Una de las principales promesas del actual Presidente en tiempos de campaña electoral radicó en la necesidad de implementar la reforma agraria. Una promesa consecuente con la realidad de Colombia como uno de los países con mayor concentración de tierra en pocas manos. Luego de tres años de mandato, ¿qué tanto se ha avanzado en la misma?
Gustavo Petro estableció como meta de su gobierno la adquisición de 3 millones de hectáreas de tierra con capacidad de producción para el campesinado. En el camino, tras tres años y próximo a ingresar en su cuarto y último año de mandato, lo que él denominó “revolución por la vida” parece quedarse a medio camino de su propuesta inicial, la cual debe tomarse con pinzas a la hora de analizar la cuestión de la administración de tierras durante este cuatrienio, ya que, a mitad de su mandato el Presidente anunció que el objetivo inicial debía ser bajado a uno más creíble, 1.5 millones de hectáreas, así y todo, un inmenso reto por concretar.
La reforma agraria no debe ser tomado como un propósito menor, ya que no solo fue uno de los estandartes durante la campaña del hoy Presidente, sino que desde el inicio de su gobierno fue un objetivo estructural y necesario para la consecución de la Colombia Humana, así como las reformas a la salud y laboral. Por tanto, es necesario comprender los límites proyectados por el Presidente y el desenvolvimiento logrado hasta el momento por las distintas instituciones involucradas (principalmente la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura (1) y Desarrollo Rural y la Unidad de Restitución de Tierras), intentando comprender las múltiples dimensiones de lo que es e implica la reforma pretendida.
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