En Chile avanzan frenéticamente las negociaciones para asegurar un escenario posplebiscito lo más ordenado y pacífico posible. Sin importar el resultado del plebiscito constitucional de este domingo 4, todos los partidos del gobierno y la oposición, medios de comunicación y grupos empresariales apuestan por un nuevo pacto de unidad nacional.
Fabián Puelma@fabianpuelma
Jueves 1ro de septiembre
Este domingo se celebra el Chile el plebiscito para definir si se Aprueba o Rechaza el texto de la nueva Constitución que se discutió en una Convención el último año y medio.
En estas últimas semanas previas al plebiscito hubo dos fenómenos que parecen contradictorios: un escenario de polarización social y política, y una búsqueda de moderación y acuerdos por arriba.
Por un lado estan los sucesivos escándalos políticos y noticiosos que pretenden mover la aguja del resultado electoral: La detención del dirigente mapuche Héctor Llaitul y la caída de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, por haber dicho que existían presos políticos mapuche, el escándalo por una performance en el acto de cierre de la campaña por el Apruebo en Valparaíso, el atropello de ciclistas por partidarios del Rechazo, o una escena de pugilato entre diputados en pleno Congreso. Un clima enrarecido y que da cuenta de la polarización política y social.
Por otro lado, al mismo tiempo que ocurre todo esto, el tono de moderación, búsqueda de acuerdos y giro al centro se acrecienta día a día empujado por todos los partidos, medios de comunicación y grupos empresariales.
Como informaba el diario El Mercurio, “los últimos hechos despertaron preocupación en La Moneda por el eventual clima de enfrentamiento que se podría producir el domingo. Una de las bajadas comunicacionales de La Moneda fue hacer un llamado a la moderación, sea cual fuere el resultado”.
Pero no se trata simplemente de un giro comunicacional. Se trata de una definición estratégica sobre cómo encarar el escenario posplebiscito. El gobierno del Frente Amplio, Partido Comunista y la ex Concertación, está protagonizando una reedición de la “política de los acuerdos” basado en tres pilares: consensuar con la derecha las modificaciones a la nueva Constitución si gana el Apruebo o acordar un nuevo proceso constituyente aún más limitado y antidemocrático si gana el Rechazo; buscar una “normalización” de la economía en base al ajuste del gasto fiscal, de la política monetaria y el consumo (y desde ahí buscar políticas tímidamente redistributivas a la medida de lo que permitan los grandes grupos económicos) y recomponer la autoridad del Estado profundizando medidas bonapartistas como la militarización del sur y la criminalización de “los extremos”.
El resultado del domingo será la base sobre la cual se concretizará esta política de grandes consensos. El Apruebo y el Rechazo son dos vías de restauración de la gobernabilidad capitalista luego de la rebelión popular de 2019 y la crisis económica pospandemia. No es extraño, por tanto, que los términos y condiciones para un nuevo “pacto de unidad nacional” estén ya sobre la mesa.
Actores y contenidos del nuevo pacto
Resulta sintomático que una alta ejecutiva del banco de inversiones suizo Julius Baer, sintetizara la disyuntiva política chilena de la siguiente forma: “como sea, lo importante es ver que detrás del Rechazo y del Apruebo, en ambos campos, la gran mayoría está convencida de que se necesita hacer cambios a la Constitución existente o crear otra nueva. Ambas partes están diciendo tenemos que buscar más consenso en el centro”. Y no es raro si el propio Gabriel Boric ha repetido hasta el cansancio que “no habrá ni vencedores ni vencidos”.
No se trata solo de una declaración de buenas intenciones. Las negociaciones entre los partidos de gobierno y la derecha para consensuar un plan de acción posplebiscito continúan de manera frenética. El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, aseguró que existen varios puntos de consenso en el caso que gane el Rechazo: el presidente Boric debe ser protagonista del acuerdo, un nuevo plebiscito de entrada es innecesario y debe existir una nueva Convención constitucional, pero mucho más limitada y expedita.
El ánimo general es restringir el número de escaños reservados a los pueblo originarios (se habla de dejarlo sujeto al número de votantes y no al padrón), no permitir las listas de independientes y buscar mecanismos para que puedan ser electo “expertos” (una de las propuestas sobre la mesa es hacer listas cerradas por parte de los partidos). Según trascendidos, las conversaciones no se estarían dando únicamente en el Congreso. El gobierno también sería parte de ellas y habría disposición de llegar a un acuerdo.
Todos los poderes reales están presionando para un acuerdo amplio. En definitiva, todos se quieren subir a un nuevo “pacto de unidad nacional”.
