Propiedad y planificación ecosocialista

1. Lo que es necesario y sus obstáculos

Después del verano de 2026, a nadie le queda ninguna duda de la gravedad del calentamiento global y la crisis ecológica. El Mediterráneo a 33 grados, 20 mil muertes por la ola de calor de junio en Europa, 300 mil hectáreas quemadas por incendios, junto al adelanto de la vendimia de la uva y la cosecha de la patata. Eventos que no afectan por igual a toda la población, siendo la clase trabajadora quien sufre el impacto de la inflación, aumenta la carga de los cuidados no remunerados y realiza su trabajo en condiciones cada vez más peligrosas.

Mientras tanto, las grandes empresas petroleras duplican sus beneficios gracias al aumento de precios derivado del cierre del Estrecho de Ormuz. Unos beneficios caídos del cielo por los conflictos bélicos imperialistas que alimentan Estados Unidos e Israel. En el caso de Repsol, en el primer semestre de 2026 aumentó sus beneficios un 265% hasta 2202 M€.

Todo esto nos recuerda la urgencia de lograr una profunda transformación socio-económica en las próximas dos décadas. El qué hay que hacer lo tenemos claro. Por mencionar solo algunos temas:

• Eliminar el uso de combustibles fósiles. Con una reducción del consumo energético, una transformación productiva de la industria, otro modelo de movilidad y un desarrollo planificado de energías renovables.
• Expandir masivamente sistemas de transporte público colectivo, reducir la dependencia hacia el vehículo privado y acercar viviendas y centros de trabajo.
• Una reforma agraria agroecológica que adapte los cultivos al nuevo clima, aumente la producción de alimentos locales y desmantele la industria cárnica.
• Iniciar programas masivos de cuidado de ecosistemas, junto a incrementar los empleos públicos para la prevención y extinción de incendios.
• Rehabilitar energéticamente los edificios para afrontar las temperaturas extremas y garantizar sistemas de climatización en centros de trabajo y estudio.
• Fortalecer los sistemas de emergencia e iniciar una reorganización urbanística que reduzca los impactos de fenómenos meteorológicos extremos e inundaciones.
• Frenar el desarrollo de grandes infraestructuras innecesarias socialmente y con un grave impacto ecológico, como centros de datos o ampliaciones de aeropuertos.

La buena noticia es que es posible lograr reducciones significativas en el consumo de energía y materiales que, al mismo tiempo, conduzcan a una mejora general de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Es decir, es posible articular un programa de abundancia que resuelva tanto la crisis ecológica como la escasez social. No buscamos ningún tipo de ascetismo ecológico, sino que luchamos por ampliar el lujo comunal, la satisfacción de necesidades de forma colectiva y unas vidas mucho más dignas. Esto implica otras tantas tareas, como por ejemplo:

• Eliminar los mecanismos jurídicos y económicos que mantienen una división racial del trabajo y explotan a millones de personas migrantes.
• Una redistribución y reorganización de los trabajos de cuidados no remunerados, que no refuercen las opresiones patriarcales ni dependan de las familias.
• Una reducción de la jornada laboral que libere tiempo libre para tener vidas más plenas y facilite la organización colectiva en múltiples ámbitos.
• Garantizar el acceso a una vivienda digna y acabar con la especulación rentista.
• Desmantelar la dependencia hacia sectores que precarizan el empleo y destruyen nuestro entorno, como es el caso del turismo.

Además, estas transformaciones deben hacerse rompiendo con el intercambio desigual que sostiene la apropiación imperialista de los recursos naturales, la tierra y el trabajo desde las periferias. Es decir, construyendo otro modelo de relaciones comerciales y de solidaridad internacional.

Pero. El problema es que, mientras vivamos bajo el dominio capitalista, no tendremos libertad ni capacidad para planificar esa bifurcación ecológica. Para alcanzar ese objetivo, son esenciales una profunda democratización y planificación económica.

Las políticas climáticas y energéticas neoliberales han sido un fracaso en el que hemos perdido ya demasiado tiempo. Mientras se prioricen soluciones de mercado, la transición sólo ocurrirá si es rentable para los dueños de bancos y empresas privadas. Una transición ecológica guiada por el beneficio privado y el mercado es incapaz de coordinar las inversiones, desinversiones y transformaciones necesarias.

