El pasado 8 de octubre, el Senado estadunidense aprobó por unanimidad la Ley de Tráfico Trasnacional de Drogas, con la cual se pretende combatir esta importante amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Actualmente se encuentra en proceso de discusión y análisis en la Cámara de Representantes (http://1.usa.gov/1SX5hmh).
La finalidad de esta ley es facilitar la elaboración de casos de extradición de traficantes que utilizan otras organizaciones criminales de intermediarias para ingresar drogas a Estados Unidos, por ejemplo las Bacrim (bandas criminales de Colombia), que entregan cargamentos de cocaína a los cárteles mexicanos –generalmente en Centroamérica– con destino al mercado estadunidense.
Con las leyes actuales, los productores sudamericanos que venden la droga a los cárteles mexicanos aprovechan las lagunas legales para evitar ser enjuiciados por la justicia estadunidense. Con esta nueva legislación se agregaría la disposición motivos razonables para creer, debido a que cada vez es más complicado probar que éstos sabían que el destino final de las drogas era Estados Unidos, explicó Chuck Grassley, autor de este proyecto de ley (http://1.usa.gov/1Napzd1).
Asimismo, se proyecta que con esta ley las sanciones actuales en contra de los productores de precursores químicos utilizados para la elaboración de metanfetaminas se apliquen correctamente, ya que de igual forma se agregaría la disposición de motivos razonables para creer que el exportador sabía que dichos químicos serían utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.
En este caso podríamos mencionar el tema de los productores asiáticos, que de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas de la ONUDC 2015, son los principales exportadores de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas ilegales, teniendo a México como el principal destino, donde se lleva a cabo su elaboración e introducción al territorio estadunidense.
Los productores asiáticos también serían enjuiciados aunque no estén directamente implicados en la fabricación o el transporte de las drogas hacia Estados Unidos. Pero de igual forma en estos casos, los narcotraficantes se han aprovechado de los huecos legales.
La legislación agrega además una disposición que prohíbe el uso de marcas falsas para traficar cualquier droga. Si ésta finalmente se aprueba, se podría aplicar a los traficantes que usan logos corporativos falsos para identificar los cargamentos de drogas ilícitas, así como las que se trafican como productos farmacéuticos falsos.
En los dos primeros casos, el papel de los cárteles mexicanos para la ejecución del delito es fundamental, porque son ellos quienes finalmente introducen y distribuyen los narcóticos en territorio estadunidense; por ende, los que más se arriesgan y en caso de ser detenidos asumen gran parte de las consecuencias, por obvias razones son también los que se llevan gran parte de la ganancia.
Por su papel protagonista, el crimen organizado trasnacional de México se mantiene como la mayor amenaza criminal para Estados Unidos y ningún otro grupo puede desafiarlos a corto plazo, debido a que la mayor parte de los estupefacientes que se consumen en Estados Unidos se producen en México o lo utilizan como país de tránsito, señala la Evaluación de la Amenaza Nacional de Drogas 2015 de la DEA (http://1.usa.gov/1Nu8fyg).
Aún es pronto para predecir cuál será el efecto de esta nueva ley en las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos. Sin embargo, los principales promotores de esta legislación aseguran que con los cambios se eliminarían los obstáculos y la burocracia que enfrenta el Departamento de Justicia para elaborar los casos de extradición contra narcotraficantes, especialmente contra aquellos que operan en Sudamérica.
Sin embargo, se corre el riesgo de que con estos cambios salgan perjudicados los eslabones más débiles de esta cadena de delitos, como los agricultores o transportistas, hecho que no impactaría en gran medida el proceso del narcotráfico, pues son fácilmente remplazables por los cárteles.
Finalmente, se debe tomar en cuenta este tipo de medidas y analizarlas con atención, puesto que podrían significar el inicio de una revaluación más profunda de las estrategias del gobierno estadunidense en su guerra internacional contra las drogas.
Por Simón Vargas Aguilar, analista en temas de seguridad, justicia, política y educación.
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