La administración Duque (2018-2022) es un gobierno de ricos y para los ricos. Su administración consolida el tradicional proyecto societal de la clase hegemónica que ha hecho de Colombia y sus instituciones una corporación criminal, corrupta, nepotista, mafiosa y rentista. Realidad que abordamos en el presente suplemento, el cual: i) analiza la situación macroeconómica del país; ii) describe el impacto ocasionado por el covid 19; iii) presenta los resultados del Dane de la Encuesta de Calidad de Vida de 2020 (ECV) y de las investigaciones sobre pobreza; iv) registra las tendencias que se observan durante 2021.
Con el gobierno Duque, el propósito por hacer de la nuestra una sociedad postrada ante la violencia estatal, el crimen organizado, el rentismo, la corrupción, la violación de los derechos humanos y la manipulación de los mecanismos de una democracia ya de por sí maltrecha, llegó a su epitome. Una dinámica para la cual no han ahorrado medidas a lo largo de sus años de mandato, tanto que esta situación se volvió pornográfica, desbordada y cínica.
Una gestión que desde su primer día la opinión pública percibió como un mandato en cuerpo ajeno. Contrario a sus pretensiones, debió enfrentar durante la primera mitad de su gobierno el período más álgido de la pandemia por covid-19, en medio de la cual y contrario a las necesidades del país impulsó políticas fiscales y presupuestales que generaron el enérgico rechazo del pueblo colombiano, contenido tras una ofensiva represiva de amplio impacto y deshumanización.
Una vez ‘superada’ esta circunstancia, su esfuerzo se ha concentrado en mover y utilizar toda la maquinaria estatal, financiera, corrupta, nepotista y jurídica para garantizar el triunfo de su partido de extrema derecha en las elecciones de 2022 y así dar continuidad al modelo que hoy indigna, desangra, somete y recula en la barbarie al conjunto social colombiano.
En pos de ello, el eje de las medidas tomadas favorece y consolida los poderes políticos, ideológicos y económicos tradicionales. Los resultados de las mismas evidencian que en 2021 se registra una recuperación de la economía y una caída en el desempleo, mientras que la concentración del ingreso se acentúa, la escalada de la guerra y las violencias van en ascenso y se empobrece a la clase media, sostén de la frágil democracia colombiana (gráfico 1).
1. Duquismo. Producto de la recesión económica y de la crisis en la salubridad pública, en 2020 los indicadores asociados al desarrollo registraron un comportamiento negativo en relación a 2019: el índice de concentración del ingreso aumentó de 0,526 a 0,544; la tasa de desempleo se elevó de 10,5 a 16,9 por ciento; el índice de pobreza monetaria pasó de 35,7 a 42,5 por ciento y el PIB per cápita cayó en 8,6 por ciento. Únicamente la tasa de homicidios por cien mil habitantes registró una leve reducción: de 25,0 a 23,3 debido a las cuarentenas y los encerramientos colectivos.
Para el año 2021, según estimativos del Ministerio de Hacienda, el nivel de pobreza monetaria seguirá aumentando hasta el 44 por ciento y el coeficiente de concentración del ingreso subirá a 0,553. La tasa de homicidios retoma su senda alcista y vuelve a alcanzar la cifra de 25 por cada cien mil habitantes. Con la reactivación económica el desempleo ha cedido: el Dane informó que en agosto de 2021 hubo 3,1 millones de personas desocupadas, con lo que la tasa de desempleo fue de 12,3 por ciento; aunque las cifras laborales mejoran, aún falta para llegar a niveles prepandemia; quedan por recuperar 425.000 puestos de trabajo. Más aún, la calidad del empleo empeoró, la recuperación de los puestos de trabajo son en su mayoría informales y el 52 por ciento de la fuerza laboral ocupada obtiene ingresos equivalentes a un salario mínimo mensual o menos. Para el año 2021, el valor del PIB colombiano se estima en 789.431 miles de millones de pesos y el país llegará a 51,1 millones de personas; en consecuencia, el PIB per cápita se calcula en 15,5 millones de pesos, esto es, un crecimiento de 4,1 por ciento respecto a 2020.
Colombia tiene una larga historia de instituciones políticas y económicas extractivas. Es un país atrapado en un círculo vicioso que genera crónicamente violencia, pobreza, exclusión, corrupción y expoliación. El motor de su economía está constituido por los bienes primarios que el país vende en el mercado internacional (en agosto de 2021 las actividades extractivas participaron con 43% del valor FOB total de las exportaciones). La relación entre el valor de productos minero-energéticos y agropecuarios exportados y el total de las exportaciones FOB es de 79,3 por ciento (en México esta ratio es de 18,7%). La balanza comercial del país es deficitaria: los bienes de alto valor agregado y compleja tecnología son importados. El déficit de la balanza comercial se disparó 55,7 por ciento durante el primer semestre de 2021.
