El sol alumbra de manera cada vez más intensa la espalda de Juan Manuel Santos, y con claroscuros los meses donde tomará forma una nueva campaña electoral, en realidad dos: una para elegir congresistas y otra para seleccionar jefe de Estado.
Con ese sol indicando que ya sale, el aún Presidente sabe que tendrá una agenda difícil de sobrellevar y sacar adelante en el Congreso de la República, donde el acuerdo burocrático que le permitió contar con mayorías a lo largo de estos años muestra cada día más fracturas. En ese interregno quedan pendientes de aprobar decenas de iniciativas que concretan los Acuerdos firmados con las Farc.
Para conocer algunos pormenores de la agenda legislativa del segundo semestre 2017, nos citamos con el congresista Alirio Uribe, quien de manera presta dispone un tiempo para ello. Tras el saludo, entramos en materia:
Héctor Arenas (HA). Alirio, el fast track todavía sigue vigente para esta legislatura o finalizado el pasado mes de julio.
Alirio Uribe Muñoz (AUM). Sigue vigente por otros seis meses. Ese mecanismo fue aprobado para que en Colombia no pase lo mismo que en otros países donde se firmaron acuerdos de paz: que pasen los años y los acuerdos de paz no se implementan.
Es así como lo acá aprobado establece un procedimiento dirigido a que en el primer año queden aprobados todos los marcos constitucionales y legales, todas las leyes estatutarias, leyes ordinarias, decretos legislativos, que desarrollan los Acuerdos de tal manera que los mismo tengan el soporte legal para permitir su cumplimiento.
HA. ¿Puedes relacionar lo desarrollado hasta el momento en tal perspectiva?
AUM. Hasta los primeros días de agosto de 2017 se han expedido más de noventa leyes de implementación de los acuerdos, treinta y cinco decretos con fuerza de ley. Todas van a pasar por la Corte Constitucional, las mismas que regulan muchos temas de los Acuerdos, y cuarenta y siete decretos ordinarios, expedidos por las facultades ordinarias que tiene el Presidente.
De los siete Actos legislativos que deben ser aprobados ya contamos con tres. Es importante indicar que los actos legislativos son reformas constitucionales, y que en términos estatales-legales es lo que tiene más alto nivel.
Dentro de esos actos legislativos tenemos todo lo concerniente a la Justicia Especial para la Paz (JEP) del sistema de verdad, justicia y reparación. Todo lo de la reincorporación política, y todo lo que tiene que ver con la estabilidad de los acuerdos; su primacía en los desarrollos legislativos también está aprobado.
HA. Entonces, ¿qué sigue en trámite en la legislatura que apenas empieza?
AUM. Sigue en trámite lo concerniente con las regalías, recursos para financiar mucho de lo aprobado y de lo acordado. También la prohibición del paramilitarismo, que ya casi se finiquita. Lo de las circunscripciones especiales de paz, que al parecer puede tener más trabas en la Cámara de Representantes que en el Senado. Recuerde que en el Senado hay 19 departamentos que no tienen representación, por lo que sus integrantes representan más a las grandes capitales; la Cámara, en cambio, representa todo el país, entonces, cuando se crean 16 circunscripciones especiales de paz todas se cruzan con Cámaras territoriales, de ahí que sientan amenazados sus zonas de influencia y sus poderes territoriales por eventuales nuevos actores políticos.
Por otra parte tenemos la reforma política, y en contravía de lo que creíamos imposible, se han logrado incluir y excluir temas que son claves para la primera ponencia de la reforma de las costumbres políticas. Esto no significa que tengamos una reforma política extraordinaria, pero se han logrado avances, sobre todo en temas que eran demandas estructurales de los partidos minoritarios.
HA. Nos puede ejemplificar…
AUM. Se logró, por ejemplo, evitar que eliminasen la muerte política, que es la sanción de prohibirles intervenir en política de por vida a los alcaldes, concejales, diputados, congresistas, etcétera, sancionados penalmente o destituidos por corrupción. Algunos congresistas trataron de eliminar esta sanción, pero se logró conservarla, con una audiencia y con la atención al tema de los medios de comunicación.
La reforma política está iniciando el trámite, y se acaba de nombrar ponentes con la primera ponencia; es una reforma constitucional en fast track lo que implica que le faltarían otros 3 debates. Es vital, sobre este particular, que la movilización ciudadana acompañe el trámite de la reforma para que el Congreso sea consciente de su obligación de autoreformarse, esto bajo dos variables: la variable de corrupción (financiación ilegal, Odebrecht, etcétera). y la variable de los acuerdos de paz.
