El gobierno Petro fue un proyecto de izquierda que abrió oportunidades inéditas a los movimientos sociales. Su discurso populista fue simultáneamente representación que amplió el demos, síntoma de tensiones democráticas y riesgo para la democracia que prometía ampliar. El reto para los movimientos sociales es sostener su autonomía como vía para radicalizar la democracia.
El gobierno que encabezó Gustavo Petro significó un escenario inédito para los movimientos sociales, toda vez que actúo basado en una narrativa sobre los actores sociales y sus procesos de movilización diferente a la que imperó por décadas en el país. Acostumbrados a la respuesta represiva, la descalificación permanente, la puesta en cuestión sobre su relevancia, autenticidad y racionalidad, el incumplimiento de los acuerdos y la puesta en marcha de agendas opuestas a sus reivindicaciones; los movimientos sociales (al menos aquellos que podrían considerarse progresistas o democratizadores) se encontraron con una administración pública que se consideró a sí misma como encarnación de años de lucha social.
Las y los protagonistas de la movilización social vieron los nuevos tiempos como resultado de su propio esfuerzo. El nuevo escenario generó esperanza. La idea de cambio se sostuvo sobre el impulso permanente de expandir la ciudadanía social por parte del gobierno. Para los movimientos esto suscitó enormes expectativas, abrió valiosas oportunidades, permitió la tramitación de reivindicaciones históricamente represadas y estableció un nuevo relacionamiento entre estado y sociedad. Significó igualmente limitaciones, retos y aprendizajes. Algunos de los principales desafíos provendrían del sistema político, pero otros tendrían que ver con los propios marcos de interpretación de la nueva situación. Una lectura populista propuesta desde el gobierno y asumida desde amplios sectores sociales, fue –para usar los términos que propone Benjamín Arditi– una forma de representación que buscó radicalizar la democracia, un síntoma de sus tensiones internas y un impulso que puede reversar la posibilidad de sostener la ampliación democrática.
En este artículo ampliaré esta idea que indica que, para decirlo brevemente, el actual gobierno ha significado un avance importante para los movimientos sociales progresistas que, simultáneamente, evidencia la necesidad de continuar imaginando nuevos horizontes de construcción política.
Populismo de izquierda, representación y movimientos sociales
La narrativa de cambio propuesta por Petro desde la campaña electoral del 2022 se construyó sobre un discurso populista de izquierda. Si bien esta clasificación suele tener una valoración normativa, peyorativa o apologética, según la posición desde la que se enuncie, aquí la uso descriptivamente para caracterizar un tipo de discurso y el tipo de vínculo político que establece. Es populista porque se basó en la oposición entre pueblo –única fuente legitima de soberanía–, y élite u oligarquía, sujeto colectivo que históricamente ha subordinado los sectores populares a sus intereses particulares. De izquierda porque posicionó la igualdad sustantiva y el reconocimiento de los sectores subalternos como objetivo central de un cambio asumido como histórico.
Este discurso implicó un modo de representación –la primera de las tres posibilidades del populismo identificada por Arditi– en tanto el gobierno buscó, y en gran medida logró, encarnar las demandas acumuladas de sectores excluidos, promoverlas como agenda de un gobierno popular que impulsaría la ampliación del demos mediante la incorporación de voces tradicionalmente silenciadas. El gobierno se asumió como representante de los movimientos sociales, expresión política de la rabia y la indignación expresada en el Estallido Social de la pandemia, voz a través de la cual hablarían quienes protagonizaron el ciclo de acción colectiva iniciado en el 2011. En el mismo sentido, realizó constantes llamados a los movimientos sociales para que presionaran en las calles por la tramitación de una agenda compartida entre pueblo y gobierno.
Desde el primer día, Petro sostuvo una agenda de justicia social que rompió con la inercia de los gobiernos anteriores. Se presentaron ambiciosas reformas en amplias materias: fiscal, a la salud, pensional, laboral, educativa. La decisión de transformar las estructuras excluyentes se expresó en una política agraria orientada a la distribución de la tierra y el reconocimiento y ampliación de nuevos territorios colectivos.
Esa apuesta abrió nuevas oportunidades políticas para los movimientos sociales. Liderazgos provenientes de amplios sectores populares llegaron al poder. A pesar de que no terminó de la mejor manera, Francia Márquez en la vicepresidencia simbolizó el nuevo relacionamiento entre movimientos y gobierno; en este caso desde el afrofeminismo. Gloria Inés Ramírez, desde el sindicalismo, es otro entre tantos ejemplos de un nuevo tablero en el que jugaron las luchas sociales. El gobierno abandonó la respuesta represiva y apostó por la negociación y el diálogo. La concepción misma de la protesta fue distinta: de amenaza al orden público a expresión legítima de participación democrática. En síntesis, donde antes había adversarios ahora había interlocutores.
Las reformas, las políticas y las oportunidades hicieron parte de un cambio en la concepción del Estado. Después de décadas de neoliberalismo, de visión del Estado como árbitro neutral que garantiza el funcionamiento libre del mercado, se asumió un liderazgo activo en la orientación de lo social. El Estado buscó ser un aliado comprometido con la transformación de las condiciones que estimulan la desigualdad, la exclusión y la violencia. La esfera económica dejó de ser tratada como una rueda suelta regida por una lógica autónoma y fue reorientada –al menos en el discurso y en varias políticas concretas– hacia una visión en pro de la justicia social. Este giro no está exento de claras limitaciones. Hay condiciones estructurales seriamente restrictivas. Pero representó una ruptura con el modelo impugnado por los movimientos sociales desde hace décadas.