Desde la vereda de la gran burguesía, el expresidente de la central fabril empresaria SOFOFA, Bernardo Larraín Matte, aseguró que “abundan razones para no descansar en que la política por sí sola trace una nueva ruta y nos conduzca con éxito por ella. En los últimos años ha fracasado una y otra vez en alcanzar los acuerdos y liderar los procesos necesarios para enfrentar el remezón del estallido, las brechas sociales profundizadas por la pandemia, el crecimiento económico que no sale de su letargo (y ahora con inflación), la confianza en las instituciones que no se recupera y la inseguridad que sigue golpeando a las personas. Por el bien de nuestro país, ojalá emerjan el 5-S [día posterior al plebiscito] liderazgos en el oficialismo y en las oposiciones que llenen con sentido y acuerdos el -a esta altura- manoseado concepto de nuevo pacto social”.
En la misma vereda, aunque con un tono más “humilde”, se posicionaba el empresario y consultor Eugenio Tironi: “Cualquier sea el resultado el domingo -decía Mario Marcel hace pocos días-, el proceso constituyente no va a concluir y se requerirán acuerdos amplios para conducirlo a buen puerto. Quienes fuimos parte de la Concertación podríamos poner nuestra experiencia al servicio de ese desafío (…) y continuar respetándonos no obstante que hoy estemos en posiciones distintas”.
Ir al centro para golpear a los extremos, mientras la clase trabajadora paga los costos de la crisis
Detrás del clima de polarización y los escándalos de campaña, se va fraguando un nuevo pacto de unidad nacional que va desde el reformismo del Partido Comunista, el progresismo pequeñoburgués del Frente Amplio, los representantes de la burguesía progresista del Partido Socialista y la ex Concertación, hasta la derecha de Chile Vamos y los grandes grupos económicos nacionales e internacionales.
Pero este nuevo acuerdo “de centro” se sustenta en dos apuestas fundamentales. Por un lado, que los costos fundamentales de la crisis económica recaigan sobre los hombros de la clase trabajadora y los sectores populares. No se trata aún de ataques frontales por parte del gobierno al movimiento de masas. Boric tiene, más bien, una apuesta tímidamente redistributiva (así se vio en su discurso en la SONAMI en donde le pedía a los grandes empresarios mineros que distribuyeran algo de sus utilidades). Pero en un contexto de crisis económica, de inflación galopante y una recesión que se avecina, las reformas tienen un carácter más bien paliativo, puesto que son incapaces de detener la pérdida de salario, aumento de la pobreza, los campamentos, el estancamiento en el empleo y la precarización del trabajo.
La segunda apuesta es reprimir y criminalizar duramente a quienes desafíen el nuevo pacto de gobernabilidad. No es casual que exactamente al mismo tiempo que Michelle Bachelet hacía su desembarco a la franja electoral hablando de que la nueva Constitución es un piso que requerirá ajustes y mejoras, la Policía de Investigaciones (PDI) mostraba como trofeo la detención de Ernesto Llaitul, hijo del histórico dirigente mepuche de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Toda una postal de los últimos días de campaña.
La operación de la campaña del apruebo (en donde todos los partidos actúan con celosa unidad de acción, en una amplio arco que va desde la ex Concertación hasta Movimientos Sociales Constituyentes y el reagrupamiento dirigido por el alcalde de Valparaiso Jorge Sharp), es ir aceptando las distintas exigencias de la derecha bajo el manto de derrotar al Rechazo en las urnas. Concederle sus puntos, “todo sea para no ver a los fachos celebrando un triunfo”. Sin embargo, cuando el gobierno de Gabriel Boric hace el trabajo sucio que el gobierno de Piñera no pudo hacer, es la derecha también la que celebra.
Por eso resulta indispensable impulsar una alternativa política independiente desde las y los trabajadores y los sectores populares, que se plantee no sólo en oposición por izquierda al gobierno de Boric, sino también desenmascare el nuevo fraude histórico que fraguan con la nueva Constitución e impulse un programa para que la crisis la paguen los capitalistas retomando el camino de la movilización y lucha en las calles.
Con Hassan Akram, cientista político británico radicado en Chile
«Un triunfo del Apruebo le quitaría los frenos a la democracia»
Cristian González Farfán desde Valparaíso
2 septiembre, 2022
Si la nueva Constitución, a la que califica de moderada, es aprobada este domingo, Akram cree que será más fácil implementar leyes a favor de las demandas sociales, aunque ese sería apenas el comienzo de nuevas batallas. Con un triunfo del Rechazo, teme que vuelvan a estallar las tensiones que sacudieron el país.
