Como lo habían anunciado sus promotores, el miércoles 17 de julio tomó forma en Colombia el paro de los pequeños y medianos mineros.
De acuerdo a los reportes de sus voceros, la protesta se sintió con fuerza a la altura del corregimiento de Córdoba, a unos 20 kilómetros de Buenaventura, donde se concentraron unos dos mil mineros, y donde fueron incineradas dos tractomulas y un camión, con enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón móvil Antidisturbios (Esmad), por lo cual la vía que comunica con el principal puerto del Pacífico colombiano permaneció cerrada durante todo el día.
Por su parte, en el corregimiento de Irra, municipio de Quinchía-Risaralda, otros 2.000 mineros se dieron cita cerrando la vía que comunica hacia Medellín entre las 2 p.m. y las 8 p.m.
En Caucasia, Antioquia, protestaron 5.000 mineros. Todo el comercio local cerró en solidaridad con estos. La vía que conduce hacia la Costa Atlántica fue bloqueada en el sector conocido como Caserí.
En Quibdó, capital del Chocó, cerca de 9.000 pequeños y medianos mineros chocoanos se movilizaron para pedirle al Gobierno presencia en el departamento y soluciones viables para la formalización de su actividad.
Otros puntos álgidos, donde están concentrados los activistas del paro minero, son Zaragoza y Amagá en Antioquia, e Istmina en el Chocó.
Los razones para llegar al paro
Este paro se veía venir desde cuando fue declarada inexequible la Ley 1382 de 2010 –la única que planteaba medidas para formalizar la minería– apoyada en los decretos 2715 y 1970 de 2012.
Para suplir esta realidad el Gobierno expidió en mayo de este año el Decreto 933, pero la norma lo que hace en realidad es colocar una infinidad de requisitos que impiden que los miles de mineros informales que existen en el país (el 86 por ciento de quienes están dedicados a este oficio) regularicen su actividad. De hecho, producto de esta norma, no hay áreas donde se permita ejercer la actividad minera, pues el 95% de las solicitudes de legalización presentadas en los últimos meses han sido rechazadas.
Es por esto que los mineros demandan la derogatoria del decreto 2235 de 2012, el mismo que explicita que toda persona que no tenga título minero y pretenda explotar minerales se le incautará o destruirá la maquinaria y no podrá seguir ejerciendo esta actividad.
Además de esta exigencia, el pliego de quienes protestan, de 15 puntos (ver recuadro) reclama unas áreas de minería especial como lo contempla el Código de Minas y que se autorice a las corporaciones autónomas para recibir los planes de cumplimiento ambiental, los cuales están perfeccionando para que sea una minería responsable.
Esta es una parte de sus motivos. Pero los pequeños y medianos mineros del país también se quejan por el trato que como “delincuentes” les da el gobierno nacional, señalándolos como asociados a narcotraficantes y guerrilla, pero además, inculpándolos del desastre ambiental que padece el país; se quejan, además, por lo que consideran una política de exterminio a la pequeña minería para entregar títulos a las multinacionales, y porque el Gobierno no dio herramientas ni estableció mecanismos para ayudar a los mineros a formalizarse.
Producto de la nueva normatividad, y de las negativas presentadas por la Agencia Nacional de Minería, en el departamento de Caldas 60 mineros han sido judicializados en los últimos dos meses, a pesar de ser personas dedicadas durante toda su vida, y vivir, de este oficio. Hay que recordar que en este departamento el 52 por ciento de su territorio tiene actividad minera informal, y el 51 por ciento está pedido en concesión por multinacionales.
Por su parte, según lo denuncian los líderes del sector, en la jurisdicción de Buenaventura han destruido más de siete retroexcavadoras, mientras que en todo el país la cifra asciende a 25.
No es extraño, por tanto, que estos trabajadores del campo, muchos de ellos con vinculación vía hereditaria con la minería, se sientan a disgusto con las políticas que para este sector de la economía tiene el actual gobierno, eso sí, volcado a los acuerdos mineros con multinacionales las cuales han licitado gran parte del territorio nacional, desde la Guajira hasta la amazonia.
