La FAO alerta sobre la compra masiva de tierras

“El incremento de las compras masivas de terrenos en África y otros continentes aumenta el riesgo de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra y el agua”. Ésta es una de las conclusiones de uno de los primeros estudios sobre la compra de enormes superficies de tierras en países de África, América Latina y el sudeste asiático por parte de grandes empresas y Estados importadores de alimentos. El informe, encargado por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y publicado a finales de mayo, revela que este negocio ha crecido de forma exponencial en los últimos cinco años por parte de multinacionales, empresas locales –muchas filiales de empresas extranjeras– y de Estados con superavit de capital y déficit de tierra cultivable. Las compras de tierras casi siempre están acompañadas de expropiaciones. Según advierte este estudio, las legislaciones locales no protegen el derecho de acceso a la tierra de la población, dejando que los acuerdos entre empresas y gobiernos se hagan sin transparencia y sin el consentimiento previo de las comunidades rurales implicadas.

Sin embargo, las poblaciones afectadas no siempre permanecen expectantes. Además de la larga lucha del pueblo mapuche contra Benetton en Chile y Argentina, el caso de Madagascar es paradigmático. El 10 de abril de 2009, la multinacional surcoreana Daewoo Logistic anunciaba la cancelación del proyecto de inversión agrícola en Madagascar, negociado en noviembre 2008 con el Gobierno de Marc Ravalomanana. El acuerdo preveía la concesión durante 99 años de 1,3 millones de hectáreas para la producción de maíz y aceite de palma. A cambio de inversiones en infraestructuras y mano de obra, el Gobierno de Madagascar se disponía a ceder la mitad de las tierras fértiles de la isla.

La oposición popular y campesina no se hizo esperar. A través de una fuerte resistencia en defensa de los derechos de los ciudadanos y campesinos malgaches sobre sus tierras, la población se organizó en grupos como la Plataforma Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Madagascar, el Colectivo por la Defensa de las Tierras Malgaches y Solidarité sur le Intervenants Foncier (SIF), que pertenece al movimiento internacional Land Coalition. Poco después, en marzo de 2009, el presidente que sostuvo el acuerdo con Daewoo, Marc Ravalomanana, abandonó el poder tras un golpe de Estado y masivas manifestaciones, en las que 100 personas resultaron muertas. El nuevo presidente, Andry Rajoelina, ex alcalde de la capital, hizo de la cancelación del acuerdo con Daewoo uno de sus principales eslóganes políticos. Actualmente, según los representantes de la plataforma SIF, el Gobierno de Andry Rajoelina no renuncia a continuar con planes semejantes, sino más bien revisar su ubicación.

Daewoo es sólo una de las últimas empresas extranjeras implicadas en este proceso de acaparamiento de tierras a nivel mundial, y Madagascar uno de los varios Estados del Sur amenazado por esta tendencia [ver información más abajo]. Lejos de los tiempos de la metrópoli, los Estados descolonizados viven ahora otro tipo de control sobre sus recursos, según denuncian innumerables organizaciones. La actuación de organismos como el Banco Mundial y el FMI durante las últimas décadas, forzando a países de la periferia a abrirse a los mercados mundiales, atrajo a numerosas multinacionales que ahora se benefician del negocio de la tierra y la demanda de agrocombustibles. El Banco Mundial, entre otras instituciones, defienden este modelo alegando que de esta forma se transmite dinero y tecnología a los países de Tercer Mundo. Junto a las empresas trasnacionales, los principales responsables del acaparamiento global de tierra son Estados que dependen de las importaciones de alimentos. Su crecimiento económico y demográfico junto a la escasez de recursos hídricos y agrícolas, han empujado a estos gobiernos a asegurarse reservas de alimentos a través de la compra de tierras a bajo precio en países extranjeros. Uno de los Estados más activos en la compra de tierras, según un informe publicado por la ONG Grain, es Arabia Saudí: ha comprado superficies en África, principalmente en Etiopía y Sudán, mientras que el holding saudí Bin Laden Group ha firmado en 2008 un acuerdo en nombre del Consorcio de Alimentos de Medio Oriente para invertir 4.300 millones de dólares en Indonesia, con la adquisición de 500.000 hectáreas (algo así como la Comunidad de Madrid) para la producción de arroz. China también está invirtiendo masivamente en la compra de tierras: sus inversiones abarcan dos millones de hectáreas (el equivalente a la Comunidad Valenciana) de cultivos entre el este de África, Filipinas y Asia Central. Otros países que se han lanzado a la compra de tierras fértiles son Egipto, Bahrein, diversos Estados del Golfo Pérsico, India o Japón, países generalmente con abundantes petrodólares y escasas zonas cultivables en relación a su población. En total, más de ocho millones de hectáreas han sido compradas recientemente. Corea del Sur figura en primer lugar, con 2,3 millones de hectáreas.

La producción de agrocombustibles es una de las causas que han llevado a esta progresiva privatización. La complicidad de los gobiernos locales, otra. En declaraciones a DIAGONAL, Sue Branford, editora de la publicación Seedling de la ONG Grain, habla sobre el papel de los Gobiernos locales frente a la venta de tierras a gobiernos y empresas multinacionales: “Muchos Estados en el Tercer Mundo están siendo afectados por la crisis mundial, a pesar de que no hicieron nada para crearla. No pueden obtener crédito comercial y están siendo perjudicados por la caída de los precios. En tales circunstancias, una oferta de otro país para alquilar o comprar tierras es muy tentadora. Para nosotros puede parecer chocante que un país como Camboya, que tiene un grave problema interno de hambre, pueda consentir la venta de tierras para producir alimentos para otros países. En realidad, los países pobres se ven obligados a buscar soluciones a corto plazo, que no les traerán beneficios a largo plazo. Como resultado, muchos de estos gobiernos están facilitando la entrada de países extranjeros y multinacionales y ayudándoles a eludir los límites legales sobre la cantidad de tierra que un extranjero puede poseer”. Parece claro quién pierde en este negocio. Privados de las tierras, base de su supervivencia, decenas de miles de campesinos se ven obligados a dejar anualmente sus lugares de origen, cuando no son desplazados por la fuerza, para buscar en otros sitios, en las ciudades o como inmigrantes en los países enriquecidos, una alternativa al hambre.

