El capitalismo financiarizado asomó su cabeza en Colombia de forma espuria, como no podía de ser de otra manera en un país en el que las relaciones económicas han estado regidas por principios ad hoc que imponen las élites para su ventaja particular, sin ningún arbitraje serio, incluso considerado desde la cerrada óptica de los intereses exclusivos del conjunto del capital.
El campanazo que anunció la llegada al país de prácticas que hoy hacen del capitalismo, en el mundo, un régimen predominantemente especulativo, tuvo lugar el 7 de marzo de 1980, cuando fueron vendidas de forma inusual 7.525 acciones de la compañía Nacional de Chocolates, en una operación que la Comisión Nacional de Valores calificó como ficticia, al filtrarse que María Mayorga, en su condición de empleada doméstica, no podía ser realmente la vendedora. La venta correspondía en realidad a una estrategia reactiva del Grupo Grancolombiano, el conglomerado más grande del momento –liderado por Jaime Michelsen Uribe–, frente a la prohibición establecida por el decreto 384 de febrero de 1980 que impedía a los llamados Fondos de Inversión tener acciones de compañías financieras. El grupo Grancolombiano, que era dueño de los fondos Grancolombiano y Bolivariano decidió, entonces, canjear las acciones de las compañías financieras que dichos fondos poseían, por acciones de empresas no financieras detentadas por otras compañías del Grupo, entre las que destacaban los títulos de la Nacional de Chocolates. El monto de la transacción fue de $2.600 millones de pesos del momento, para lo que fueron usados recursos del Banco de Colombia, Granfinanciera y Pronta, empresas del propio entramado económico, en lo que luego fue conocido como autopréstamos.
Repasar, nuevamente, la entrada en escena de las primeras muestras de financiarización en el país es otra vez necesario porque el Banco de Colombia, la estrella central del escándalo de los ochenta del siglo pasado, vuelve a ser hoy el corazón de las disputas del capital –así lo niegue uno de los actores de la actual contienda entre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el Grupo Gilinski–, en una muestra del estancamiento, la inmovilidad y el raquitismo del paisaje económico colombiano.
Entretejiendo para concentrar, centralizar y confundir
En 1982, la administración Reagan eliminó en Estados Unidos la regulación que impedía a las compañías de ahorro y préstamos realizar inversiones de riesgo con el dinero de sus clientes. En 1998 la fusión entre Citicorp y Travelers, que dio lugar al nacimiento de Citigroup, anunciaba el fin de las restricciones surgidas de la depresión de 1929 que impedían a los bancos con depósitos corrientes participar en actividades de inversión. La derogación de la Ley Glass-Steagall, el 12 de noviembre de 1999, que desde 1933 había separado la banca de depósitos y la banca de inversión, y su sustitución por la llamada Ley Gramm-Leach-Bliley, que eliminó esa separación, sirvió también para dar visos de legalidad a la creación de Citigroup que quedó así convertido en el mayor emporio de prestación de servicios financieros del mundo.
Los excesos de liquidez provenientes del alza de los precios del petróleo en la segunda mitad de los setenta, fueron en gran medida el catalizador que impulsó al sistema financiero a dedicarse a especular con el patrimonio tanto de las empresas industriales como las de servicios. De igual manera, éstas fueron estimuladas a entrar en el campo de la especulación financiera, dándose una indistinción entre los capitalistas que derivan sus ingresos de rentas e intereses, es decir que participan tan sólo en la distribución del plusvalor, y aquellos que los obtienen de la explotación directa de la fuerza de trabajo (lo que algunos denominan el sector real de la economía). Ese entrelazamiento corresponde a la fase de un capitalismo cada vez más líquido –en correspondencia con las características de una sociedad líquida, tal y como la concibe Zygmunt Bauman– que tiene en las ganancias de corto plazo uno de sus objetivos centrales y en los cambios del valor patrimonial uno de sus instrumentos más pertinentes.
