En un posible escenario de aceptación por vía referendo e implantación de los acuerdos que alcancen en la Mesa de La Habana el Gobierno y los delegados de las Farc –cuestión ya de por sí complicada–, y en un posible escenario de paz territorial, esto es, que estos acuerdos contribuyan a la transformación de las condiciones políticas, económicas y sociales que propicien el cierre de la actual brecha social –escenario aún más complicado de conseguir–, el papel de la educación pública en Colombia debe sufrir grandes cambios.
Cambios que deben trascender una transformación financiera del modelo de educación superior –necesario desde hace tiempo–, hacía un cambio mismo de los componentes, resultados y procesos en su interior. Cambio que en caso de no darse, denotaría que la educación pública pensaba de manera errónea el conflicto, o que la educación pública no sería necesaria ni para el posconflicto ni para la paz. Respecto a esto último, sólo quisiera añadir que si abordaran el conflicto de manera errónea o de no ser necesarias sus construcciones teóricas e históricas, no habrían conformado la Comisión Histórica del Conflicto –y sus víctimas– con personajes asociados a la educación pública, y no habrían desplegado tan grande participación de profesores y estudiantes en torno a las mesas de conversaciones.
El reto de pensar una educación para la paz ya fue abordado por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), quienes lanzaron, con gran algarabía, no hace poco, el Acuerdo por lo Superior 2034: propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de paz. Si bien el título no está exento de un lenguaje adornado, el texto en sí está cargado de ribetes y detalles que pretenden denotar una gran revolución para el sistema educativo superior, el cual queda incompleto (situación que es explicable por la supuesta segunda parte en construcción), y se logra resumir en una iniciativa de ampliar la educación técnica y tecnológica hasta un 60-70 por ciento del total de estudiantes matriculados en este modelo de educación terciaria.
Lo primero que llama la atención de la propuesta real del Acuerdo por lo Superior es la serie de conceptos aparentemente neutros y necesarios, con los cuales es difícil estar en desacuerdo, tales como “educación inclusiva; calidad y pertinencia; investigación; regionalización; articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano; comunidad universitaria y bienestar; nuevas modalidades educativas; internacionalización; estructura y gobernanza del sistema y sostenibilidad financiera del mismo” (pág. 94). Conceptos que estarían incluidos en un nuevo modelo de educación terciara, llamada así porque, según el documento, ella abarcaría por un lado la educación superior, dividida a su vez en la educación profesional, técnica profesional, tecnológica, y por otro, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, de la que nacen la técnica laboral y la llamada de artes y oficios.
Así pues, según los parámetros de acceso, permanencia y graduación, la finalidad del Acuerdo es conseguir para el año 2034, en el escenario de un 80 por ciento de cobertura de acceso, una participación en volumen de estudiantes para la educación profesional solo de un 30 por ciento, y para el resto del 70.
En este caso, el énfasis en la educación tecnológica, técnica, de artes y oficios, que según el documento sería mayoritaria, si bien propone un menor tiempo de estudio y facilidad en la inserción al mercado laboral, en realidad propende por una serie de conocimientos que carecen de la capacidad de facilitar el desarrollo humano y posibilitar la transformación de las condiciones de vida de este porcentaje de la población. Además, esta apuesta, promueve un conocimiento demasiado específico, destinado al desempeño en labores singulares y limitadas del mercado laboral. Situación que vulnera el acceso a una educación crítica, constructiva y transformadora, y que, además, refleja la apuesta del Cesu por la polémica igualdad liberal de oportunidades, que aspira a superar las condiciones de desigualdad con la responsabilidad individual de cada uno de los futuros estudiantes.
Así se demuestra, que si bien la palabra paz, al igual que muchos otros conceptos –como el mismo de “acuerdo” utilizado para encubrir una consulta simple y pretender incluir las posiciones del movimiento estudiantil– que hacen parte del discurso legitimador del Cesu, son artimañas que encubren la intención de limitar una educación democrática, deliberante y amplia, que posiblemente quede menguada por un modelo de financiamiento a la demanda que contribuya con los déficit de las universidades públicas y con el acceso estratificado a la educación de calidad.
Parte de los retos de la educación pública, dentro de la paz territorial, radican en ampliar la universidad a todas las regiones, especialmente a las más golpeadas por el conflicto, y las más carentes de presencia estatal, en aras de procurar nuevos escenarios y nuevas posiciones para los y las jóvenes constructores y constructoras de una nueva nación; pero resultaría completamente desastroso para estas apuestas un modelo ampliado de educación bajo la estructura de financiación que ya se ve venir y la configuración de aprendizaje propuesto.
¿Qué queda ahora? Me arriesgo a pensar que el paisaje de la educación pública, por lo menos para el próximo año, deberá concitar a una gran movilización estudiantil, similar a la del 2011, esta vez destinada a desmantelar y desmontar la nefasta propuesta de “educación para la paz” del Acuerdo por lo Superior 2034, movilización volcada a la construcción de una nueva propuesta de educación superior crítica, constructiva y transformadora de cara a las realidades territoriales y nacionales que caracterizan a nuestro país.
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