El viernes 20 del febrero, en Medellín, la mesa de concertación de los pequeños y medianos mineros se reunirá con el Gobierno Nacional. Mientras tanto, el paro nacional convocado por Conalminercol ya realizó su primera marcha. Así fue en Bogotá.
“Es la primera vez en la historia del país que los esmeralderos salimos a marchar. Y estamos mal por alcahuetes. Hemos dejado que hagan con nosotros lo que quieran y eso nos ha tenido en la completa criminalización.”, dijo Germán Suárez Bernal, presidente encargado de la Confederación de Esmeralderos de Colombia, rodeado de personas con camisetas blancas, pitos y carteles.
El lugar de encuentro fue la Plaza de la Universidad del Rosario, al lado de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Allí se repartían pitos y se explicaba el pequeño recorrido de la marcha, mientras los estudiantes, los vendedores ambulantes y transeúntes trababan de leer las pancartas para entender el porqué del cúmulo de gente.
Mientras los esmeralderos se organizaban para marchar, extractores de otros minerales en diferentes departamentos del país hacían lo mismo. La marcha que fue convocada por Conalminercol ya empezaba a tener forma. Luz Stella Ramírez, directora de dicha organización dijo que en unos lugares se unió más gente que en otros, pero en que definitiva “Cantamos victoria”.
“Abajo la ley 1450”, gritaban los mineros, mientras Leonardo Lozano, uno de los líderes del encuentro, hablaba con desdebajo: “El Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas y Energía tiene el propósito de formalizar la minería tradicional a través de la ley 1450, específicamente el artículo 112. En él, se establece el Rucom, que es el Registro Único para Trabajadores, con el cual se aplican unas normas excluyentes que impide el libre comercio de los minerales en el país. Además, exige un certificado de origen, que es el que ha frenado las exportaciones y que ha impedido el libre comercio, en este caso, el de las esmeraldas colombianas”.
Lozano dijo que las personas que deseen tener el certificado de origen deben ir a la Alcaldía y pedirlo. Pero, son los mismos alcaldes de los diferentes municipios los que han dicho que no conocen del tema minero, por lo cual, no son competentes para emitir los certificados.
A la falta del documento –que debe explicar la procedencia del mineral, desde quién los produce hasta cuál es la empresa u organización poseedora del título donde se encuentra la mina–, las más de 80.000 personas involucradas dentro de la cadena de producción de la esmeralda corren el riesgo de ser retenidos y de perder su trabajo, pues la Fuerza Pública puede decomisar el mineral. Situación que se da con todos los pequeños y medianos mineros.
“La disculpa es que el Rucom protege y ataca la ilegalidad de la minería y resulta que eso es falso. Hoy el Rucom y el certificado de origen ponen en graves problemas a los alcaldes y fomenta dentro de la misma Fuerza Pública una ola de corrupción que es incontrolable. Es decir, este decreto es rechazado no solamente por los mineros y comerciantes informales sino también por la Policía Nacional porque se fomenta un grave problema de corrupción. ¡Imagínense a la Policía Nacional incautando y haciendo custodio de esmeraldas!”, decía Suárez en su discurso.
Cruzando por la carrera quinta, ante las miradas de las personas curiosas, y mientras los manifestantes les pedían a sus colegas que salieran a acompañarlos, Germán Suárez habló con desdeabajo: “El Rucom es un registro común y corriente, pero el problema es que va a acompañado del certificado de origen que no está implementado. Y ese certificado les coloca una tarea adicional a los alcaldes municipales. Ellos no tienen la capacidad técnica, ni la capacidad administrativa para montar una oficina que atienda esos requerimientos. Imagínese de qué manera un alcalde municipal puede certificar que un mineral es extraído en su jurisdicción. ¡Se sale de la lógica! Por otro lado, va en discordancia con la política de formalización minera que contempla unas metas del 40 por ciento para el año 2019 y que para el 2032 es del 100 por ciento. La pregunta es, ¿por qué echan a andar una norma que atenta contra sus mismos objetivos?”
La marcha continúo por la Séptima con el sonido de los pitos y los cantos de las personas que sumadas eran entre 750 y 1.000, según los cálculos de los dirigentes de la misma. “No somos criminales, somos trabajadores”, se oía.