Esta diversificación de la inversión de los grandes dueños de los activos ha sido útil para disminuir el riesgo –en comparación con los capitalistas de un solo sector–, y para esconder las verdaderas riquezas personales, pues si una compañía es dueña de acciones de otras que a su vez también son propietarias de títulos de varias más, el entrecruzamiento, además cambiante y volátil, dificulta la individualización de las fortunas. En ese juego, que tiene no pocos aspectos de casino, los ganadores son un número cada vez más reducido, hasta el punto que las estimaciones señalan que el diez por ciento de los más ricos en Estados Unidos posee el noventa por ciento del valor accionario, lo que desmiente que las sociedades por acciones sean en verdad instrumentos de democratización de la propiedad del capital.
En Colombia, las debilidades regulatorias de la época, posibilitaron la aparición del entramado de empresas financieras y no financieras que constituyó el Grupo Grancolombiano, que en muchos sentidos puede considerarse el pionero de la financiarización en el país. El Banco de Colombia, eje del grupo, inició en las décadas de los veinte y treinta del siglo pasado su proyección como un banco de alcance nacional absorbiendo varias instituciones regionales, como parte del proceso de centralización que el sistema financiero experimenta desde ese período.
En ese proceso, desde finales de la década del sesenta del siglo XX es adquirido y convertido en el núcleo central del grupo de Michelsen Uribe. Luego de la liquidación del grupo producto de la quiebra de los fondos de inversión Bolivariano y Grancolombiano, acaecida entre los años 83 y 84, el banco es nacionalizado en 1986 con el propósito de ser saneado por el Estado y poder ser devuelto al sector privado. La re-privatización del banco tiene lugar en 1994 a través de su venta al Grupo Gilinski, que a su vez lo enajena al GEA en 1997, en una negociación conflictiva en la que los Gilinski reclamaron indemnizaciones pues consideraron que los recursos de la compra fueron obtenidos de autopréstamos.
Keiretzu, corporativismo y provincianismo
En algunas reseñas de la disputa actual entre el GEA y los Gilinski, ha sido usada la expresión Keiretzu para explicar la telaraña de empresas que conforman el llamado Grupo Empresarial Antioqueño, que no es en sentido estricto una organización formal sino de hecho. El apelativo proviene de un término japonés que define una red de empresas que puede adoptar un modelo vertical u horizontal que tiene en su centro una compañía de gran poder económico, financiera o no financiera, que cuenta con un banco y un conjunto de empresas satélites de menor dimensión, unidas por un propósito común. El término, que algunos traducen como linaje, es una herencia de los zaibatsu (monopolios familiares), cuya propiedad correspondía a clanes, con connotaciones fuertemente feudales que los norteamericanos, luego de la Segunda Guerra Mundial, buscaron desmontar por su fuerte sentido tradicional y nacionalista.
En el caso del GEA, las notas periodísticas coinciden en señalar que la estructura surge, paradójicamente, para garantizar que las propiedades que la conforman permanezcan en manos de sus dueños tradicionales, a resguardo de intentos encubiertos de apropiación, como de hecho lo son las ofertas públicas de adquisición (OPAs) que, como en este caso, si no tienen el consentimiento del consejo de administración de la empresa objeto de la compra es calificada de hostil. La baja rentabilidad de las acciones de las empresas del GEA, y el reducido valor al que han sido forzadas, fueron los talones de Aquiles por donde penetró el grupo Gilinski haciendo tambalear una estructura que más que Keiretzu es un Zaibatsu de la misma decena de familias que han apropiado las grandes compañías de Antioquia desde el siglo XIX.
El GEA, sin embargo, ha logrado despertar en una parte importante de los antioqueños un sentimiento regionalista que los impulsa a la defensa de un capital que pese a no pertenecerles lo defienden como si fuera su patrimonio. Los medios regionales recuerdan con indignación cómo empresas que han tenido su origen en Antioquia fueron compradas por capitalistas de otras regiones luego de que en 1961 fuera constituida la Bolsa de Medellín.
