Los primeros brotes de inconformidad de los vasallos del Nuevo Reino de Granada, como la rebelión de las Alcabalas en Vélez (1740) y de los Comuneros de Cali (1765), tuvieron un carácter económico limitado a la queja contra el cobro desmedido de impuestos. Reprimidas ambas, y sancionados con prisión sus cabecillas, consiguieron no obstante su objetivo. Por un tiempo se suavizó la política tributaria en las colonias de Indias; pero, a finales de los años setenta, la corrupción de los funcionarios de la corte, y de las mismas colonias, y los gastos que exigía la guerra contra Inglaterra, llevaron a un endurecimiento progresivo tanto en la exacción como en el aumento del valor y la cantidad de los tributos que las colonias deberían pagar a la hacienda española. Para hacer más efectivo el cobro, la corona envió visitadores con la misión de “desocupar el bolsillo de los vasallos” a fin de recoger las cuotas que les correspondieran en los distintos ramos de tributación (alcabalas, estancos, guías y tornaguías, armada de Barlovento, gracioso donativo, etc.).
La tributación exagerada no les hizo gracia a los vasallos de América, indígenas, mestizos, mulatos y criollos (los esclavos de origen africano solo tenían valor como mercancía, y en ese sentido, valían mucho). Estallaron grandes revueltas contra los impuestos en el Alto Perú (Bolivia), Perú y El Nuevo Reino de Granada. Además del motivo económico contra el pago de impuestos, esos levantamientos incluyeron un ingrediente político: la lucha por la independencia. Mientras que en el Perú la revuelta indígena encabezada por Túpac Amaru (José Gabriel Condorcanqui) fue sangrienta y terminó con la derrota de los rebeldes, la de los criollos del Nuevo Reino de Granada , conocida como Rebelión de Los Comuneros, que movilizó a más de veinte mil hombres en la provincia de Tunja (hoy Cundinamarca, Boyacá y Santander), fue neutralizada por la intermediación ladina del arzobispo de Santafé. Al ofrecer unas Capitulaciones que concedían a los rebeldes cuanto pedían, el arzobispo Caballero y Góngora dividió el movimiento comunero. La mayoría de los alzados, satisfechos con las Capitulaciones, guardaron o entregaron las armas precarias que habían puesto a temblar a las autoridades de Santafé, no tanto por las armas (machetes, azadones, palos y unos pocos fusiles y pistolas) como por el volumen asustador de los amotinados.
Los criollos de Santafé, y varios de los del movimiento comunero de la región de Guanentá y de El Socorro, quisieron continuar la rebelión. El charaleño José Antonio Galán, que actuaba en acuerdo con los criollos ilustrados de Santafé, desconoció las Capitulaciones, pregonó la lucha de los oprimidos contra los opresores, y se lanzó a una campaña militar brillante en el alto Magdalena que lo llevó a dominar el territorio ribereño hasta Neiva, pero fue derrotado en el intento de tomar el puerto de Honda, que estaba defendido con artillería.
El fracaso del movimiento comunero de 1781 no marcó el fin, sino el principio de la lucha por la Independencia. En los años siguientes el motivo económico varía esencialmente. Los jóvenes criollos, como Antonio Nariño, Pedro Fermín de Vargas y Francisco Antonio Zea han estudiado las nuevas doctrinas económicas expuestas por el español Bernardo Ward en su Proyecto Económico (Madrid, 1762/1782, tercera impresión) y por el escocés Adam Smith en Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (Londres, 1776). Esos libros, que sustentan la necesidad de poner fin al colonialismo y de levantar las trabas proteccionistas al comercio, y que le ponen al análisis económico una base científica, influyeron de modo decisivo en el pensamiento y en la orientación económica de la generación granadina educada de la mano y bajo el talento del sabio José Celestino Mutis, así como encontró en la Ilustración y en los enciclopedistas franceses su pensamiento político revolucionario. Antonio Nariño es quizá el primer americano que expone con claridad científica y filosófica las aspiraciones económicas de los criollos, en su artículo Los Frutos del Árbol Noble, que firma como Un Observador Amigo del País, en el Papel Periódico de Santafé (1791) cuya síntesis la encontramos en el párrafo siguiente:
“Nosotros no conocemos lo que en el mundo se llama Comercio activo, el cual consiste en la exportación de nuestros frutos, de las obras de nuestras manos, y de las de nuestras industrias: por consecuencia ignoramos sus utilidades,, sus resortes y sus relaciones: nos contentamos con el bastardo y servil Comercio a quien se da el nombre de pasivo, y que solo estriba en el indolente abandono de sufrir el escarnio y ridiculez de todas las Naciones industriosas, permitiéndoles insensatos que nos estén continuamente extrayendo el escaso jugo de nuestro dinero y dejándonos sin esta miserable sustancia, tanto más apreciable, cuanto nos cuesta más dificultad que a nadie el adquirirla”.