• En el sistema eléctrico, los bajos precios de la electricidad renovable hace que los bancos reduzcan su financiación, proyectos rocen la quiebra y se prioricen desarrollos cada vez más agresivos para reducir costes.
• En el sector de la automoción, las marcas europeas reciben ganancias récord mientras invierten menos que sus competidores y hacen lobby para retrasar la transición.
• En las industrias del acero y del cemento, el exceso de capacidad productiva y los bajos márgenes hace que las empresas no realicen las inversiones necesarias para su descarbonización porque no las consideran lo suficientemente rentables.
• Mientras tanto, decenas de sectores sufren de una inversión insuficiente, como el transporte público, los cuidados o la adaptación climática de las ciudades.

Esto es demasiado absurdo, y lo único que nos trae es el retardismo climático del capital junto a un aumento de las desigualdades, malestar social y conflictos territoriales.

Adrienne Buller y Mathew Lawrence, impulsores del think-tank británico Common Wealth, defienden que cualquier programa de izquierdas debe incluir tres elementos: (1) democratizar la producción, (2) desmercantilizar la reproducción de la vida y (3) defender los bienes comunes. Para ello, consideran imprescindible transformar las relaciones de propiedad actuales. Es ahí donde nos centraremos.

2. Propiedad, planificación y socialismo
Tenemos claro que hace falta romper con el capitalismo, liberarnos del dominio de la propiedad privada y aplicar que la planificación democrática sustituya a la mano invisible del mercado. Sin embargo, también debemos ser conscientes de la enorme dificultad que supone esto. No podemos hablar de un modelo único, pues las recetas aplicadas han variado tanto en el espacio como en el tiempo. Brevemente:

• URSS: el comunismo de guerra (18-21) realiza nacionalizaciones masivas y elimina el comercio privado; la Nueva Política Económica (21-28) reintroduce elementos de mercado e incentivos materiales; planificación centralizada, colectivización del campo y rápida industrialización (32-65); discusión sobre descentralización y reformas de mercado (65-; 85-91).
• China: expropiación de tierras en favor del campesinado y primer plan quinquenal (49-58); campaña de industrialización rápida y colectivizaciones (Gran Salto Adelante, 58-61), movilización social contra las “viejas ideas” (Revolución Cultural, 66-76) y reformas de mercado junto a planes quinquenales (78-)
• Yugoslavia: socialismo de mercado descentralizado con autogestión obrera de las diferentes unidades de producción (45-92)
• Chile: intento de transición democrática hacia el socialismo con una estrategia de nacionalizaciones en sectores clave e intento de planificación cibernética (70-73)

A lo largo del siglo XX se tuvieron múltiples debates basados en experiencias reales, que nos aproximan al rol de la propiedad y la planificación en el socialismo. Daré 4 pinceladas sobre los debates sobre la transición al socialismo.

2.1. El problema de la transición al socialismo. Cuatro aproximaciones 

Nacionalización vs. socialización. Un debate alemán
Tras la revolución alemana de 1918, que derrocó a la monarquía e instauró la república de Weimar, se creó la “Comisión de Socialización” para preparar la nacionalización del acero y el carbón. Karl Kautsky y Rudolf Hilferding defendieron ahí una socialización profunda: no la simple transferencia de propiedad al Estado, sino un proceso gradual de traspaso del control productivo a la comunidad.

Karl Korsch (1919) distinguió la socialización de otras dos medidas insuficientes. Frente a la nacionalización, advirtió que estatizar no basta: mantiene la estructura de dominio, solo que con el Estado como nuevo capitalista. Frente a la autogestión pura, señaló que aislar el control en cada fábrica genera intereses particularistas que impiden la planificación conjunta de la economía.

Desde el austromarxismo, Otto Bauer (1919) defendía un socialismo democrático sostenido en múltiples organizaciones populares —comités obreros, comités de inquilinos, sindicatos, cooperativas de consumo y agrícolas, consejo del Banco Central— que dirigieran y regularan juntas la vida económica.

Gran Debate Cubano. Ernesto Guevara, Alberto Moro, Ernest Mandel (1963-64)
Entre 1962 y 1965, tras el triunfo revolucionario de 1959, Cuba discutió cómo financiar y organizar las empresas públicas, y qué papel debían jugar el mercado, la planificación, la ley del valor y el crédito.

