La formación de las nuevas generaciones en oficios, artes, ciencias, profesiones, y profesiones técnicas y tecnológicas es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. La política universitaria actual y el entramado institucional que proporciona la Ley 30 de 1992 resultan insuficientes para cumplir con esa responsabilidad.
Una nueva ley es necesaria pero obviamente insuficiente. Se requiere ir más allá, hacia un acuerdo social e institucional que piense la formación de las nuevas generaciones en función del cambio de época, de la asunción de un nuevo proyecto civilizador, y de los arreglos o consensos inmediatos de carácter social, cultural, económico y político.
El debate que ha desencadenado la propuesta de ley de la Ministra de Educación será pertinente y adecuado si se gana una orientación en esta perspectiva. La discusión actual asume problemas centrales: cobertura, autonomía universitaria, calidad de la educación, gestión, etcétera, como asuntos aislados. Las soluciones parciales que se ofrecen resultan así estériles. Es necesario, pues, un esfuerzo de profesores, estudiantes, autoridades académicas, gobierno y sociedad en su conjunto para buscar consensos que sean efectivamente globales.
La ley que se acuerde debe ser un paso adelante en la realización de la perspectiva que hemos planteado. No se trata de una tarea de corto plazo sino de un proceso de transformación real. Formar las nuevas generaciones es un compromiso de largo plazo que requiere inmediatos acuerdos realmente sustantivos.
En esta perspectiva, aspiramos, con esta separata, y en las que publicaremos en próximas ediciones contribuir al debate en curso.
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