El pensamiento feminista aportó críticas radicales al concepto de economía de la teoría neoclásica al cuestionar: (i) su visión restricta al circuito mercantil y la invisibilidad de la esfera reproductiva y del cuidado como parte de la economía; (ii) la confusión entre mercado y la utopía del mercado libre y auto-regulado que niega la importancia de los marcos normativos, roles sociales, prácticas de poder y discriminación en el seno de mercados concretos; (iii) el concepto de trabajo limitado a las actividades remuneradas y el no reconocimiento de la contribución social y económica de las actividades no remuneradas para reproducir la vida social; (iv) la visión del hogar como espacio de ocio y recreación, donde no se producen bienes y servicios necesarios a la reproducción humana; (v) la noción dominante de un modelo único de familia; (vi) la separación radical entre esfera privada y pública; (vii) el supuesto de una racionalidad instrumental (homo-economicus) como único comportamiento para el buen funcionamiento de la economía.
Una reconstrucción de la trayectoria de la reflexión feminista muestra que sus críticas conceptuales son afines a la discusión crítica actual sobre otra economía.
Durante el siglo xx, pensadoras feministas visibilizaron la tendencia irreversible de la participación pública de las mujeres y de las transformaciones familiares, sociales y económicas. Un primer grupo de estudios mostró la salida de las mujeres de la esfera privada de los hogares y su creciente incorporación al mundo del trabajo y al mundo público más general (1). Sus estudios visibilizaron la segregación ocupacional, las brechas de ingreso entre hombres y mujeres y las prácticas de discriminación en el mercado de trabajo. Argumentaron que la segmentación de las mujeres en ciertas actividades y ocupaciones (segregación horizontal), su presencia mayoritaria en los niveles más bajos de cada ocupación (segregación vertical) y las brechas agregadas de ingresos no son solo resultado de diferencias de productividad entre el trabajo masculino y femenino en un modelo de mercado competitivo (libre y auto-regulado).
Según la perspectiva teórica neoclásica, el mercado es un mecanismo abs- tracto de maximización de recursos que tiende a la eficiencia y que, por tanto, el lugar que ocupan mujeres y varones en el mercado de trabajo responde al principio de diferencias de productividad. Los estudios feministas mostraron, en cambio, que el mercado es una institución constituida por prácticas sociales entre sujetos imbricados en marcos sociales y culturales que no se comportan únicamente como agentes atomizados que buscan maximizar sus utilidades. Fueron amplias las evidencias que mostraron cómo las decisiones de contratación, las oportunidades de capacitación y movilidad laboral, y la definición salarial de hombres y mujeres no están exentas de costumbres, prejuicios y estereotipos socialmente estructurados. Las construcciones de género y prácticas de discriminación en el mercado de trabajo explican parte importante de la segregación ocupacional y las brechas de ingreso.
Estos estudios también cuestionaron la separación entre la esfera pública y la privada al mostrar la estrecha relación entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado en la definición de oportunidades laborales de hombres y mujeres. Así, la desigual distribución del trabajo entre ambos en la familia constituye una barrera esencial a la participación económica y social de las mujeres en igualdad de condiciones, vis a vis la resistencia cultural y social de los varones a compartir el trabajo de cuidado al interior de las familias, a pesar que las mujeres asumen cada vez más responsabilidad en la provisión de recursos económicos al hogar (2).
