“Hay que mirar el narcotráfico como lo que en realidad es: un descomunal megaproyecto”

Desde hace cerca de 4 décadas hay una guerra constante, cotidiana, contra los más débiles, que desune y atomiza a nuestra sociedad, que atemoriza y justifica la militarización del país, que llena las cárceles de infractores de normas sin sentido (adictos o consumidores ocasionales de estupefacientes) y de actores de la escala inferior de una cadena que desangra al país. Es una guerra potenciada y oculta tras el narcotráfico, megaproyecto tras el cual existen poderosos intereses geopolíticos, financieros, militares y de otros órdenes que es necesario develar. Consciente de ello, la bancada alternativa que hoy tiene cuerpo en el Congreso de la república presentó en días pasados diversas propuestas para superar este desastre. La iniciativa, con pocas posibilidades de aprobación, llama al país a emprender acciones que le pongan límite a una guerra que lo destruye, tanto en su factor humano como en su componente natural.

Alirio Uribe Muñoz, me recibe en el pequeño despacho que le corresponde en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Sobre su escritorio reposa el documento “Balance de la guerra contra las drogas en Colombia”, un informe estructurado por el senador Gustavo Bolívar Moreno, con la ayuda de su asesora Gloria Miranda, para el debate de control político en el que el Senador desnudó el fracaso de la guerra contra las drogas.

El ritmo de trabajo de Alirio continúa trepidante. Se equivocaron quienes creyeron que una merecida pausa, después de los cuatro años en los que como parlamentario libró una batalla insomne en favor de la protección y desarrollo legislativo de los Acuerdos de Paz, significaba que pasaba a la sombra. En meses recientes ha recorrido las regiones dónde se prolonga el conflicto en nuestro país: Catatumbo, Cauca, Tumaco y el Pacífico nariñense, Arauca, buscando que en la capital se escuche la voz de las comunidades perseguidas y violentadas; ahora lo encuentro estudiando y tomando notas para presentar sus ideas en alguno de los foros universitarios, o de los múltiples programas televisivos o radiales a los que es invitado.

Sus altas responsabilidades en diferentes acciones jurídicas, y el liderazgo que encarna por sus capacidades y su integridad sin fisuras, no afectan en un ápice su sencillez natural y su trato cordial. El saludo es breve, preciso, y voy al punto para no restarle precioso tiempo:

P. ¿Qué lugar ocupa la “lucha contra las drogas” en la política colombiana?
R. Creo que la realidad política nacional no puede ser comprendida sin tener en cuenta lo que ha sido la política antidroga en Colombia. Una política que nos implantaron, una mala política, fracasada. Sus resultados, desde los años setenta, cuando Richard Nixon impuso la “Guerra contra las drogas” han sido: centenares de miles de víctimas, decenas de millares de reducidos a prisión, endeudamiento externo para financiar tal guerra, cientos de miles de hectáreas fumigadas durante 35 años; más de mil toneladas de cocaína exportadas cada año, junto a toneladas destinadas para un creciente mercado interno; prospero lavado de activos en EE.UU, Europa, América Latina, y Asia. Y uso del narcotráfico para financiar una confrontación política y armada que desangra a los colombianos y lucra intereses nacionales e internacionales.

Y en la fase más reciente, incumplimiento de los Acuerdos de Paz y un gran paso atrás: retornar a la erradicación violenta de cultivos de coca y marihuana, y a la aspersión aérea con glifosato. Un temible curso de acción que puede ampliar un nuevo ciclo de violenta confrontación.
P. Un panorama desolador. ¿Existe alguna luz en medio de una atmósfera tan turbia?
R. Lo que resulta interesante y esperanzador en este escenario inquietante es la conformación de una bancada parlamentaria con congresistas pertenecientes a diversos partidos. Congresistas del Partido Verde, del Polo Democrático Alternativo, de Mais y algunos integrantes del Partido Liberal, Cambio Radical y la antes llamada Unidad Nacional; son parlamentarios que comparten la idea de replantear la lucha antidrogas y crean una especie de bancada transversal para introducir variaciones a una política que ha causado diversos y profundos estragos a los colombianos. Están escuchando a muchos sectores campesinos, indígenas y afros afectados por los cultivos de uso ilícito.

P. El problema, entonces, no se resuelve con más recursos destinados a una lucha antidrogas que cumple varias décadas sin afectar el narcotráfico…
R. Hay que gestar una nueva mirada sobre el narcotráfico. Urge abandonar una óptica que antes que eliminar esta problemática, o al menos menguar sus devastadoras consecuencias, ha centuplicado los daños sociales y a la naturaleza.

Hay que empezar a mirar el narcotráfico como lo que en realidad es: un descomunal megaproyecto engendrado por un entramado de intereses que permanece oculto.
Hay que recordar que dentro de tal realidad, nadie se ocupa de la cadena de valor del negocio. No existe la pregunta por quiénes son los verdaderos dueños del macroproyecto: narcotráfico. Pocos se preguntan sobre las formas cómo las mafias destruyen las comunidades; las formas como militarizan los territorios y desplazan a la gente. Si vuelven las aspersiones aéreas, eso significará ejecutar una política de desplazamiento forzado que se traducirá en más cultivos industriales de coca para cocaína, profundizando la absurda meta de deforestación de este Gobierno de 880 mil hectáreas a lo largo de su cuatrenio. Son escasas las personas que se preguntan por la deforestación, por los grupos armados ilegales que viven en torno a esos cultivos, y por los cuidadores de las rutas del narcotráfico.

