Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano, condenado a 12 años de prisión domiciliaria, multa equivalente a 2.420,5 S.M.L.V. lo que es igual a 3.444.870.000 de pesos (tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones ochocientos setenta mil pesos) e “[…] inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal, de 100 meses y 20 días, como determinador penalmente responsable del delito de Soborno en Actuación Penal en concurso homogéneo en concurso heterogéneo con Fraude Procesal en concurso homogéneo”, como reza la sentencia.
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Tal como se había anunciado el pasado 28 de julio en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, encargada de ese despacho, dio a conocer el viernes 1 de agosto en horas de la tarde la sentencia que deberá pagar el expresidente colombiano condenado por los delitos de “Soborno en Actuación Penal en concurso homogéneo en concurso heterogéneo con Fraude Procesal en concurso homogéneo”.
Tanto por el carácter del condenado, como por la cantidad de años y el dinero por pagar, lo decidido por la jueza desató, de inmediato, una intensa polémica que recrea los amores y odios que desata el solo nombre del hoy condenado.
Según los entendidos, lo que ahora prosigue es la apelación por parte del condenado y su equipo jurídico, pasando el proceso al Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal, un recurso para el cual la parte interesada cuenta con siete días hábiles para presentar sus argumentos (y no cinco como lo establece la norma), toda vez que la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, ante la solicitud de la Procuraduría de conceder dos días más al abogado Jaime Granados para presentar el recurso de apelación, precisó: “Vamos a ampliar el término para que el señor defensor pueda sustentar en dos días más”. Vale resaltar que el abogado defensor solicitó cinco días de ampliación como tiempo necesario para radicar el recurso de apelación, a lo cual se opusieron la Fiscalía y los apoderados de las víctimas. Una tercera instancia es previsible, toda vez que alguna de las partes apelará el veredicto que allí se emita, pasando el proceso a la Corte Suprema de Justicia.
El recorrido judicial del expresidente no termina con la condena que acaba de proferir la jueza Heredia. Si bien ya fue condenado por Soborno en Actuación Penal y Fraude Procesal, existen otras investigaciones y procesos en curso por los que está señalado, los cuales muchos consideran revisten una mayor gravedad por lo cual podría ser condenado a penas más duras.
Caso de las masacres de San Roque, El Aro, La Granja, y el asesinato del abogado Jesús María Valle: Una investigación en curso en la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró como delitos de lesa humanidad las masacres perpetradas por paramilitares en las localidades de El Aro, San Roque y La Granja, actos que son parte de una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. Lo mismo ocurre con el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. Todos estos hechos quedaron agrupados en un solo proceso, el cual tiene reserva sumarial en tanto es una investigación preliminar.
La masacre de San Roque, acaecida en 1989, dejó un saldo de 7 personas muertas. La matanza de La Granja en 1996, acarreó cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente ocurrió la de El Aro, con 15 víctimas mortales. Por estos hechos han sido condenados los exjefes paramilitares Carlos Castaño (ya muerto), Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy y Francisco Villalba.Mientras que dos uniformados, el teniente (r) Everardo Bolaños Galindo y el cabo (r) Germán Antonio Alzate Cardona, fueron sancionados por permitir la masacre.
En cuanto a Jesús María Valle, un abogado defensor de derechos humanos en una de las etapas más duras de violencia en el conflicto armado colombiano y quien presidió el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, cayó bajo el impacto de las balas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 27 de febrero de 1998, tras denunciar la inacción de las autoridades para evitar las masacres de La Granja y El Aro.
En un país caracterizado por altos niveles de impunidad, es una rareza ver a un expresidente sentado en el banquillo de los acusados, y mucho más verlo condenado. Las consecuencias derivadas de este suceso impactarán la coyuntura inmediata que atraviesa el país, así como las jornadas electorales programadas para el 2026. Algo que trataremos en la edición impresa del mensuario desdeabajo, que circulará el 15 de agosto.
El fallo emitido el 28 de julio, llevó al equipo desdeabajo un día después a entrevistar a Reinaldo Villalba Vargas, abogado defensor del Senador Iván Cepeda, contraparte en este caso, y preguntarle, entre otros aspectos, por lo que vendría después del fallo y la sentencia. Mesurado, sin alardes de ninguna especie, Villalba, integrante del Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” –Cajar– y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, respondió, una a una, nuestras preguntas:
DA: ¿Qué encontró de valioso en el fallo emitido por la jueza del caso que enfrentó a Iván Cepeda y a Uribe Vélez?
