Cambio de signo

El resultado electoral venezolano no puede ser únicamente atribuido a la crisis económica que afecta al país desde el desplome de los precios del petróleo.

Los resultados son tan claros que no dejaron el menor lugar a dudas ni a reclamaciones. El proceso fue transparente, el reconocimiento de la derrota por parte de Nicolás Maduro fue inmediato y no dejó margen para quienes pronosticaban fraude.

El triunfo aplastante de la oposición –seis de cada diez votos emitidos– puso en evidencia el deterioro del proceso bolivariano en los últimos años. Se trata de una fuerte inversión en la relación de fuerzas, que incluso en las últimas elecciones había mostrado un país partido en dos.

Con dos tercios de la Cámara, 112 bancas, la oposición logra la llamada “segunda mayoría calificada”, que le permite convocar a una Asamblea Constituyente y avalar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nombrar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y hacer otro tanto en la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo. Con semejante panorama es difícil que el oficialismo consiga gobernar, ya que estará a merced de la mayoría opositora, si es que ésta no se fisura, algo poco probable pero no imposible.

Reducir las razones de la derrota al problema económico sería demasiado simplista. La elevada tasa de inflación (hasta 200 por ciento anual), la escasez endémica y el desgobierno de la vida productiva llevaron al país a una irracionalidad por la cual una caja de fósforos tiene el mismo precio que llenar el tanque de gasolina del coche. Ningún gobierno puede resistir cuando la población tiene que hacer horas de colas para comprar los productos básicos, cuando la inflación de tres dígitos devora los ingresos, o sea, cuando la previsibilidad de la vida cotidiana deja de existir. Pero si la situación económica ha jugado un papel destacado en el desgaste del chavismo, un papel no menor juega la violencia desbocada que se ceba, justamente, con los más afectados por la crisis y el desabastecimiento. El director del Departamento de Criminología de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Andrés Antillano, ferviente chavista, psicólogo social y militante de movimientos por la vivienda, cree que la recesión económica (este año el Pbi puede caer hasta un 10 por ciento) combinada con el aumento de la represión policial puede tener un efecto social explosivo.

Sostiene que la violencia actual proviene de los años ochenta. “A partir de 1989 se duplica, por primera vez, la tasa de homicidios y desde entonces ha tenido una escalada persistente. Un fenómeno que ocurre en toda América Latina durante ese período. Muy pocos países han logrado revertir la tendencia, quizás la excepción sean Colombia y Brasil. Por esta razón Venezuela pasa a ser la nación con el mayor número de homicidios en Sudamérica” (Contrapunto, 16-VIII-15).

Crecen por un lado los pequeños delitos, como los hurtos, y crecen también los robos violentos intra-clase, que afectan sobre todo a los sectores populares, donde la inseguridad pega muy fuerte. Pero el aumento exponencial de los últimos años está relacionado con la crisis y el descalabro de los cuerpos policiales.

MENOS DESIGUALDAD, MÁS VIOLENCIA

“Investigo en una zona que está, ahora, bajo esa idea de que es una ‘zona de paz’, y que está copada por paramilitares –apunta Antillano–. Hemos visto allí dos cosas: primero, que los actores de la violencia no son paramilitares, son muchachos excluidos que no tienen empleo, que están por fuera del sistema educativo y que se juntan con muchachos semejantes del barrio vecino, en escaramuzas y violencias fortuitas que son fuentes para recibir una suerte de reconocimiento.” La segunda conclusión es que “ha venido creciendo la violencia policial y las ejecuciones extrajudiciales”.

Antillano analiza lo que considera una paradoja. “La violencia tiene mucho que ver con el tema de la desigualdad. En los años noventa, aumenta la desigualdad y aumenta la violencia. En Venezuela, sin embargo, en los últimos diez años disminuye la desigualdad, disminuyen los índices de pobreza, pero la violencia se dispara.” El resultado es que la gente siente una gran sensación de vulnerabilidad y desamparo que el analista atribuye a la pérdida de la presencia legítima del Estado.

Rechaza la opinión gubernamental que relaciona el aumento de la violencia con la presencia de paramilitares colombianos (lo considera un argumento racista), y estima que “no es un problema de ausencia del Estado, sino de falta de una trama institucional legítima que le brinde protección efectiva a la gente”. Situación que se agrava desde 2013, cuando el gobierno comienza a culpar a la “guerra económica” de todos los problemas.

Antillano no se conforma con culpar al gran capital, con el cual el régimen tiene, sin embargo, relaciones estrechas, y cree que es irresponsable culpar del desabastecimiento a sectores populares involucrados en el pequeño contrabando, denominados “bachaqueros”. “Es muy curioso el desplazamiento y la búsqueda de un nuevo enemigo: facciones de los pobres, bien sea como bachaqueros o como paramilitares”, concluye.

LA CULTURA DEL FACILISMO

El principal error de los gobiernos chavistas ha sido persistir y profundizar en la dependencia del petróleo. Que Venezuela es un país petrolero está fuera de duda. Pero que en 16 años no haya sido capaz de salir de la monoproducción petrolera es grave. Una dependencia que se agrava con la caída de los precios internacionales del crudo, lo que agudiza todos los problemas y deja sin margen de acción al gobierno.

Aparecen aquí dos problemas entrelazados: uno cultural y otro conceptual. El primero se relaciona con lo que los miembros del movimiento cooperativo venezolano denominan “facilismo”, la cultura del no trabajo y la supervivencia con base en la renta petrolera: “Solucionar necesidades y carencias sin desplegar un esfuerzo, sin tener que mover un dedo y que otros me resuelvan”, señala un texto de las cooperativas del estado de Lara.

