El gobierno de Gustavo Petro ha dado pasos importantes en las negociaciones de paz con las guerrillas del ELN y los grupos disidentes de las FARC-EP que quedaron fuera del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Sin embargo, el haber priorizado el objetivo de alcanzar la Paz Total con estas y otras organizaciones violentas ha relegado a un segundo plano la exigencia, tanto o más apremiante, de garantizar la seguridad de los ex combatientes firmantes del acuerdo y reincorporados a la vida civil. Consciente de ello, el presidente Petro se implicó personalmente en revertir la situación en los últimos meses, acercándose a espacios de reincorporados que sufren hostigamiento de las disidencias de las FARC para escuchar sus reclamos y articular respuestas.
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