Después del levantamiento de Los Comuneros (1781), y hasta la revolución francesa (1789) la lucha de los criollos se concentra en lograr la libertad de comerciar sus productos sin las restricciones (comercio activo) a que han estado sujetos (comercio pasivo) desde el principio de la Colonia (1538) y que ha generado, como es natural, un constante y cuantioso contrabando hacia el exterior, especialmente en los ramos del tabaco y las harinas. En 1793, Antonio Nariño traduce, publica y divulga clandestinamente, con el apoyo de los masones, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Convención Nacional en París el 4 de agosto de 1889. Ese documento transforma las aspiraciones por una libertad de comercio en el deseo de independencia y libertad total de pensamiento y de expresión, y demás derechos incluidos en la Declaración de 1789.
Más adelante, ya en prisión (1797) Antonio Nariño su clásico y formidable Ensayo sobre un nuevo plan de Administración en el Nuevo Reino de Granada, ampliará las ideas liberales que plantea en Los Frutos del Árbol Noble. (En este Suplemento reproducimos los fragmentos cardinales de dicho Ensayo).
Aunque, en apariencia, la Corte no dio importancia al Ensayo de Nariño, remitido por el Virrey de Santafé en diciembre de 1797, no es coincidencia que, con el nuevo siglo se relajen las medidas restrictivas de todo orden que regían en las colonias, se fomente el comercio activo y se permita la circulación de nuevos periódicos como El Correo Curioso, Erudito y Mercantil de Santafé (1801-1802) o El Redactor Americano (1806-1809) con su Alternativo, en los que, por las ideas que exponen, no parece que el gobierno virreinal haya ejercido sobre ellos mayor censura. Aun así, la idea de la independencia ya está anclada en la conciencia criolla, y en consecuencia sus promotores conspiran, fomentan el desarrollo de las tertulias literarias y económicas, siguen con atención los acontecimientos en la Península, y saben que, tras la derrota de la flota aliada hispano francesa en Trafalgar por los ingleses, el poder de la metrópoli se ha debilitado. La posterior invasión de España por Napoleón, el derrocamiento de de los reyes y la instauración de un monarca francés (José I, hermano de Napoleón), apuntan que ha sonado la hora en el reloj de la Independencia. Antonio Nariño (en libertad condicional desde 1803) prepara con otros criollos, entre ellos el canónigo Andrés Rosillo, el golpe para deponer al Virrey Amar, liquidar la Real Audiencia e instaurar un gobierno criollo soberano; pero los conspiradores son delatados por un espía (1809), Nariño es preso de nuevo, junto con el canónigo Rosillo, y enviado a las mazmorras de Cartagena. Rosillo es desterrado y confinado en El Socorro.