Ernesto Guevara (Ministro de Industria) sostenía que las empresas estatales no debían regirse por la rentabilidad: la inversión debía decidirse centralmente vía presupuesto y los precios debían ser instrumentos de planificación social, no reflejo de costos. Alberto Mora (Comercio Exterior), en cambio, defendía criterios mercantiles entre empresas y mayor autonomía financiera.

Mandel apoyó la posición del Che: la planificación debía evitar que la inversión siguiera automáticamente la rentabilidad, imponiendo prioridades políticas. Crítico también de la experiencia yugoslava, rechazó que fueran las propias empresas autogestionadas quienes decidieran dónde invertir su excedente: defendía la autogestión y el control obrero en la empresa, pero reservaba las grandes decisiones de inversión a la planificación democrática.

¿Plan vs. mercado? Discusión entre Paul Sweezy y Charles Bettelheim (1970)
A raíz de la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, Sweezy (Montly Review) y Bettelheim (PCF) discutieron sobre el avance del mercado en los países socialistas. Coincidieron en algo clave: lo que distingue a un país socialista de uno capitalista no es económico, sino político; no la presencia o ausencia de mercado, sino el poder de clase.

Bettelheim insistió en que la planificación estatal no garantiza nada si no está sostenida y controlada por la iniciativa real de las masas trabajadoras: una burocracia gobernante junto a la desmovilización popular no es socialismo. La transición, por tanto, consiste en el dominio creciente de los productores directos sobre las condiciones y resultados de su propio trabajo, no en decretar la desaparición del mercado ni en la mera nacionalización jurídica.

Tomar el control del metabolismo social. István Mészáros (1995)
El húngaro István Mészáros, discípulo de Lukács, sostiene que el capital no es solo un sistema económico sino un modo de control del metabolismo social: regula el intercambio material entre los seres humanos y la naturaleza. Advierte que expropiar a los capitalistas o tomar el Estado no basta si esa lógica no se desmantela: mientras persistan la división jerárquica del trabajo y la necesidad de acumular, el control metabólico del capital sigue intacto y termina reasignándose a nuevas personalidades, y es así como nace la burocracia.

Su crítica apunta a la URSS, que abolió el capitalismo pero no el capital. Menciona también a Cuba y Venezuela, que muestran cómo ni el control obrero del Estado basta para acabar con ese control metabólico. Para Mészáros, la transición exige erradicar por completo el capital del metabolismo social y sustituirlo por una planificación democrática gestionada por productores libremente asociados.

///

Estas discusiones y experiencias históricas nos dan algunas claves para saber a qué nos referimos con propiedad y planificación ecosocialista. Junto a un cambio jurídico en las relaciones de propiedad, es esencial garantizar la participación y el control popular. Autogestión y planificación no son conceptos opuestos, sino que deben funcionar conjuntamente en diferentes escalas. En definitiva, erradicar el capital exige construir una planificación democrática y recuperar el dominio sobre nuestra reproducción social.

De forma más lírica, esto nos recuerda a lo que comenta un personaje de Ursula K Le Guin en “Los Desposeídos”, quien afirma que después de lograr revolución corresponde hacer otra revolución dentro de la misma. Que la revolución es un proceso de renovación permanente, que si se detiene la sociedad se vuelve estanca, opresiva y sin vida.

Más allá de las palabras, esto es algo que se ha intentado llevar a la práctica. Y aquí merece la pena mencionar el “Golpe de Timón”que intentó impulsar Hugo Chavez en Venezuela antes de morir. Influido por las ideas de Mészáros, su gobierno aprobó en 2010 las leyes que reconocían a las comunas como estructuras económicas y de autogobierno. En ellas, miles de “Empresas de Propiedad Social Comunal” se ocuparon de áreas clave de la reproducción social, como alimentación, vivienda, transporte, comunicación, banca. La perspectiva de Chavez era utilizar la capacidad administrativa, jurídica y financiera del Estado actual para facilitar la construcción de un nuevo Estado Comunal Socialista. La Unión Comunera intenta mantener el camino, pero es obvio que la situación en Venezuela y las agresiones imperialistas bloquean cualquier avance.