HA. ¿Qué otros proyectos están en curso?
AUM. Están pendientes las cuatro reformas constitucionales y diez normas nuevas, además llegó la ley estatutaria de la JEP que se había retirado, pero falta, por ejemplo, el catastro multipropósito que tiene que ver con todo el tema de tierras. Estas normas van con tres debates: comisión conjunta de Senado y Cámara, y dos plenarias.
Hay varias leyes pendientes: la que modifica la ley orgánica del plan de desarrollo, la atinente a las zonas de reserva forestal, y otra que debe modificar la ley de garantías, porque la implementación de los Acuerdos se cruza con las campañas electorales, y con éstas se congelan los presupuestos. Hay que hacer entonces una excepción para toda la implementación de los Acuerdos.
También está pendiente la jurisdicción agraria, un tema candente, con la cual debe venir un tratamiento penal diferencial para personas procesadas por participar en actividades relacionadas con los cultivos de uso ilícito, lo que seguramente generará mucho debate.
También está una norma sobre crédito y financiación agropecuaria, que es importante. Y hay una ley sobre participación ciudadana, con quince variables de los Acuerdos de paz en el punto dos; también va a salir una norma para el combate del crimen organizado y el paramilitarismo.
La ley de tierras no saldrá por fast track, para evitar que la Corte Constitucional pueda tumbarla, por lo que irá por trámite ordinario con mensaje de urgencia.
HA. Hace unos meses, usted nos manifestó su inquietud porque en el segundo semestre del 2017 se vendría encima la agenda política electoral y no habría atención ni tiempo para aprobar las leyes indispensables para implementar los acuerdos de paz, ¿está sucediendo lo que previó?
AUM. Eso temía, sin embargo hemos tenido varias reuniones de bancadas con expresiones claras de la voluntad de aprobar las leyes que van por fast track. Eso me ha sorprendido, pero aun tengo dudas pues no veo aprobada, por ejemplo, la reforma política ni la jurisdicción agraria; también temo que algunas normas no pasen la revisión de la Corte Constitucional.
Creo, sin embargo, que con las normas que han salido, más las cuatro reformas constitucionales que se aprueben, y cinco normas más por fast track, tendríamos un muy buen balance para el primer año de desarrollo legal de los acuerdos. Un comparativo internacional avalaría esta convicción.
Ahora, lo que hay que tener claro es que el hecho de tener leyes no significa que se produzcan de manera inmediata e inexorable cambios en la vida cotidiana, pero es un primer paso indispensable para promoverlos.
En todo caso, en la nueva fase política que se abre (campaña electoral), el Presidente pierde control sobre el Congreso y es probable que iniciativas contrarias a los acuerdos se abran paso.
HA. ¿Ha sucedido algo en este sentido?
AUM. Este mes, por ejemplo, sucedió un gran debate en el Congreso a partir de cuestionar que las Farc participen en política sin haberse puesto en paz con la justicia, y este es un punto que está en los Acuerdos. Al ver lo sucedido, me pregunto: ¿es conveniente que integrantes de las Farc estén en el Congreso al tiempo que están siendo procesados en la JEP?
El Congreso está siempre en la mirada pública, si quienes son adversos al proceso de paz le filtran a las bancadas opuestas a los Acuerdos la información que llegará a la JEP ¿no ayudará esta situación a la matriz mediática adversa a la paz? Mi tesis ha sido que al Congreso hay que llevar personas que no estén en la JEP, o que ya hayan pasado por ella y estén a paz y salvo.
HA. ¿Qué ha sucedido con la obligación del Gobierno de excarcelar a los prisioneros de las Farc? Dos meses atrás usted nos dijo que esas excarcelaciones se darían gracias a un decreto del gobierno, pero pareciera que el mismo no ha surtido efecto.
AUM. Así es. El Congreso aprobó la ley de aministía pero la mayor parte de los jueces afirmó que el procedimiento para expedir las órdenes de libertad no estaba claro. El gobierno nacional sacó entonces un decreto aclarando la ley de amnistía, sin embargo no se produjeron las liberaciones esperadas, por lo cual vino la protesta en las cárceles y la huelga de hambre en el mes de junio.
El gobierno nacional expidió otro decreto aclarando la ley de amnistía y el decreto previo, y después expidió el decreto 750 nombrando a 700 guerrilleros detenidos como gestores de paz; con este decreto el propio Gobierno da las órdenes de libertad.
