Presentación

En la edición Nº 168 del periódico desde abajo (abril 15-mayo 15) publicamos la separata Educación y Economía Nº 0. La titulamos: Reforma universitaria, debate y lucha. En esta nueva separata, la Nº 1, se amplían temas apenas esbozados en la anterior y se plantean algunas iniciativas. Se empieza, así, a transitar hacia una nueva fase: la de las propuestas.

Dentro de las contribuciones al debate hacia la defensa del derecho a la educación hay voces como la de Guillermo Hoyos Vásquez. En su escrito resume en forma cabal una aguda visión sobre las pretensiones oficiales: “La educación es un derecho, no una mercancía”. Complementa su propuesta la necesidad de brindarles argumentos a los educandos mediante la potenciación de un pensamiento crítico, fundado en la vigencia de las humanidades y dejando a un lado el afán economicista (formar mano de obra).

Salud y educación

A partir de retomar lo que sucede con la salud, de analizar cómo la comprenden y cómo fue transformada en un simple servicio público –menos Estado, más servicio–, el profesor Mario Hernández Álvarez, en su artículo “Confianza inversionista de Santos para la educación superior y la salud”, se adentra en la reflexión que sustenta semejante viraje, desnudando los argumentos que validan el mercado y justifican la cada vez mayor inversión privada en el ‘negocio’, pero también un mayor peso en el gasto familiar para sortear la formación de sus integrantes.

Quien tiene con qué y anhela cierta educación debe pagar; el que la desea pero no cuenta con recursos debe ser atendido con subsidios (niveles I y II). Es la contundente lógica imperante en salud y la que se pretende profundizar para la educación superior. “En síntesis, la misma lógica para los dos sectores, aunque tengan cierta especificidad”.

Esta lógica ya es conocida y la sufrimos; sus efectos son notorios y dolorosos para todo el país. Para ahondar en tal concepción, el actual gobierno propició en el segundo semestre de 2010 la reforma de la Ley 100 de 1993. Ahora hace lo mismo con la Ley 30 de 1992, que define el sistema de educación superior: el incremento de la cobertura deberá ser, dice, el resultado de “la confluencia de los recursos públicos con esfuerzos del bolsillo familiar y la ‘inversión privada’”.

Desastre de la continuidad

En ese mismo sentido, en la lógica de lo mercantil, nos recuerda el profesor Leopoldo Múnera Ruiz en “Espejismo del mercado y autonomía heterónoma”, la reforma se decide por reorientar los escasos recursos públicos frescos para “las instituciones privadas sin ánimo de lucro (artículo 108), lo que puede dar lugar a una especie de ‘ingreso seguro para la educación superior’, o, más sorprendente todavía, a formar un fondo mixto de inversiones (Fominvest, artículo 111).”para ayudarle al capital privado a invertir en uno de los negocios más prósperos en el mundo: el del mercado en el servicio de la educación superior, que por esta senda deja de ser un derecho”.

Múnera revisa la cobertura que logran la educación pública y la privada, mostrando que la crisis económica de años atrás propició la emigración de una a otra, ampliando la cobertura de la primera pero manteniendo por fuera a la mayoría de la población, proceso vivido sin un similar incremento en la inversión pública. La consecuencia es lógica: deterioro de la calidad de la educación pública, que, por efectos de la baja inversión, también se vive en la educación privada.

El profesor Múnera pregunta: ¿Tenemos alguna posibilidad de llegar por estos canales a ampliar la cobertura con calidad? ¿Mediante el espejismo del mercado de la educación superior no terminará el gobierno agravando las deformidades creadas en tantos años de desinterés estatal?

La necesidad de sistema público postsecundario de formación técnica

En continuidad con lo anotado, el profesor Víctor Manuel Gómez nos recuerda que en la reforma a la Ley 30 hay ciertos olvidados. Su tesis lo lleva a revisar cifras, a partir de las cuales precisa que la oferta en educación superior vigente en Colombia está centrada fundamentalmente en las carreras largas. Pero, ¿y si el estudiante no quiere adentrarse en ellas? Pero también, ¿y si la economía familiar no le permite tomarse tanto tiempo para su formación?

Las preguntas obvias son ¿qué requiere el país? ¿cómo se ve en el futuro? Y para responderlas, la senda obligatoria cursa por el modelo productivo. Pero el debate no llega aún hasta allá. Por ahora, el autor confirma que “la reforma propuesta a la educación superior no se orienta a crear una sociedad más democrática, con mayor igualdad social de oportunidades, con mayor inclusión social y laboral de los jóvenes más necesitados de oportunidades. Por el contrario, es una política de mayor privatización por el doble efecto de la escasez (déficit) de ofertas públicas en relación a la alta demanda y por el recurso al endeudamiento de las familias”.
Gómez reafirma su sentencia así: “Las necesidades de educación postsecundaria de los jóvenes pobres del país continuarán siendo olvidadas y relegadas, con profundos efectos negativos sobre la paz social, el trabajo productivo y la legitimidad del sistema político. Colombia no merece este lamentable destino”.

Inmensos retos

Esta preocupación se refuerza en el análisis que la profesora Luz Teresa Gómez de Mantilla, realiza en “Una lectura sobre la extensión universitaria”. Su perspectiva la lleva a considerar que la Revolución científico-técnica a que estamos abocados debe permitir “integrar funcionalmente el país, y para ello es menester priorizar los procesos de inclusión social, como tarea de primer orden, que no puede resolverse dándoles respuesta a soluciones coyunturales. Esta es una tarea conjunta de las universidades públicas y las privadas”.

Se puede colegir de ello, al igual que en el artículo anterior, la pregunta por el modelo productivo y por el tipo de profesionales que requerimos. Pero de nuevo la pregunta queda pendiente, para referirse con tino al “papel que les compete a las universidades en la integración ética y simbólica de nuestro multidiverso país, en un marco de equidad que exigirá superar el talante individualista de la propuesta” (de la reforma a la Ley 30 en marcha).

Semejante tarea, despreciada por los entes oficiales, es una tarea mayúscula para el resto de la sociedad, más aún para los docentes, los estudiantes y otros sectores ligados a la academia, así como para aquellos deseosos de un país cualitativamente diferente –mejor– del que hoy tenemos. Para lograrlo, no basta la reflexión; son necesarias las propuestas abiertas al país; y, cómo no, la demanda pública del respeto a las aspiraciones colectivas por un sistema educativo igualmente público –en particular en educación superior– que no excluya sino que integre en todas sus potencialidades a las mayorías hoy excluidas del mismo.

Respecto al problema de la financiación del sistema universitario estatal, hay una serie de propuestas que es necesario retomar en un horizonte de conjunto. Es decir, que tenga en cuenta el vínculo entre inversión pública y privada, modelo productivo y revolución tecno-científica. En esta perspectiva, la idea de un nuevo proyecto civilizador tendrá la función de orientar estratégicamente la participación de los diferentes protagonistas sociales: estudiantes, profesores, trabajadores, empresarios y partidos políticos.

Esta nueva separata es una expresión de nuestra confianza en que el país se embarcará con decisión en unas modificaciones legislativas que superen la orientación que carga la reforma en curso, impidiendo que se consuma un proyecto de educación superior ajeno a las necesidades de las mayores que hacen y componen el país real.