En la actualidad, los desequilibrios macroeconómicos de Colombia son gigantescos. El déficit fiscal de este año podría pasar del 10 por ciento del PIB, esta cifra es la más alta registrada en la historia económica del país, y el de la cuenta corriente de la balanza de pagos superará el 5 por ciento del PIB. Estos desequilibrios en el frente fiscal y de la balanza de pagos son, por lo general, la antesala de profundas crisis que resultan en recesión, quiebras bancarias, retrocesos en el PIB per cápita, desempleo, pobreza y conflictos sociales.
Adicionalmente, la deuda externa pública y privada llegó a US$157.523 millones al cierre de mayo de 2021 y representó el 51,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el reporte mensual del Banco de la República. El monto total de la deuda creció el 8,31 por ciento en el último año, pues en mayo de 2020 esas obligaciones ascendían a US$144.433 millones. Por su parte, la deuda pública aumentó el 17,8 por ciento en el último año, pues saltó de US$78.084 millones en el quinto mes del 2020 a US$91.978 millones de mayo pasado, según las cifras del Banco de la República.
Unido al crecimiento sostenido de la deuda y el déficit fiscal, la reactivación económica de 2021 es jalonada, de una parte, en el precio de petróleo que en los mercados internacionales se dirige hacia los 90 dólares por barril (referencial Brent) por causa de la actual crisis energética mundial y, de otra, en los envíos de remesas de colombianos en el exterior, que crecieron de forma significativa en el segundo trimestre de 2021, según información del Banco de la República: el monto total suma US$2.167 millones, mientras que en el mismo periodo de 2020 alcanzó los US$1.342 millones. El monto de dinero enviado en el segundo trimestre también creció respecto al primer trimestre de este año, cuando alcanzó un total de US$1.949 millones y es el más alto registrado desde que empezó la pandemia. La población de connacionales en el exterior asciende a cerca de cinco millones, según estimativos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Como colofón de estos desequilibrios, el peso se ha convertido en la moneda más devaluada del mundo en lo corrido de 2021, con una caída de 14,2 por ciento, por encima de Turquía (-14,03%), Argentina (-13,25%), Perú (-11,9) y Chile (-9,3). El dólar está cada vez más cerca de $4.000; al inicio de la administración Duque (agosto de 2018), la moneda colombiana se negociaba con un precio promedio de $3.000 por cada dólar estadounidense.
La devaluación en caída libre de la divisa colombiana genera inflación interna debido al encarecimiento de los bienes y servicios importados (además, incrementa el valor de la deuda externa), realidad que impacta la pérdida de poder adquisitivo en los ingresos de las familias colombianas. En paralelo, en lo corrido de 2021 los productores y comerciantes con posición dominante en el mercado han salido en medio de la recuperación de la economía como bestias desbocadas a elevar desmesuradamente los precios de las mercancías que venden, sin relación con los costos e incrementando especulativamente sus márgenes de ganancia, realidad a la que también contribuye el Gobierno mediante la manipulación de los precios administrados de los servicios públicos, las tasas de interés, las tarifas, los impuestos y los avalúos catastrales, todo lo cual devora la capacidad adquisitiva y empobrece aún más al pueblo colombiano.
Según el Dane, la inflación se ubicó en 0,38 por ciento para septiembre de 2021; la variación anual del IPC fue 4,51 por ciento. Los alimentos continúan siendo los grandes impulsores de la inflación, motivados por el componente procesado; adicionalmente, se observarán presiones al alza por cuenta del incremento en los precios de los combustibles y las tarifas de energía y gas natural, cuya estructura de costos depende del tipo de cambio. Para el acumulado de 2021, el costo de vida sobrepasará el 5 por ciento.
2. Pandemia. La pandemia evidenció, una vez más, las falencias de las sociedades periféricas y subdesarrolladas. El nuevo coronavirus detonó una crisis con origen y evolución desde los años 1970; desde entonces, la oligarquía colombiana construye e impone a sangre y fuego su concepción ideológica, mezquina e interesada de Estado y sociedad. La pandemia resaltó también las nefastas consecuencias del neoliberalismo al privatizar, desmantelar y precarizar la salud pública, entre uno de los factores sociales fundamentales que ha dispuesto para el enriquecimiento de la minoría de negociantes y políticos que controla gobiernos y el Estado mismo. El covid-19 elevó la pobreza y la indigencia; en paralelo, las improvisadas y autoritarias medidas del gobierno destruyeron parcial y temporalmente la economía, causaron la pérdida masiva de puestos de trabajo y condujeron a la imposición de cuarentenas que pisotearon libertades y derechos ciudadanos. Al final, las fuerzas de la economía y los intereses del gran capital se impusieron sobre las necesidades y calamidades sufridas por el pueblo colombiano.
De acuerdo con el informe de la cartera de Salud, en octubre de 2021 sumaron cinco millones los casos acumulados y confirmados de coronavirus en el país. De ese total, el virus deja, por ahora, 127 mil muertos en un año y siete meses de pandemia.
En la entrega de su más reciente Encuesta sobre Calidad de Vida (ECV) – 2020–, el Dane incorporó un módulo sobre i) eventos presentados en los hogares colombianos a raíz de la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y ii) medidas tomadas en los hogares para hacerles frente a los eventos presentados por la emergencia sanitaria (tablas 1 y 2).
