Hacia una codificación de la hegemonía del capital: el Acuerdo Multilateral de Inversiones
Lo anterior da buena cuenta de los proyectos de largo plazo que abrigan “los nuevos amos del mundo” y que, si no encuentran una decidida resistencia, no tendrán empacho alguno en imponer a cualquier costo. Si alguien tiene algunas dudas al respecto, bastaría con echar una ojeada a los borradores del por ahora abortado estatuto para el capital, el llamado Acuerdo Multilateral de Inversiones, para convencerse de lo que venimos diciendo. Si tal como lo hemos visto en los setentas, el objetivo de gran parte de la comunidad internacional era controlar el accionar de las firmas multinacionales, en los noventa el AMI propone nada menos que una rendición incondicional de la sociedad, representada por el estado, ante los dictados del capital. Según Edgardo Lander, el AMI puede ser caracterizado como una suerte de leonino “Tratado Internacional de los Derechos de los Inversionistas” y también como una carta constitucional que fija las condiciones de la plena hegemonía del capital transnacional. En primer lugar, observa Lander, porque codifica en un texto básico las tendencias hoy imperantes en las relaciones entre estados y empresas transnacionales, procurando coagular de este modo una correlación de fuerzas extraordinariamente favorable a las segundas en detrimento de los primeros.
En segundo lugar, porque a partir de estas tendencias se propone un diseño institucional y legal de obligatorio cumplimiento para todos los signatarios, en condiciones en que ningún país de la periferia estaría en condiciones de “rehusar la invitación” a firmarlo hecha por las grandes potencias bajo el liderazgo norteamericano. Tercero, porque tal como ha sido previsto en los sucesivos borradores del tratado toda la legislación y las normas nacionales, regionales y municipales o locales podrán ser cuestionadas y desafiadas ante jurados privados extranacionales integrados por “expertos en comercio” -que como observa Noam Chomsky ya podemos imaginarnos quiénes son- que dictaminarán inapelablemente acerca de la compatibilidad o no de las primeras con los compromisos adquiridos con la firma del tratado. En caso de que se compruebe su incompatibilidad la normativa nacional ya no podrá ser aplicada, al igual que ocurre con una ley que una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional declare inconstitucional (Lander, 1999: 77-79; Chomsky, 2000: 259).
Ambos autores observan que un tema al cual el tratado le otorga preferente atención es el de los mecanismos de solución de controversias. En numerosos artículos se establecen con mucha precisión los procedimientos a seguir cuando un estado plantee una demanda a otro por incumplimiento del tratado y la que por los mismos motivos realice una empresa ante un estado.
Pero el AMI incorpora dos innovaciones extraordinariamente reaccionarias en relación a la propia historia del derecho burgués: en primer lugar, porque en su marco doctrinario las empresas y los estados se convierten ahora en personas que gozan de un mismo status jurídico, aberración que hubiera provocado la repulsa de los padres fundadores del liberalismo, desde John Locke hasta Adam Smith. En segundo término, porque tal como lo observa Chomsky el tratado es una verdadera monstruosidad jurídica dado que no existe reciprocidad entre las partes contratantes. Una de las partes tiene sólo derechos y la otra sólo obligaciones: los estados no tienen derecho a demandar a las corporaciones.
“En realidad, todas las obligaciones de este texto de 150 páginas… recaen sobre el pueblo y sobre los gobiernos, ninguna sobre las corporaciones” (Chomsky, 2000: 259-260). No hay ningún mecanismo ni procedimiento previsto para que un estado o un particular puedan demandar a un inversionista por incumplimiento de sus obligaciones.
Con razón señalan nuestros autores que este documento constitucional internacional significa un grave atentado contra la democracia y la soberanía popular. Para Chomsky, de aprobarse el AMI “todavía colocaría más poder en manos de tiranías privadas que operan en secreto y que no rinden sus responsabilidades ante la opinión pública” (Chomsky, 2000:259). Para Lander, el AMI “implica una disminución drástica de la democracia, al limitar severamente la capacidad de los sistemas políticos y estados para tomar decisiones… (relativas a) cualquier política pública que pueda ser interpretada como discriminatoria en contra de la inversión extranjera” (Lander, 1999: 89).
