En mayo el sector agrario colombiano vuelve a ser noticia. Dos hechos así lo potencian: la Minga nacional convocada por la Cumbre Agraria a partir del 30 de mayo, y el “Referendo por el agro” radicado el pasado 12 de mayo ante la Registraduría Nacional.
La Minga
Esta acción de protesta la cita la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular, dinámica nacida en el 2014, como articulación de diversos procesos agrarios en vísperas de un paro agrario citado para marzo de ese año. En la negociación abierta con el Gobierno producto de estas protestas fue instalada la Mesa Única Nacional mediante la expedición del decreto 870 de 2014. Los puntos por debatir: los 8 puntos del pliego de exigencias articulados por el conjunto de procesos sociales alrededor de Cumbre agraria (1).
Los debates desatados dieron cuerpo a mesas de trabajo sobre economía propia, derechos humanos y el componente minero-energético. También se acordó una destinación presupuestal de 250.000 millones de pesos para proyectos productivos de economía propia, mediante la cofinanciación del Fondo de Fomento Agropecuario (decreto 1565 de 2015).
Dos años van de negociaciones, y nada concreto surge. La Cumbre denuncia incumplimientos de parte del gobierno nacional. Para los proyectos productivos no existen los 250.000 millones de pesos anunciados para la economía campesina y étnica; las trabas jurídicas –legalismo– han impedido que las comunidades puedan disponer de estos recursos. Las exigencias en materia jurídica para contratar con el Estado, así como los requerimientos técnicos, no corresponden con la naturaleza de quienes conforman la Cumbre Agraria pues estas son pequeñas organizaciones compuestas por pobres rurales que no tienen recursos para disponer de infraestructura y equipo humano con suficiente capacidad de gestión como los medianos y grandes contratistas del Estado.
En lo concerniente a las comisiones minero energética, derechos humanos y economía propia, no existen mayores avances, el Gobierno no las dinamiza, no hay un real interés en debatir con los sectores agrarios un proyecto de país y de desarrollo rural.
De esta manera, la Cumbre está encerrada entre la dilatación oficial, propia de la estrategia del desgaste, y las diversas problemáticas que aquejan los territorios rurales. Hay razones de sobra para salir a protestar, para intentar parar las carreteras y nuevamente exigir el cumplimiento de los acuerdos y el freno de la política económica hacia el campo que no reconoce a las economías campesinas, indígenas y negras pero sí a los grandes productores agroindustriales del país, potenciados una vez más a través del proyecto Zidres –Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres)–.
La crisis que sufren todos aquellos que se dedican al campo, es innegable, y para superarla son necesarias medidas estructurales, de ahí que la Cumbre agraria no solo debe movilizarse así misma sino que debe movilizar al conjunto de los sectores agrarios que no hacen parte de ella, incluso debe intentar movilizar al conjunto del país. Un instrumento para concitar todas estas fuerzas es el pliego petitorio, el cual debe ser concreto y contundente, para que despierte simpatías por doquier.
Sería un desacierto construir un pliego extenso que lleve a la conformación de una nueva Mesa de Negociación, sería hacerle el juego al gobierno, sería repetir el procedimiento logrado en 2014, que claramente demostró falta de voluntad política del Gobierno, conllevando al desgaste de las comunidades.
Ideal sería que además de concretar las exigencias se propongan mecanismos para su implementación, pues si no hay propuesta sobre este tema el Gobierno queda con las manos libres para imponer su lógica burocrática y legalista.
Para avanzar por estas sendas es necesario fortalecer el proceso unitario que dice concregar la Cumbre. Y por un proceso de este tenor debe entenderse la unión de diversas fuerzas políticas para la consecución de objetivos comunes, y no el escenario para que cada organización quiera disputar sus propias agendas, pues tal eclecticismo lo que permite es una convivencia de intereses puntuales sin lectura gruesa de sector ni de país ni del momento que vivimos, vía por la cual la llamada “unidad” queda reducida a una simple palabra y nada más que ello.
Hay más retos. En el intento por concitar al país para esta jornada de lucha, la Cumbre debe liderar iniciativas como las de reconocer y confluir con diversas luchas y propuestas que lideran otros sectores agrarios, no integrantes de la Cumbre, por ejemplo, aquellos reunidos alrededor de la Agricultura Familiar, iniciativa promovida principalmente por el Comité de Impulso de Agricultura Familiar, instancia integrada por organizaciones sociales agrarias, Ong’s y algunas universidades quienes en 2014 presionaron para que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural desarrollara tal programa, demanda que resultó en la expedición de las resoluciones 267 y 300 de 2014 (en la primera se crea el programa y en la segunda se establecen condiciones para la aplicación de microcrédito).
El Referendo
Impulsado por organizaciones como Dignidad Agropecuaria, el Comité de Impulso de Agricultura Familiar, la CUT, CTC, CGT con el apoyo y respaldo de Oxfam, tomó forma este Referendo el cual pretende reformar los artículos 64, 65, 66, y 100 de la Constitución Política para adoptar medidas de protección especial a la producción nacional agraria y al trabajo campesino; incluye, de igual manera, la renegociación de los Tratados de Libre Comercio vigentes.
La iniciativa fue radicada ante la Registraduría Nacional el pasado jueves 12 de mayo; para su formalización cuenta con 15 días para hacer ajustes y recomendaciones, luego de esto en 6 meses se deben recolectar 3.500.000 firmas; la Registraduría cuenta con 45 días para validarlas y así pasar a debate prioritario del Congreso de la República, sin poder ser modificado por los congresistas. Se invita a las personas interesadas en recoger firmas a que se inscriban a través del correo [email protected].
1 Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, 2) la economía propia contra el modelo de despojo, 3) minería, energía y ruralidad, 4) cultivos de coca, marihuana y amapola, 5) derechos políticos, garantías, víctimas y justicia, 6) derechos sociales, 7) relación campo-ciudad y 8) paz, justicia social y solución política.
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