La consulta electoral del pasado 26 de octubre, celebrada por el Pacto Histórico, deja varias lecciones por valorar y retos por encarar, al tiempo que pone sobre la mesa algunas realidades que vive esta colectividad política.
Por valorar
Los factores que animaron a cerca de 400 mil sufragantes a anular su voto. ¿Cuántos de ellos responden a una actitud consciente, de resistencia y protesta? ¿Cuántos de ellos responden a la ausencia de pedagogía política, como dice el congresista Alirio Uribe, entrevistado por Héctor Arenas? (ver págs. 18-19).
Por la alta cantidad de estos votos, lo más factible es que expresen insatisfacción con lo realizado en estos tres años y cuatro meses de gestión del gobierno del cambio. Pueden existir algunos que se expliquen por el desconocimiento del procedimiento o la manera de diligenciar el tarjetón, pero es casi seguro que no son la mayoría.
Si el factor fundamental para ello es la inconformidad, son votos protesta, y le corresponde al Pacto Histórico, por tanto, tomar nota de ese coro reunido en las urnas. Acá lo difícil es determinar los factores fundamentales que alimentan la insatisfacción, que claramente podría explicarse por la forma de administrar el aparato del Estado adelantada por el Pacto Histórico en cabeza del presidente Gustavo Petro, tras prometer un cambio que no llega y en el que las reformas siguen en sala de espera; administración en la que no fue superada la corrupción, además del amiguismo que pesa en muchas de sus determinaciones. En este gobierno reluce la conciliación de clases y el presidencialismo alcanza ribetes inimaginables para un proyecto que dice diferenciarse de los partidos tradicionales y que afirma pretender el cambio de régimen. ¿Hay tiempo para corregir estos y otros errores y así garantizar que los inconformes voten a favor del Pacto Histórico en las varias elecciones por celebrarse en 2026? Todo indica que ese tiempo es insuficiente, pero debiera intentarse reencauzar el rumbo de la administración pública y así mermarle motivos a su distanciamiento.
Toca sopesar, asimismo, las valoraciones que motivaron el alto apoyo reunido por la candidata Carolina Corcho. La primera impresión, recogida por los numerosos análisis que circularon una vez conocidos los resultados de la consulta, apuntan a que son votos que la valoran por su gestión al frente del Ministerio de Salud o por su conducta consecuente con un ideario de cambio aún por realizar.
Pero, más allá de aquello, es importante –y no sobra– que en el Pacto Histórico se pregunten si dentro de esos votos hay algunos cientos o miles que rechaza(ro)n los acuerdos que, por fuera de la consulta, pretendieron (pre)determinar la cabeza de lista al Senado, así como el deseo de imponer la candidatura de Iván Cepeda, sin consulta, lo que demandaba que todas las candidaturas presidenciales en meta de salida renunciaran a su aspiración. En otras palabras, ¿parte de esta votación expresa protesta por la ausencia de espacios –ciertamente, y no en apariencia– democráticos en el Pacto Histórico? Tal protesta también podría ser contra el presidente Petro y su inocultable afán por controlar y determinar el devenir interno del partido que lo llevó a la Presidencia, algo evidente en su determinación, pese al rechazo mayoritario de las bases del partido, de incluir a Daniel Quintero en la consulta. En cualquiera de estos casos, o en todos ellos, tocaría corregir y así vitalizar la participación con mayor compromiso en la campaña electoral de todos los militantes, así como de los simpatizantes de esta nueva fuerza política y del proyecto que encarna.
Por encarar
Hay un factor que brilla desde el comienzo de este gobierno: la pérdida de autonomía por parte del movimiento social, una realidad que responde, en paralelo, a dos circunstancias: 1) la renuncia consciente de parte de las principales fuerzas del movimiento social a defender su autonomía y, por tanto, su derecho a criticar y protestar ante todo lo que consideran injusto, inconsecuente, improcedente, al tiempo que mantener en construcción o impulsar experiencias sociales que van más allá del corto plazo y sientan bases para una sociedad no capitalista. Se trata de una actitud prevaleciente y determinada por un realismo político que se lleva al extremo, producto del cual toda protesta en contra del gobierno, e incluso toda crítica, no es procedente, pues ello sería “hacerle el juego al enemigo”. Estamos ante una actitud suicida que ya deja ver su alto costo en experiencias de gobierno progresistas: Argentina, Bolivia, Venezuela, como también Brasil, países donde los movimientos sociales que llevaron a diversos personajes al gobierno terminaron perdiendo su fortaleza, su capacidad de acción, así como su conexión con la sociedad, producto de un comportamiento acrítico que en ninguna parte ve errores ni la necesidad de reencauzar la Presidencia. Una realidad extendida a la incapacidad para darles forma a nuevos liderazgos nacionales y con ello al recambio de la dirigencia. De manera que los presidentes se atornillan, al viejo estilo soviético, y se tornan insustituibles, hasta el día de su muerte (parece ser esa la decisión de Lula, y así se comportó Evo en su país).