La conspiración no se detiene. Finalmente, el 20 de julio de 1810 los criollos deponen el gobierno colonial y asumen el mando, sin declarar la Independencia, limitándose a suscribir su fidelidad al rey Fernando VII (en el exilio) siempre y cuando el monarca venga a gobernar en Santafé, propuesta que los criollos astutos asimilan a imposible. El hecho de procrastinar la declaración de independencia genera la primera división política entre los criollos. La corriente partidaria de Antonio Nariño, que no está en la élite criolla, sino entre los artesanos y la gente del pueblo, y de la que es líder el “chispero” José María Carbonell, así llamado por ser el que encendió la chispa popular del 20 de julio, se amotina, pide la prisión de los virreyes y la declaración de independencia absoluta. El presidente de la Junta criolla de gobierno, Camilo Torres, responde al clamor popular ordenando la prisión de Carbonell. Ante tamaña arbitrariedad la protesta popular, e incluso de los propios amigos del doctor Torres Tenorio, fue tan grande que lo obligó a poner en libertad al “chispero” Carbonell. La misma presión popular hizo que la Junta de Gobierno, reacia a ello, enviara a Cartagena los fondos necesarios para el viaje de regreso a Santafé de Antonio Nariño, liberado pocos días después del 20 de julio.
La vuelta de Nariño a Santafé acentuó la división política y sacó a flote las diferencias económicas. El grupo de Camilo Torres, compuesto por miembros de la alta clase criolla aristocrática y feudal terrateniente, no estaba interesado en modificar las estructuras económicas coloniales, sino en conservarlas, pero gozando ellos de los privilegios del poder. Nariño proponía en cambio la abolición completa del régimen colonial, la redistribución de la propiedad de la tierra, que debería transferirse a los campesinos que la trabajaban; la aplicación de los Derechos Humanos; y la libertad de comercio para facilitar a los campesinos productores, y a los artesanos industriales, la distribución y venta de sus productos en el interior y en el exterior de la República. Camilo Torres y sus seguidores se opusieron furiosamente a las ideas y al gobierno de Nariño, quien había sido proclamado presidente de Cundinamarca después de una inteligente campaña periodística que dio en tierra con el gobierno de Jorge Tadeo Lozano, ficha de Camilo Torres.
Para enmascarar su verdadero rostro de terratenientes feudales, los torristas proclamaron la Constitución de un gobierno federal, a semejanza de la república modelo del Norte de América, y le pusieron un nombre similar: Provincias Unidas de la Nueva Granada, desconocieron el gobierno de Nariño y trasladaron a Tunja la capital de las Provincias Unidas. Nariño, con argumentos históricos, filosóficos y económicos, sostuvo la inconveniencia, para ese momento, de un gobierno federalista. Dadas las posibilidades nada remotas de un intento de reconquista por parte de la monarquía española, que acababa de ganar la guerra de liberación contra Napoleón y repuesto en el trono a los borbones, en cabeza de Fernando VII, Nariño había previsto que la única forma de enfrentar victoriosamente a España era con un gobierno central fuerte, que aglutinara y organizara las energías de la Nación para la defensa frente a la reconquista inminente. Los federalistas no quisieron escuchar razones y declararon la guerra al gobierno de Cundinamarca, presidido por Nariño. El 9 de enero de 1813 las tropas del Congreso pusieron sitio a Santafé y atacaron la capital con un contingente de cinco mil hombres a los que el gobierno de Tunja había prometido tres días de saqueo. Ese 9 de enero los federalistas fueron derrotados aparatosamente gracias al valor de los habitantes de Santafé y a la habilidad estratégica del presidente Nariño. Tunja tuvo que rendirse y pactar la paz con Cundinamarca. El presidente Nariño aceptó de buena gana firmar la paz sin poner condiciones a los vencidos. Ahora se precisaba la unidad. Se estaba organizado en la península la expedición Pacificadora, y reductos importantes de fuerzas realistas mantenían en su poder a Pasto, Quito, Lima y La Paz, e intentaban sitiar a Caracas, donde el Libertador Simón Bolívar resistía con recursos escasos.
