Guillermo Mastrini, uno de los investigadores sobre economía política en medios de comunicación más reconocidos en el continente, integrante y promotor del movimiento social que impulsó la Ley de Medios en Argentina, en visita a nuestro país, impartió el pasado 14 de octubre una cátedra en el marco del lanzamiento del Centro de Comunicación y Ciudadanía de la Universidad Nacional. Aquí apartes de lo enunciado y sustentado.
“Siempre planteo como ejemplo que los ciudadanos tienen opiniones políticas sobre el sistema de salud, la educación y el transporte. Nos comportamos como actores políticos. Y sin embargo, la relación entre comunicación y ciudadanía es la más endeble de todas. Podemos decir que hoy consumimos y nos relacionamos más con los medios de comunicación desde el día que nacemos hasta que morimos. Sin embargo, desde este ámbito nos han marginado de la posibilidad de ser ciudadanos. Empezar a recorrer este camino es arduo porque hay una tradición histórica que niega el vínculo entre comunicación y ciudadanía. Esta negación estimula la perpetuación de un sistema de poder que no quiere que existan ciudadanos de la comunicación porque son incómodos, preguntan y molestan.
El caso argentino
“Mi presentación está dividida en dos partes: una inicial sobre Argentina, seguida de un análisis sobre lo que ha pasado en América Latina en los últimos años con respecto a los medios de comunicación. El caso argentino no representa un modelo de una experiencia que deba ser replicada pero sí conocida. Me ha pasado en estos días en Bogotá, con la llamada “ley mordaza”. Esto es estigmatizante y complicado. Nos hace pensar en la enorme capacidad que tienen los medios masivos y los principales grupos de comunicación para construir una agenda mediática que asume que todos los procesos son iguales.
Inicio estas conferencias haciendo mención de un artículo sumamente crítico e hiriente sobre un gobierno de Suramérica que plantea restringir y amordazar a la prensa y las libertades civiles. ¿De qué país creen que estoy hablando?¿De Venezuela? ¿Ecuador? ¿Argentina? Lo extraje del diario El País de Uruguay, que en muchos casos es presentado como un país que respeta las libertades civiles. Y traigo esto a colación porque cualquier iniciativa que procure en alguna medida atenuar a los medios y la situación de privilegio que tienen los grandes grupos concentrados es vista como ‘ley mordaza’. Una tarea que ustedes deben saber es que hagan lo que hagan van a ser ‘ley mordaza’
Toda política pública está basada en lo que la sociedad entiende por interés público. Un valor que no se da naturalmente y requiere la acción y protección del Estado. ¿Qué problema enfrentamos en materia de política pública de medios? Históricamente el interés público en la radio y, después, en la televisión latinoamericana, fue definido exclusivamente por los dueños de los grandes medios de comunicación y por algunas agencias especializadas del Estado. Lo anterior plantea una cuestión a resolver ¿podemos seguir tolerando, como sociedad democrática, plural y diversa, que sectores minoritarios definan una política pública?
La ley no es para afectar sino para garantizar derechos, más de los que ya existen, de lo contrario no sería necesario definir una política pública. Ampliar derechos sociales entorno a la comunicación implica afectar los derechos que están constituidos, no porque exista la voluntad de afectarlos sino porque esos derechos no son plenamente compatibles con los intereses de los demás. Hay intereses sociales que se contraponen como la diversidad, el pluralismo, la necesidad de ofrecer alternativas. En este sentido, cualquier intento por promover un cambio enfrentará esta situación.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina acaba de cumplir seis años de haber sido sancionada. Rescato el proceso participativo que implicó su construcción, elaboración, sanción e incluso su fundamentación en ley. Ganamos un enorme debate social entorno a los medios de comunicación que rompe dos características históricas que los grandes medios procuraron mantener: no hablar de los medios, no debatir sobre cómo organizar los sistemas de comunicación, esto sólo pasa cuando hay factores de movilización por parte de la sociedad civil e intereses de algún sector político. La segunda idea es que los medios son neutrales, son mediadores e informan una verdad objetiva. Cuando se discute sobre los medios se observa claramente que lo primero que hacen es defender sus propios intereses, lo que evidencia que no son neutrales.
En el caso argentino teníamos la Ley de Radiodifusión de1980, instituida por Jorge Rafael Videla, responsable de 30.000 muertos. La concepción de comunicación era de carácter militar. Sin embargo, para los medios no era una ley mordaza diseñada en la dictadura, a diferencia de aquella sancionada en el parlamento, pues no entraba en contradicción con sus intereses. Cuando en 1983 retornó la democracia algunos grupos sociales pensamos que era imposible cambiarla porque enfrentábamos a la oposición del sistema mediático. Pero en 2004 se conformó la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Elaboramos 21 puntos sobre lo que debe ser una ley de comunicación democrática. Fue un gran impulso, aunque por cuatro años permanecimos en la penumbra. Existíamos pero no teníamos mucha visibilidad. Esto cambió por diversas cuestiones que son difíciles de discernir, pero hubo un enfrentamiento entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Clarín, principal grupo de comunicación en Argentina. El grupo Clarín le dijo a la mandataria que si se enfrentaba con ellos iban a destrozar su administración a partir de la crítica en todos sus medios. Tras la necesidad de construir una ley de regulación en comunicación, el Gobierno tomó como base los 21 puntos propuestos por la Coalición.