Este domingo Chile vivirá una jornada histórica que podría sepultar para siempre la Constitución de 1980, concebida en dictadura. Tras un largo proceso que se inició con la revuelta de octubre de 2019, el pueblo chileno decidirá en un plebiscito de salida si aprueba o rechaza la propuesta de nueva carta magna emanada de la Convención Constitucional que trabajó durante un año para ese propósito.
Se trata, sin duda, de uno de los comicios más relevantes de la historia del país, puesto que, de ser aprobada, sería la primera Constitución chilena redactada por convencionales elegidos por votación popular. Además, marcaría un precedente por ser la primera carta fundamental en el mundo elaborada en proceso paritario, con perspectiva de género y con participación de pueblos originarios.
Sin embargo, el proceso constituyente chileno se ha visto empañado por una campaña de desprestigio orquestada por sectores de la derecha política. A ellos se han sumado sectores ligados a la Democracia Cristiana (de la ex-Concertación) que se han convertido en rostros del Rechazo. Hasta ahora, todas las encuestas le otorgan el triunfo a esta opción (que implicaría seguir con la Constitución del dictador Augusto Pinochet), pero el hecho de que esta vez, y de forma excepcional, el voto será obligatorio, así como la poca representatividad que han atribuido varios analistas a los últimos sondeos, configuran un escenario incierto. Por lo pronto, para revertir la tendencia, la opción Apruebo ha apelado a la difusión masiva del texto constitucional propuesto y a su poder de convocatoria en las calles.
Sobre las perspectivas futuras ante uno y otro resultado, y sobre los avatares que ha tenido el proceso constituyente, Brecha habló con el analista político británico avecindado en Chile, Hassan Akram, doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Cambridge, director de la sede chilena de la Universidad Wake Forest de Estados Unidos, profesor de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales de Chile y panelista del programa radial en línea La voz de los que sobran.
—¿El texto se hace cargo de las demandas que se plasmaron desde la revuelta de 2019?
—Nadie se movilizó en 2019 porque quería una nueva Constitución. No es un fin en sí mismo, no es la demanda: la nueva Constitución es una herramienta para conseguir esas demandas. Cuando yo hago conversatorios, me preguntan sobre el sistema de pensiones, de negociación colectiva para los salarios. Y yo les explico: «Ojo, eso va a depender de una nueva ley». Y ahí me vuelven a preguntar: «Entonces, ¿para qué estamos discutiendo sobre una nueva Constitución?». Y es porque la Constitución actual es un tremendo freno para las leyes y, en ese sentido, la nueva Constitución le quita los frenos a la democracia chilena y permite que en el futuro se puedan hacer reformas que sí respondan a las necesidades por las que la gente se movilizó: pensiones, bajos salarios y altísimo nivel de endeudamiento, producto de la falta de salud, educación y vivienda.
—¿Qué elementos de la propuesta constitucional permiten superar el Estado subsidiario implícito en la Constitución de Pinochet?
—Es interesante lo que acabas de mencionar sobre el Estado subsidiario, porque la gente imagina que la Constitución del 80 dice: «Chile es una economía neoliberal con un Estado subsidiario», y que lo que habría que hacer es tachar eso y poner «Chile es un Estado de derecho social». En realidad, la Constitución del 80 no dice en ninguna parte la palabra neoliberal ni la palabra subsidiario. Lo que sucede es que la privatización de la economía chilena se hizo antes de la Constitución del 80. Primero se neoliberalizó la economía y luego surgió la Constitución como una camisa de fuerza. De manera que la Constitución del 80 no habla de subsidiariedad, sino que la protege. Lo más importante de la nueva Constitución es que quita esa protección, más que instalar elementos antineoliberales o antisubsidiarios en el texto. Simplemente quita los frenos y permite que futuros gobiernos puedan decidir democráticamente si quieren expandir o no el rol del Estado. Podemos citar que se eliminan los famosos cuórums supramayoritarios, que hacían que una minoría pudiera bloquear los cambios; se elimina el Tribunal Constitucional, que era una corte politizada que impedía cambios, y se elimina el Senado, una cámara oligárquica que también frenaba los cambios. Destaco más lo que se elimina que el contenido en sí. Por supuesto que también hay un contenido vanguardista que tiene elementos destacables, como la perspectiva ecológica y el enfoque de género (paridad de género en todas las instituciones del Estado).
—Tanto el oficialismo como la oposición están de acuerdo en reformar la Constitución en cualquiera de los dos casos: si se aprueba la nueva o si se mantiene la del 80. ¿Cuáles elementos son perfectibles de la nueva propuesta?