Con base en el informe oficial, el 42,2 por ciento de los hogares registraron impactos directos a raíz de la emergencia sanitaria vivida; el 45,4 de los hogares urbanos y el 31,9 de los rurales. El más grave evento negativo ocasionado fue la pérdida del empleo del jefe de hogar (14,7% a nivel nacional, 16,2 en los hogares urbanos y 9,9 en los rurales), aunque también los cónyugues y otros miembros del hogar cayeron en el desempleo, si bien en menor magnitud. El atraso en el pago de la vivienda (arrendamiento o cuota de crédito) y la no cancelación de los recibos de servicios públicos también se suman a los principales impactos sufridos por los hogares. En un segundo nivel de magnitud se encuentra el cierre de empresas o la imposibilidad de vender la producción de sus negocios. En menor proporción se observa el atraso de otras obligaciones como pagos de la educación, impuestos u otras cuotas o deudas. En general, la pandemia golpeó en mayor magnitud a los hogares urbanos en relación con los rurales.
Respecto a las medidas tomadas en los hogares para hacerle frente a esta crisis, sobresalen cuatro: usaron parte o todos sus ahorros anteriores (19,6%), debieron pedir dinero prestado o ampliaron el plazo de alguna(s) deuda(s) (15,6%), disminuyeron el gasto en alimentos (15,0%) y pidieron ayuda a familiares, amigos u otras personas del barrio, pueblo o vereda (11,1%). Como segundo nivel de estrategias empleadas por los hogares para hacerle frente a los impactos a esta crisis se registra la adopción de nuevas fuentes de ingreso (6,5% de los hogares a nivel nacional, 6,9% de los hogares urbanos y 5,3% de los rurales).
Como dice el adagio: “ni el enfermo quiere ni hay que darle”; llama la atención el hecho observado de los pocos hogares colombianos que pidieron ayuda del gobierno local o nacional o de otras entidades: 2,6 por ciento a nivel nacional; 2,8 de los hogares urbanos y 1,9 de los rurales. Una evidencia de que la clase media vulnerable, centro del impacto negativo de la pandemia, son “pobres vergonzantes”: su concepto de la dignidad les impide la mendicidad y exponer públicamente la ruina a que el Estado a través de los altos tributos fiscales, la emergencia sanitaria y el mercado laboral los ha conducido.
Pero, además, y ello también debe estar presente entre sus valoraciones, tampoco existe por parte del Gobierno alguna política que se oriente a apoyar en las emergencias a este sector socio-económico; el Estado oligárquico solo cuenta con dos propósitos dentro de sus políticas sociales: la cooptación y control de los pobres extremos y favorecer los poderes políticos y económicos. Empujada a la condición de pobreza; si la clase media sobrevivió a la crisis fue gracias a su propia autogestión, esfuerzo y creatividad, a la reducción de gastos, al atraso en el pago de cuotas, a la solidaridad familiar, a la utilización de sus ahorros anteriores y al incremento de sus deudas.
Colombia no escapa a la corrupción presente en toda la actuación contra la covid-19, desde el soborno y sobreprecios para acceder a pruebas, tratamientos y otros servicios sanitarios hasta la negociación secreta en la compra de vacunas y de suministros para atender la emergencia. El análisis de 2020 de la organización no gubernamental “Transparencia Internacional” revela que los países con buen desempeño en el “índice de percepción de la corrupción” invierten más en sanidad, tienen más capacidad de proporcionar cobertura sanitaria universal y son menos propensos a vulnerar las normas democráticas o el estado de derecho en su respuesta a la crisis.
Contrario a ello, en 2020, Colombia se encuentra dentro de los 100 países más corruptos del mundo. El “Índice de Percepción de la Corrupción” tiene en cuenta la situación de 180 territorios alrededor del mundo y les otorga una puntuación de 0 a 100, siendo 0 un índice de percepción de corrupción elevado y 100 de corrupción inexistente. El nuestro obtuvo una puntuación de 39/100 y, en consecuencia, ocupa la posición 92. Más de dos tercios de los 180 países estudiados alcanzan una puntuación inferior a 50 en el índice de 2020, con una media mundial de 43.
3. Calidad de vida. El bienestar de una nación es una manera retórica de referirse a un fenómeno más concreto y tangible: la calidad de vida de cada uno de los habitantes y hogares de esa nación. No hay modo de medir la satisfacción de las naciones si no es a través de lo que indican los propios ciudadanos. La calidad de vida integra un conjunto complejo e interrelacionado de indicadores objetivos y subjetivos, cuantitativos y cualitativos (ver “Diagrama. Indicadores calidad de vida”).
Es paradójico que los países de Latinoamérica tienden a registrar tasas elevadas de satisfacción a pesar de la desigualdad, el desempleo, los bajos ingresos y la pobreza material que explican las elevadas cifras de miseria y exclusión, la corrupción que corroe las instituciones y la violencia que deja sin fundamento cualquier consideración de la dignidad humana.
