Con 74 contagiados por covid-19, según Minjusticia, y 89 según la alcaldía de Villavicencio, y dos muertos por igual motivo, la cárcel de Villavicencio se convierte en un potencial foco de muerte, multiplicado por un hacinamiento del 98,7 por ciento: el penal fue construido para encerrar 899 personas y al momento concentra 1.796.
A un mes del aterrador y cruel asesinato de 22 presos en la cárcel La Modelo en Bogotá y más de 80 heridos, por reclamar a través de protesta directa por sus derechos a la salud y la vida, tiempo que también suma la declaración de emergencia carcelaria por parte de la Minjusticia, y a 10 días de la expedición del decreto 546 con el cual el Gobierno dice proteger la salud y vida de las miles de personas presas, nada de lo pretendido se ha cumplido, la crisis en que vive la cárcel de Villavicencio así lo comprueba, como la tensión que reina al interior de los centros de reclusión donde quienes los padecen ven con alarma como el virus empieza a regarse por esos sitios de venganza y muerte.
Para no llegar a esta situación, decenas de plataformas defensoras de derechos humanos y medios de comunicación alternativos advirtieron que el deshacinamiento tenía que ser una medida inmediata. Pero por falta de voluntad política del gobierno central, desde su cabeza pasando por la Ministra de Justicia, así como por la dirección del Inpec, la situación al interior de los penales pasa de castaño a oscuro. La evidencia es la cárcel de Villavicencio donde a tomado cuerpo una epidemia de covid-19, con datos más que alarmantes: según la Minjusticia, 74 contagiados –20 guardias entre ellos–, cifra que la alcaldía local incrementa incluso hasta 89, además de dos muertos declarados por igual causa. El castigo no puede significar la muerte, ni la zozobra diaria por “qué será de mi vida”; angustia extendida a los familiares de las personas presas. Ante una clara violación de los derechos humanos de todas estas personas, el gobierno nacional no puede negarse a cerrar este centro de muerte por temor a que los “peligrosos delincuentes” allí recluidos pasen a otros sitios para continuar cumpliendo con sus penas, pues acá de lo que se trata es de garantizar la vida de cientos y miles de seres humanos.
Un riesgo de infección y muerte que seguirá en creciente, ya que como informó el medio independiente “El cuarto mosquetero”: “24 de (los infectados se) encargaban de hacer la comida para todos los internos, por lo que se teme que el número de contagiados aumente drásticamente”. Realidad multiplicada por la inacción gubernamental al no aplicar pruebas a todos los internos allí hacinados. Penal que alberga un 98,7 por ciento de hacinamiento: fue edificado para encerrar 899 presos y actualmente amontona 1.786, es decir carga con una sobrepoblación de 887 personas, según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
La negligencia del Estado manejando la pandemia del coronavirus llevó a que decenas de docentes e investigadores en los ámbitos del Derecho Penal, la Criminología y la política criminal, tanto de instituciones internacionales como de diversas instituciones de educación superior del país, de estudiosos independientes o de profesionales vinculados con el servicio de la Justicia, pero, sobretodo, como seres humanos, se manifestaran en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el coronavirus, declarando la actuación del Estado como propiciatoria de un “genocidio carcelario”.
A pesar de que familiares y presos confinados en distintas cárceles hayan realizado huelgas de hambre y protestas pacíficas, como la llevada a cabo el pasado 6 de abril, con cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre en un total de 24 cárceles, el gobierno ha hecho y sigue haciendo caso omiso ante las demandas de los condenados y sindicados. Protestas que prosiguen: el 22 de abril, en la cárcel La Picota de Bogotá, familiares de internos se reunieron para acompañar la protesta que llevan a cabo los internos desde el 20 de abril, exigiendo una mesa de interlocución con presidencia y excarcelación humanitaria. Igual sucedió en la cárcel de la ciudad de Cúcuta.
Ante la prepotencia oficial, la sociedad civil se ha organizado en pro de los derechos fundamentales de los presos, elaborando formatos de tutelas para que todas las personas condenadas y sindicadas interpongan ante los jueves la solicitud de detención domiciliaria transitoria, al menos mientras dure la pandemia.
Mientras protestas, alegatos jurídicos, derechos de tutela y otros recursos y medios de resistencia prosiguen su curso, la solución política y humanitaria que demanda esta situación es el cierre inmediato de la cárcel de Villavicencio, y el traslado de los allí recluidos a lugares donde puedan vivir una cuarentena en condiciones dignas. Trasladarlos a otros penales es regar la epidemia por todo el país, hasta convertirse en pandemia.
Deshacinar, entre tanto, también es obligatorio, y debe actuarse por todo el país, para lo cual los sindicados, que son personas acusadas de algún delito pero sin haber sido vencidas en juicio, deben salir de estos centros del horror y ser trasladados a sus sitios de vivienda, perdiendo el derecho a la movilidad pero nada más.
La vida, en dignidad, es el principal derecho de todo ser humano, y es evidente que el Gobierno de los ricos no lo garantiza.
Obtenga el formato de todas estás tutelas y el manifiesto anotado en el artículo aquí:
Acción de tutela en favor de todas las personas condenadas
Rumbo a un genocidio carcelario
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39422-rumbo-a-un-genocidio-carcelario.html
Acción de tutela a favor de todas las personas sindicadas
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