Sin duda hay resistencia por parte de los jueces contra lo acordado. Quizás haya necesidad de nombrar otros 700 gestores de paz, todavía debe haber en las cárceles al menos 1.500 detenidos de las Farc.
Una evaluación al finalizar diciembre de lo acá relacionado nos indicará, con toda certeza, las fuerzas que deberán moverse en el futuro cercano para garantizar que todo lo acordado se torne realidad. La coyuntura seguirá marcada por esta pugna.
Recuadro
En defensa de los cerros orientales de Bogotá
En los años sesenta, en los cerros orientales que colindan, entre otras, con la localidad de San Cristóbal, los niños respiraban libertad jugando en el bosque y aprendiendo a nadar en el río. El Fucha descendía del páramo de El Verjón, aún con peces. En ese tiempo el niño Alirio Uribe Muñoz no podía imaginar, mientras se zambullía en las frías y puras aguas del riachuelo andino, que cincuenta años después estaría defendiendo esos cerros tutelares y sagrados –para el milenario pueblo muisca– de la embestida turbia de los urbanizadores representados por Enrique Peñalosa.
En su oficina del quinto piso en el Congreso de la República, Alirio nos comenta que el 3 de agosto realizaron la audiencia pública sobre cerros orientales en el Capitolio, la que contó con un amplia concurrencia de los actores civiles, singulares o articulados en procesos organizativos, que desde hace años han estudiado y adelantado acciones para cuidar los Cerros, o simplemente los han habitado. En la lucha por la defensa del territorio, nos cuenta, que también sesionó una audiencia pública sobre el parque Bavaria, también con una amplia participación ciudadana.
HA. El tema de la defensa de los territorios es primordial, ¿cómo sesionó la audiencia pública sobre los cerros orientales?
AUM. Es necesario recordar que estos Cerros son zona de reserva, por lo cual no pueden ser construidos, como lo desean los constructores de urbanizaciones estrato diez. Pese a la norma, este bello espacio de la ciudad ha sufrido intervención, favorecida por prodecimientos corruptos, que han permitido la construcción de edificaciones como algunas torres de la Universidad Externado, de la Universidad América, así como edificios de la calle 19 con carrera tercera.
En la lucha por proteger este patrimonio colectivo, en el 2005 organizaciones de la sociedad civil presentaron una acción popular invocando su protección, acción popular que finalmente fue fallada en última instancia por el Consejo de Estado en el 2013 ordenando proteger los Cerros, bajo las modalidades de franja de amortiguamiento y zona de reserva.
La franja de amortiguamiento tiene un problema: la Sentencia dijo que se respetaban los derechos adquiridos, y en esa área están las licencias de construcción, el problema es que existe un conflicto social pues pueden existir allí entre 10 o 20 mil viviendas ilegales de diversos estratos socio-económicos.
La Sentencia tiene 14 recomendaciones, y compromete a las diversas autoridades ambientales en la aprotección de la zona de reserva: CAR, Secretaría de Medio Ambiente, y Ministerio de Medio Ambiente, autoridades encargadas de la vigilancia y ejecución de la Sentencia.
Peñalosa llega a la Alcadía con la propuesta del sendero de las mariposas, un nombre bonito para una propuesta dirigida a convertir la zona de reserva en un proyecto de clubes de turismo con miradores estrato diez y zonas de parqueo.
Previendo la protección los Cerros, desde hace años la sociedad civil diversa y organizada que los estudia y protege, propuso la creación de veinte parques a lo largo de los Cerros, desde Usme hasta Lijacá. Esa propuesta fue construida con la administración Petro y se presentó en la audiencia pública que organizamos en ese momento. En tal audiencia también se revelaron los temores y los conflictos existentes en esa zona; por nuestra parte, presentamos los cinco títulos mineros que encontramos en el área, títulos contrarios a lo ordenado por la Sentencia del Consejo de Estado que prohíbe de manera terminante la minería en la zona; también hay conflicto entre los derechos de la gente que habita ese territorio y las constructoras.
Hay muchas propuestas que podrían hacerse para proteger este importante y bello espacio de la ciudad, y no atropellar los sectores sociales más vulnerables que lo habitan desde hace décadas, los que podrían ser convocados a la tarea de proteger el área y brindarle seguridad.
Por ahora y sin retardo, hay que seguir con los ojos bien abiertos, realizando un monitoreo sobre lo decidido por la Corte y para contener las pretensiones de los negociantes del cemento, en cabeza del señor Peñalosa.
Leave a Reply