Las corrientes que defienden la autonomía de los pueblos originarios, pero vinculadas a los Estados “plurinacionales” con la esperanza de que integren esa demanda en su repertorio de “derechos”, están siendo seriamente cuestionadas ya que no cumplen las promesas que lanzaron. Incluso partidarios de esa tendencia autonómica estatista, empiezan a reconocer los límites de la opción que han defendido.
El último número de la revista digital Debates Indígenas No. 78, del mes de octubre, aparece dedicada a las autonomías indígenas. Uno de los artículos firmado por Gam Shimray, experto de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, revisa los casos de Bolivia y Ecuador se pregunta “¿quién constituye a quién?”, o sea quién tiene el poder de reconocer y hacer efectivas las autonomías de los pueblos*. La revista es publicada por la ONG danesa Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (Igwia por sus siglas en inglés).
En el caso de Bolivia, la Constitución de 2009 que fundó el Estado Plurinacional reconoció la existencia de 35 lenguas indígenas, la jurisdicción y la autonomía “como expresión de una autoridad preexistente”. Sin embargo, reconoce que esas autonomías digamos estadocéntricas, “quedaron sujetas a procedimientos legales (y extensos) y, en términos generales, dependen de transferencias estatales y tienen escasa capacidad sobre su base económica”. Asegura que el reconocimiento constitucional está condicionado “por instituciones que los pueblos no controlan”.
En Ecuador, la Constitución de 2008 estableció la plurinacionalidad y la interculturalidad, y hasta definió circunscripciones territoriales indígenas que nunca llegaron a constituirse. La conclusión de Debates Indígenas es que en ambos casos se tropezó con la misma dificultad: “Si la autoridad indígena depende de la legislación nacional, de la interpretación judicial ordinaria, de las transferencias fiscales y de la voluntad política del gobierno, la autonomía conserva su forma jurídica, pero pierde capacidad efectiva”.
Más interesante aún es que el mismo artículo elogia al movimiento zapatista, porque muestra que “la autonomía indígena puede sostenerse durante décadas sin reconocimiento estatal ni transferencias fiscales, cuando existe, de hecho, el control territorial y la capacidad organizativa”. Defiende, en particular, el control de la base material por los pueblos originarios (que no puede limitarse a la propiedad de la tierra) y la creación de instituciones propias, no las del Estado, para la toma de decisiones.
Estos análisis me parecen muy importante, por varias razones.
La primera es que enseña que los dos Estados Plurinacionales no han sido capaces de cumplir con sus promesas autonomistas hacia los pueblos, pero además quedan en evidencia dos asuntos más. Uno, que no se trata sólo de falta de voluntad, sino que el camino institucional tiene más limitaciones que posibilidades. Otro, es que muestra la crisis de la corriente plurinacional que, en su momento, se promovió como más interesante que las autonomías de abajo como la zapatista, mapuche, garífuna y otras similares.
La segunda, que no se menciona, es que la plurinacionalidad busca lo mismo que los programas sociales: desmontar la organización autónoma de los pueblos. Por lo tanto, es parte de las políticas contrainsurgentes de los organismos internacionales (por algo Naciones Unidas defiende ese camino), ambición que también comparten los Estados y el progresismo que dice defender a los pueblos originarios. Legislar desde el Estado “a favor” de los pueblos, es tanto como someterlos a su control.
La tercera es que resulta muy importante que una ONG como Igwia, que asesora y colabora con los gobiernos territoriales autónomos de la Amazonía peruana, reconozca los límites de la vía estatal plurinacional. En momentos en que se están conformando estados búnker, nada se puede esperar del camino institucional, lo cual justifica estos debates y reflexiones. En la misma edición, Roberto Espinosa plantea cuatro desafíos que pueden acabar con las autonomías: la educación estatal, los programas asistenciales del Estado, la presencia de partidos políticos, y el crimen organizado, la minería y el extractivismo en general.
Por último, los vientos corren a favor de las autonomías construidas desde abajo, por fuera de los marcos estatales y sin su permiso. Ante la escalada global de la guerra contra los pueblos y la inacción estatal ante al caos climático, resulta evidente que sólo la organización y la firmeza pueden garantizar la continuidad de las autonomías. Poco a poco, se va comprendiendo que los Estados han entrado en un proceso de descomposición estructural, que va más allá de los gobiernos en turno. Desprenderse de la vieja cultura política, estadocéntrica y partidista, es ineludible para sobrevivir como pueblos.
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