Las mayor huelga del sector público en el Reino Unido desde 1926, ese el balance de las movilizaciones que llevaron a más de dos millones de trabajadores a protestar ayer, 30 de noviembre, en contra de la reforma del sistema de pensiones del Gobierno.
Decenas de miles de personas tomaron las calles de Londres en una multitudinaria manifestación hasta Victoria Embankment y numerosos piquetes informativos se posicionaron en puestos de trabajo a lo largo y ancho de las islas.
“Según el Gobierno no nos estamos muriendo lo suficientemente rápido”, declaraba Alex Kenny, miembro de la ejecutiva del National Union of Teachers (NUT), el sindicato mayoritario de profesores. El 70% de colegios cerraron ayer en el Reino Unido, nueve de cada diez en Londres. “Mis contribuciones aumentarán un 50%; el Gobierno quiere que paguemos más, trabajemos durante más tiempo, y que nuestra pensión sea menor. Es una vergüenza”, se quejaba Craig Parr, miembro de la directiva de las juventudes del NUT.
La huelga contó con el apoyo de la sociedad británica, un 61% a favor frente a un 36% en contra, según la encuesta de Comres para la BBC publicada esta semana.
La propuesta del Gobierno de Cameron
La reforma del Ejecutivo, que persigue la reducción del gasto público, sigue las recomendaciones del informe de Lord Hutton, ex ministro de finanzas y pensiones de la anterior administración laborista, y confirma los temores de los sindicatos. Las medidas incluyen un aumento de la edad de jubilación hasta los 68 años en la mayoría de los casos –hasta 60 para fuerzas armadas, bomberos y policías-, un incremento de las contribuciones individuales, y el cambio del cómputo de la pensión a un porcentaje de la media salarial a lo largo de la vida laboral en lugar de como se realiza actualmente, calculado en función del salario final, lo que resultará en pensiones menores.
“Contrariamente a lo que viene repitiendo el Gobierno, el informe de Lord Hutton dice que las pensiones son asequibles para el estado. Todo aquello sobre que el Estado no se lo puede permitir es simplemente falso”, declara Parr, refiriéndose al análisis del informe que aclara que el coste de las pensiones va a disminuir significativamente en relación al PIB en los próximos 50 años.
Según el sindicato UNISON, las pensiones medias anuales que recibiría un trabajador de la sanidad o un profesor tras la reforma se encontrarían entre £4.000 y £7.000. “La propuesta del Gobierno va a afectar a aquellas que ganen menos, y ya hay 2,5 millones de pensionistas en la pobreza”, reflexionaba Alex Kenny del NUT.
Público vs Privado
Los sindicatos consideran que detrás de las reformas se esconden planes de Cameron para promover la privatización de servicios públicos, entre ellos la sanidad y la educación. “La Confederation of British Industry (la patronal británica) lleva tiempo aplaudiendo las reformas del Gobierno y su director, John Cridland, afirmó que las principal barrera para la externalización de servicios al sector privado son las pensiones”, explicaba Alex Kenny.
Kenny también se quejaba sobre la comparación con las pensiones del sector privado: “Están aplicando las políticas de igualdad en la miseria. Nosotros queremos que todos los trabajadores tengan buenas pensiones, el Gobierno debería aplicar un sistema de regulación de las pensiones privadas como sucede en, por ejemplo, Alemania.”. La cuestión sobre la desigualdad en las pensiones en ambos sectores arroja un interrogante que trataba de analizar James Meadway, economista de la New Economics Foundation.
Meadway destacó la importancia de la militancia sindical para la lucha por los derechos del trabajador, y resaltó la diferencia de participación en ambos ámbitos, alrededor de un 60% en el público frente a un 15% en el privado. “Esto supone una debilidad estructural que los sindicatos tienen que resolver”, concluía Meadway.
El controvertido papel del jefe de la oposición
Ed Milliband, líder del partido laborista, ha sido criticado por ambos bandos. Mientras que Cameron le tachaba de irresponsable por no condenar la huelga en lo que el primer ministro considera un momento clave en la economía británica, los sindicatos le achacaban su falta de apoyo en una movilización social de este calibre.
Miliband, durante su intervención en el parlamento ayer, culpó a ambas partes del fracaso de las negociaciones. “Es decepcionante”, apuntaba Kenny, “pero sabemos que hay muchos laboristas de base que están a favor de la huelga y con los que queremos seguir trabajando”. La postura del también conocido como Red Ed no deja de sorprender a muchos, teniendo en cuenta que su victoria en las primarias frente a su hermano David se produjo principalmente gracias al apoyo de los sindicatos.
Más austeridad en los presupuestos generales
La huelga tuvo lugar un día después del anuncio de otoño de los Presupuestos Generales del Estado, en el que el Gobierno detalló nuevas políticas de austeridad. George Osborne, ministro de economía británico, anunció la imposición del límite del 1% a las subidas de los salarios de los funcionarios –tras dos años de congelación de sueldo-, además de recortes en ayudas a familias con hijos que conducirán a 100.000 niños más a la pobreza, según el propio Tesoro. Asimismo, la edad de jubilación aumenta hasta 67 años.
El Gobierno ha tomado estas medidas tras la publicación del informe de la Office for Budget Responsibility (Oficina parar la Responsabilidad Presupuestaria, organismo gubernamental encargado del control de las finanzas), que pronostica una reducción de las previsiones de crecimiento y predice la pérdida de hasta 700.000 empleos en el sector público en los próximos seis años. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo pronostica que el Reino Unido entre en recesión en 2012.
“Tras el anuncio de ayer, no nos han dejado otra alternativa que la huelga”, declaraba Neil Masters a DIAGONAL, delegado regional del sindicato Public and Commercial Services en Sheffield, uno de los principales del sector público. “Quieren que paguemos por la crisis que provocaron los bancos; la frustración de la gente se está traduciendo en protestas, tanto sindicales como las de las ocupaciones de plazas”, continuaba Neil, que remarcaba la necesidad de internacionalizar la lucha obrera.
En referencia a las últimas decisiones del gobierno en materia económica, desde la cabeza de la manifestación en Birmingham, Tony Woodley, líder del sindicato Unite, el mayor sindicato de funcionarios, declaraba a la BBC: “Esto es una llamada de atención al Gobierno. Tienen que cambiar una estrategia que está llevando a millones de personas al paro y comenzar a invertir en servicios públicos y crear empleo”.
Por Víctor Olmos García / Londres
Jueves 1ro de diciembre de 2011.
Leave a Reply