Para gobernantes, genuinos representantes del Régimen y el pueblo que los padece, es realidad aquello de que el papel aguanta todo, las palabras se las lleva el viento y al pueblo se le entretiene con pan y circo.
Tal como acontece, el ejercicio del poder está orientado a simular democracia, asegurar continuidad del dominio del poder económico y político, para beneficio exclusivo del círculo afín a los intereses que defienden, desde la institucionalidad. El atraso y precario desarrollo, de la nación, lo demuestran.
Dichos resultados, son de responsabilidad única de quienes han dirigido, desde el poder político institucional, el incongruente, antidemocrático y desafortunado desarrollo y destino de la nación, desde hace más de doscientos años. Lo único que crece exótico es la corrupción, la venalidad, la injusticia, la impunidad y la irresponsabilidad del poder.
La Constitución del 91 (no obstante su sesgo neoliberal), da herramientas para lograr desarrollo socioeconómico, científico y técnico, capaz de posicionar a Colombia, entre países de gran desarrollo. El resultado depende de la sana o mal intencionada interpretación que dan a su articulado.
Los gobernantes de turno, siempre han sometido el destino e intereses de la nación, al acato de postulados y órdenes del capital nacional, transnacional y al imperio de la dictadura del poder global del capital.
La Constitución, solo ha sido desarrollada y modificada en los artículos que los usufructuarios y beneficiarios del poder, consideraron y consideran, afecta sus intereses. Ya son más de 30 reformas, con resultados socioeconómicos y de estructura institucional, acordes con el irresponsable ejercicio del poder y contra los intereses generales del pueblo.
Son reformas orientadas a mejorar gabelas exclusivas de las élites y sus secuaces, asegurar el poder económico-político y garantizar continuidad e impunidad. Hay situaciones evidentes, que amenazan el desarrollo y futuro de la nación, como consecuencia del irresponsable, perverso y errático manejo de lo público:
El panorama económico-social es de alto riesgo. Colombia afronta un déficit fiscal y de cuenta corriente superior al 7% del PIB (julio 2015). El creciente endeudamiento público, interno y externo, supera el 80% del PIB, aunque la burocracia del sector trate de despistar con cifras acomodaticias. Se torna endémica la caída de exportaciones y de importaciones, según indicadores de julio 2015. El mismo gobierno reconoce caída del crecimiento económico. El crecimiento de la informalidad se tornó incontenible. El gobierno utiliza esos indicadores para justificar más y más reformas tributarias, siempre bajo el señuelo de la inversión social. Los nubarrones económico-fiscales son inocultables, pero el alto poder, prefiere ignorarlo, antes que afectar intereses del gran capital.
Mientras el desastre económico y social crece, el Poder prefiere deja de recaudar anualmente más de $47 billones por concepto de gabelas otorgadas al capital, en exenciones, deducciones, contratos de seguridad jurídica, marco legal laxo, reducción de tarifas, zonas francas, eluciones tácitamente consentidas, inoperancia de controles. Corrupción e impunidad, se engullen otro tanto.
Son crecientes los vacíos e inoperancia de la institucionalidad, reflejados en Anarquía, injusticia, impunidad y corrupción de los poderes, en particular de la rama judicial y la organización militar. La insistencia de reformar la Constitución, para blindar la impunidad de militares y de paso garantizar impunidad sobre más de tres mil crímenes recientes (eufemísticamente llamados Falsos Positivos acentuados en el gobierno de Uribe– 2002-2008), supuestamente sin cerebro ordenador responsable, como lo sugiere la aberrante impunidad. Los condenados, son soldados, sub-oficiales y oficiales de baja graduación. De 800 condenas en primera instancia, solo 200 han sido confirmadas en segunda instancia.
El último informe (2015) de Human RightsWatch, sobre esos crímenes de lesa humanidad, de inmediato fue rechazado por el Presidente y sus áulicos de gabinete, no obstante la carga probatoria recopilada y testimonios, disponibles para la investigación de Fiscalía, Procuraduría y al alcance de altas instancias del Poder y de cómplices defensores de ese estamento.
El contubernio entre impunidad y solidaridad de cuerpo es aberrante. El gasto militar supera los $100 mil millones diarios, 2015, mientras la inseguridad se catapulta.