De parte de líderes mineros del departamento del Chocó, reunidos en la Asociación de barequeros y minidragueros de Quidó y Beté (medio Atrato), este paro se sustenta en los incumplimientos del gobierno nacional con los acuerdos logrados en el 2013. Acuerdos que aludían la formalización de pequeños y medianos mineros; la creación de herramientas especiales para que comunidades afros e indígenas puedan acceder a títulos mineros; tratamiento especial para mineros artesanales; capacitación y acompañamiento para acceder a proyectos de extracción minera; la instalación de una oficina de la Agencia Nacional Minera en el departamento, y la suspensión de los decretos que autorizaban la destrucción de maquinaria para la actividad minera.
Dilaciones e incumplimientos
Nada de esto se ha cumplido. Como tampoco ha cumplido los acuerdos firmados con mineros de otros departamentos, tanto en el año 2011 como en el 2012. Conscientes de esta manipulación y del efecto que todo esto tiene sobre sus ingresos, tanto los mineros del Chocó como los del resto del país, demandan que todos los títulos que fueron entregados sin contar con el aval de las comunidades, violando el derecho que tienen las minorías a la consulta previa, sean derogados.
La realidad de la minería a gran escala, la que corre a cargo de las multinacionales, es la que, como reconoce un grupo de intelectuales y políticos que han circulado una carta de apoyo a la protesta, afecta, el tejido social y la biodiversidad del país, llevando el país “[….] a la condición de exportador neto de materias primas, condenándonos a la miseria, el hambre y la destrucción ambiental”.
Reconocen los firmantes de la carta que “Aun cuando es cierto que este tipo de minería, como cualquiera otra, genera un impacto ambiental, también lo es –como es apenas obvio– que por su tamaño el nivel de contaminación es menor que el de la gran minería a cielo abierto”.
Segundo día de paro
Para el jueves 18, segundo día de paro, con un ambiente tenso en varias regiones rurales del país, así como en algunas de sus carreteras centrales, el paro gana participación. Es así como al mismo se vincularon mineros de Turbo en Antioquia, como también en el departamento de Nariño.
Un bloqueo vial se presentó por varias horas a la altura del municipio de Buriticá, Antioquia, vía a Turbo,
En las carreteras bloqueadas el día anterior se han registrado enfrentamientos con la fuerzas pública, la cual logró desalojar a los manifestantes de las vías de Caldas, pero en la que conduce al puerto de Buenaventura la situación permanece estática. La vía a Puerto Berrio también fue bloqueada por varias horas.
De esta manera, y con un paro que todo indica que apenas está iniciando pues no hay voluntad central para negociarlo, la coyuntura social del país se tensiona hasta niveles no vistos desde hace varios años. La situación se traduce de azul a gris para un Gobierno que se ufana de su disposición para el diálogo pero que en la práctica no cede en nada. Así lo evidencian los campesinos levantados desde hace cerca de 40 días en el Catatumbo, así como los cafeteros, paneleros y otros que anuncian una nueva jornada de protesta para la segunda quincena de agosto.
De esta manera, con amenazas de parte del gobierno central de que despejará todas las vías a como de lugar, y aunque los mineros en paro no lo sepan o no lo asuman como eje central de su levantamiento, con esta protesta se desnuda la prioridad que el gobierno nacional le da a su locomotora minero – energética, centro del modelo económico en Colombia, a través de la cual la dependencia internacional se profundiza y el tema de la tierra evidencia –una vez más– la urgencia de resolución que tiene para aclimatar la paz en el país.
Recuadro
Pliego de peticiones
El siguiente es el pliego de peticiones que los trabajadores mineros le enviaron al Gobierno Nacional.
