobre la política petrolera que históricamente administró el Estado venezolano (FINANCIAL EXPRESS, 2026). Al ceder el control operativo de los 17 campos a NABEP y otorgar facultades directivas a la Office ofStrategic Capital del Pentágono, el Estado renuncia a la potestad de fijar soberanamente sus niveles de producción, afectando el cumplimiento de cuotas dentro de organismos multilaterales como la OPEP (OPEN BUREAU, 2026). Esto ha hecho circular con insistencia el rumor que Venezuela se prepara para abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de la cuál fue fundadora, bajo la inspiración de las ideas de Juan Pablo Pérez Alfonso.
Asimismo, la cesión preferencial de volúmenes de extracción a precio de costo hacia la Reserva Estratégica de Estados Unidos y la sujeción del volumen restante al arbitraje de la política exterior estadounidense subordinan los ingresos fiscales de Venezuela a las dinámicas de la seguridad nacional de una potencia extranjera, anulando el principio de libre determinación sobre los recursos naturales (OPEN BUREAU, 2026).
La reacción popular
El rechazo a nivel de la ciudadanía ha sido unánime, mostrando que el patriotismo y la lucha por la soberanía no son un asunto político muerto en Venezuela. Incluso, la oposición de derecha pro norteamericana ha tenido que salir a exigir la publicación del texto original del acuerdo, siendo muy cuidadosa de no confrontar a la administración Trump, como resultado de la presión de sus bases. Incluso la opositora Alianza por la Soberanía y la Democracia (ASD) emitió un comunicado mucho más patriótico que la vergonzante declaración del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Pero este malestar aún no tiene forma de rebeldía y movilización de masas. No ha surgido un polo organizado ni un liderazgo nítido capaz de convertir el malestar actual en rebeldía ciudadana. La interrogante por despejar es si esto ocurrirá en el corto plazo, algo que solo la realidad política venezolana responderá.
Luis Bonilla-Molina es cientista social venezolano, actualmente profesor visitante en la UFABC de São Paulo, Brasil.
Lista de referencias
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Ley Orgánica de Hidrocarburos. Gaceta Oficial N.º 38.441, Caracas, 2006.
ATENCIO, M. Trump’sPentagon Venezuela Oil Deal: Who Is Alejandro Betancourt? Transcripción de reporte especial en formato corto. 30 ago. 2026. Disponible en:https://www.youtube.com/shorts/bzfgL1wzReA. Acceso el: 2 sep. 2026.
BANCA Y NEGOCIOS. Perfil: Alejandro Betancourt, el polémico empresario que explota petróleo venezolano para EEUU. Caracas, 1 sep. 2026. Disponible en:https://www.bancaynegocios.com/perfil-alejandro-betancourt-el-polemico-empresario-que-explota-petroleo-venezolano-para-eeuu/. Acceso el: 2 sep. 2026.
BIGGO FINANCE. Who Is Alejandro Betancourt, the ‘Emerging Oil Viceroy’ Leading Venezuela’s Oil Development? 31 ago. 2026. Disponible en:https://finance.biggo.com/news/901d15d8-cfaf-49e5-bf17-fdae34c78a32. Acceso el: 2 sep. 2026.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Gaceta Oficial N.º 5.453 Extraordinario, Caracas, 24 de marzo de 2000 [1999].
EL PAÍS. Alejandro Betancourt, Trump’s new Latin American oligarch. Madrid, 2 sep. 2026. Disponible en:https://english.elpais.com/international/2026-09-02/alejandro-betancourt-trumps-new-latin-american-oligarch.html.Acceso el: 2 sep. 2026.
FINANCIAL EXPRESS. Inside the US-Venezuela oil deal: Will 65 billion barrels lower gas prices? 1 sep. 2026. Disponible en:https://www.financialexpress.com/world-news/inside-the-us-venezuela-oil-deal-will-65-billion-barrels-lower-gas-prices/4329404/. Acceso el: 2 sep. 2026.
FINANCIAL TIMES. Controversial Venezuelan executive courts investors after Trump oil deal. Londres, 30 ago. 2026. Disponible en:https://www.ft.com/content/458940e7-0754-42e3-aa33-f1f9e3e710b7. Acceso el: 2 sep. 2026.
OPEN BUREAU. US-VENEZUELA OIL DEAL | 65 Billion Barrels, 100 Years & India’s New Crude Calculus. Open Magazine, 1 sep. 2026. Disponible en:https://openthemagazine.com/world/us-venezuela-oil-deal-65-billion-barrels-100-years-indias-new-crude-calculus. Acceso el: 2 sep. 2026.
TIMES BRASIL. Venezuela concede à North American Blue Energy Partners concessões de 100 anos para 17 campos de petróleo. São Paulo, 31 ago. 2026. Disponible en:https://timesbrasil.com.br/mundo/venezuela-concede-a-north-american-blue-energy-partners-concessoes-de-100-anos-para-17-campos-de-petroleo/. Acceso el: 2 sep. 2026.
Leave a Reply