2.2. El nuevo boom en las discusiones sobre planificación
Junto a las discusiones históricas sobre la transición al socialismo, recientemente ha revivido un nuevo boom en las discusiones sobre planificación económica democrática.

Entre las décadas de 1920 y 1960 se desarrollaron diferentes discusiones. El cálculo in natura, asociado a Otto Neurath y Leonid Kantorovich, propuso planificar sin precios monetarios mediante balances físicos de bienes y recursos. En el debate sobre el cálculo socialista participaron Enrico Barone, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Oskar Lange, centrándose en la información, los precios, el cálculo racional y la coordinación a través del mercado. Por último, en el debate sobre el socialismo de mercado, intervinieron Alexander Nove y Ernest Mandel, con el segundo defendiendo una planificación económica democráticamente articulada desde abajo, nunca impuesta burocráticamente.

Más adelante, en la década de 1990 se retomaron nuevas discusiones. David Schweickart defendía un modelo de democracia económica basado en autogestión, inversión pública y mercado. Michael Albert y Robin Hahnel apostaban por la economía participativa, basada en democracia directa y planificación participativa. Mientras que Paul Cockshott y Allin Cottrell se centraron en una propuesta de ciber-comunismo, basada en una planificación centralizada cibernética.

Durante los últimos años asistimos a un nuevo boom en las discusiones sobre planificación. De forma esquemática, hay tres enfoques principales. La discusión sobre el “Walmart o Amazon socialista” se refiere a que las empresas multinacionales ya operan con mecanismos de planificación previa en sus cadenas de suministro. Por tanto, la tarea socialista consiste en tomar el control político de esas estructuras. Las discusiones sobre tecnologías digitales insisten en cómo los avances actuales ayudan a prever la demanda y coordinar producción, y esto se podría utilizar para prescindir del marcado. Por último, otras discusiones se centran en cómo evitar la catástrofe ecológica exige transformaciones que sólo son posibles mediante una planificación que vaya más allá de los mercados y la expectativa de beneficio.

Ahí podemos encontrar aportaciones muy enriquecedoras, que añaden elementos como la organización de las finanzas o la distribución de los trabajos de cuidados.

En un artículo reciente, Sophie Elias-Pinsonnault defiende que planificar la reproducción social exige determinar colectivamente qué son las necesidades, en vez de asumirlas como dadas. De lo contrario, se mantendrán desigualdades de raza y género. Implica decidir ¿qué necesidades? ¿cómo satisfacerlas? ¿con qué trabajo y en qué condiciones? Desarrollando dispositivos institucionales que permitan centralizar algunas actividades y descentralizar otras, evitando que la familia sea la unidad organizativa principal.

Sin embargo, en muchos casos la mayoría de discusiones se centran en el día después de la revolución. Y esto deja fuera muchos de los problemas más inmediatos.

Una interesante excepción la encontramos en Aaron Benanav. Él pone gran énfasis en la inversión pública, defendiendo que un programa socialista debe utilizarla a gran escala para asegurar una mejora de energía, cuidados, alimentación y trabajo. Tras describir en dos artículos de la New Left Review las discusiones sobre planificación y su propuesta de economía multi-criterio, en un tercer artículo busca responder a cómo podríamos llegar ahí desde el momento actual.

Lo describe como una secuencia de reformas institucionales importantes, donde cada una altera el equilibrio de poder y abre espacio para la siguiente. En ese sentido, su modelo requiere una coalición política, con raíces profundas en la clase trabajadora organizada, que llega al gobierno a través de una victoria electoral y ejecuta un programa de reformas radicales. Junto a ello, afirma que esto solo será posible con una movilización popular, que permanezca activa y preparada para defender el programa de cualquier retroceso.

De forma esquemática, resumimos su planteamiento en tres puntos:

• Se debe crear una autoridad nacional de inversión para financiar la inversión pública directa a gran escala. Su funcionamiento debe ser democrático, integrando a representantes de trabajadores, consumidores y comunidades locales en la discusión. Debe redefinirse el mandato del banco central, subordinado la política monetaria a permitir esa inversión pública masiva.
• Deben aplicarse controles de capital para evitar que los ricos desestabilicen la economía mediante la fuga de capitales. Las actividades financieras especulativas —fondos de cobertura, capital riesgo, banca en la sombra— deben prohibirse legalmente.
• Se debe iniciar la transformación de los centros de trabajo en entidades de propiedad pública bajo gestión obrera. El proceso comenzaría con las empresas que cierren, vendan o saboteen sus negocios, donde se facilitaría que los trabajadores asuman el control de las operaciones cotidianas y transformen la empresa en propiedad pública.