Los estudios feministas cuestionaron las explicaciones neoclásicas sobre la división sexual del trabajo en la familia, y explicaron cómo ella determina la participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Si bien la teoría neoclásica solo se ocupó de la producción mercantil y el trabajo remunerado hasta la década de los 60, con el estudio de Gary Becker A Treatise on the Family (1991) se introduce una línea de reflexión: la Nueva Economía de la Familia (NEF), que buscó mostrar cómo la familia distribuye el tiempo de trabajo entre el hogar y el mercado, y cómo luego reparte los recursos y productos eficientemente para maximizar la satisfacción de las necesidades colectivas. A partir del concepto de las ventajas comparativas de la teoría del comercio internacional, Becker argumentó que la producción de bienes y servicios, dentro y fuera del hogar, es más eficiente cuando uno de los miembros se especializa en la producción en el mercado y el otro se especializa en la producción en el hogar. De allí que el modelo de familia biparental donde el varón se especializa en la producción mercantil mientras la mujer lo hace en la producción doméstica sería el arreglo más eficiente para maximizar las utilidades colectivas de la familia, en tanto cada uno obtenga mayor retorno monetario o beneficios en sus respectivos trabajos.
La NEF tuvo el mérito de situar el análisis de la producción en el hogar al mismo nivel conceptual que el trabajo remunerado, cambiando la visión de la familia como espacio solo de ocio y recreación a la de un espacio de igual importancia que el mercado para la producción de bienes y servicios socialmente necesarios. Así, el hogar pasó a ser definido, por esta teoría, como un espacio que combina la producción de bienes y servicios para el consumo con el ocio y la recreación. Igual de importante fue la idea de que el factor tiempo es limitado y que las personas deben distribuirlo entre actividades mercantiles remuneradas, actividades domésticas no mercantiles, y actividades de descanso y recreación. Esta proposición significó un avance en relación con la teoría neoclásica tradicional, en sentido de que el tiempo no dedicado al trabajo remunerado no es identificado como ocio. Además, la idea del tiempo como recurso escaso implica que hay que asignarlo entre distintos trabajos; por tanto, la aLa crítica más radical a la NEF desde los estudios feministas apunta al supuesto del actor maximizador de utilidades por mantener los condicionantes sociales y culturales de los comportamientos diferenciados de los individuos –y en específico de hombres y mujeres– como cuestiones exógenas al modelo explicativo de la división sexual del trabajo. De este modo, la propuesta de la NEF de construir funciones de utilidad masculina y femenina donde esta última incluiría no solo la maximización de ocio y remuneración –como en el caso de los hombres– sino también los trabajos del hogar y de crianza, naturaliza los roles de género y sus efectos inequitativos en la organización de la producción de bienes y servicios dentro y fuera del hogar. Las limitaciones del principio explicativo de la eficiencia y el supuesto de racionalidad instrumental de actores atomizados y orientados a maximizar su bienestar individual, característicos del modelo neoclásico, no permiten comprender las relaciones sociales y de poder dentro de los hogares, los mandatos normativos que estructuran sus comportamientos ni, por tanto, cómo la reproducción de la posición inferior de las mujeres no es producto de decisiones individuales.
Esta reflexión también aportó evidencias sobre las transformaciones familiares con la pérdida de importancia relativa de la familia biparental compuesta por un papá proveedor de ingresos y una mamá disponible a tiempo completo para proveer cuidado en el hogar; y con la mayor diversidad de los tipos de familias a partir del aumento de las familias monoparentales con jefatura femenina, de las familias biparentales donde ambos cónyuges son proveedores de ingresos, y de las familias con orientaciones sexuales diversas (3). Estos estudios también resaltan la importancia de comprender los hogares como unidades heterogéneas donde sexo, edad y clase son ejes estructuradores de la división del trabajo y donde la interacción cotidiana conjuga cooperación y conflicto. Los hogares, además, son espacios dinámicos que varían con el tiempo. Sus ciclos de vida están marcados por acontecimientos y situaciones diversas (nacimiento de hijos e hijas, unión de miembros que permanecen en el mismo espacio físico, enfermedades, separaciones y muerte, o circunstancias externas como reducción de la demanda de trabajo o catástrofes naturales).
