Vienen por todo. El pasado 11 de octubre la Corte Constitucional falló a favor de la multinacional Mansarovar Energy (1), que tuvo que detener su propuesta de explotación petrolífera en el departamento del Meta en el año 2016, a causa de una consulta popular impulsada por los habitantes del municipio de Cumaral, y que decidió con un rotundo resultado la no realización del proyecto de hidrocarburos –7.475 por el No, y 183 por el Sí–.
Ante esta decisión ciudadana, la multinacional interpuso una tutela al considerar que la consulta desconocía el contrato firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tras el visto bueno para que Mansorvar Energy desarrollara su proyecto de exploración y explotación en el Bloque Llanos 69, el cual ocupa la tercera parte del municipio de Cumaral.
Encrucijada. El fallo de la Corte Constitucional pone en jaque todas las consultas populares realizadas en el país sobre este particular, pues sustenta que las mismas ya no servirán como mecanismo para avalar o vetar proyectos mineros y de hidrocarburos en los territorios. Según la Corte, estas actividades hacen parte de los intereses de la nación, a los que las regiones no pueden interponer el interés particular o municipal.
Este fallo, para sorpresa de propios y ajenos, puede verse como una combinación de todas las formas de lucha desplegadas desde el poder, como eco de la protección de la economía mundo capitalista. Para unos (los capitalistas criollos) y para otros (las multinacionales), ya no basta con militarizar los territorios donde se encuentran los recursos naturales, ni el asesinato de líderes y lideresas sociales es garantía para imponer sus intereses, ahora las herramientas jurídicas también sirven como estrategia para afectar a los sectores populares en cada uno de los territorios donde invierten, en este caso Colombia. Ante este panorama, ¿Cuáles son los retos que esta realidad abre para las comunidades y los movimientos sociales en nuestro país?
Un problema estructural, una oposición regional ¿planetaria?
La explotación minera es una actividad inherente a la economía mundo capitalista, pues si se analiza con detenimiento en nuestra región, luego de la invasión por parte del imperio español de nuestro continente –1492–, inició una práctica sin precedentes: la explotación sin descanso de minas de oro y plata (un ejemplo claro de lo cual es la mina de plata en Potosí –Bolivia– de la que se extrajeron aproximadamente ocho millones de kilos de tal mineral, arrojando millones de indígenas y mineros muertos en los años que los colonialistas la explotaron) (2)., En el extenso territorio invadido, tomaron lugar, asimismo, los monocultivos de caña de azúcar, las plantaciones de algodón, tabaco, cacao y otros sembrados.
Con el transitar de los años –siglos–, los avances en ciencia y tecnología ayudaron a la tecnificación de estas prácticas, llegando al punto de explotar otros recursos naturales como petróleo, gas, agua, carbón, coltán, níquel, y otros más. Todos y cada uno de ellos, materiales que sirven para el funcionamiento de la economía y cultura capitalista.
En la actualidad las explotaciones mineras afectan a numerosas poblaciones a lo largo y ancho del continente, generalmente regiones rurales que muchas veces cuentan con una mínima presencia del Estado, desde donde ven estos territorios como fuentes para alimentar el crecimiento económico de cada país. Podríamos decir que sin Colonia el pensamiento y práctica que la alimentó aún se conserva entre nosotros, como pensamiento guía de las clases dominantes y de las multinacionales. Explotación que encuentra resistencias por doquier:
En Perú un pueblo de 25 mil habitantes, se ha organizado en la Plataforma Interistitucional Celedina, para luchar contra el proyecto minero Conga, de la minera Yanacocha, que pretende extraer un estimado de 5.000 millones de dólares en oro que se encuentra debajo de las lagunas, es decir, que deben secarlas para la extracción. Para lograr su cometido la minera se alió con el Estado y a partir de entonces han militarizado la zona; parte de la resistencia se concreta a través de las rondas campesinas, ahora criminalizadas; los enfrentamientos hasta ahora presentados han dejado cinco campesinos muertos y más de 200 lesionados (3).