En ese juego con la opinión pública, la compra de Gaseosas Postobón por Ardila Lulle y de la aseguradora Suramericana por Michelsen Uribe en 1968, que la devolvería poco después a cambio de quedarse con Cine Colombia, son mostrados al público como afrentas al departamento. La adquisición de Cervunión por Bavaria, de la familia Santodomingo, en 1972, y de Coltejer y Radio Cadena Nacional por Ardila Lulle en la misma década del setenta, son otros de los casos que la prensa regional trata como si el asunto en cuestión fuera el de un despojo al pueblo antioqueño, en un recurso exitoso de legitimación del capital que recurre, en casos como éste, a la fibra emocional para lograr respaldos y reconocimientos del colectivo social.
La localización geográfica del capital puede afectar a la población en su conjunto, en alguna medida, por sus incidencias fiscales, pero acá el asunto no es de deslocalización de las empresas. En la entrevista que Jaime Gilinski dio al diario El Colombiano de Medellín en noviembre de 2021, señalaba como hecho favorecedor para los antioqueños no sólo que en una de las OPAs él iba asociado con Flash Investments, que pertenece al grupo de Abu Dhabi, sino que parte de su financiación corre a cargo del First Abu Dhabi Bank, el banco más grande de los Emiratos Árabes Unidos. Invitaba a recordar, igualmente, que por su intermediación la multinacional norteamericana Procter & Gamble compró detergente Inextra a principios de la segunda década de los ochenta del siglo pasado, es decir, que exhibe ser agente del capital internacionalizado como un hecho de distinción ciudadana, por hacer fluir capital multinacional a la región, dejando de lado que las ganancias de ese capital son apropiadas por extranjeros.
Igualmente, los defensores gratuitos del GEA no tienen en cuenta que en el caso del holding financiero Sura-Bancolombia, por ejemplo, el 23 por ciento de las acciones corresponde a inversionistas internacionales. Y así como el “dinero no tiene olor”, según expresión cínica de quienes sostienen que no importa de donde provenga, el capital no tiene nacionalidad ni afectividad, pues “los negocios son negocios”, como reza otro adagio popular que indica que las ganancias están para los capitalistas por encima de cualquier otra consideración.
Negocios y elecciones
En el portal “Las dos orillas”, Fanny Kertzman, quien había fungido como directora de la Dian en el período de Andrés Pastrana, ante el anuncio que los Gilinski compraban la revista Semana, escribió el primero de febrero de 2019: “La cercanía del banquero, con el senador se remonta a cuando el M-19 secuestró al tío de Raquel, la esposa de Gilinski. Ojalá no vaya a usar a Semana para impulsar a Petro” y, más adelante agregaba, “Si el objetivo de Gilinski con esta compra es aupar a Gustavo Petro, estamos llevados. A ellos no les importa porque Jaime y Raquel residen en Londres y el resto de la familia se reparte entre Panamá y Miami. No queda nadie en Colombia. Sólo nosotros tendremos que sobrellevar a Petro si es que algún día gana la Presidencia”. La exfuncionaria no contó a sus lectores, que ella vive hace muchos años en EU por lo que tampoco tendría que sobrellevar nada en el caso de que sus temores tuvieran algún fundamento. El alivio que debió experimentar cuando los Gilinski convirtieron ese medio en el vocero más extremo de la derecha colombiana más extrema, no debió sr poca cosa.