Cuando llegaron a la Plaza de Bolívar se unió el senador Jorge Enrique Robledo. Él y su a su equipo de trabajo dieron a conocer una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos: “[…] A la par que así se trata a los pequeños y medianos mineros colombianos, a la gran minería, casi toda extranjera, el Gobierno le concede las ventajas más insólitas y cambia las leyes a su favor, con lo que puede proceder contra el interés nacional. Razón tienen los pequeños y medianos mineros cuando denuncian que la persecución en su contra busca que toda la riqueza minera quede en manos de las trasnacionales”.
En entrevista con desdeabajo, Robledo afirmó “[…] que el Gobierno en su política de perseguir a los pequeños y medianos mineros se ha inventado unas fórmulas absurdas que hacen prácticamente imposible trabajar con el oro y las esmeraldas a pequeños, medianos mineros, comerciantes y procesadores. Se han inventado una cosa que es tan absurda como señalar que una esmeralda o un gramo de oro implican una ilegalidad. Se presume no la inocencia, sino la ilegalidad y les exigen que cumplan unas normas que la gente no puede cumplir. Entonces, en el fondo lo que ha sucedido, es que en buena medida está paralizada la actividad minera y la protesta tiene que ver con eso, con que el Gobierno los deje trabajar”.
La directora de Conalminercol afirma que el mismo Gobierno se ha dado cuenta de sus equivocaciones, por lo cual han cambiado y han unido los decretos que reglamentan el tema. Ramírez plantea el siguiente ejemplo, “Si mi abuelita tiene un diente de oro y se encuentra con la policía, debe mostrar el certificado de origen para ver si es legal o no. Si no lo tiene, le quitan el diente. ¡Eso es ilógico!”.
Los marchantes aseguraron que uno de los graves problemas para solucionar la situación, es que casi todos los títulos los poseen las grandes empresas, incluso dicen que solo las tienen para que aumente el valor de sus acciones porque ni siquiera las están trabajando.
Frente a eso el senador Robledo le dijo a desdeabajo, “Estas medidas, que son absurdas, que son ilegales, inconstitucionales, que violan el debido proceso y todas las normas de los derechos democráticos, tienen un trasfondo. Son una manera de ayudarle a las transnacionales porque el Gobierno se niega a entender que aquí hay gran minería –que tiene el derecho a existir– pero que también hay pequeña y mediana minería que debe tener derecho. Pero, como no hay una actitud de respeto hacia ellos, la persecución es la manera de entregarle todo el negocio a las grandes empresas”.
Los marchantes se reunieron frente al Capitolio Nacional. “Abajo el Rucom. Abajo”, cantaban. Se realizaron nuevos discursos y resaltaron que ellos han cumplido, que pagan impuestos, que se han reunido con el Gobierno, que no se han escondido.
“El Gobierno Nacional lo único que ha hecho es cobrar y criminalizar. No ha hecho inversión social. Nuestras regiones están abandonadas en vías, en salud, en educación. En todo están abandonadas. No pueden decirnos que eso está bien. Dicen que el país marcha de maravilla, que el sector minero está a la maravilla, y resulta que no tenemos ni salud. Nadie que esté fuera de Colombia se imagina que Muzo, la capital mundial de las gemas de esmeralda, no tiene hospital”, dijo molesto el presidente encargado de la Confederación de Esmeralderos de Colombia
La marcha de los esmeralderos fue calificada como exitosa por parte de Conalminercol, y según Luz Stella Ramírez, se continuarán con foros académicos y abiertos en diferentes zonas. En lugares como Chocó se seguirán con las marchas, pero eso depende, advirtió, de la situación en la que se encuentre cada organización, porque al estar las minas cerradas, es muy difícil contar con lo necesario.
El viernes se reunirá en la ciudad de Medellín la mesa de concertación y el Gobierno Nacional. Medios de comunicación afirman que la reunión se dará con la viceministra de minas, Isabel Ulloa, pero el gremio ha dicho que si solamente va ella, no llegarán a ningún acuerdo. Todos están a la expectativa.
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