De la misma manera resaltan ejemplos en Ecuador, donde el Estado abre espacio para un proyecto minero en la Cordillera del Cóndor, con la pretensión de explotar cobre y otros metales, explotación que afecta con desplazamiento al pueblo Shuar el que lucha por permanecer en sus territorios. En Nicaragua el Movimiento Comunal Santa Cruz de la india, lucha contra la empresa Cóndor Gold, que intenta desarrollar un proyecto de explotación de oro en la comarca de Santa Cruz de la India, poblada por alrededor de 5.000 habitantes. En Bolivia está la lucha contra el Tipnis –área natural protegida, declarada parque natural en 1965–, área que pretenden atravesar con la carretera “Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”, afectando así, los territorios de los pueblos Yuracaré, Moxeño Trinitario y Tsimane. A este proyecto se le oponen grupos de ciudadanos mediante la acción popular, además de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños y el Movimiento por la Dignidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, entre otros. En Venezuela se encuentra el proyecto del Arco Minero Guayana desde el 2011, en el que se pretende la explotación de minerales que cubre la zona norte del estado Bolívar, al sur del río Orinoco, en el 2016 fue aprobada la extracción de minerales en una superficie que equivale al 12,2 por ciento del territorio venezolano, colocando en riesgo la biodiversidad de la Amazonía venezolana, así como el derecho a vida en dignidad de 54.687 personas indígenas, según el último censo del 2011.
En otra geografía, en Alemania, la campaña “Ende Gelände” lucha contra la expansión minera en la Renania –la mayor productora europea de carbón de lignito– (4).
Consultas populares en Colombia
En nuestro país son varias las comunidades que se oponen a los proyectos de explotación minero-energéticos. El mecanismo de consulta popular ha servido fundamentalmente para detener dichos proyectos en diferentes regiones de Colombia. La consulta popular ha servido para ello en tanto es un mecanismo de participación ciudadana en la que las autoridades solicitan a la ciudadanía la opinión “sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas” (5).
Mediante este mecanismo nueve poblaciones del país le han dicho NO a diferentes proyectos de explotación de recursos naturales, lo que ha llevado a la anulación o detención de dichos proyectos. Fue en el año 2013 cuando se realizó la primera de estas consultas, puntualmente en Piedras, municipio del norte de Tolima, donde la multinacional Anglo Gold Ashanti pretendía realizar operaciones de extracción de recursos naturales; allí el 28 de julio, se obtuvo un total de 2.971 votos para el No y apenas 24 votos para el Sí. En este mismo año, siguiendo el ejemplo de Piedras, se efectuó la consulta popular minera en el departamento de Casanare, municipio Tauramena, en donde se pretendía realizar exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, a lo que 4.426 personas votaron por el No y 151 por el Sí.
Después de cuatro años –2017–, se reactivaron las consultas populares mineras, iniciando con el municipio de Cabrera –Cundinamarca–, el cual hace parte del importante cordón del Sumapaz; en este territorio se pretendían construir 14 micro-centrales hidroeléctricas sobre el rio del mismo nombre –proyecto El Paso– y exploraciones de dos bloques petroleros. El 26 de febrero de 2017 el No se impuso con 1.465 votos en contra de 23 por el Sí. En este mismo año, el 26 de marzo, el turno fue para la consulta popular minera en Cajamarca, Tolima, en contra del proyecto de explotación de la mina de oro “La Colosa” de la Anglo Gold Ashanti, ocasión en la cual la victoria del No fue determinante pues 6.165 votaron por el No y tan solo 76 personas sufragaron por el Sí.
El 4 de junio de 2017, el turno fue para el municipio de Cumaral –Meta–, donde la multinacional Mansarovar Energy pretendía realizar explotación de hidrocarburos. En esta consulta popular los resultados fueron abrumadores: 7.475 votos para el No, y solo 183 por el Sí.
En Pijao –Quindío–, el 9 de julio de 2017 los proyectos mineros de metales fueron detenidos tras los resultados de la consulta que arrojaron 2.613 votos por el No y 26 por el Sí. De manera simultánea, el mismo día en Cundinamarca, en el municipio de Arbeláez –explotado por hidrocarburos desde el 2010 por la empresa Australian Drilling Associates–, el No ganó con 4.312 votos, los que estaban por el Sí solo recogieron 38 sufragios.
Para el 17 de septiembre de 2017 se realizó la primera consulta popular en el departamento de Santander, en el municipio de Jesús María, donde los ciudadanos rechazaron la exploración y explotación minera y petrolífera con 1.677 votos por el No y 22 por el Sí. Finalmente, el municipio de Sucre –Santander–, le dijo No a las actividades mineras y petroleras con 3.016 votos, mientras que solo 33 personas votaron por el Sí (6).