En este sentido, las transformaciones sociales, económicas y familiares a lo largo del tiempo tienen influencia y agudizan las tensiones entre la vida laboral y la vida familiar, dificultando a las familias la conciliación entre la generación de ingresos y el trabajo de cuidado principalmente para quienes más lo necesitan. Y son las mujeres quienes viven más intensamente este conflicto debido al mandato social y cultural que les asigna la responsabilidad del cuidado a los miembros dependientes del hogar al tiempo que lo naturaliza como “no trabajo”, en contra ruta de las transformaciones socioeconómicas y culturales de emancipación de las mujeres. Por ello, las modalidades de inserción laboral de las mujeres siguen dependiendo de las escasas condiciones sociales disponibles para conciliar cuidado y generación de ingreso.
En breve, las realidades socio-laborales de hombres y mujeres están constituidas tanto por las actividades orientadas a generar ingreso como por aquellas asociadas con la reproducción de las familias. Estas actividades (remuneradas y no remuneradas) deben ser conceptualizadas como trabajo por cuanto requieren esfuerzo físico, emocional y psicológico, y disponibilidad de tiempo para ambas. Así, el concepto de trabajo no se restringe solo a las actividades generadoras de ingreso pues, aunque las actividades en los hogares y las comunidades no agreguen o generen valor monetario, son indispensables para reproducir a las personas, familias y sociedad en general. Un aporte central del feminismo a la economía radica en posicionar el trabajo no remunerado de los hogares y las comunidades al mismo nivel conceptual que el trabajo remunerado; lo cual permite comprender y explicar las desiguales oportunidades que enfrentan hombres y mujeres para generar ingresos y para lograr el bienestar propio y de sus familias (4).
Los estudios feministas muestran que la naturalización del cuidado como inherente a la condición femenina en las familias y las comunidades, sin cooperación social ni estatal, fundan la desigualdad entre hombres y mujeres, entre familias, y entre niños, niñas y adolescentes. También aportan abundante evidencia sobre cómo la diferencia socioeconómica no permite a las familias cuidar a sus dependientes como desearían, constituyendo un mecanismo primordial de reproducción de las desigualdades socioeconómicas entre generaciones, por cuanto familias de estratos altos tienen alternativas para conciliar la vida laboral y familiar mediante la compra del servicio de cuidado en el mercado, sea el servicio de la trabajadora del hogar o los servicios de cuidado infantil o servicios extra-escolares. Mientras, la mayoría de familias de estratos de bajos ingresos no puede comprar esos servicios ni tampoco dispone de servicios públicos accesibles y de calidad para el cuidado de sus hijos e hijas.
La tensión entre el cuidado y el trabajo remunerado conduce a muchas familias a delegar –como única salida– las responsabilidades de cuidado a los propios niños, niñas y adolescentes; arreglos precarios de cuidado y protección que someten a la mayoría de los niños, niñas y adolescentes a una mayor exposición a riesgos de todo tipo, incluidas las actividades delictivas y de consumo de drogas, ingreso temprano al mercado laboral en detrimento de su educación, inseguridad física y emocional, a la violencia sexual intra y extrafamiliar, además de problemas de salud al tener que permanecer en espacios públicos inadecuados. Otros riesgos son las deficiencias nutricionales, de estímulos cognitivos, físicos y sociales, embarazo adolescente y abandono familiar, que podrían ser prevenidos con servicios de atención infantil o de actividades extraescolares complementarias a la escuela, mientras los y las progenitoras generan ingresos. Y como lo documentan los estudios feministas, afectan principalmente a las familias más pobres (5).
Este es un problema público que –según lo plantean las feministas y los estudios de género– nos lleva a comprender el círculo vicioso de reproducción generacional de la desigualdad y la pobreza por un lado, y que erosiona el supuesto cultural y social que atribuye a las familias/comunidades (léase mujeres) la responsabilidad de proveer el cuidado para la sostenibilidad de la vida buena por otro. Las cuestiones concretas que derivan de esta reflexión académica y política planteada por las feministas y los estudios de género son: ¿Quiénes deben responsabilizarse del cuidado a las personas dependientes –especialmente niños, niñas y adolescentes– ante los cambios que viven las familias, los mercados de trabajo y la sociedad en conjunto? ¿Cómo superar la organización mercantilista y familista del cuidado para evitar los vacíos o desigualdades de resguardo y protección entre los y las ciudadanas? ¿Cómo distribuir las responsabilidades y el trabajo de cuidado para evitar desigualdades de género y generacionales? Y, como esta problemática se halla en el corazón de una conceptualización amplia de la economía y el trabajo, ¿qué relación tiene el cuidado y la protección en corresponsabilidad con la “otra economía”?