Los gobiernos venden o arriendan la tierra normalmente con la justificación de que nadie la habita, cuando en la mayoría de las ocasiones está habitada o utilizada durante una parte del año por familias campesinas. “Estas familias”, continúa Sue Brandford, de Grain, “a menudo se ven obligadas a unirse al éxodo rural. Cuando pierden sus tierras, también pierden su conocimiento de la biodiversidad y las plantas locales. Otra consecuencia, por supuesto, es que, en el largo plazo, estos acuerdos pueden agravar el problema del hambre en la economía local, ya que significa menos tierra disponible para las necesidades alimentarias”. Como si fuera poco, las tierras compradas se dedican a los monocultivos, un tipo de agricultura industrial, que depende en gran medida de fertilizantes químicos, plaguicidas, y maquinaria agrícola, con un fuerte impacto en los ecosistemas y los modos de vida y de subsistencia tradicionales, según denuncian las organizaciones de defensa de la soberanía alimentaria.

AFECTADOS

Los principales países afectados por este fenómeno han sido hasta ahora Sudán, Pakistán, Kazajstán, Camboya, Birmania, Uganda, Filipinas, Indonesia, Laos, Turquía, Ucrania, Tailandia, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zimbabue, Ruanda, Zambia, Madagascar, Nigeria, Camerún, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina, todos con graves problemas de desnutrición.

EL 10% DE ARGENTINA

Según la Federación Agraria Argentina, el 10% del territorio argentino está en manos de extranjeros. El terrateniente más grande del país es Benetton, con unas 900.000 hectáreas. En algunas provincias, la hectárea puede llegar a costar ocho dólares. Personajes como Ted Turner, Richard Gere y Matt Damon, empresas chilenas, europeas, norteamericanas y países como Malasia han aprovechado el bajo precio del suelo para comprar amplias extensiones de terreno a lo largo de todo el país.

CHINA A POR TIERRAS

En la primera mitad de 2008, el Ministerio de Agricultura de China redactó una medida oficial central para alentar a las empresas nacionales a adquirir (alquilando o comprando) tierra en el extranjero con fines agrícolas, especialmente para asegurarle a China el suministro de soja a largo plazo. Se suponía que cinco empresas estatales serían escogidas para llevar a cabo el plan. A mediados de año se supo que la medida quedó momentáneamente en suspenso, según un informe de la ONG Grain.

MUCHO PETRÓLEO

En marzo de 2008, los ministerios de comercio, economía y finanzas del Consejo de Cooperación del Golfo emitieron una recomendación conjunta de que los miembros de dicho Consejo consideran establecer una empresa conjunta o un fondo común para producir alimentos en el exterior, en el sudeste asiático, Brasil y otros países árabes, para abastecer el mercado del Consejo. También propusieron crear un equipo de trabajo para monitorear los proyectos, establecer una estrategia común, según Grain.

JAPÓN EN BRASIL

En noviembre de 2007, el conglomerado japonés Mitsui compró 100.000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil —el equivalente al 2% de la superficie cultivada de Japón— para la producción de soja. Las tierras están en Bahía, Minas Gerais y Maranhão. Mitsui compró la tierra a través del 25% de su participación en Multigrain SA, el comerciante de granos brasileño que formalmente cerró el trato. Los otros dueños de Multigrain SA son CHS Inc, una empresa estadounidense de energía y alimentos, y PMG Trading of Brasil.
 

En Madagascar, las reivindicaciones contra los intereses de las multinacionales y por los derechos de los campesinos han sido recogidas por diferentes plataformas. Entre ellas destaca Solidarité Des Intervenants Sur Le Foncier (SIF), una organización que agrupa a 24 grupos de productores y representa alrededor de 265.000 campesinos y pequeños productores agrícolas distribuidos en todo el país. En una entrevista con el presidente de la plataforma, Mamy Rajohanesa, y su secretaria ejecutiva, Laurence Bakolinirina, sobre el “Affaire Daewoo”, no sólo denuncian la falta de transparencia con la cual se realizó la negociación entre Daewoo con el gobierno anterior, sino que también el actual presidente, Andry Rajoelina, no niega la posibilidad de otras inversiones semejantes. “En Madagascar hay una organización, llamada EDBM, que se encarga especialmente de las relaciones entre el Estado y las multinacionales, a través de la cual el Gobierno puede seguir los detalles de las explotaciones, el volumen de inversión, la ocupación de tierras y los empleos creados. La multinacional Río Tinto, por ejemplo, tiene una filial subsidiaria en Madagascar, la QQM, y ha podido desarrollar sin obstáculos la explotación minera, expropiando las tierras necesarias”. En Madagascar, la mayoría de los campesinos no pueden cumplir los requisitos para legalizar la posesión de sus tierras. El riesgo de perder sus escasas posesiones es continuo. “Las expropiaciones hasta ahora no han significado para las poblaciones ningún beneficio en puestos de trabajo, sino solo algunas infraestructuras”. “El desconocimiento de los textos que regulan los derechos rurales perjudican a los campesinos, incluido el derecho de la tierra. El 48% no conoce el procedimiento para adquirir el título o certificado de propiedad”.