Ecuador vive una ola de violencia del crimen organizado que atiende a problemas estructurales, producto de una compleja conjetura dividida entre el incremento de la pobreza, las nuevas rutas de la droga a nivel mundial y la emergencia de una narcoburguesía local
La potencia del crimen organizado no radica tanto en su capacidad de compra y ejercicio de la violencia y la crueldad, sino en lo que significa el mercado que integra.
Ecuador vive una ola de violencia vinculada al narcotráfico. La tasa de homicidios ha pasado de seis por cada 100.000 habitantes en 2019 a 45 en 2023, muy por encima de las de Colombia, México o Brasil.
En diversos países de América Latina se impone el “sálvese quien pueda”, donde las élites solo se preocupan de aumentar su propia seguridad, riqueza y privilegios; y las grandes mayorías, de sobrevivir.
El fiscal ecuatoriano que investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil fue acribillado este miércoles en lo que marca una sangrienta escalada de la guerra que vive el país con las bandas narcocriminales.
Para el experto en seguridad y defensa, la declaratoria de conflicto interno armado es un error jurídico, pero es una estrategia política del Gobierno que busca responder a la crisis de inseguridad y, también, mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas y la Policía propalando que no están infiltradas por el enemigo que acaba de declarar. El poder civil también sale lesionado, al igual que la Policía, frente a la preponderancia de los militares.
En el Perú hay un narcoestado. En Ecuador no hay una narcoburguesía con mucho poder económico y político como en el Perú. Esas diferencias hacen que aquí las mafias no necesiten enfrentarse al Estado.
La crisis políticas y de seguridad que sufre Ecuador es la consecuencia de dos gobiernos neoliberales que permitieron, a través de la desregulación y el debilitamiento de las instituciones públicas, la irrupción de un narcoestado que ha sustituido a Colombia y a México como los territorios más peligrosos de América Latina
Las interrogantes inmediatas caen por su propio peso. La principal: si las Fuerzas Armadas y la Policía están infiltradas por el crimen organizado, ¿cómo podrían actuar de modo confiable en defensa del Estado? Siendo así, otorgar poderes plenos e inmunidad a estos cuerpos, ¿no supondrá extender y blindar la arbitrariedad de sus acciones, usando la figura de terrorismo para acusar a quien quiera, para crear escenarios de “falsos positivos” o similares?
La embestida del crimen organizado en los últimos días lleva al presidente Noboa a declarar el estado de excepción y a movilizar a las Fuerzas Armadas.