Aunque hasta ahora solo se han realizado nueve consultas populares, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), aún están proyectadas 158 iniciativas y acuerdos municipales en 135 municipios del país (7). Iniciativas todas que se ven afectadas por el fallo de la Corte Constitucional. Vale la pena decir que para el 21 de octubre de 2018 están previstas dos consultas populares en Cundinamarca: San Bernardo y Fusagasugá, donde sus pobladores ejercerán el derecho al voto pese a lo decidido por la Corte.
El fallo de la Corte Constitucional
Un fallo contra la misma democracia liberal. Aunque en sí, el fallo de la Corte aún no ha sido publicado, el comunicado de prensa (8) deja claro el retroceso existente frente a la participación ciudadana y la voluntad de las comunidades y pueblos frente a sus territorios. Según lo fallado por la Corte, las consultas populares ya no pueden vetar proyectos extractivos, justificando que las decisiones sobre el uso del subsuelo son del resorte del Estado central, autodenominándose propietario del mismo. De aquí en adelante el Estado es quien decide qué se hace con los recursos naturales, pues lo local no puede prevalecer sobre lo nacional, lo que quiere decir en otras palabras que los intereses económicos están por encima de la calidad de vida, tranquilidad y entorno a que aspire cada comunidad. Hay que aclarar que el fallo en cuestión no afecta el resultado de las consultas realizadas con anterioridad, a excepción de la consulta de Cumaral, Meta.
El mismo fallo exhortó al Congreso para que en el menor tiempo defina mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio. Es necesario mencionar que la ponente de este fallo fue la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, de quien se dice integra el ala más conservador de la Corte, y quien fue ternada por Andrés Pastrana en su presidencia, y por Álvaro Uribe en el 2007; secretaria jurídica de Juan Manuel Santos en el 2010; elegida en el 2017 como Magistrada con el apoyo de los partidos Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y Liberal; en sus manos también está la ponencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Estamos ante un fallo que denota como el poder económico y judicial por lo general van de la mano. En este fallo el único magistrado que votó en contra fue Alberto Rojas Ríos quien sostuvo que: “el efecto de la decisión fue la restricción de la democracia participativa y pluralista que se había concretado ya con la participación política de la comunidad” (9).
Continúan las estrategias para legislar contra las mayorías
Cada día que pasa queda más claro que la democracia realmente existente en nuestro país, y el mundo en general, es un simple formalismo que sirve como la base para instaurar y legitimar el modelo cultural, social, político y económico del capitalismo que ahora utiliza todas las formas de lucha para imponerse. Ya no basta con asesinar, criminalizar, militarizar, amenazar, pues ahora los mecanismos jurídicos son herramientas para afectar a los sectores populares y democráticos. Algunos ejemplos lo demuestran.
En el año 2013 Gustavo Petro fue destituido por el entonces procurador Alejandro Ordoñez. El ataque del Procurador fue político, pues no puede olvidarse que su ideología era completamente opuesta a lo que desarrollaba entonces el ex alcalde de Bogotá. Ordoñez pasó por encima de las mayorías que habían elegido a Petro y busco legislar contra la decisión popular. Así mismo, puede recordarse el paquete jurídico impuesto en nuestro continente contra los gobiernos y presidentes denominados como progresistas: Fernando Lugo en Paraguay –2012– y Dilma Roussef en Brasil –2015–.
Otro ejemplo concreto puede verse con la llegada del hoy presidente de Colombia, quien pretende regular la protesta social, quizás el único mecanismo de expresión directo con que cuenta la sociedad en estos tiempos. De la misma manera está el ejemplo de la acción jurídica impuesta por la Brigada XVII del ejército de Colombia contra las Comunidades de Paz de San José de Apartadó, alegando que las mismas lesionan el buen nombre de la institución a lo que “El Juez, en lugar de ponerse en el lugar de las víctimas de los crímenes militares, prefirió jugar el juego que los armados le propusieron: hacer de cuenta que las víctimas son las escopetas y no las palomas. Y actuó en consecuencia, aceptando la tutela” (10).
Democracia al servicio del capitalismo
Hoy las urnas tampoco son legítimas para el poder. En la democracia actual las votaciones supuestamente expresan la decisión de las mayorías, pues por medio de ellas “se expresa el pueblo”. Sin embargo, cuando el pueblo se expresa y a los poderosos no les favorece comienzan las estrategias para deslegitimar, derogar o posponer lo decidido por el pueblo. En el caso concreto de las consultas populares se habla de que lo más importantes son los intereses de la “nación” –como si esta fuera un ente vacío y los territorios no hicieran parte de la misma–, lo que permite interrogar: ¿Acaso las decisiones de la sociedad sobre sus territorios y vidas, no hacen parte de las determinaciones de la nación?