Propuesta pliego de peticiones de los mineros colombianos
1. Se incorpore al ordenamiento jurídico de manera inmediata una norma que diferencie entre la minería informal y la minería ilegal. A partir de esta conceptualización se implemente inmediatamente un procedimiento para que quienes reúnen la condición de minero informal sean reconocidos como tal y puedan seguir haciendo la actividad hasta tanto se incorpore al ordenamiento jurídico una nueva oportunidad de legalización de la actividad minera informal.
2. Se incorpore al ordenamiento jurídico de manera inmediata normas que caractericen y definan las diferentes tipos de minería que se desarrollan en el país, atendiendo diferentes variables como medios de producción (si es de manera artesanal o mecanizada) y la capacidad de producción.
3. Que se derogue de manera inmediata el Decreto 2235 del 30 de octubre de 2012 y se incorpore en el ordenamiento jurídico de manera inmediata, un procedimiento para la reparación e indemnización de las personas que han sido sujeto y/o víctimas de las acciones derivadas del Decreto 2235 de 2012.
4. Que se incorpore al ordenamiento jurídico una norma que exceptúe a las personas naturales y/o jurídicas reconocidas como mineros informales de la aplicación de normas y medidas establecidas contra las personas que desarrollan la actividad minera careciendo de títulos, esto incluye las medidas del Decreto 2235, las acciones policivas, ambientales y/o penales.
5. Que se incorpore al ordenamiento jurídico un proceso de legalización cuyos requisitos atiendan a la realidad de la actividad minera en Colombia, especialmente los diferentes tipos de minería y la escala en la que se desarrollan. Que la implementación de este procedimiento cuente con la participación de los mineros informales.
6. Que el Gobierno de aplicación inmediata y vinculante a los acuerdos de la OIT en relación con las comunidades Afro e Indígenas, con respecto al territorio, consulta con consentimiento previo, libre e informado y prelación para las comunidades en el territorio. Que a las comunidades negras e indígenas no se les cobre canon superficiario y se les reconozca el tratamiento diferencial consagrado en la Constitución y en la ley.
7. Subsidio y respaldo con crédito oportuno y accesible para la legalización y asistencia técnica y seguridad social y salud para la pequeña y mediana minería. Reconocimientos legales de la minería de cúbicos, clavados o apiques.
8. Que se ordene la suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros y se mantenga la suspensión del otorgamiento de contratos de concesión a las empresas multinacionales mineras y se proceda a la revocatoria inmediata los contratos concedidos sobre territorios de comunidades étnicas negras e indígenas sin el cumplimiento de la obligación de Consulta Previa y derechos de prelación.
9. Otorgamiento de áreas libres a los mineros tradicionales e informales y se agilice la depuración en el catastro minero de las áreas entregadas mediante licencias, permisos mineros, registro mineros de cartera, contratos en virtud de aporte y/o registro de propiedad privada que actualmente se encuentren en causal de vencimiento, caducidad, cancelación, renuncia y/o terminación y que hayan sido otorgadas con anterioridad a la ley 685 de 2001.
10. El gobierno Nacional presentará en la próxima legislatura un proyecto de ley para la reforma del actual Código Minero, previa concertación con la Confederación Nacional de Mineros de Colombia. Esta reforma debe contener un capítulo especial sobre los diferentes tipos de minería, caracterizando cada una de las formas de explotación minera y diferenciándolas en sus aspectos técnicos, ambientales, tributarios, sociales, étnicos y económicos.
11. Que el Gobierno reconozca un bono pensional con cargo a las regalías para familias barequeras del país.
12. Que se protejan los procesos de legalizaciones que se radicaron hasta el 10 de mayo de 2013 y que no sean objeto de rechazo por el no cumplimiento de los requisitos técnicos y comerciales.
13. Se creen en los epicentros mineros del país oficinas de atención, asesoría, acompañamiento, capacitaciones en los temas técnicos, ambientales y sociales para el pequeño y mediano minero.
14. Que se regule y se garantice la entrega oportuna del certificado de carencia para el combustible de uso en la minería y que el costo del mismo sea subsidiado por el Gobierno.
15. Que todos los acuerdos a que se lleguen, sean acogidos a través de decretos y resoluciones según sea el caso.
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