En su artículo desarrolla otros aspectos importantes, como la importancia de desmantelar el sabotaje judicial o los límites que existen en el comercio exterior y la disponibilidad de moneda extranjera.

3. Propiedad y planificación como demandas transitorias
Lamentablemente, las discusiones desarrolladas en la Unión Soviética, China, Yugoslavia, Cuba o Venezuela seguramente nos resultan bastante lejanas. En nuestro contexto inmediato estamos muy lejos de ahí. Al fin y al cabo, ¿qué significa un proyecto ecosocialista en una monarquía parlamentaria sur-europea del siglo XXI?

Pero es posible que los planteamientos de Benanav nos suenen más cercanos. ¿Eso quiere decir que no somos socialistas revolucionarias? En absoluto. La discusión de la Internacional Comunista en los años 20 formuló algunos modelos para los países donde el Estado capitalista ejerce una fuerte hegemonía y goza de fuerte legitimidad. Se trata principalmente de las hipótesis del gobierno obrero y del enfoque transitorio.

Por un lado, se observaba cómo la radicalización social de la clase trabajadora se traducía primero en la aspiración reformista a un gobierno democrático que respondiera a las reivindicaciones defendidas. En esas condiciones, el acceso electoral al gobierno por fuerzas socialistas puede cumplir un papel provisional y transitorio. Desde ahí, se puede iniciar un fuerte programa de reformas político-económicas que sea el punto de partida para rupturas más decisivas con el capitalismo. Sin embargo, ese gobierno deberá hacer frente a las medidas de sabotaje económico de los capitalistas, a una creciente impotencia y desilusión, y a una dinámica creciente de conflictos de clase. De ahí el enfoque transitorio: ese gobierno puede cumplir un papel de puente, pero debe desbordar la política reformista y reforzar la radicalización.

Por otro lado, las demandas transitorias buscan servir de puente entre las reivindicaciones actuales de las masas y el programa de revolución socialista. Las demandas transitorias parten de las necesidades existentes, son ampliamente compartidas pero no se pueden satisfacer sin enfrentarse a las estructuras del dominio capitalista. La participación en la lucha y experimentar ese bloqueo ayuda a una radicalización política masiva, que aumenta la apuesta ir más allá del capitalismo. El propio gobierno obrero es una consigna transitoria, pero también reivindicaciones como “Acabar con el negocio de la vivienda”.

Esto es algo que ya se nos resulta más cercano. O, como mínimo, más imaginable. En este sentido, la tarea estratégica de la organización ecosocialista consiste en identificar aquellas reivindicaciones que la clase trabajadora comprende, comparte y apoya ampliamente, y que puedan animarla a participar en la organización y la movilización de masas. O, como decía Lenin en 1917:

[…] se reconoce que la catástrofe es inminente, que está ya muy cerca, que es preciso mantener contra ella una lucha desesperada, que el pueblo debe hacer “esfuerzos heroicos” para conjurar el desastre, etc.

Todo el mundo lo dice. Todo el mundo lo reconoce. Todo el mundo lo hace constar.

Pero no se toma ninguna medida.

Combinando estas aproximaciones, expongo la idea principal que quiero traer aquí. Lejos de situar la propiedad y planificación como objetivos a largo plazo, debemos situarlas como demandas transitorias de una estrategia ecosocialista actual. Debemos utilizar las luchas por el control de la inversión y la propiedad pública como palanca para aumentar la capacidad de acción popular, la movilización, el conflicto y la organización.

3.1. Aumento de la intervención estatal en la economía
La cuestión es que estamos en un momento propicio para esta disputa política. El actual volumen de inversión pública y la creciente intervención estatal crea un espacio fértil en el que concentrar fuerzas.

Un ejemplo cercano. Durante los últimos dos años, el Gobierno de España ha aumentado en 13 500 M€ el presupuesto militar. Ese dinero es suficiente para construir bajo propiedad pública todas las instalaciones fotovoltaicas necesarias para suministrar la demanda eléctrica actual de la Comunidad de Madrid. Con un dinero que ayer no existía.