Es una actuación gubernamental para mantener abiertas las puertas para el capital, nacional e internacional. Con el discurso de que lo local no puede estar por encima de lo nacional, este fallo le da la razón al pensamiento neoliberal de las elites criollas, reflejadas en la columna sobre las consultas previas de Vargas Lleras y publicado en el mes de septiembre (11), quien dejó claro que las multinacionales no encontraban seguridad jurídica en el país, lo que afectaba el ingreso de la inversión extranjera.
Una cosa queda clara, todas estas estrategias jurídicas en curso en el país, hacen parte de una estrategia del poder para contener a los de abajo; estrategia que debe ser vista y analizada más allá de Iván Duque, que además hace parte de un pensamiento histórico –ahora globalizado– de quienes han gobernado desde siempre nuestro país; por tanto, aquí tampoco pueden quedar por fuera ni limpios los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, así como todos aquellos a quienes ellos representan y para quienes gobernaron y gobiernan.
Ante estos tiempos solo queda una opción: la construcción de amplios y profundos tejidos sociales, alrededor de los cuales, en procesos abiertos, se discuta todo aquello que afecta a los de abajo, decidiendo de manera colectiva cómo actuar contra el capital nacional y global; es una discusión que tiene que dibujar con manos de arco iris el país que tenemos y el que buscamos construir, para salir como un solo cuerpo a hacerlo realidad. Es claro, solo desde la Colombia profunda es posible construir y hacer realidad la democracia real.
Notas
1. Empresa constituida en 2006 por capitales de Sinopec Corp –China– y Ongc Videsh –India–, actualmente se encuentra en el país realizando actividades de extracción de hidrocarburos en la cuenca del Valle del Magdalena Medio, además de haber realizado exploración, explotación y transporte en los departamentos de Boyacá, Santander, Antioquia y Cundinamarca.
2. Ver en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111506
3. Ver: https://www.desdeabajo.info/mundo/item/34854-si-se-puede-pueblos-frenan-mineria-en-peru.html
4. Ver.https://www.salvalaselva.org/peticion/1114/detener-la-carretera-que-dividira-en-dos-la-selva-de-bolivia ver. https://noalamina.org/latinoamerica/nicaragua/item/37076-comunidad-nicaraguense-lucha-por-su-territorio-y-enfrenta-a-condor-gold ver: https://elpais.com/elpais/2018/09/03/planeta_futuro/1535983599_117995.html ver: https://www.desdeabajo.info/sociedad/item/32559-una-rebelion-global-desde-la-desobediencia-civil.html.
5. Definición de consulta popular por parte de la Corte Constitucional: “En el ámbito descentralizado territorialmente, sea regional, provincial o local la consulta popular versa sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio, y la iniciativa de convocarla le corresponde al Gobernador o Alcalde, según el caso. La consulta popular es la opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas. Es el parecer que se solicita a la comunidad política o cívica para definir la realización o buscar el apoyo generalmente, en relación con actuaciones administrativas en el ámbito local. El derecho de todo ciudadano a participar en las consultas populares, hace parte del derecho fundamental a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.” En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-180-94.htm
6. Ver: https://www.registraduria.gov.co/-Historico-Consultas-populares-.html
https://www.registraduria.gov.co/Habitantes-de-Cabrera-Cundinamarca.html
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-9-municipios-que-le-dijeron-no-a-la-mineria-usando-la-consulta-popular/41872
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/jesus-maria-santander-le-dijo-no-la-mineria-articulo-713662
https://www.registraduria.gov.co/Habitantes-de-Sucre-Santander,24893.html
7. https://www.dinero.com/pais/articulo/fallo-de-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares/263130
8. Comunicado No. 40, Corte Constitucional En: http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2040%20comunicado%2011%20de%20octubre%20de%202018.pdf
9. Ibid., pág. 3.
10. Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/35271-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado-ensanamiento-hasta-el-fondo-de-lo-absurdo.html
11. Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/35237-vargas-lleras-y-la-consulta-previa.html?platform=hootsuite
Artículos consultados
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-consultas-populares-ya-no-podran-vetar-proyectos-extractivos-corte-constitucional-articulo-814723
https://www.elespectador.com/noticias/politica/cne-acatara-fallo-de-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares-articulo-817614
https://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-le-pone-freno-a-las-consultas-populares/586482
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-no-gana-la-consulta-popular-minera-en-cumaral/527505
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-dice-que-consultas-populares-no-pueden-prohibir-la-mineria-280098
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