La respuesta dada por las feministas no admite dudas: la responsabilidad del cuidado debe ser compartida entre Estado, sociedad y familias. Si bien las familias y las comunidades seguirán siendo el núcleo primario del cuidado, ellas deben contar con condiciones y apoyos de servicios públicos o públicos-privados accesibles y de calidad en el cuidado y protección a los niños, niñas y adolescentes. Solo así se garantiza que ciudadanos y ciudadanas ejerzan su derecho al cuidado y protección sin distinciones de condición socioeconómica, étnica o generacional o de su capacidad de compra de estos servicios en el mercado (6). Esta reflexión fundamenta el concepto de cuidado como un derecho social que debe ser reconocido, nombrado y explicitado para poder transformar las condiciones institucionales y sociales en vigencia, de cara al efectivo ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos ya establecidos (a la educación, salud, nutrición, trabajo, protección e integridad física, emocional y psicológica, a la igualdad). Ello exige remontar las políticas sociales segmentadas y pasar a la coordinación de las políticas para enfrentar integralmente los problemas de discriminación, de desigualdad social y de pobreza.
Este concepto de cuidado articula los derechos de la infancia con los de las mujeres para replantear las políticas de bienestar social en el siglo xxi bajo principios de solidaridad, justicia, cooperación y equidad. La noción de solidaridad otorga un importante papel al Estado como proveedor de bienestar social a ciudadanos y ciudadanas, y resurge como valor central en la constitución de nuevos órdenes sociales que garanticen una coexistencia horizontal y equitativa entre seres humanos y entre estos y la naturaleza. Además de posibilitar la superación de las injusticias que pesan sobre las mujeres y la infancia mediante la reconfiguración del sistema de bienestar –que articule los principios antes señalados en el diseño y gestión de las políticas públicas donde no se dispone todavía del mismo (7)–, el cuidado abre un nuevo campo al trabajo, a la “otra economía” que tiene en la solidaridad un valor central para su organización.
Convergencias entre el feminismo y la otra economía
La lucha por los derechos sociales y económicos de las mujeres no se circunscribe a demandas sectoriales y corporativas de un grupo social. Implica una posición antisistémica porque remonta la separación entre el espacio público “masculinizado” y asociado con la producción, y el espacio privado “feminizado” y vinculado con la reproducción; artificio sobre el que se ha construido la economía dominante, su teoría y políticas públicas correspondientes. Por otro lado, esa lucha conlleva la democratización radical de todas las esferas sociales. La denuncia del orden patriarcal y de género, de la utopía del mercado libre y autoregulado y la economía centralmente organizada, viene acompañada de una propuesta para construir otra economía que pone la vida humana en el centro de las decisiones políticas. La revalorización de la esfera reproductiva y el reconocimiento del cuidado como derecho social interpelan la economía hegemónica cuyo desempeño profundiza la desigualdad y la pobreza, perpetúa la exclusión de amplias mayorías del ejercicio de derechos humanos y ciudadanos, y reproduce las relaciones sociales inequitativas.