Con cierta celeridad el Gobierno elaboró, en términos generales, un proyecto de ley que respetó los 21 puntos. No los escribió la Coalición sino el Gobierno, pero están referenciados en el texto. Tras varios meses de discusión, con amplia participación en el parlamento, donde fueron convocados a debatir distintos actores, fue aprobada esta nueva ley en octubre de 2009.
¿Cuáles son los contenidos de la Ley?
Básicamente hace énfasis en una comunicación fundamentada en los derechos humanos, lo cual es una ruptura con los modelos tradicionales de libertad de expresión. Hoy hay tradiciones fuertes, incluso el reconocido constitucionalista norteamericano Owen Fiss plantea que el Estado debe garantizar los derechos positivos y la libertad de expresión. El Estado ya no es una amenaza sino el garante de estos. El Estado debe promover políticas públicas que garanticen el ejercicio de la libertad de expresión porque, de lo contrario, sería un derecho abstracto. Esto, por ejemplo, se materializa en la reserva del 33 por ciento del espectro electromagnético a las organizaciones sin fines de lucro. Plantea, además, una ruptura con la lógica comunicacional, pues la anterior ley señalaba que para tener un medio de comunicación había que contar con una sociedad comercial. Era una curiosa concepción de la libertad de expresión. Sólo podía comunicarme si quería ganar dinero. Sin embargo, esta concepción no era cuestionada.
Segunda medida, limita la concentración, pese a la existencia de medios grades. Por ejemplo, ciertas limitaciones de la propiedad del cable de los servicios de radio y televisión, cuotas de mercado que llegan al 35 por ciento. ¿Porqué un medio no pude tener más de 35 por ciento del mercado? Si un medio tiene este porcentaje quiere decir que sólo existen tres medios. Si estamos hablando de diversidad para proteger el derecho a la libertad de expresión hay que poner límites. Si el límite fuera el 50 por ciento serían dos medios; el 70 por ciento, entonces sería un medio. El Grupo Clarín planteó que lo anterior era inconstitucional porque al limitar su crecimiento afectaban su libertad de expresión. La respuesta de la Corte Suprema de Justicia fue que si el grupo no tiene el 50 por ciento y considera que se le limita la libertad de expresión, ¿qué le queda a medios que tienen el 1 por ciento, y al resto de la sociedad, para ejercer el derecho a la libertad de expresión?
Tercera medida incorporada: promoción de la producción y en un sentido federal. Uno de los problemas de la región, y en Argentina está muy marcado, es que hay un centro de producción que es Bueno Aires y el resto del país mira lo que allí se dice que debe mirar. Por lo tanto, la promoción de un relato federal es fundamental, y la ley apunta a esa dirección.
Finalmente, la creación de una autoridad que regula que es más plural de lo que históricamente fue. ¿Es lo plural que debería ser? Tal vez no, pero es más plural de lo que teníamos y tuvimos históricamente. Siempre se pude mejorar, las leyes son perceptibles. Pero hay un avance sustantivo, la representación de las minorías, la participación de organismos de la sociedad civil, y mecanismos de control de la propia autoridad.
Los grupos mediáticos, principalmente el Clarín, que fue el que más se opuso a su aprobación, estaban convencidos que tenían la capacidad de lobby para impedir que se aprobara, esto da cuenta de su poder. Luego interpusieron un recurso de inconstitucional. Empantanaron el juicio durante cuatro años. Finalmente, en 2013, un voto significativo de la Corte Suprema de Justicia declaró la ley como constitucional. Para llegar a esto la participación social fue notoria, tanto en los debates parlamentarios como en la Corte, quien convocó, bajo la figura de amicus curiae, la participación social para que argumentaran ante el Tribunal. Esto fue transmitido por televisión, con altos índices de audiencia, porque el tema era socialmente significativo.
El Grupo Clarín argumentaba que de aprobarse la ley iban a desaparecer medios. Hoy, seis años después de su aprobación, ningún medio ha desparecido o tuvo que cerrar. Siguen siendo igual de críticos con el Gobierno, pero no se han visto afectados en su funcionamiento. Pero también hay que analizar lo que el Gobierno dijo con respecto a la democratización de las comunicaciones, a partir de la aprobación de la ley. Una vez aprobada ésta el Gobierno mostró poca voluntad de continuar una política democrática, limitando la aplicación de la ley a tratar de afectar al Grupo Clarín, pero fue cauto con respecto a las otras opciones sobre medios comunitarios, la autoridad de aplicación y los lugares donde se han ganado derechos ciudadanos.