—El debate sobre perfeccionar la nueva Constitución, o cambiarla, es completamente equivocado. La propuesta de los partidos políticos implicaría volver al Senado, es decir, darle poder a esta segunda cámara, y eso va en la dirección contraria. En términos del régimen político, los cambios dentro de la Convención Constitucional fueron muy limitados. Yo creo en el unicameralismo y en un sistema parlamentario [en la propuesta se mantiene la Cámara de Diputados y se crea la Cámara de las Regiones en reemplazo del Senado]. La propuesta de nueva Constitución tampoco tocó el tema del royalty minero. Es una Constitución moderada, altamente consensuada; incluso, uno podría decir amarilla. Y a pesar de su ponderación, la elite la trata como si fuera extremista. Eso pasa porque Chile es un país completamente neoliberal.
—¿Y cómo interpreta tanta diferencia entre la percepción de los constitucionalistas extranjeros, que tienen una muy buena opinión de la propuesta, y lo que sucede a nivel local?
—Tiene que ver con el poder de la elite en Chile, con un monopolio mediático y con el control de las universidades. La evaluación académica internacional es mucho más ecuánime y ve los aspectos positivos; por ejemplo, el elemento medioambiental y el enfoque de género como fundamentales e históricos. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se redacta una nueva Constitución con paridad de género y se establece para el futuro que todas las instituciones tengan ese criterio. Es una visión que ha sido totalmente ignorada por el conservadurismo de la elite chilena.
—¿Que el resultado de este domingo parezca tan igualado en los sondeos es solo atribuible a la campaña del terror impulsada desde el Rechazo o hubo errores no forzados de la misma Convención?
—Hay errores de la Convención Constitucional que fueron netamente comunicacionales. Lo que ocurrió fue que, como la derecha tenía menos capacidad de bloqueo, había una tesis minoritaria de ese sector que era oponerse a la Convención y optar por el Rechazo en el plebiscito de salida. Otro sector de la derecha estuvo haciendo un trabajo para moderar el texto, pero finalmente entorpecieron el proceso. Ahora son la mayoría y lideraron una campaña sin control, con amplificación de los medios tradicionales para destruir el prestigio de la Convención. Eso no ha sido posible de desactivar. Sí ha habido una tremenda movilización a nivel territorial para desactivar esas mentiras, pero siento que el gobierno dejó la campaña bastante sola. Se dejó actuar a la campaña de desinformación y la campaña de información quedó muy cortada, por la falta de relato del gobierno y por falta de una acción más clara.
—¿Qué tan difícil es predecir los resultados, cuando esta vez hay voto obligatorio?
—Lo que pasa es que hay varios problemas con las encuestas en Chile. La pandemia provocó que se dejaran de hacer encuestas presenciales. Eso es un problema porque en una encuesta presencial se puede hacer una muestra aleatoria, probabilística. La encuesta online, en cambio, no es al azar y eso limita la representatividad de la muestra. En definitiva, son encuestas de peor calidad. Y, por otra parte, será la primera vez que tendremos voto obligatorio junto con inscripción automática. Votarán personas que no han votado antes y no sabemos cómo será su comportamiento electoral.
—¿En qué escenario queda Chile si gana el Rechazo?
—La victoria del Rechazo sería un tremendo retroceso para los cambios estructurales que requiere Chile. Sería complejo para el gobierno –que tiene una agenda de cambios importante– impulsar sus reformas. En cambio, el empuje para impulsar estas leyes es mucho más fuerte con una nueva Constitución. Si esto se entrampa en el Congreso, habrá rabia y no sabemos si eso se va a canalizar bien. Es compleja la situación. En Chile una de las caras visibles del Rechazo ha sido el grupo Amarillos por Chile, que están a favor de una nueva Constitución, pero no la que se somete a plebiscito. Su lema, de hecho, es: «Pero no así». Fue el mismo lema que usó un grupo que no se llama así, pero que yo denomino «Amarillos por Colombia», en el plebiscito por la paz de 2016. Responden a la misma lógica. Cuando ganó el Rechazo en ese plebiscito, se negoció un nuevo acuerdo por la paz, pero esos mismos «amarillos» votaron otra vez en contra. Tengo muchas dudas de la posibilidad de avanzar sin tener una nueva Constitución. Si gana el Rechazo, será más difícil avanzar; si gana el Apruebo, es más fácil y empezaría la lucha para escribir las leyes que implementarán lo habilitado por la nueva Constitución.
—Si gana el Rechazo, ¿cabe la posibilidad de pensar en nuevas tensiones en Chile? ¿Acaso un nuevo estallido?
—Es una posibilidad. Tal vez no vaya a pasar inmediatamente, podría demorar, pero sí creo que habrá una reacción. En la sociedad chilena hay una acumulación de tensiones que podrían volver a explotar en cualquier minuto si no se logran canalizar.
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