20 junio, 2026. El presidente Rodrigo Paz firmó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país tras 50 días de protestas y bloqueos, pero los sectores campesinos y cocaleros que mantienen las medidas de presión rechazaron el pacto, mientras dirigentes del transporte pesado afirman que la organización sindical no controla ninguno de los puntos de bloqueo instalados en las carreteras.
La firma del acuerdo entre el Gobierno y la principal organización sindical del país buscó abrir una etapa de diálogo para abordar una serie de demandas económicas, sociales e institucionales. Sin embargo, pocas horas después del acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, organizaciones que sostienen parte importante de los bloqueos ratificaron la continuidad de sus movilizaciones y pusieron en duda el alcance real del entendimiento.
La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz «Túpac Katari» instruyó mantener y reforzar los bloqueos en las 20 provincias del departamento.
En Cochabamba, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico desconoció el acuerdo, calificó la decisión de la dirigencia cobista como una traición y anunció que continuará con las medidas de presión hasta lograr la renuncia del mandatario y la convocatoria a nuevas elecciones.
Las críticas también llegaron desde el transporte pesado, uno de los sectores más afectados por la paralización de carreteras. Sus dirigentes sostuvieron que la COB no tiene presencia en los puntos de bloqueo y cuestionaron la capacidad de la organización para garantizar una reducción efectiva de las medidas de presión.
El propio ejecutivo de la COB, Mario Argollo, defendió la decisión de firmar el acuerdo y anunció el levantamiento de las medidas impulsadas por su organización, aunque reconoció la autonomía de otros sectores movilizados para definir sus propias acciones.
Las dudas sobre la representatividad de la dirigencia cobista también fueron alimentadas por la oposición. El expresidente y líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, afirmó que Argollo carece de respaldo entre las organizaciones movilizadas y sostuvo que «la única legitimidad que tiene hoy es la que le otorga el Gobierno».
El exmandatario cuestionó además que el Ejecutivo hubiera concentrado semanas de negociaciones con una dirigencia cuya influencia sobre los bloqueos es cuestionada por diversos sectores.
Un acuerdo basado en comisiones
El documento firmado por Paz y Argollo establece una agenda de trabajo de 90 días para abordar temas relacionados con pensiones, combustibles, pacto fiscal, derechos humanos, medio ambiente, empleo, producción y transparencia institucional.
Entre los principales compromisos figura la creación de una comisión técnica para revisar la Ley 065 de Pensiones, una auditoría técnica y financiera externa sobre la denominada «gasolina basura», mesas de trabajo para evaluar daños reportados por transportistas y espacios de discusión sobre distribución de recursos públicos, protección de áreas protegidas y defensa de la canasta familiar.
El acuerdo también contempla una comisión legal para gestionar la situación de personas detenidas y revisar procesos vinculados a las movilizaciones, además de mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
La mayoría de estos puntos no tendrá efectos inmediatos y dependerá de informes, auditorías, estudios técnicos y negociaciones que deberán desarrollarse durante los próximos tres meses.
Desaparecieron demandas
El contenido final del acuerdo refleja un cambio significativo respecto a las posiciones que marcaron el inicio del conflicto.
Entre las demandas que quedaron fuera del documento figura el incremento salarial del 20% impulsado inicialmente por sectores sindicales. Tampoco aparecen medidas económicas inmediatas ni mecanismos concretos para modificar de forma inmediata la situación económica denunciada por los movilizados.
Asimismo, desaparecieron del acuerdo las demandas de renuncia presidencial que posteriormente fueron asumidas por organizaciones campesinas y cocaleras que hoy continúan al frente de los bloqueos.
En lugar de esas exigencias, el documento traslada gran parte de los conflictos a mesas técnicas, auditorías y comisiones que deberán presentar resultados en un plazo de hasta 90 días.
Contradicciones del Gobierno
El acuerdo también refleja cambios respecto al discurso que sostuvo el Gobierno durante las semanas más intensas de la crisis.
Mientras autoridades económicas argumentaban que la situación fiscal limitaba la posibilidad de asumir nuevas obligaciones financieras, el documento abre espacios de negociación sobre pensiones, combustibles, compensaciones económicas y distribución de recursos públicos.
La firma del acuerdo también contrasta con declaraciones previas del presidente Paz, quien había pedido a los sectores sociales dejar de lado los tradicionales pliegos petitorios y presentar propuestas relacionadas con producción y trabajo.
Sin embargo, el entendimiento alcanzado con la COB terminó incorporando una amplia agenda de negociación sobre temas económicos, laborales y sociales que hasta hace pocas semanas el Ejecutivo consideraba inviables o secundarios frente a la necesidad de preservar la estabilidad fiscal.
El costo de 50 días de conflicto
El conflicto dejó al menos 14 fallecidos hasta el 15 de junio, incluidos dos menores de edad. Un niño murió luego de que una ambulancia no pudiera avanzar debido a los bloqueos y una niña con cáncer falleció tras no lograr llegar a una sesión de quimioterapia.
La crisis también estuvo acompañada por episodios de violencia. Un manifestante murió por disparo durante un operativo de desbloqueo y seis policías resultaron heridos en enfrentamientos registrados en San Julián.
En el plano económico, sectores empresariales y productivos reportaron pérdidas millonarias. Productores avícolas denunciaron una reducción del 50% en las aves reproductoras y solicitaron la creación de un fondo de reactivación de 700 millones de bolivianos para enfrentar los efectos de la paralización.
La Administradora Boliviana de Carreteras llegó a reportar más de 90 puntos de bloqueo durante los momentos más críticos del conflicto, afectando el transporte de alimentos, combustibles, medicamentos y mercancías en los principales ejes del país.
Tras 50 días de conflicto, el Gobierno consiguió un acuerdo con la principal organización sindical de Bolivia. La incógnita ahora es si ese pacto podrá traducirse en una reducción efectiva de los bloqueos cuando los sectores que continúan controlando las carreteras permanecen fuera del acuerdo y mantienen vigentes sus medidas de presión.
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