El pasado 22 de abril, en el municipio de El Tarra, pleno corazón del Catatumbo, más de 5.000 personas se reunieron en Asamblea Regional por la Paz del Catatumbo para buscar salidas a la crisis humanitaria, social y económica que vive la región desde hace más de un mes, crisis agudizada con el paro armado declarado por el Ejército Popular de Liberación (Epl) el pasado 15 de abril.
Desde comienzo del 2018 las comunidades campesinas e indígenas del Catatumbo alertan sobre la situación de orden público que vive la región. La salida del Frente 33 de las Farc en enero de 2017, la poca capacidad institucional para copar los espacios dejados por esta insurgencia y la presencia de economías ilegales en la zona, propiciaron la reconfiguración del control territorial, esta vez en disputa por parte de otros grupos armados.
La crisis ganó tamaño en el momento en que el Frente Nororiental de Guerra del Eln inició una ofensiva armada contra el Epl, a raíz del incumplimiento de los acuerdos territoriales y económicos establecidos años atrás entre estos dos grupos armados. Los combates y panfletos emitidos, tanto por uno como por otro, dan cuenta de la agudización del conflicto armado en esta parte del país.
La situación se agravó desde el pasado 15 de abril cuando el Epl declaró un paro armado en toda esta región, que a la fecha deja como saldo 6 civiles muertos, un número indeterminado de población desplazada, miles de niños y niñas sin clases, además de millonarias pérdidas económicas, tanto en la provincia de Ocaña como en todo el departamento de Norte de Santander.
En medio de la zozobra propiciada por esta medida de fuerza, las comunidades campesinas establecieron refugios humanitarios en más de 5 cabeceras municipales y corregimientos, resguardándose del intercambio de balas pero exponiéndose a una situación de crisis alimentaria y de salud, ya que las vías de acceso para la comercialización de víveres están bloqueadas y los cultivos de pan coger tuvieron que ser abandonados, pues los combates se libran dentro de las veredas, y el mismo Epl decretó en un comunicado público que “[…] se refugien en las cabeceras municipales, ya que no queremos que la población civil esté en medio del fuego cruzado. El no hacer caso entendemos de su participación, complicidad y colaboración con el ELN”.
A lo anotado se suma la indignante pero poco sorprendente respuesta del gobierno nacional, que la semana pasada declaró en público, a través del ministro de defensa Luis Carlos Villegas, que el Catatumbo estaba en normalidad, negando así una situación que parece salirse de las manos de la institucionalidad, pues a pesar de que hay actualmente más de 10.000 efectivos del Ejército y la policía en la región, el control sigue estando en manos de otros actores armados.
Todo esto llevó a que el Consejo Departamental de Paz sesionara el pasado 20 de abril con la participación de la Gobernación de Norte de Santander, las diferentes organizaciones sociales con presencia en la región, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría regional, la Iglesia católica, la delegación de paz del Eln, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ejército y la Policía. En este espacio se recriminó de manera fuerte al Ministerio de Defensa y al gobierno nacional por las declaraciones de Villegas, y se evaluaron diferentes estrategias para dar una solución a la crisis que se presenta en el Catatumbo.
Pero, es evidente, la situación de la región no se resuelve en la ciudad. Por ello, el 21 de abril se llevaron a cabo diferentes manifestaciones y movilizaciones en los municipios del Catatumbo, a través de las cuales las comunidades manifestaron su rechazo a las confrontaciones y exigieron una salida dialogada a este conflicto.
Como resultado de esto, y de un gesto histórico de unidad entre las organizaciones sociales de la región, el domingo 22 de abril se llevó a cabo la Asamblea Regional por la Paz del Catatumbo, en la que más de 5.000 campesinos, campesinas e indígenas exigencias al gobierno nacional, al Epl y al Eln:
– el fin inmediato de las confrontaciones, y la búsqueda de salidas políticas y negociadas a las mismas,
– respeto a las decisiones autónomas que las comunidades han tomado en sus territorios,
– que se detenga inmediatamente el minado de los territorios,
– que se respeten los refugios humanitarios y la vida de todos los habitantes de la región.
– Que se cumplan los acuerdos de paz,
– que se reconozca la grave situación humanitaria que actualmente vive el Catatumbo,
– que se conforme una Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo.
– Plazo hasta el 24 de abril para que el Epl levante el paro armado.
Como resultado de esto, el 23 de abril en la ciudad de Ocaña se estableció la Mesa permanente para atender la crisis social y humanitaria del Catatumbo, en donde las instituciones y organizaciones sociales avanzaron en la construcción de mecanismos de acompañamiento a los refugios humanitarios establecidos por la comunidad, además de estrategias que aporten a la solución de esta crisis. Sin embargo, desconociendo la exigencia de las comunidades de detener de forma inmediata los combates, ese mismo día el Ministerio de Defensa envió más efectivos del Ejército a la zona.
Por su parte, el Epl emitió un comunicado en el que da 60 horas de plazo –contadas a partir del 24 de abril–, para que se abran las vías y se logre reabastecer el comercio de la región, “a las 6:00 PM del día jueves 26-04-2018 se reanuda el cierre del comercio y demás actividades cotidianas”. Declaran además que levantarán el paro cuando el Eln deje de hostigar sus tropas.
Esta situación, que evidentemente se sale de las manos de las autoridades locales y el gobierno nacional, demuestra que la estrategia militar es un fracaso rotundo. En el Catatumbo se han hecho múltiples paros y movilizaciones sociales a través de los cuales las comunidades han exigido a gritos inversión social y dejen de estigmatizar la región, pese a lo cual la cantidad de soldados y policías supera los proyectos de inversión que se han desarrollado; y esto no solo es grave por las consecuencias que trae la militarización de la vida de las comunidades, también lo es porque a pesar de que se instalen bases y puestos de control en todo el territorio, las economías ilegales no han sido afectadas ni disminuidas, y parecen ser la causa y/o el botín de una guerra que día a día se acrecienta más.
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