Un factor compensador de esta realidad puede ser la importancia que se otorga en Latinoamérica a la familia, a las estrechas relaciones interpersonales y el tejido comunitario tan robusto que existe en muchos de estos países. El caso colombiano es ilustrativo en las mediciones que relacionan el bienestar subjetivo y el ingreso per cápita, pues el país siempre se ubica en los niveles más altos de la escala de felicidad y en los más bajos de la renta; en general, la población concede una especial importancia a su creencia de “ser feliz” cuando se compara con otras culturas, basado en episodios desbordados, incontrolados y efímeros de emocionalidad, de experiencias extremas, actitud conformista ante la vida y de felicidad vacía.
En Colombia, el Dane desarrolla la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), con el propósito de obtener información que permita analizar y realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los hogares. En 2020 la ECV recopiló información para las siguientes dimensiones del bienestar de los hogares: i) Características de la vivienda, ii) Servicios del hogar, iii) Características y composición del hogar, iv) Salud, v) Atención integral de los niños y niñas menores de 5 años, vi) Educación, vii) Fuerza de trabajo, viii) Tecnologías de información y comunicación (TIC), ix) Trabajo infantil, x) Tenencia y financiación de la vivienda, xi) Condiciones de vida y tenencia de bienes, xii) Gastos del hogar.
Según el Boletín técnico de la ECV (publicado por el Dane el 2 de septiembre de 2021), en 2020 cada hogar tenía en promedio 3,1 personas. Esos resultados muestran una nueva reducción en el número de personas por hogar frente al año anterior, de mayor magnitud en el caso de centros poblados y rural disperso. El 39,8 por ciento de los hogares en el país reconocieron como jefa de hogar a una mujer en 2020; esa proporción es mayor a la registrada en 2019 (38,4%), lo que constituye un nuevo crecimiento frente a otros años.
La ECV también evidenció un acceso casi pleno de los hogares al servicio de energía eléctrica para el total nacional (98,2%). El siguiente servicio más alto en disponibilidad fue el acueducto (89,4%), seguido de recolección de basuras (82,6%), alcantarillado (75,1%) y gas natural conectado a red pública (65,8%).
De acuerdo con esta Encuesta, el 42,1 por ciento de los hogares tenía vivienda propia, proporción que incluye tanto a quienes la estaban pagando como a quienes ya terminaron de hacerlo. La siguiente modalidad de tenencia estuvo constituida por hogares que vivían en arriendo o subarriendo (36,9%), seguida por ocupantes con permiso del propietario (14,6%), ocupantes de hecho (3,4%) y propiedad colectiva (3,0%). La comparación de los resultados entre 2019 y 2020 evidencia una reducción estadísticamente significativa en el porcentaje de hogares que tenían vivienda propia.
También indaga ésta por el acceso de los hogares al servicio de internet, bien sea mediante una conexión fija o móvil. Los resultados confirman un porcentaje de 56,5 por ciento con acceso a internet en 2020, nivel que supera en 4,6 puntos porcentuales el indicador de 2019.
Asimismo, confirma que el 93,2 por ciento de la población del país se encontraba afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss). Entre quienes manifestaron estar afiliados, el 45,4 por ciento expresó estar cubierto por el régimen contributivo, mientras que el 54,3 señaló que su afiliación era a través del régimen subsidiado.
Frente a la consulta que realiza la ECV sobre el lugar o persona con la que permanecen los niños y niñas menores de 5 años la mayor parte del tiempo entre semana, los resultados para 2020 mostraron que en el consolidado del país la mayoría de menores (el 61,4%) estuvieron al cuidado de su padre o madre en la casa. La siguiente proporción (24,1%) corresponde a menores que fueron cuidados en establecimientos tales como hogares comunitarios, jardines infantiles, centros de desarrollo infantil o colegios. El tercer porcentaje está representado por niños y niñas menores de 5 años que estuvieron al cuidado de parientes mayores de edad distintos de sus padres (9,6%). La comparación con los datos de 2019 revela caídas considerables y estadísticamente significativas en la asistencia de menores a establecimientos de cuidado para la primera infancia, situación atribuible a la emergencia sanitaria por efecto del covid; esa reducción fue contrarrestada casi en su totalidad por la permanencia de los menores con su padre o madre en la casa.
La información de la ECV 2020 reveló que para el total nacional el 79,1 por ciento de las personas entre 6 y 21 años asistió a un establecimiento educativo formal, bien sea de manera presencial o virtual. En las cabeceras municipales la tasa de asistencia de este grupo poblacional fue del 80,5 por ciento y en centros poblados y rural disperso el 75,4 por ciento de las personas estaba asistiendo a la educación formal.
A través de la información recopilada con la ECV es posible calcular los años de educación formal adquiridos a lo largo de su vida escolar por las personas de 5 años y más. Para el total nacional, el número promedio de años de educación de los jóvenes de 15 a 24 años de edad fue 10,1 en 2020. El promedio para personas del mismo rango de edad en las cabeceras municipales fue 10,6 años, nivel superior en cerca de dos años al obtenido por los jóvenes de esas edades que habitan en centros poblados y rural disperso (8,8 años).
