Cientos de trabajadores saldrán este lunes a las calles en las principales ciudades del país para celebrar el Día Internacional del Trabajo y cumplir con la convocatoria realizada por las centrales obreras.
A juicio del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Luis Alejandro Pedraza, dijo que la situación del país en materia laboral es difícil por la política económica desarrollada por el Gobierno nacional.
Dijo que no será una celebración sino una protesta por lo que está sucediendo en Colombia y el resto del mundo, especialmente en el país donde hay una alta inequidad social y una muy grave concentración de la riqueza.
Igualmente se protestará por los efectos lesivos para la sociedad de la reforma tributaria y las alzan en los impuestos locales como prediales y pagos de valorización que afectan directamente a las clases populares.
Las marchas se realizarán en las principales capitales de departamentos de todo el país, en Bogotá la movilización saldrá a las 9 a.m. del Planetario Distrital hasta la Plaza de Bolívar, para protestar por la imposición por parte del gobierno de Juan Manuel Santos de las más lesivas medidas económicas, sociales y laborales, de fin de año quedan los amargos recuerdos de la reforma tributaria con aumento del IVA, el mísero salario mínimo, la negación de la ley aprobada en el Congreso y negada por Santos que le concedía derechos de trabajadoras formales a las madres comunitarias.
“Así mismo, en la semana anterior han impulsado con inusitada propaganda la entrada de Colombia en la OCDE, el nuevo tratado de libre comercio comandado por los Estados Unidos y Europa, con reforma pensional cantada a los cuatro vientos para dar un nuevo zarpazo a los ya reducidos ingresos de los trabajadores y el incremento de los recursos de los grandes potentados y multinacionales que llevan al país a ser uno de los países más desiguales del mundo”, aseguró Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT.
Aunado a esto, Colombia padece la más voraz ola de corrupción puesta al descubierto por los escándalos de las multinacionales Odebrecht, CBI y Canal de Isabel II, en Ruta del Sol II y Navelena, Reficar y acueductos de la Costa Atlántica, entre otros, que financiaron las campañas presidenciales del 2010 y 2014 de Santos y Uribe, y continúan desangrando a la nación entera.
1. Formalización laboral: el 61,6% de los 22´156.000 ocupados estaba excluido del sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos laborales, cesantías y cajas de compensación familiar). Sólo el 41,9% aportaba al sistema de salud, el 39,3% cotizaba a pensiones, el 45,3% lo hacía a riesgos laborales, y 38,4% estaba afiliado a las cesantías.
Adicionalmente un sector muy importante de los trabajadores que pagan seguridad social son tercerizados y subcontratados. El 73,8% del total de ocupados tenía empleo precario (en 2015 fue 74,4%), esto es, sin contrato o con contrato a término fijo o vinculados por empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado o empresa asociativa de trabajo.
2. Salarios
Para el I trimestre de 2016 sólo el 53,8% de los ocupados manifestó tener un contrato de trabajo, de estos, el 61,7% escrito y el 38,3% verbal. Entre los escritos el 67,9% era a término indefinido y el 31,7% fijo. De cada 100 ocupados 49 eran asalariados y 51 no lo eran. El 16,9% de los primeros recibió menos de las 2/3 partes del salario medio.
3. Libertades sindicales:
-Afiliación Sindical. Para el 2015 la afiliación a sindicatos sobrepasó ligeramente el millón de afiliados, para una tasa de sindicalización del 4,6% con respecto al total de ocupados. En 2016 la tendencia creciente se mantuvo y se reportaron un total de 1´020.160 afiliados, un incremento de 1,8% con respecto al año anterior, permaneciendo la tasa invariable. Ese año se registraron 5.451 organizaciones sindicales. Los sectores que más afiliados tuvieron: Educación (26,5%), Industria manufacturera (11,8%), Administración pública y defensa (11,8%) y servicios sociales y de salud (11,0%).
4. Negociación Colectiva. En 2015, de cada 100 convenios colectivos registrados en los sectores público y privado, 73 fueron contratos sindicales, 19 convenciones colectivas y 8 pactos colectivos. Mantienen pues preponderancia los contratos sindicales, que reemplazaron las cooperativas de trabajo asociado y se consolidan como un mecanismo para la desnaturalización de la actividad sindical. El 36% de las convenciones colectivas se dio en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, mientras que un 17% en el sector industrial y un 11,6% en la salud. La mayoría de pactos colectivos, el 42,6%, se registró en la industria manufacturera. El 97,7% de los contratos sindicales se suscribió en el sector servicios sociales y de salud.
5. Libertad sindical.
De una muestra de 220 casos de libertad sindical, entre resoluciones del Ministerio de Trabajo, fallos de tutela, procesos ordinarios y proceso especial de fuero, se analizaron 170, de los cuales 111 son casos que NO amparan el derecho a la libertad sindical, representando el 65,3% de casos analizados.
El Mintrabajo no protege la Libertad Sindical porque sus decisiones contradicen tanto normas internas como internacionales.
6. Derechos Humanos
En 2016 persistió la violencia contra sindicalistas. Se registraron 268 violaciones, entre éstas 19 homicidios, 17 atentados, 188 amenazas, 28 hostigamientos, 5 detenciones arbitrarias y 8 allanamientos ilegales. En lo corrido de 2017, 2 sindicalistas afiliados a la CUT han sido asesinados.
7. Empleados estatales: la negociación en el sector público no ha avanzado porque el Gobierno no cumple los acuerdos, no se ha comprometido con la eliminación de las nóminas paralelas que la Corte Constitucional ha ordenado en reiteradas sentencias y ha ofrecido un irrisorio incremento salarial del IPC + 0,15% (5,9%), que en la práctica no recupera el poder adquisitivo perdido por los 3 puntos del IVA en la reforma tributaria.
8. Agenda sindical para la construcción de la paz:
El compromiso de establecer un plan de formalización laboral y seguridad social para los trabajadores rurales (punto 1.3.3.5 del acuerdo), es un tema específico en el que el sindicalismo incidirá para que los cinco millones de trabajadores rurales puedan organizarse y mejorar sus condiciones de trabajo.
-Garantías para los movimientos y organizaciones sociales: después del proceso de deliberación con los distintos movimientos sociales del país, el movimiento sindical quiere seguir incidiendo para que esta Ley se convierta en una verdadera política pública y que los derechos de asociación, de negociación colectiva, de protesta, de huelga, de consulta y de protección efectiva contra actos de discriminación e injerencia antisindical, se vivan efectivamente como garantías específicas para la existencia y reconocimiento del movimiento de los trabajadores.
-Garantías para la movilización y la protesta pacífica.
-Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición.
-Reparación Colectiva. El sindicalismo ha reclamado por varios años que se establezca una política de reparación para las organizaciones sindicales que resultaron afectadas en su existencia y funcionamiento con ocasión del conflicto, y logró, en el marco de la ley de víctimas, que se estableciera una instancia de alto nivel para negociar dicha política, y ahora con los compromisos del Acuerdo Final, podría finalmente avanzarse en la reparación a las organizaciones sindicales.
Ante este desalentador panorama, los trabajadores y sectores populares preparan un paro cívico nacional con participación de los más amplios y variados sectores sociales, políticos y sindicales del país.
Abril 30, 2017 – 06:08 PM
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