RVV: En primer lugar, la introducción en su providencia es supremamente interesante sobre la importancia de la justicia, la democracia como también superar la impunidad. Esa pieza me pareció muy especial y no se encuentra cotidianamente en las decisiones judiciales. Es una alegoría a la necesidad de justicia para fortalecer la democracia. Luego entró en materia con los hechos jurídicamente relevantes. Eran siete y de esos condenó en cinco casos por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Fue una decisión absolutamente apegada a la ley, jurídica, muy bien fundamentada desde los hechos mismos y acompañada de doctrina y jurisprudencia. Me parece una decisión contundente y esperamos que sea confirmada por la segunda instancia, que en este caso sería la sala del Tribunal Superior de Bogotá.
DA: Bueno y el fallo, ha dicho usted doctor Reinaldo, aporta y tiende luz sobre el fenómeno paramilitar. Por tanto, judicialmente, ¿qué viene en este particular?
RVV: En la decisión de la señora jueza fue absolutamente claro que el tema relacionado con el paramilitarismo en sí mismo no era materia de este proceso, como en efecto tiene razón. Entre otras cosas porque es otra la autoridad judicial o investigativa que tiene el conocimiento de esa situación. Así que lo que viene ahora sencillamente es la apelación que ya anunció la defensa, pero sobre los delitos por los cuales fue condenado Álvaro Uribe Vélez y sobre los hechos precisos que constituyeron esos delitos. Y, en ese caso, no da luz o aporta sobre el fenómeno paramilitar.
DA: ¿Pero este reciente fallo sí aporta a la superación de la sensación de impunidad de varias víctimas?
RVV: Este tipo de decisiones hacia personas que han sido intocables por la justicia, amparadas históricamente por la impunidad, viene bien a la sociedad colombiana y especialmente a las víctimas de las políticas especialmente cuando esta persona fue gobernadora o presidente de la República. Por ejemplo, la política de seguridad democrática dejó miles de víctimas, solamente para hablar, por ejemplo, en el tema de los falsos positivos. Esta decisión [el fallo] interesa mucho a las víctimas que podrían sentirse parcialmente reparadas, al sentir que quizás en sus propios casos se va a alcanzar justicia frente a los máximos responsables. Digo parcialmente reparadas porque sus casos continúan en la total impunidad, pero saber que la persona que es señalada de esas responsabilidades, pues ya recibió ya una sanción penal, puede animarles para continuar su lucha por la verdad y por la justicia.
DA: Tras el fallo contra Uribe, ¿qué sigue?
RVV: El viernes 1 de agosto se conocerá lo que ya es la sentencia en sí misma. Una sentencia que ya la defensa dijo públicamente que iba a apelar. El caso irá a la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá que tendrá que emitir un segundo fallo. Y después de ese fallo hay la oportunidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso que se llama casación. Y esa es la última escala. Si el proceso llega a esa instancia, como seguramente llegará, el término se alarga por 5 años. Por eso no hay lugar a la prescripción, que es una de las preguntas que más frecuentemente se está haciendo la gente hoy día. Para que no haya prescripción se requiere que antes de mediados de octubre aproximadamente se produzcan las dos decisiones, las dos sentencias: la de la juez ahora y luego la del tribunal. El tribunal va a tener suficiente espacio de tiempo para producir ese segundo fallo. Estoy absolutamente convencido de que la prescripción ya no es un riesgo.
DA: Y respecto a las otras causas judiciales que tiene el hoy condenado, ¿qué viene?
RVV: Públicamente se conoce que hay un señalamiento por presunta responsabilidad del condenado Álvaro Uribe Vélez en relación a masacres cometidas por el Bloque Metro y particularmente en lo que tiene que ver con la masacre de San Roque que está ligada con la masacre de El Aro, con la masacre de La Granja y con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Estos delitos ya fueron calificados o considerados por la Corte Suprema de Justicia como crímenes de lesa humanidad. Ese proceso lo tiene también la Fiscalía General de la Nación y precisamente la condena que acaba de recibir Álvaro Uribe Vélez puede ser un mensaje positivo hacia los administradores de justicia en el sentido de que hacia los máximos responsables también hay que dirigir la mirada y sobre todo romper la impunidad que los ha favorecido históricamente.
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