Los datos de la ECV 2020 relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en personas de 5 años y más para el agregado nacional evidencian crecimientos en la utilización de internet y teléfonos celulares frente a 2019, así como caídas en el uso de computadores, categoría que agrupa los computadores de escritorio, portátiles y tabletas. En efecto, la proporción de personas de 5 años y más que usa teléfono celular pasó de 86,3 por ciento en 2019 a 89,2 en 2020, mientras que el porcentaje de personas en el mismo grupo de edad que utilizó internet en cualquier lugar creció de 65,0 por ciento a 69,8 en el período. En cambio, el uso de computadores en personas de 5 años y más se redujo del 39,6 por ciento en 2019 al 34,0 en 2020.
El porcentaje de hogares por opinión del jefe o del cónyuge sobre los ingresos de su hogar muestra a nivel nacional que al 40 por ciento no les alcanza para cubrir el costo de la canasta familiar de bienes y servicios básicos; al 51,4 apenas les alcanza para cubrir los gastos mínimos; y al 8,3 les permite contar con un excedente de ahorro. Los ingresos de los hogares urbanos permiten una situación un poco más holgada respecto a sus pares rurales (tabla 3).
De acuerdo con esta Encuesta, el 38,2 por ciento de los/as jefes de hogar o cónyuges del país se consideraba pobre (tabla 4), nivel ligeramente superior al registrado en 2019 (37,9%). Mientras que la percepción de pobreza en las cabeceras creció en el periodo (pasó de 30,4% a 31,7%), su nivel se redujo en centros poblados y rural disperso (cayó de 62,4% a 59,1%). Pese a ese comportamiento, la proporción de jefes/as de hogar o cónyuges que se consideran pobres sigue siendo significativamente mayor en la zona rural en comparación con la urbana (casi el doble). La percepción de pobreza por departamentos oscila en un amplio rango que va desde el 21,2 por ciento de jefes/as de hogar o cónyuges en Bogotá que se consideraron pobres hasta un nivel del 75,0 por ciento en Sucre, seguido de Guainía (74,0%), Vaupés (73,7%), Chocó (73,6%) y Vichada (71,0%).
El Boletín Técnico de la ECV 2020 incluye la presentación de los resultados del bienestar subjetivo de las personas de 15 años y más a partir de los indicadores construidos con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, Ocde. En par1ticular, se examina la evaluación que hacen las personas sobre su vida en general y sobre las dimensiones de salud, seguridad, trabajo o actividad, tiempo libre e ingreso, este último solo entre los perceptores. Para la medición se utiliza una escala que va desde 0 hasta 10, donde 0 representa la insatisfacción total y 10 la satisfacción total (tabla 5).
La calificación promedio obtenida en el total nacional para la satisfacción de las personas de 15 años y más con la vida en general fue de 8,00 en 2020, aspecto que registró un puntaje más alto en cabeceras (8,03) que en centros poblados y rural disperso (7,88). La dimensión mejor calificada en el total nacional fue la salud (7,89, en promedio), seguida de la seguridad (7,42), el tiempo libre (7,40), el trabajo o actividad (7,05) y, por último, el ingreso recibido por quienes lo perciben (6,55). Para la mayoría de dimensiones las personas de 15 años y más que habitan en cabeceras manifestaron mayores niveles de satisfacción en comparación con quienes viven en centros poblados y rural disperso. La única excepción es la seguridad, aspecto frente al cual se registró una satisfacción más alta en esta última zona.
Pobrezas. La condición humana se define de acuerdo con las capacidades y necesidades comunes y básicas a toda la especie. Un común denominador a las percepciones de pobreza es la noción de “falta” o “carencia”. La medición de la pobreza tradicionalmente se hace de forma directa e indirecta, siguiendo la clasificación de Amartya Sen (1981). El método directo evalúa los resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto a ciertas características consideradas vitales como salud, educación, empleo, entre otras. La medición indirecta evalúa la capacidad de adquisición de bienes y servicios que tienen los hogares. A continuación se estudia la evolución de la pobreza en Colombia a través de dos métodos: pobreza por ingresos y pobreza multidimensional.
Pobreza por ingresos insuficientes. La expansión de la economía mercantil junto a la monetización de las sociedades conduce a definir los pobres como carentes del ingreso mínimo requerido para adquirir los bienes y servicios que les permite satisfacer “el sistema de necesidades humanas” (fisiológicas y socio-históricas). Según la definición del Dane, la línea de pobreza es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. De esta manera, cuando los ingresos de una familia no son suficientes ni para adquirir la canasta básica de alimentos, este hogar se encuentra en condiciones de pobreza extrema o indigencia. Cuando los ingresos son inferiores al valor de la Línea de pobreza, las personas se encuentran viviendo bajo condiciones generales de pobreza. Para el año 2020, el Dane estableció el valor de la línea de pobreza extrema nacional (canasta básica de alimentos) en 145.004 pesos y la línea de pobreza monetaria (alimentos más otros bienes y servicios) en 331. 688 pesos.