Pero, más allá de una anécdota, asistimos a una reconfiguración histórica de la relación entre Estado y capital. Las causas se ubican en una situación generalizada de estancamiento económico, concentración empresarial y dinámica rentista de las finanzas. En resumen, una situación de bajas tasas de inversión, bajo crecimiento de la productividad, bajo crecimiento salarial y bajo crecimiento económico.

Ilias Alami y Adam Dixon explican cómo desde la crisis de 2008 ha aumentado la intervención estatal en la economía en todo el mundo. Los estados y gobiernos regionales asumen cada vez más el papel de promotor, supervisor y propietario del capital. La multiplicación de híbridos de Estado-capital toma diferentes formas: fondos soberanos, empresas públicas, fondos de pensiones, sociedades públicas de gestión de activos, bancos de desarrollo, políticas industriales o restricciones al comercio. Diferencian tres objetivos: (1) productivo: hacer rentables sectores privados; (2) redistributivo: aprovechando los beneficios de las empresas públicas; y (3) de estabilización: buscando evitar la crisis económica.

Hace un par de meses el Fondo Monetario Internacional publicó un artículo en el que se hablaba de una nueva oleada de nacionalizaciones iniciada en 2020. Tras otras oleadas previas en los años 31-38, 45-52 y 70-79, en este periodo las nacionalizaciones se realizan sobre los sectores de materias primas, energía, transporte o industria siderúrgica. Este es un fenómeno global, y encontramos ejemplos en Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos. Los motivos que impulsan esta oleada de nacionalizaciones son la inestabilidad geopolítica, el aumento de precios y los shocks de oferta y la voluntad de controlar las cadenas de suministro estratégicas.

Aunque utilicen la propiedad pública, las herramientas elegidas no aseguran un mayor control democrático. Daniela Gabor describe la fórmula utilizada por los Estados para estimular la inversión privada como reducción de riesgos. Los incentivos, subvenciones o la compra pública de acciones buscan acompañar, orientar y hacer rentable el desarrollo del sector privado. Pero las decisiones fundamentales siguen bajo el dominio de los consejos de administración, quienes priorizan la extracción de beneficio y el reparto de dividendos. En resumen, son medidas incapaces de disciplinar al capital privado y que refuerzan un capitalismo rentista cada vez más dependiente de la inversión pública.

Esto hace que aumente lo incomprensible y absurdo del asunto. Si cada vez se destina más dinero público, ¿por qué no se invierte en lo realmente necesario? ¿Por qué siguen siendo las mismas empresas privadas y fondos de gestión de activos quienes controlan el futuro? Es ahí donde se hace fuerte la hipótesis de situar la propiedad y planificación como como demandas transitorias de una estrategia ecosocialista. Cuanto más directa y visible sea esa intervención pública en favor de las empresas privadas, mayor será el espacio de disputa.

3.3. Herramientas de transición ecosocialista y luchas actuales
En un sentido similar, Kai Heron, Keir Milburn y Bertie Russell defienden en su libro Radical Abundance la construcción de alianzas de propiedad público-comunitaria como herramienta de transición ecosocialista. Estas herramientas no son el resultado de una revolución ecosocialista, sino una apuesta para construir poder popular y avanzar en la transición ecológica desde ya. Consideran esa apuesta adecuada para responder estratégicamente a la coyuntura actual. En vez de reducir los riesgos al beneficio privado, exigen que la inversión y propiedad pública se utilice para crear instituciones populares con capacidad de cubrir las necesidades sociales. Hablan de combinar propiedad pública y gestión cooperativa en ámbitos como la producción de farmacéuticos, la organización de la vivienda y la agricultura agroecológica. Afirman que el protagonismo popular es clave para asegurar un control democrático del excedente y alejar las presiones competitivas que asedian a cualquier cooperativa.