Del otro lado, 2) todo aquello responde al peso del presidencialismo reinante en Colombia, ahondado o por lo menos prolongado en este gobierno, factor presente en el día a día del país en general y de la acción social y política en particular, con un gobernante que decide por qué, cuándo, dónde, con quiénes, contra quién, se realiza una actividad pública por parte de las fuerzas sociales. Un proceder así mete en un mismo saco y confunde al Presidente y al (supuesto) dirigente o cabeza visible de un partido, dos en uno, con lo cual el partido se debilita al terminar como apéndice o correa de transmisión del gobernante.
En una sociedad como la nuestra, en la que el caudillismo le es connatural, su población ve esto como algo normal, “pues así es la política, con ‘jefes naturales’”. Pero si tal proceder se revisa a la luz de lo que debiera ser el funcionamiento democrático de una fuerza política que se dice antiestablecimiento, tal proceder no debe tener espacio. Darle cuerpo a otra forma de concretar la política (“sin el pueblo nada, con el pueblo todo”, se decía antes de ser gobierno) debiera ser el reto fundamental de un partido o movimiento/s social/es, vivencia en la cual dirigir de arriba abajo no podría o debiera tener espacio, mucho menos mandar como consecuencia de un poder ilimitado que termina ahogando el debate interno, la deliberación con la sociedad, y mellando todo proceso de formación política que esté en curso (teoría y práctica deben ser un solo y único cuerpo), y tiene tal efecto por la ausencia de voces críticas que tengan la capacidad y la energía suficientes para cuestionar al Presidente, como a su equipo de gobierno, y mostrar el rumbo que no se puede o no se debe perder (según el programa suscrito para la elección presidencial), algo que también es posible como resultado de la forma y el estilo del gobierno en ejercicio.
Entonces, falta crítica y autocrítica, esenciales tanto para enseñar como para aprender. Igualmente, también está ausente la necesaria disposición a romper con prácticas que reproducen el poder que se pretende enfrentar y superar. Si esto es así, ello se da porque está ausente una acción política con fuerte espíritu cultural. Como es reconocido, se hace imposible romper con viejas prácticas sociales, políticas, comunicativas, económicas –conductas inconscientes–, si no se aboca desde el reconocimiento de que, sin transformación cultural, es decir, sin cambios en las formas, en los estilos, en las cotidianidades, en los lenguajes, en los relacionamientos, nada se transforma, pues en el largo plazo terminará imponiéndose aquello que se creyó romper o superar con un decreto o con una medida administrativa.
Estas realidades invitan, de entrada, a propiciar en todo momento la formación de nuevos liderazgos sociales, para lo cual es indispensable la práctica insustituible de escuelas de formación, permanentes, en diversos niveles y contenidos, a la par de lo cual se debe desarrollar el análisis constante de la experiencia misma de gobierno, recogiendo en la calle el sentir popular para integrarlo en las medidas que se tomen en uno u otro momento, según el horizonte programático, ofertado y puesto en práctica mediante lo buscado por materializar en cada ministerio, tanto como en el Congreso de la República. Igualmente, un proceder así debe ser de doble vía, explicándole a la sociedad qué debe ser lo prioritario por ejecutar, cómo realizarlo y cómo superar los obstáculos que interponga el establecimiento, todo ello con la permanente participación de una sociedad activa, en movimiento.
Al proceder así, el Gobierno deja de ser ajeno a la cotidianidad de las mayorías, haciéndose “carne de su carne”, con lo cual la crítica y la autocrítica serán comprendidas por ese mismo pueblo como algo consustancial a ser gobierno, con pretensiones de poder, algo que va más allá del aparato gubernamental y de Estado, y se irriga en el alargado y profundo tejido social, de suerte que el ejercicio de gobierno trasciende la formalidad del aparato (Presidencia, Congreso, etcétera) y se incuba en la cotidianidad social. Esto es: el gobierno hecho pueblo.
Todas estas pistas y retos deja la consulta realizada el 26 de octubre, en una lectura que va más allá del voto emitido, alargada la vista sobre las elecciones de 2026, y posada la misma sobre el futuro de una sociedad deseada, en la cual el cambio solo será posible si “mandar obedeciendo” es asumida como la máxima fundamental y por concretar en todo momento.
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