La Medida de Pobreza Multidimensional. Está conformada por cinco dimensiones y 15 indicadores: i) la dimensión de condiciones educativas del hogar integra dos indicadores: bajo logro educativo y analfabetismo; ii) la dimensión condiciones de la niñez y la juventud integra los indicadores: inasistencia escolar, rezago escolar, barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia y trabajo infantil; iii) la dimensión de trabajo integra los indicadores tasa de dependencia económica y trabajo informal; iv) la dimensión de salud integra los indicadores: sin aseguramiento a salud y barreras de acceso a servicios de salud; v) la dimensión condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios integra los indicadores: sin acceso a fuente de agua mejorada, inadecuada eliminación de excretas, material de pisos inadecuados, material de paredes exteriores inadecuado y hacinamiento crítico.
El gráfico 2 y la tabla 6 presentan la evolución de las pobrezas por ingresos, extrema (indigencia) y pobreza general a nivel nacional y según ámbitos urbano y rural para el período 2012-2020. El total de pobres registra un nivel de 37,3 por ciento de pobreza en el promedio de estos nueve años; en las zonas urbanas es de 30,4 y en las rurales de 40,3. La condición de pobreza extrema o indigencia afecta a 7,6 por ciento de las personas a nivel nacional, a 5,1 en los espacios urbanos y a 12,4 en los rurales.
La retroalimentación generada entre la recesión económica y la pandemia por el covid-19 impactó de manera negativa a la población urbana, principalmente. Entre los años 2015-2020, el índice de pobreza nacional aumenta 6,4 puntos porcentuales al pasar de 36,1 por ciento a 42,5; en el ámbito urbano crece en 10,8 puntos porcentuales y en el rural cae en -8,6. En 2020 los índices de pobreza urbana y rural se acercan a un promedio de 42,7 por ciento. En relación con la pobreza extrema o indigencia, ocurre algo similar: la indigencia nacional aumenta en 6 puntos porcentuales al pasar de 9,1 por ciento en 2015 a 15,1 en 2020; la incidencia de la pobreza urbana crece en 8,2 puntos porcentuales y la rural cae en -1,2. El promedio de la indigencia urbana y rural en 2020 es de 16,2 por ciento. Esta doble dinámica, económica y de salubridad pública, deja ver la mayor fragilidad de los ámbitos urbanos y, en particular, de la clase media vulnerable.
A partir del año 2018 los niveles de pobreza por ingresos insuficientes crecen. A nivel nacional, en los años 2018-2020 la pobreza por ingresos insuficientes aumenta en 7,8 puntos porcentuales; en las cabeceras municipales aumentó en 11 puntos porcentuales y en los Centros poblados y rural disperso disminuyó en 3,1 puntos porcentuales. En las 13 principales ciudades, incluyendo sus áreas metropolitanas, el aumento en el indicador de pobreza fue de 13,2 puntos porcentuales (las 13 ciudades y A.M. son Barranquilla A.M., Bogotá, Bucaramanga A.M., Cali A.M., Cartagena, Cúcuta A.M., Ibagué, Manizales A.M., Medellín A.M., Montería, Pasto, Pereira A.M. y Villavicencio).
En 2020, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue 18,1 por ciento en el total nacional; en las cabeceras de 12,5 y en los centros poblados y rural disperso de 37,1, es decir, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso fue 3,0 veces el de las cabeceras. Los cambios presentados entre 2019 y 2020 en la incidencia de pobreza multidimensional fueron de 0,6 puntos porcentuales a nivel nacional, 0,2 puntos porcentuales en las cabeceras y 2,6 puntos porcentuales en los centros poblados y rural disperso (tabla 7).
En 2020, las incidencias de pobreza multidimensional más altas se presentaron en las regiones Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) y Caribe, la primera con 30,9 por ciento y la segunda con 28,7. En tercer lugar, se ubica la región Central con 17,9 por ciento. La menor incidencia de pobreza multidimensional se presentó en Bogotá con 7,5 por ciento, seguida de Valle del Cauca con 11,1, Oriental con 14,5 y la región Antioquia con 14,9.
El indicador de la pobreza multidimensional que afectó en mayor medidad a los hogares en 2020 fue el trabajo informal al registrar una privación del 74,2 en el total de hogares (tabla 8). En segundo lugar, los indicadores relacionados con la educación tienden a explicar en mayor grado la pobreza multidimensional de los hogares: Bajo logro educativo (42,2%), Rezago escolar (25,9%) e Inasistencia Escolar (16,4%). El desempleo de larga duración afecta al 14,2 por ciento de los hogares.
Tres de los quince indicadores de la pobreza multidimensional concentraron el impacto negativo de la pandemia al registrar un crecimiento entre 2019-2020: Inasistencia escolar aumentó en 13,7 puntos porcentuales; Desempleo de larga duración se elevó en 1,8 y Trabajo informal en 1,3.