La Kertzman tampoco contó que fue sancionada en 2003 por sus actuaciones con los bancos Andino y Del Pacífico, que estaban autorizados para recaudar impuestos de la nación y que pese a la advertencia de que estaban en crisis les fue permitido, con su autorización, seguir recaudando tributos. La quiebra de esas instituciones lesionó gravemente el patrimonio de los colombianos. En esa ocasión, el debate parlamentario, en el que fue denunciado cómo de los dos bancos sólo el Andino fue perseguido y sancionado, porque en el Banco del Pacífico tenían intereses la plana mayor del pastranismo –Luis Alberto Moreno, Luis Fernando Ramírez, Fernando Londoño Hoyos y Camilo Gómez, entre otros– estuvo a cargo del parlamentario Gustavo Petro, lo que explica las prevenciones de la exfuncionaria.
La inquietud que suscitó en algunos sectores de la derecha colombiana la compra por los Gilinski de la revista Semana, también está relacionada con la demanda entablada por ese grupo contra los empresarios antioqueños por la venta que les hizo del Banco de Colombia pues el senador Gustavo Petro promovió un debate en el parlamento al considerar que además de la irregularidad en la fuente de los recursos, que debían considerarse autopréstamos, hubo un perjuicio para los ahorradores. Hoy, cuando Petro es favorito en las encuestas para la elección presidencial de 2022, la confrontación entre los Gilinski y el GEA por Nutresa y Sura, como consecuencia de ese debate del pasado, posibilita a los actores de la contienda política alinearse con alguno de los contendientes si de ello puede derivar ventajas entre los potenciales electores.
El exalcalde de Medellín Alonso Salazar, por ejemplo, reacciona contra el relativamente díscolo alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, por calificar al GEA de grupo mafioso, y mezcla regionalismo y política electoral con los intereses de los grupos económicos en contienda: “No, vienen por mucho más, incluidas las empresas más significativas de la región. Varias personas y artículos lo habían advertido: lo del alcalde Quintero, contra el GEA, hace parte de una estrategia coordinada con el grupo de banqueros Gilinski y sus aliados Luis Pérez y Gustavo Petro”, dice en una columna de opinión del diario El Colombiano de Medellín publicada el pasado 12 de enero.
Pero, lo curioso del caso es que, del otro lado, Daniel Coronell afirma en el portal “Los Danieles” del 16 de enero: “La administración Duque tomó partido y patrocinó la toma hostil. […]. El gobierno actuó de esta manera para pagar a los Gilinski lo que han hecho desde Semana a favor del presidente Duque, de la impunidad de su mentor el expresidente Álvaro Uribe y de los candidatos que representan el continuismo”, es decir, todo lo contrario que sostiene Salazar, pues es claro que Duque acompaña la revocatoria de Quintero y es antípoda de Petro por lo que, así sea en un primer momento, parece contradictorio que Duque, Petro y Quintero estén del mismo lado.
No faltará quien con no poca razón considere que esas contradicciones son aparentes, pues en Colombia los grandes capitales apoyan sin distinción las diferentes alternativas electorales, y que mediante la estrategia de apostarle a todos los caballos siempre ganan, lo que puede ser posible tan sólo si la relación beneficio–costo entre el valor del boleto y lo recibido, en cualquiera de los casos, tiene un diferencial muy alto. Pero, es probable que la contradicción sea sólo de los analistas y que en los enfrentamientos entre mega-corporaciones los contendientes estén por encima de los otros poderes y no necesitan de ningún apoyo explícito; simplemente que uno fue más hábil que el otro.
El tratamiento mediático del caso debe enseñarnos que, con muy poco, las pasiones banderizas pueden ser despertadas entre un número nada despreciable de colombianos, y que esa ha sido una estrategia que sigue dando resultado a los detentadores del poder. La realidad es qué en los procesos de concentración y centralización del capital, la canibalización del competidor es una ley y allí el folclor de los regionalismos o la consideración de los agradecimientos no tienen cabida. La tarea de los de abajo no es tomar partido en esas luchas sino pensarnos como colectivo y no permitir que nos encasillen en compartimientos separados, pues de lo contrario no será posible vislumbrar que otro mundo es posible.
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