Pueblo, élite y el síntoma de las tensiones democráticas
El populismo es también un síntoma. No solo una forma de representación sino la expresión de tensiones que la democracia realmente existente no ha logrado resolver. El gobierno de Petro hizo visible la brecha entre una democracia procedimental relativamente estable -elecciones, instituciones, libertades formales- y una democracia sustantiva precaria. El pueblo, invocado en cada elección como fuente de soberanía, tiene una ciudadanía en extremo limitada. Ha sido un referente simbólico sin realización concreta.
El populismo de Gustavo Petro nombró esa contradicción a través de la oposición pueblo-élite. Cada vez que el proyecto encontró resistencias -especialmente en el Congreso, pero también en la Fiscalía y en la Corte Constitucional- el jefe de Estado invocó al pueblo como contrapeso. En el 2023 convocó marchas en respaldo a las reformas recién radicadas y ante la ruptura de la coalición legislativa. En marzo de 2025, tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, se dirigió al pueblo trabajador llamándolo a salir a las calles y anunció que recurriría a la consulta popular para “Que sea el pueblo el que decida si quiere la reforma pensional, la reforma de salud o la reforma laboral”. En tres años de gobierno convocó más de diez movilizaciones. Las calles se convirtieron en el escenario recurrente para canalizar respaldo social y contrarrestar a la oposición.
Las manifestaciones en contra del gobierno fueron leídas desde esa misma clave: expresión de las élites que defienden sus privilegios. En efecto, las marchas del primer semestre de 2024 respondieron en gran medida a una lógica de defensa de una armonía social que se sentía amenazada. Se trató de movilizaciones reactivas de sectores sociales que tradicionalmente no acudían a las calles porque encontraban en las instituciones canales suficientes para la tramitación de sus demandas. Gremios económicos amplificaron el rechazo con argumentos de riesgo económico e institucional. La lectura populista simplificó movilizaciones en las que participaron también sectores medios difícilmente encasillables en la idea de élite, pero había un sustento razonable: había intereses concretos amenazados por las reformas, y esos intereses tenían acceso privilegiado a medios de comunicación e instituciones públicas.
En este marco de acciones, el paro camionero de septiembre de 2024 constituyó un ejemplo de productividad de la lógica populista para tramitar conflictos. Ante el paro por el alza del diésel, el gobierno identificó a Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, como el empresario detrás del conflicto, y al mismo tiempo declaró legítimas las demandas de los pequeños propietarios-conductores. La estrategia de negociar con los camioneros de base fue exitosa: el paro se levantó, se llegó a un acuerdo y los grandes transportadores quedaron descolocados. Fue una demostración de que la oposición pueblo-élite puede ser una herramienta eficaz para tramitar conflictos y ensanchar el demos al interior de sectores que se asumen como homogéneos.
Los riesgos del populismo y la autonomía de los movimientos
El populismo puede convertirse, dice Arditi, en el reverso o némesis de la democracia. No es su exterior, sino que emerge desde adentro, desde la periferia interna del propio campo democrático. La némesis aparece cuando la lógica populista desplaza el pluralismo, la voluntad del pueblo encarnada en el líder se vuelve el único criterio de legitimidad, y los contrapesos se tachan como obstáculos al cambio antes que como garantías para su consolidación. El populismo que comenzó ampliando el demos puede terminar por devorarlo. Se trata de un riesgo expresado en al menos tres tensiones durante el actual gobierno.
La primera tiene que ver con la concepción misma de la democracia. La oposición pueblo-élite supone que hay un árbitro que puede distinguir quién pertenece a uno y otro campo. Pero en una democracia esa función no le corresponde al presidente. La protesta no es un privilegio concedido a quienes apoyan al gobierno, por más popular que aspire a ser. De igual forma, los movimientos sociales son actores con autonomía, no la correa de transmisión de un proyecto político. Esa autonomía es la base de su fortaleza.
La segunda tensión emerge al interior del propio campo popular. La oposición pueblo-élite supone un pueblo homogéneo, unido por su condición de excluido. Pero el pueblo tiene fisuras internas (de identidad, de agenda, de posición, de intereses y de apuestas políticas) que el discurso populista no siempre procesa. Un ejemplo: los movimientos de mujeres y de disidencias sexuales fueron parte activa del poder social que impulso al nuevo gobierno, pero la violencia de género no ocupó un lugar tan destacado a la hora de abordar denuncias contra miembros del gobierno.
La tercera tensión tiene que ver con la movilización permanente del pueblo. La democracia directa como apuesta conlleva sus propios riesgos. Si en nombre del pueblo se pasan por alto formulas institucionales que, simultáneamente, previenen la concentración de poder y garantizan la continuidad de los derechos conquistados, se abre una puerta que fácilmente usarán otros líderes, menos progresistas, más autoritarios.
A modo de cierre, ¿cuál es el balance?
El gobierno Petro representó una experiencia de izquierda en el poder, construida sobre un ciclo de acción colectiva que lo antecedió, con una agenda que recogió décadas de demandas populares y con un cambio en la manera como el Estado se relacionó con las luchas sociales. Este giro genera nuevos retos para los movimientos sociales: sostener la autonomía mientras simultáneamente se apoya a un gobierno progresista es un equilibrio difícil. Un gobierno pensado desde abajo requiere de esa autonomía como garantía de que el populismo contribuya a radicalizar la democracia.
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