La cultura de la renta petrolera se instaló hace un siglo, cuando se descubrieron los grandes yacimientos en Maracaibo. “Los sucesivos gobiernos no han combatido esta cultura, sino que se apoyaron en ella, precisamente porque es más ‘fácil’ que combatirla y ofrecer alternativas. Lo que ha cambiado (con el chavismo) es la orientación del facilismo, el direccionamiento de los recursos hacia sectores más amplios o más restringidos de la población, pero no su esencia, que ha permanecido incambiada” (Rebelión, 21-VIII-15).

Esta cultura impidió que las ricas tierras del país sean cultivadas, que las empresas nacionalizadas sigan siendo tan productivas como cuando estaban bajo la esfera privada, que los trabajadores trabajen y los empresarios inviertan. Buena parte del caos económico existente proviene del predominio de esta cultura que alienta la corrupción. La otra parte, efectivamente, es generada por el gran capital y la política de Estados Unidos que el gobierno de Maduro denomina “guerra económica”.

La cuestión conceptual es más grave. Con su discurso sobre el socialismo del siglo XXI vinculado a la renta petrolera, el chavismo alimentó la idea de que la nueva sociedad sería fruto de la distribución de los bienes existentes. Una idea mesiánica (inspirada en la bíblica multiplicación de panes y peces) pero alejada de la propuesta de los fundadores del socialismo, quienes siempre sostuvieron que una nueva sociedad debería estar fundada en el trabajo y la austeridad.

En este sentido el mesianismo chavista empata con el mesianismo cristiano, pero no tiene relación con el socialismo moderno (ni en sus versiones marxista ni anarquista originales), y cede ante un sentido común –popular, pero también ilustrado– que consideró que la riqueza petrolera era necesario explotarla y repartirla sin más, rehuyendo los procesos productivos que en los años cuarenta atravesaron el continente. Nunca existió una burguesía que se propusiera sustituir importaciones, toda vez que éstas llegaban gracias a la abundancia casi divina que manaba del subsuelo.

EL FUTURO DEL CHAVISMO

Como fuerza social y política, el chavismo popular tiene un enorme futuro en Venezuela y quizá en la región latinoamericana. Por “chavismo popular” se entiende algo distinto al entramado gobierno-fuerzas armadas-partido (Psuv). Aunque se exprese parcialmente en esas instituciones, está enraizado en la sociedad y de modo muy particular en las periferias de las grandes ciudades. Dicho de otro modo: una fuerza que luego de años de desastrosa gestión gubernamental cosecha un 40 por ciento de los votos es impensable que pueda desaparecer.

En Venezuela los conflictos entre conservadores y liberales que empedraron el tramo final del siglo XIX fueron momentos decisivos en la formación de las culturas políticas vernáculas.
La Guerra Federal o Guerra Larga, entre 1859 y 1863, provocó la muerte del 10 por ciento de la población –unas 200 mil personas, en su inmensa mayoría campesinos que dejaron de cultivar sus tierras–, la desaparición de 7 millones de cabezas de ganado, y una secuela de devastación y pobreza. Pese a la virulencia, la guerra se cerró con un acuerdo (el Tratado de Coche, que instituyó un parlamento en el que cada bando tenía una mitad del cuerpo) entre la oligarquía surgida de la guerra de independencia que había perpetuado el orden colonial, y los liberales que defendían la autonomía de las provincias basándose en sus ideas de libertad e igualdad.

Otro pacto, el de Puntofijo, en 1958, selló la paz entre los partidos tras la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El acuerdo tuvo el objetivo de estabilizar la democracia antes de la convocatoria electoral. El mecanismo encontrado fue la participación paritaria de todos los partidos en el gabinete del partido triunfador, menos los comunistas, que fueron excluidos y perseguidos.

En ambos casos el objetivo fue salvar al país de males mayores, como el retorno de los militares al poder a fines de los años cincuenta o la persistencia del caos en el siglo XIX.
En 16 años el chavismo no pudo borrar del mapa a la oposición, aunque durante un buen tiempo tuvo una hegemonía consistente. Sería impensable que ahora la oposición pueda erradicar al chavismo. Debe recordarse que desde 1989, por no remontarnos a la historia lejana, los sectores populares venezolanos desafiaron la cruda represión militar hasta desarticular el pacto de Puntofijo y a los partidos tradicionales, hundiendo el sistema político bipartidista.

¿Será posible un acuerdo o por lo menos la convivencia más o menos pacífica entre dos corrientes llamadas a alternarse en el gobierno, como antes liberales y conservadores, o socialdemócratas y socialcristianos? Podría decirse que la supervivencia del país está en juego. Aunque, en realidad, unos y otros vivieron y vivirán de la renta petrolera, en particular los patrones estadounidenses de la nueva mayoría. Para que el petróleo fluya debe haber cierta paz social en la que a largo plazo todos están interesados, en particular los clientes chinos y yanquis.

La derecha liderada por Capriles y agrupada en la Mud, alianza orientada por las clases medias, tendrá que aceptar convivir con los pobres, de quienes recela por cuestiones de color, de piel y de clase. Para sobrevivir, el chavismo seguramente dejará de lado su discurso más mesiánico.

El resto del mundo descubrirá que la corrupción, la gestión estatal y el despilfarro de recursos, incluso la represión y los excesos autoritarios, no tienen, en los tiempos que corren, el menor signo ideológico. Son cuestión de Estado.