No sorprende, por lo tanto, que las negociaciones fueran emprendidas en el mayor secreto y con un estilo fuertemente conspirativo bajo el liderazgo de los Estados Unidos, país crucial por muchas razones, desde militares hasta políticas y económicas en cuanto fuente principal de inversiones en el extranjero y primer receptor de inversiones externas del mundo. La OECD se encargó de comenzar, en mayo de 1995, los trabajos preparatorios con vistas a concluir con la firma del tratado dos años después. El borrador inicial del texto fue elaborado por un “think tank ” empresarial, el Council for International Business, el que según sus propias declaraciones “impulsa los intereses globales de las empresas norteamericanas tanto en el país como en el extranjero” (Chomsky, 2000: 257). Previsiblemente, el Council puso todo su empeño para garantizar la naturaleza absolutamente leonina del engendro jurídico resultante. Lander comenta que el secreto con que se condujo esta primera fase del proceso de negociaciones fue tan marcado que en muchos países sólo los más altos funcionarios del ejecutivo en áreas relacionadas con lo económico y comercial estaban al tanto de las negociaciones. Por supuesto que ni los parlamentos ni la opinión pública, para no hablar de los partidos, sindicatos u organizaciones populares, tuvieron el menor acceso a las mismas. Chomsky provee abundantes datos para sostener la hipótesis de que los grandes medios de comunicación de masas estaban al tanto de esta verdadera conspiración pero se cuidaron de revelarla.
En todo caso, toda esta maquinación se derrumbó como un castillo de naipes cuando a mediados de 1997 una ONG canadiense, el Council of Canadians, obtuvo una copia altamente confidencial del borrador que estaba siendo considerado y lo colocó en Internet. A partir de su divulgación, se gestó un amplio movimiento internacional de oposición integrado por organismos de ambientalistas, de lucha contra la pobreza, de defensa de los derechos laborales y de organizaciones de pueblos indígenas de todo el mundo que impulsó una exitosa campaña global de oposición al AMI, exigiendo la suspensión de las negociaciones a menos que su contenido sea alterado significativamente. Esta saludable reacción de algo que podríamos denominar con cierta laxitud como algunos sectores de la “sociedad civil internacional” fue caracterizada por el órgano por antonomasia del capital financiero, la revista inglesa The Economist, como “una horda de vigilantes” que había aplastado las nobles intenciones de las grandes empresas y de la OCDE gracias a su “buena organización y sus sólidas finanzas … para ejercer una gran influencia sobre los medios de comunicación” (Chomsky, 2000: 259). El activismo internacional desatado por la sola exposición de los escandalosos borradores del AMI ante la opinión pública mundial, facilitada extraordinariamente por la Internet, provocó no sólo el bochorno de los gobiernos implicados en esta verdadera conspiración mundial contra la democracia sino que las negociaciones fueran abortadas abriéndose en consecuencia una nueva etapa de luchas y resistencias que probablemente impidan definitivamente la concreción de las mismas. Como observa Chomsky, se trató de un logro sorprendente de las organizaciones populares que se enfrentaron con éxito a la mayor concentración de poder global de la historia: “el G7, las instituciones financieras internacionales y el concentrado sector corporativo estaban de un lado, con los medios de comunicación en el bolsillo” (Chomsky, 2000: 259). Los meses posteriores habrían de reproducir nuevas victorias populares en Seattle, Ginebra, Washington y Praga, demostrando que la hegemonía del neoliberalismo tropieza y seguirá tropezando ahora con serias y cada vez más enconadas resistencias populares.
*Este trabajo forma parte de un texto más amplio publicado en el libro de José Seoane y Emilio Taddei, compiladores, Resistencias Mundiales. De Seattle a Porto Alegre.
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