A partir de ello, la posición política feminista demanda una reformulación radical del concepto de economía que organiza relaciones de poder al sostenerse sobre la división sexual del trabajo en las familias y en los mercados. Al sumarse a la visión de la economía como esfera social e institucional, construida –por excelencia– mediante la normalización de prácticas y decisiones políticas, el feminismo contribuye a la desmitificación de la supuesta condición natural y suprasocial de la economía, a la vez que al replanteamiento de sus significados y potencialidades de transformaciones. En sintonía con otras vertientes críticas, la desnaturalización de la economía como mecanismo abstracto y ahistórico pone de manifiesto la falacia del supuesto de que el comportamiento racional-instrumental que busca la ganancia máxima, sea suficiente o el argumento que explique las dinámicas económicas. La inscripción de las actividades económicas en las estructuras sociales, culturales y políticas permite superar las visiones esencialistas de la economía y visibilizar convenciones sociales y estructuras sociales y políticas que delimitan los campos de lo posible y de lo deseable.
La crítica feminista alerta sobre los desafíos que enfrentan los movimientos de democratización de la economía y la sociedad para no reproducir el status quo del orden patriarcal de género. En ese propósito, es fundamental incluir la pluralidad de principios económicos inherentes a la producción y distribución de bienes y servicios –mercantil y no mercantil, familista y estatista, individualista y asociacionista, egoísta y solidaria– para visualizar la diversidad de contradicciones y relaciones de poder vigentes en todos los tejidos socioeconómicos. La adopción de la perspectiva feminista tiene múltiples consecuencias; entre ellas, la crítica a la insuficiencia de las propuestas de desmercantilización de bienes y servicios públicos necesarios para la sostenibilidad de la vida si no están acompañadas de propuestas de la desfamiliarización de las responsabilidades reproductivas y de cuidado. En otras palabras, la inclusión del objetivo de desnaturalización –vía la democratización– de la división sexual del trabajo en la esfera reproductiva y productiva es central para prevenir los efectos negativos directos e indirectos sobre las mujeres que pueden tener tanto las posiciones conservadoras como las posiciones políticas progresistas. Al mismo tiempo, lo es también para avanzar en los cimientos de organización de una “otra economía”.
* Apartes de “El feminismo y la otra economía. Una mirada desde América Latina”. Economía social y solidaria en movimiento, José Luis Coraggio (organizador), Ediciones Ungs, 2016.
** Ivonne Farah. Maestra en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales (Flacso, Sede México).
Fernanda Wanderley Doctora en Sociología por la Universidad de Columbia.
1 Benería, Lourdes y Cristina Roldán (1987). The crossroads of class and gender. Industrial homework, subcontracting and household dynamics in Mexico City. Chicago, University of Chicago Press. Borderías, Cristina; Carrasco, Cristina; Alemany, Carme (1994). Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales, Madrid, Icaria, FUHEM.
2 Andersen, Jeanine (1991). “El sueño de la casa sin cocina”. En Guzmán, Vir- ginia; Patricia Portocarrero y Virginia Vargas (comp.). Una nueva lectura: género en el desarrollo. Lima: Flora Tristán Ediciones.
Wanderley, Fernanda (2003). Inserción laboral y trabajo no mercantil: un abor- daje de género desde los hogares. La Paz: Cides-UMSA y Plural Editores.
3 Kabeer, Naila (1998). Realidades transtocadas. Las jerarquías de género en el pensamiento del desarrollo. México: Paidós.
Farah, Ivonne (2002). Hogares y Familias bolivianas: Trabajo de hombres y mujeres. La Paz: Cides-UMSA/INE.
Jelin, Elizabeth (2000). Pan y afectos. La transformación de las familias. México: Fondo de Cultura Económica.
4 Gutiérrez, María Alicia (2007). Género, familias y trabajo: rupturas y continuidades. Desafíos para la investigación política. Buenos Aires: Clacso.
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5 Marco Navarro, Flavia (2007). El cuidado de la niñez en Bolivia y Ecuador: derecho de algunos, obligación de todas. Santiago de Chile: Cepal.
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7 Esping-Andersen, Gosta (2002). Why we need a new Welfare State. Oxfordshire: Oxford University Press.
Pautassi, Laura (2007). “El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos”. En Serie Mujer y desarrollo, n.° 87.
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