Institucionalidad y alcances de la política social. La seguridad social en Colombia comienza a ser implementada en la década de los años 1940, con énfasis en los trabajadores formales. Para 1960-70 se introdujeron los programas asistenciales y la operación por sistemas de los sectores sociales. En la década de los ochenta, con la implementación del modelo neoliberal, aparecieron las redes de seguridad social. La Constitución de 1991 aumentó el gasto social, permitió al sector privado participar en la provisión de servicios sociales, reforzó la descentralización y dio inicio a reformas estructurales en salud, pensiones, trabajo y educación. La focalización de beneficiarios de los subsidios sociales (Sisben) comenzó a aplicarse en 1995 en todos los municipios del país. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, se pusieron en marcha tres modelos: manejo social del riesgo (2001), promoción social (primera década) y derechos (segunda década).
El Sistema de protección social fue creado por la Ley 789 de 2002. Es el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Lo integran los sistemas de “Seguridad Social Integral”, “Promoción Social”, dirigido a la población más pobre y vulnerable (Red Juntos), “Formación de Capital Humano” y los programas de “Manejo del Riesgo Social” y “Acceso a Activos”.
Con el Decreto presidencial 812 del 4 de junio de 2020, los programas de subsidio quedaron en cabeza del Departamento de la Prosperidad Social (DPS): Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA, Colombia Mayor e Ingreso Solidario. El número neto de beneficiarios individuales suma 21,2 millones de personas (41,6% del total de habitantes), esto es, 5,3 millones de familias. Los subsidios cubren en promedio el 23 por ciento del valor de la línea de pobreza y llegan al 83,1 por ciento de la población focalizada como pobre.
Según el DNP, en Colombia los subsidios y transferencias no son progresivos. El gasto en subsidios sociales se realiza a través de 65 programas, el 59 por ciento de los cuales está concentrado por dos sectores: educación (incluye formación para el trabajo) y pensiones (incluye Colombia mayor). Por su parte, el 74,2 por ciento de los subsidios a las pensiones son absorbidos por los quintiles 4 y 5 (los más ricos). De los subsidios a la educación los quintiles 4 y 5 se apropian el 39,5, en servicios públicos el 32,1 y en vivienda el 36,6. En promedio, los quintiles 4 y 5 se quedan con el 39 por ciento del total del gasto en subsidios sociales. El primer quintil, el más pobre, recibe 22,3 por ciento. Según la focalización de subsidios por clase social, los pobres extremos reciben 8,4 por ciento del total.
En septiembre de 2021, el presidente Duque sancionó la cuarta reforma tributaria presentada por su administración o Ley de ‘inversión social’, con la cual el Gobierno recaudará $15,2 billones adicionales. El nuevo paquete tributario pretende, según la versión oficial, garantizar los recursos económicos para apoyar a los más pobres impactados por la pandemia, garantizando el ingreso solidario por $2,1 billones para terminar este año y $6,6 billones para 2022; también se busca continuar con el Programa de apoyo al empleo formal (Paef) que contribuye a las empresas para preservarlo; además se aseguran los incentivos para crear nuevos empleos subsidiando a las empresas que lo generan, pagándoles 25 por ciento del salario mínimo de cada una de las personas contratadas. Adicionalmente, los parlamentarios dieron soporte especial al “Programa de desarrollo de enfoque territorial” (Pdet) para impulsar los proyectos estratégicos que fomenta la nación en el marco de los Acuerdos de Paz de 2016.
El sistema tributario del Estado colombiano no introduce cambios en la distribución de los ingresos, medido a través del índice de Gini, lo que es considerado un indicador de regresividad impositiva. Además, el país presenta un gasto social relativamente bajo y favorable a la clase rica. El gasto social en Colombia, como porcentaje del PIB bordea el 13 por ciento, el cual es inferior al de Argentina (13,5%), Barbados (17,1%), Brasil (17,7%), Chile (16,4%), Trinidad y Tobago (14,2%) y Uruguay (17,2%).
Violencias
Durante los últimos 120 años, Colombia ha sido protagonista de tres ciclos de violencia: La Guerra de los Mil días (1899-1902); La Violencia (1946-1964); el conflicto armado interno y la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada (1966-2021). El ejercicio de la fuerza letal por parte del Estado y los variopintos grupos armados, legales y al margen de la ley, ha generado una tercera ola de devastación desde la segunda mitad del siglo XX hasta lo corrido del XXI, alcanzando un máximo en 1990 con una tasa de homicidios de 81,2 por cada 100.000 habitantes. En 2020 la tasa de homicidios disminuyó a 23,8 –la violencia es ahora más selectiva, aunque no menos letal y destructiva del tejido social–. En 2021, aupada por el escalamiento del conflicto armado interno, el terrorismo de Estado, las organizaciones delictivas organizadas y las diversas violencias, la tasa de homicidios retornó a 25 por cada 100.000 habitantes.
