El 21 de junio Colombia, por decisión reñida pero mayoritaria del 49,65 por ciento de quienes concurrieron a las urnas para elegir presidente, entró en la senda que recorre la mayoría de países de la región. La decisión revalidó lo sucedido el 31 de mayo en primera vuelta, cuando fue vencido Iván Cepeda, quien durante meses encabezó todos los sondeos de opinión y de quien, incluso, sectores de su partido difundían la idea de su elección presidencial en la primera fase de la convocatoria.
Las cifras arrojadas por las urnas dejan en vilo los cambios, pocos o muchos –alcanzados por el gobierno encabezado por Gustavo Petro– y postergan los cálculos proyectados en sectores del Pacto Histórico de mantener las riendas del gobierno por lo menos durante cuatro períodos continuos, condición indispensable, según sus valoraciones, para concretar todo el plan de reformas indispensables en el propósito de sepultar el régimen oligárquico que ha predominado en el país a lo largo de dos siglos. Es este un régimen reoxigenado en 1991 con la expedición de la Constitución Nacional aún vigente, que, a la par de brindar una amplia carta de derechos sociales, políticos, culturales y ambientales, le da vía al neoliberalismo como modelo de acumulación para cimentar la economía nacional, y con ella supuestamente brindar bienestar social y justicia plena.
La campaña electoral por la presidencia, iniciada en la práctica un año atrás, al tiempo que marca una creciente participación electoral en el país, con cerca de 26,3 millones de votos, de 41’421.973 posibles, permite ver la prolongada crisis que carga su régimen político, que seguramente se extenderá por varios años más, mientras encuentra una clase o una alianza entre ellas que enrute al país hacia un modelo social que no despierte tanta resistencia; un régimen con legitimidad ampliada. Por el momento las cifras señalan que, por mitades, la población colombiana aspira a otra senda de vida.
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