Aquí merece hacer una mención a las discusiones sobre el cooperativismo. Hubo un tiempo en el que cierto humanismo cristiano presentaba al movimiento cooperativo como una tercera vía entre capitalismo y socialismo. Nada más lejos de la realidad; debemos ser conscientes de que todas las cooperativas que siguen operando bajo el capitalismo están igual de expuestas a la ley del valor y la competitividad como cualquier otra empresa. Eso genera una situación inestable con dos opciones principales:

• Mantener una posición minoritaria y de debilidad, a menudo sustentada por la autoexplotación de las trabajadoras cooperativistas, y que suele limitarse a sectores de servicios que no requieren una elevada inversión de capital.
• Ganar escala y dinamismo aceptando la carrera por la competitividad y ocupando una posición dominante en las cadenas de valor globales que se apropian de trabajo y recursos de otros países.

Algunos ejemplos con reconocimiento internacional, como el Grupo Mondragón en Euskal Herria, basa parte importante de su éxito en ese mecanismo. En otros casos, se escapa de la inestabilidad a partir de la dependencia hacia financiación institucional.

En cualquier caso, resulta sugerente pensar cuál es el rol que pueden cumplir las cooperativas como herramientas económicas del proceso de transición, en esa combinación de propiedad pública y gestión comunitaria. Hablar de empresas públicas y de descentralización no es excluyente. De hecho, una empresa pública puede ser clave para apoyar procesos de re-municipalizaciones e iniciativas cooperativas y comunitarias. Eso puede aumentar el control democrático de lo público y evitar que los pequeños proyectos locales se vean superados por la competencia, quedando limitados únicamente hacia personas con más ingresos.

Más allá de hipótesis teóricas, me gustaría traer aquí algunos ejemplos cercanos donde podemos ver cómo esto es algo tangible y realizable. Cómo es una estrategia en la que podemos concentrar fuerzas organizativas para conseguir resultados reales.

El sector de los cuidados remunerados es un ejemplo claro. En el estado español, el 74% de las residencias para personas mayores son de titularidad privada, el 12% de titularidad pública y únicamente el 14% son públicas. Esto supone un elevado coste para quienes requieren cuidados y una precarización de las trabajadoras de un sector, mayoritariamente feminizado y racializado.

El INE estima que en 2037 el 19% de la población tendrá más de 70 años. Y el Ministerio de Derechos Sociales estimó que en 2030 harán falta entre 261 y 639 mil trabajadoras adicionales en los cuidados de larga duración por situaciones de dependencia. Bajo el sistema privatizado actual, tenemos asegurado un mayor negocio privado junto a unos cuidados precarios y una mayor explotación de mujeres y migrantes. Por eso, la publificación completa del sector es una demanda en la que se pueden concentrar luchas de sindicatos, feministas y familias. La apuesta del movimiento feminista de Euskal Herria por avanzar hacia un sistema público-comunitario de cuidados marca un camino claro de organización y conflicto.

En el sector de la vivienda, encontramos victorias estratégicas en Alemania y Catalunya. Desde 2018 varias organizaciones de inquilinos de Berlín impulsan la campaña “Expropiar Deutsche Wohnen & Co.”. En 2021 se realizó un referéndum en la ciudad, y el 59% votó a favor de expropiar y socializar las grandes empresas de vivienda que suben los precios del alquiler. Esto abre la puerta a un segundo referéndum, con el que se podrían llegar a transferir más de 250.000 pisos a un modelo de propiedad y gobernanza democrático.

En Catalunya, el Sindicat de Llogateres ha conseguido a través de la huelga de alquileres que 1700 pisos de la Fundación La Caixa pasen a ser públicos y protegidos. También está explorando la vía de cooperativizar de pisos en lucha para evitar desahucios.

En el sector de la energía, la propiedad pública juega un papel clave para asegurar una transición energética democrática, justa y rápida. Este objetivo es una batalla global, con luchas sociales, políticas y sindicales en Hamburgo, Brasil, Indonesia, Nueva York o Catalunya. También para fortalecer los proyectos energéticos locales y comunitarios. El gobierno de Petro en Colombia impulsó un programa de comunidades energéticas en el que la inversión era pública pero la propiedad se quedaba en manos de la comunidad local. En 2025 se invirtieron 257 millones de euros, alcanzando a 34.000 familias de regiones campesinas y afrodescendientes, históricamente excluidas en el país. Escalar ese tipo de iniciativas y multiplicar su capacidad de inversión es urgente y estratégico. En un estudio publicado este verano, estimamos la inversión asociada a la transición energética en Euskal Herria. Partiendo de una reducción muy significativa del consumo energético, la nueva instalación de renovables requeriría una inversión anual de 637 millones de euros para proyectos bajo propiedad pública y pública-comunitaria. Esto corresponde al 2,6% del presupuesto anual de los tres territorios administrativos de Euskal Herria.