Las observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de la Cidh, en junio de 2021, señalan que las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La Cidh pudo constatar que las jornadas de protesta de 2021 tienen reclamos similares a los de las movilizaciones de 2019 y 2020 a nivel nacional, que entre otros motivantes resaltan el aumento de los niveles de pobreza, iniquidad y violencia, aunado al creciente número de asesinatos de personas defensoras de DD. HH., líderes y lideresas sociales, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como firmantes del Acuerdo de Paz. La Cidh constató que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal.
Adicionalmente, el 21 de septiembre de 2021, más de 500 organizaciones sociales de todo el país –agrupadas en tres grandes plataformas de derechos humanos– presentaron un balance del tercer año del gobierno de Iván Duque en materia de derechos humanos, en el que advierten el deterioro en este frente por cuenta de la violenta represión a la protesta, escalamiento del conflicto armado interno, y aumento de la pobreza y la desigualdad, entre otras. El informe, denominado “Lecciones del Aprendiz, Autoritarismo y Desigualdad”**, en primer lugar aborda la situación de paz y la situación de defensores de derechos humanos; muestra que en los siete primeros meses de 2021 se perpetraron 60 masacres, en las que fueron asesinadas 221 personas. Por otro lado, en materia de desplazamiento forzado, las plataformas advierten un incremento de 193 por ciento entre enero y junio de 2021, en relación con el mismo período del año anterior. El segundo punto abarca el debilitamiento de la democracia, pues tanto esta como el Estado de derecho en Colombia “enfrentan inmensos desafíos ante la arremetida del gobierno Duque y sus acciones y medidas que van en detrimento del bienestar y la participación de la ciudadanía”. El tercer punto está relacionado con el incremento del empobrecimiento y la desigualdad. Por último, el informe detalla el relacionamiento de Colombia ante el mundo y el manejo de la política exterior; resalta la condena que la comunidad internacional realizó sobre la administración Duque por su violación de los derechos humanos, las restricciones a la democracia y la utilización de prácticas asociadas al terrorismo de Estado.
Reto
La toma de conciencia por parte de la ciudadanía democrática sobre lo que ocurre en Colombia es un primer paso para empezar a demoler esta corporación corrupta, mafiosa, nepotista, criminal y rentista que han construido durante el último medio siglo quienes dominan el poder hegemónico en Colombia, con el monopolio sobre la estructura estatal incluida, claro está, la armada.
Además, el modelo concita los intereses de variopintos grupos de poder: iglesias cristianas, medios de comunicación, fuerzas armadas, organizaciones fascistas de extrema derecha, empresarios, terratenientes, paramilitares y narcotraficantes, negociantes y políticos. Engavillados por su ideología e intereses, tienen asegurados, mediante la violencia, el miedo, la compra de votos, la hábil utilización de los desmanes de quienes pretenden derrotarlos por medio de las armas, el profundo ejercicio mediático, y la manipulación del sistema, el control de una tercera parte de los votantes activos (la mitad de la población potencial nunca participa en las gestas electorales).
Aun así, los indignados y las mayorías sociales, tomando en sus manos el reto de la crisis sistémica en curso y con ella la de un modelo de desarrollo y de organización social de espaldas a la naturaleza como un todo y a la sociedad humana en particular, así como el embudo de violencia, iniquidad e impunidad consolidada en Colombia, pueden crear, con realizaciones por gozar hoy mismo, referentes de otra sociedad hacia la cual marchar, a partir de un ideal de enraizada e integral democracia que deje a un lado las apariencias que hoy la determinan en nuestra sociedad, con acciones de economía propia, redes de acción y comunicación común autónomas, procesos de relacionamiento e integración social que procuren resolver por propia mano diversidad de problemáticas y afanes cotidianos, así como experiencias asambleatorias como ejercicio de otra democracia que sí es posible. Aprender a ser gobierno, en suma, en el territorio y sin concentrar los esfuerzos en la Casa de Nariño.
Autonomía, dignidad, solidaridad, democracia radical y plural, como soportes de otra política, cada vez más cercana a las mayorías, son retos y referentes para pasar a una nueva fase de vida presente y futuro posible en Colombia. Actuar con mirada de mediano y largo plazo, sin dejarse atrapar por lo inmediato, un agujero negro que traga todas las energías e impide desatar y potenciar la imaginación, también es condición fundamental para salir de un sistema para el cual cientos de millones son despojo y deben desaparecer.
La crisis sistémica que marca al capitalismo en todas sus coordenadas lo indica con toda precisión: no hay opción en este sistema, no es posible reformarlo, y los espacios y vías de participación colectiva que ofrece son un entramado de dilación que termina por succionar todas las energías que pretenden cambiarlo. Por tanto, hay que dar un paso al lado y darle cuerpo a variedad de formas alternas de hacer posible una vida en dignidad y, con ello y en ello, dimensionar otra cultura, soporte del soñado cambio estructural que se pretenda. Conciencia, dignidad, educación política y organización en un frente popular democrático y plural deben orientarse a la edificación de poder alterno y deconstrucción del Estado sobre el fundamento de la cimentación socio céntrica cotidiana, libertaria, justa y estratégica con referente en esa Constitución Universal llamada Carta de los Derechos Humanos.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.
** Fue realizado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.
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