La profesora Sara Fernández, docente de la Universidad de Antioquia y secretaria de la Asociación de Profesores (Asoproudea), fue atacada con arma blanca a las 2 de la mañana del día 4 de marzo en su residencia, apuñelamiento que afectó uno de sus pulmones. La Asociación a la que pertenece, junto a otras organizaciones del claustro, fueron amenazadas dos días antes (2 de marzo) a través de un panfleto por las Autodefensas Gaitanistas, estructura paramilitar que en su página oficial negó la autoría del mismo.
Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el sospechoso del ataque fue capturado, e identificado como un “niño de 13 años habitante de calle, entra por su balcón, a hurtar y la hiere”. Después actualizó la información comentando que Medicina Legal identificó al sospechoso y confirmó que no era menor edad y fue llevado a la URI para ser interrogado.
En declaraciones anteriores, y ante la situación que vive la Universidad de Antioquia, y que requieren de espacios de diálogo permanente con todos los claustros que integran la misma, el Alcalde optó por la confrontación, atizando la inestabilidad que sobrelleva la Universidad y estimulando –sin que sea su propósito pero sí su resultado– la actuación de estructuras paramilitares que desde años atrás han pretendido el ataque de toda voz crítica en el centro de estudios. Como es obvio, en su labor, docentes y estudiantes tienen la obligación de opinar y actuar en pro del buen funcionamiento de su Universidad, así como del país todo, y ello debe hacerse en espacios plurales, sin señalamientos ni, mucho menos, uso de la violencia.
Winston Gallego, miembro de la Corporación Jurídica Libertad, una organización no gubernamental de Derechos Humanos y representante de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en entrevista con El Espectador dijo “El ataque nos preocupa y más aún que la Alcaldía siga manteniendo la estigmatización de la comunidad estudiantil. Creemos que es urgente y necesario que el alcalde haga un pronunciamiento de respaldo a los líderes sociales y a la comunidad de universitarios donde reivindique su labor”
A la actitud del Alcalde de la ciudad, se suma la reciente declaración de la Ministra del Interior, Alicia Arango, quien expresó: “Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD. HH”.
¿Quién está detrás de estos ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos y líderes sociales? El Estado lo niega, pero todos los arroyos se dirigen hacia el río madre.
Felipe Martínez en el artículo –“Ríos de sangre inundan el país”– publicado en desdeabajo el pasado 6 de junio, identificó lo siguiente:
Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) Ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) Fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad)”.
El ataque contra la docente Sara Fernández tiene todos los síntomas de un atentado contra su vida, disfrazado de intento de robo. Como en los demás casos de ataques contra líderes sociales y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que la impunidad no prime.
Lea el artículo de Felipe Martínez en extenso aquí:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36976-rios-de-sangre-inundan-el-pais.html
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