En el sector alimentario, los supermercados públicos aparecen como vía para controlar el incremento de precios de los alimentos y fortalecer una producción local y agroecológica. En 2007 el gobierno de Bolivia creó una empresa pública que actualmente cuenta con 100 supermercados en todo el país. El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hace un mes anunció la creación de una red de supermercados públicos, gestionados por el ayuntamiento, con compra directa a productores locales y con los precios un 30% más baratos. Nuestras compañeras de Adelante Andalucía ya propusieron en 2023 crear una Red Andaluza de Supermercados Públicos. La propiedad público-comunitaria puede multiplicar y fortalecer los proyectos de alimentación agroecológica en los ámbitos de la producción, transformación, distribución y comercialización. Tomar el control del futuro de este sector es crucial para afrontar la crisis ecológica y la inflación, asegurando la transformación del sector y el acceso universal a una alimentación sana.

En el sector industrial, las luchas por la reconversión ecológica de fábricas sitúan la propiedad pública en el centro de la disputa. Desde 2021, trabajadores de la fábrica de GKN de Florencia, dedicada a componentes de automoción, rechazaron el cierre impuesto por la empresa ocupando la planta y desarrollando un plan industrial para la fabricación, montaje y reciclaje de paneles fotovoltaicos y bicicletas de carga. Después de tres años de conflicto y movilización, en 2024 se logró la aprobación de una ley regional para crear un consorcio industrial que combina propiedad pública y gestión cooperativa. Aunque, lamentablemente, la Región Toscana lo está boicoteando. Durante el cierre de Mecaner, en Bizkaia, desarrollamos un plan de transición ecosocial similar y reclamamos inversión pública. Ahí el Gobierno Vasco nos respondió que solo apoyarían técnica o económicamente el plan de transición ecosocial si aparecía un inversor privado que lidere el proyecto.

Cuidados, vivienda, energía, alimentación e industria. Necesidades sociales y espacios para la disputa. Un programa ecosocialista en el que pueden coincidir partidos, sindicatos, movimientos sociales y cooperativas. Ámbitos en los que concentrar esfuerzos y avanzar desde el conflicto y el protagonismo popular. Apuestas estratégicas y tangibles para la coyuntura actual. Luchas para disputar el control de la inversión y la propiedad pública. En definitiva, tareas donde aumentar la capacidad de acción popular, la movilización, el conflicto y la organización política.a

Por eso, la demanda concreta es tan importante como contingente. Obviamente, no nos contentamos con lograr un supermercado público, un bloque de vivienda cooperativo, una empresa pública de energía y acabar con la privatización de las residencias de mayores. El objetivo es la toma del poder político e iniciar un proceso de transición al ecosocialismo. Y justamente estas luchas actuales son las que nos permiten avanzar en la urgente transformación ecosocial, sin dejar nada pospuesto a un futuro indefinido, al mismo tiempo que alimentamos la acumulación de fuerzas revolucionarias.

Cuando llegue el momento, discutiremos en profundidad sobre modelos específicos de planificación económica, sobre cálculo socialista, sobre autogestión y sobre democracia comunal. Mientras tanto, lo que nos toca es responder a la coyuntura fortaleciendo la organización política y disputando las relaciones de propiedad de aquellos sectores en los que nos jugamos nuestra supervivencia. Mostrar que eso es posible, contagiar entusiasmo, alimentar la indignación y concentrar fuerzas organizativas. Ahí tenemos un camino para construir el programa ecosocialista en este segundo cuarto del siglo XXI.

///

Este artículo es el guión de la charla realizada el 28 de agosto de 2026 en la XVI Universidad de Verano Anticapitalista en La Granja (Segovia).

Algunos fragmentos han sido previamente publicados en otros artículos como “Hacer valer la propiedad pública”, del 14 de diciembre de 2025 en Hordago-El Salto.

La reflexión sobre estos temas se enriqueció gracias al grupo de lectura y discusión Bitartean, realizado en Bilbao entre febrero y abril de 2025.