Nariño organizó un ejército de tres mil hombres para marchar al sur, liberar a Pasto y Quito y quitar la presión que los realistas mantenía sobre Caracas. La traición del Congreso de las Provincias Unidas provocó la derrota de Nariño cuando se disponía a tomar a Pasto, y el consiguiente fracaso de la campaña del Sur, así como la caída de Caracas en poder de los hispanos. Simón Bolívar fue acogido por el Congreso de Tunja, que le encomendó la toma de Santafé y lo nombró comandante del ejército destinado a reforzar la defensa de Cartagena, hacia donde se encaminaba la flota pacificadora al mando del generalísimo Pablo Morillo. Bolívar fue rechazado en Cartagena por el comandante de la Plaza, Manuel del castillo y Rada. Castillo le advirtió al Libertador que lo atacaría si intentaba entrar en Cartagena. El Libertador, por evitar una guerra civil, abandonó el mando de su tropa y marchó al exilio en Jamaica, y después en Haití, donde, con ayuda del presidente Petion comenzó a organizar en 1816 el ejército Libertador, que inició el mismo año la guerra de Independencia y la culminó, en su primera etapa, entre derrotas y triunfos, los días 25 de julio, y 4 y 7 de agosto de 1819 en las batallas del Pantano de Vargas, Pienta (Charalá) y Boyacá.
La guerra de Independencia había dejado en suspensos el conflicto civil y económico entre los partidos Federalista y Centralista, iniciado en 1811-1813. Al terminar la Guerra Magna, en lo concerniente a Nueva granada (aún quedaban por liberar Venezuela, Ecuador, Perú y el Alto Perú, que ocuparían la atención del Libertador en los cinco años siguientes), la discordia se reanudó en el mismo Congreso Constituyente de la República de Colombia, realizado en Cúcuta en 1821, instalado por Antonio Nariño, como vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo. En esta ocasión, las posiciones cambiaron paradójicamente. Los antiguos federalistas, seguidores de Camilo Torres (fusilado por Morillo en 1816) tenían por nuevo caudillo al general Francisco de Paula Santander, que respaldó una constitución centralista, más apropiada para sus intereses, entretanto que el antiguo centralista, Antonio Nariño, propuso una constitución de carácter federalista, por estimarla más útil para gobernar una nación del tamaño de la que posiblemente conformarían la Nueva Granada, ya libre, y Venezuela, Ecuador, Perú y el Alto Perú cuando concluyera la campaña del Sur emprendida por el Libertador Simón Bolívar. También los intereses económicos que dieron nacimiento a los partidos federalista y centralista, habían cambiado sus posiciones en 1821. Los artesanos y los campesinos trabajadores que antes necesitaban del libre comercio para negociar con sus productos, se vieron enfrentados a la realidad de la producción creada por la Revolución Industrial de mediados del siglo XVIII. Esa realidad era que no habiéndose incorporado la producción del país, puramente artesanal, a los adelantes fabriles que impuso la Revolución Industrial, el libre comercio se había tornado en un factor que favorecía a las naciones industrialmente desarrolladas y desfavorecía a las que se mantuvieron en la forma artesanal de producción. En otras palabras, los artesanos criollos no estaban en capacidad de competir, ni en cantidad ni en calidad, con los productos de las potencias industriales. Si el gobierno de Colombia no aplicaba una política arancelaria proteccionista, llevaría a la ruina sin remedio del sector artesanal.
Esa dicotomía entre libre comercio y proteccionismo se prolongó a lo largo del siglo XIX, generó los partidos liberal (librecambista) y conservador (librecambista disfrazado de proteccionista) y dio origen a nueve guerras civiles. Los artesanos, que eran la fuerza electoral más poderosa, engañados reiteradamente por gobiernos liberales radicales, como los de López y Obando, o conservadores como el de Ospina Rodríguez, se sintieron interpretados por la exposición económica de Rafael Núñez, con la proyección de un programa proteccionista que no se limitara a los aranceles, sino que diera las facilidades necesarias a los artesanos para comercializar sus productos, y a los campesinos para adquirir la propiedad de la tierra, tal como lo habían propuesto al principio de la revolución, y en los comienzos de la república, los libertadores Simón Bolívar y Antonio Nariño.
Núñez instauró una política proteccionista científicamente estructurada y puesta en práctica, que modernizó al país en su desarrollo industrial, pero fracasó en la parte agraria por la incapacidad de doblegar a los terratenientes. La política proteccionista implantada por Núñez se mantuvo, con las necesarias variantes circunstanciales, hasta la década de los años 70 del siglo XX, cuando se empezaron a introducirse reformas neoliberales que se mantienen hasta hoy y que han conseguido liquidar la producción nacional en aras de una globalización desastrosa.
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