Cuando salgo del país escucho expresiones como ‘esta ley que controló…’. No, no controla ningún medio de comunicación en Argentina, pero sí establece una limitación y condiciones distintas a las que históricamente tuvieron. Esto lo ha reconocido la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, OEA. No hay afectación a los estándares internacionales de libertad de expresión. Y sin embargo, es conocida como ley mordaza, distinto es el caso de otras leyes de Suramérica. No digo que sea exactamente igual en todos los países.
América del Sur y las reformas al sistema comunicacional
“Hoy en día es más conveniente hablar de América del Sur. Hoy México y América Central han tomado un rumbo distinto del que toma América del Sur, por supuesto con una gran complejidad. No quiero decir que América del Sur es homogénea. Reconozco que hay significativas diferencias, básicamente entre Colombia, Chile y Perú, analizados como proceso político, y el resto de países. Pero por lo menos la conformación de Unasur como proyecto político ambiguo y difuso establece cierta identidad de no seguir lo que históricamente fue la vía de políticas públicas en la región, que es Estados Unidos.
El gran problema es que a partir de finales del siglo XX, y sobre todo a principios del siglo XXI, emergieron nuevos tipos de gobiernos distintos a la tradición histórica de América del Sur y América Latina. Los académicos tenemos problemas para definirlos. La única definición que podemos dar es negativa; pero las definiciones negativas nos dicen lo que no son pero no lo que son. Algunos utilizaron los conceptos de gobiernos posneoliberales, que vinieron después de la década de los noventa cuando eran más homogéneos, pero hoy es más complejo. Utilizo progresistas porque creo que hay una lógica de ampliación de derechos con muchos problemas, con poco respeto hacia la institucionalidad democrática, pero es una lógica de ampliación de derechos en un continente donde éstos estuvieron históricamente restringidos. En América del Sur podemos diferenciar dos bloques: confrontativos como Venezuela, Ecuador, Bolivia y no confrontativos como Brasil, Argentina y Uruguay. En este último caso, y según el año que analicemos, pasa de confrontativo a no confrontativo.
¿Estos gobiernos han tenido una política para los medos de comunicación? La respuesta es sí. No han tenido una política común, pero la estructura del sistema comunicacional en estos gobiernos ha sido puesta en discusión. En algunos casos con efectos concretos; en otros casos sólo se ha puesto en discusión. Pero insisto, para una tradición histórica en la que esto nunca se discutió no es menor que se ponga en discusión.
¿Cuáles son las características más comunes que evidenciamos en estos procesos? La primera es la comunicación política. Es lo que llaman el bypass mediático, la comunicación directa entre gobierno y ciudadano. No utilizo los medios para comunicarme, elimino al mediador, llego a través de programas de cadena nacional y me comunico directamente con la ciudadanía. Y la segunda son las políticas de comunicación. Es decir, la relación del Estado y el sistema de medios. Son varios los países que han sancionado reformas de comunicación: Uruguay, Ecuador, Venezuela, Argentina. Bolivia modificó su Constitución incluyendo el derecho a la comunicación. Ecuador hizo una reforma constitucional en este sentido. Pero es distinta la concepción que existe en los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –ALBA–, a la del resto de países. En las leyes de Ecuador y Venezuela observo con preocupación que el Estado se atribuye la capacidad de control de contenidos, lo cual no contribuye a un ejercicio pleno de la libertad de expresión.
Si analizo la ley de medios en Ecuador probablemente coincida con el 95 por cieento de ésta, pero el 5 por ciento con el que no coincido es grave porque plantea elementos que conducen a la autocensura y restricciones del ejercicio de libertad de expresión. No creo que sea una política de comunicación progresista. Otro elemento común es el fomento de los medios de propiedad estatal. No digo medios públicos porque eso es más complejo. Pero sí han promovido y fortalecido el desarrollo de medios de propiedad del Estado para lograr un contrabalance frente a la alta posición de los medios privados. Hay muchos medios de propiedad estatal, pero las audiencias siguen estando vinculadas a los grandes medios comerciales, y en algunos casos se ha formulado una política para el sector de medios comunitarios, con ciertos problemas en torno a los comunitarios amigos del gobierno.
Cuando evaluamos estas leyes, vemos que los cambios estructurales son lentos, pausados y menos intensos que los propios gobiernos que han propuesto estas medidas. Si uno analiza hoy los mapas de medios de estos países que han impulsado una política de comunicación activa, con lo que pasaba diez años atrás, encuentra que no son significativamente distintos. Hay un crecimiento de los medios estales, sin incidencia en la audiencia, y un crecimiento de la oferta de medios comunitarios, sin incidencia en la audiencia. También existen políticas de fomento a la producción y diversidad, y un mayor despliegue de derechos comunicacionales. Espero que el fortalecimiento del debate social entorno a la comunicación sea algo a lo que no se renuncie una vez que la ciudadanía tome conciencia de la importancia del tema. Es un punto de ruptura fundamental”.
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