Sin embargo la retórica secular del poder (y hoy Santos), predica la defensa incondicional de los derechos humanos, mientras pisotean el espíritu y ordenamiento constitucional y legal, nacional e internacional al respecto.
Se requieren urgentes desarrollos constitucionales en Salud, Educación (ha preferido continuar con el criminal mercado de la educación y la salud), participación y propiedad accionarias. Perentoriamente sobre acceso, tenencia y propiedad de la tierra, defensa de derechos socioeconómicos, entre otros.
El derecho al acceso a la tierra, constitucionalmente es ambiguo, frente al secular poder político colombiano, soportado en la especulación y dominio de la propiedad de la tierra.
La llamada ley Urrutia (con total anuencias del gobierno (Urrutia-Lisarralde)), fue un intento de legalizar las violaciones de la ley 160 de 1994 (baldíos-UAF), a través de magnates financiero-agropecuarios y testaferros, en la Altillanura (Sarmiento Angulo, Grupo Mónica Semillas, Manuelita y azucareros, Cargils, entre otros). Fracasaron en el primer intento. Pero el propósito continúa y cuenta con la favorabilidad del poder institucional.
Ahora con mayor sutileza insisten, con un nuevo proyecto, con diferente denominación, que hizo tránsito en Cámara y pasa a Senado, llamado Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social – ZIDRES-. Proyecto congruente con contenidos del Plan de Desarrollo 2014-2018, sobre Desarrollo Agropecuario. No garantiza la democratización de la propiedad y uso de la tierra. Es todo lo contrario, no obstante los temas acordados en La Abana y la retórica gubernamental de la Prosperidad para Todos y el cacareado supuesto Posconflicto.
Es inequívoca la posición y actitud del gobierno, en las previsiones (nuevas leyes) para el ejercicio del poder y aseguramiento del marco legal requerido, para garantizar objetivos de la gran empresa. Se refleja en sus maquinaciones desde la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, el PND, el ZIDRES y en el maquiavélico trata-miento que da a la actual encrucijada nacional agropecuaria. Consecuencia directa de los términos y vigencia de los TLC, irresponsablemente negociados y suscritos e implementados, sin las mínimas medidas, para poten-ciar la producción nacional interna, para la competitividad en el mercado internacional.
El gobierno (el Régimen) acata rigurosamente el ordenamiento, legal definido en los términos de los TLC y demás acuerdos comerciales internacionales suscritos. Son supraconstitucionales.
Vale precisar que los TLC, no son malos per se. Son diabólicos contra los intereses de los países de menor desarrollo, por la sumisión e irresponsabilidad de los gobiernos que los negocian y suscriben y la intención voraz de los negociadores de mayor desarrollo. Los estudios previos a la negociación y suscripción, no consultan la realidad socio-económica, ni el potencial, tecnológico, científico y logístico, disponible en el país suscriptor de menor desarrollo y mucho menos incluye desarrollo de programas para mejorar condiciones de productividad y competitividad.
El sector agropecuario nacional es evidentemente subdesarrollado y no tiene posibilidad de competir internacionalmente. No dispone de asistencia y aplicación efectiva de ciencia y tecnología. Los precios de los insumos agropecuarios, son especulativos. Un saco de urea, en las fronteras cuesta alrededor de $20.000, en Colombia es de alrededor de $65.000. El volumen aplicado por hectárea, es inferior al 50% del aplicado en países desarrollados y de alto rendimiento/Há. El costo del crédito en esos países es cinco y seis veces inferior al colombiano y disponen de seguro de cosecha.
Son situaciones del desarrollo agropecuario nacional, plenamente identificables y ciertamente posibles de corregir y revertir.
Por la actitud del poder y sus ejecutorias, se concluye que nunca ha habido voluntad y responsabilidad política, para lograr desarrollo nacional integral, socialmente equitativo. Solo retórica, discurso y perversidad del gobernante de turno.
Anuncios y promesas no faltan. Cumplimiento ninguno. Lo demuestra el hecho de que Colombia sigue siendo el de mayor inequidad en la región. Más alto desempleo, informalidad y precariedad laboral. Son irresponsabilidades que garantizan atraso, pobreza, indigencia e inseguridad.
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