P. Es una realidad que pervive y se profundiza ante los ojos del Estado…
R. Así es. Si miramos el mapa de cultivos ilegales del país, hoy las zonas de mayor militarización son las de producción de coca: Catatumbo, Guaviare, el Pacifico, etcétera. Entonces, la conclusión podría ser que el Estado lo que hace es cuidar las rutas del narcotráfico y los centros de producción y acopio de drogas. Le echan la culpa a la gente, pero el Estado es el que controla esos territorios: los lugares donde se produce y las rutas por donde sale la coca. Y también los territorios donde se lavan los ingresos que genera la exportación o el cubrimiento de la demanda nacional.

P. Estamos, entonces, ante una realidad perversa, soportada sobre una constante manipulación.…
R. Así es. Estamos ante un enorme y poderoso megaproyecto que debe ser visibilizado. Un megaproyecto con una colosal potencia destructiva: mata indígenas y campesinos, arruina sus culturas, recluta jóvenes, destruye los principios y las reglas democráticas, corrompe y aniquila todo lo que encuentra a su paso. Y, precisamente, el paquete legislativo presentado por la bancada alternativa genera la oportunidad de abrir un debate que es imprescindible.

P. Por tanto, puedo entender que ese megaproyecto no es precisamente el microtráfico.
R. Puedo asegurar que la cadena de valor del narcotráfico nunca se ataca. Cuando a la gente le hablan del narcotráfico aluden es al microtráfico, a la violencia, a los consumidores, a los jóvenes y a los cultivadores. Pero no te hablan del turismo, de hotelería, de exportadores e importadores, o de los tratados comerciales, porque al final llego siempre a la conclusión de que estos tratados lo que han hecho es legalizar y abrir las rutas de la cocaína. Los TLCs con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Asia-Pacífico, con Turquía o con Israel, han abierto la posibilidad de tirar por ahí los contenedores con la reina blanca. Además, este producto generado en el proceso productivo es como el nuevo café, con mucho empleo, y empleo no cualificado para más de 400 mil familias.

El narcotráfico es un megaproyecto que utiliza una propaganda silenciosa y eficaz para direccionar la mirada colectiva solamente hacía dos grupos del mapa completo del fenómeno complejo del narcotráfico. Esos dos colectivos son justo las partes que el punto 4 de los Acuerdos de Paz señala como aquellas que no hay que tocar: los cultivadores y los consumidores, que son los jóvenes y demás usuarios de las plantas y substancias prohibidas, que en las zonas pobres de las ciudades son perseguidos y criminalizados.

P. ¿Qué ha hecho el nuevo Gobierno desde el 7 de agosto de 2018?
R. Contrariando lo establecido en los Acuerdos de Paz, al arribar a la presidencia Iván Duque dirige su política de ataque hacia esos dos extremos. Los más vulnerables, los menos responsables y los menos beneficiados con las fabulosas utilidades que arroja el narcotráfico. El Gobierno pretende presentar a los consumidores como criminales. Y sucede que los consumidores son enfermos, son adictos; o son consumidores recreativos que tienen derecho a usar una planta o una substancia sicoactiva.

Por otra parte, al perseguir al pequeño cultivador de hoja de coca “ignora” que hay una economía agraria que está fundamentada en la coca y que opera casi como lo hacía la economía cafetera. Generando pequeños, pero vitales ingresos a los pequeños propietarios, así como a los pequeños cultivadores, y a los trabajadores agrarios.

P. Y en este caso, ¿el ingreso familiar de los cultivadores asciende a cuánto?
R. El 90 por ciento de los pequeños cultivadores tienen un ingreso del orden de 2 millones de pesos mensuales; no se harán ricos jamás. Pero, obviamente, sí estamos ante un mecanismo de inclusión social, incluso, un mecanismo que ayuda a que la gente no migre a las ciudades. Hay que poner atención a lo que esto suscita, a la contradictoria realidad que despierta: al tener empleo en los cultivos de coca los jóvenes que estaban migrando de los campos hacia las ciudades ahora lo hacen en menor escala.

P. Es un ingreso modesto, logrado con mucho esfuerzo. ¿En qué invierten esos dos millones?
R. Fíjese, es llamativo como las familias que tienen pequeñas chagras invierten sus ingresos: el 51 por ciento lo gastan en educación; un 13 por ciento lo destinan para vivienda y un 18 por ciento lo ahorran para compra de tierras. Muy similar a la estructura del gasto de la clase media urbana, que gasta sus ingresos en educación, en arriendo, en comprar viviendas, en adquirir motos o vehículos.

P. Los otros afectados por esta política son los consumidores, ¿cómo procede con ellos este Gobierno?
R. Todo se reduce a represión y control social, así lo evidencia el famoso decreto del Código de Policía para criminalizar a los jóvenes que consumen, con el cual no logran prevención del consumo, ni salud pública, además de corrupción, potenciada a través de una especie de salario oculto para las fuerzas que ejercen la represión y el control social. Esta medida, lo demuestran los resultados, lo único que genera son muertos, en términos de lo que el criminólogo Raul Zaffaroni denomina: el genocidio por goteo.

P. Se repite en este caso la historia, ya conocida y ya fracasada, pero no puede ser casual, de ilegalización y represión ante ciertos consumos…
R. Así es. En cualquier país donde se pongan en marcha políticas represivas en contra de los consumidores lo único que logran es detenerlos, encarcerlarlos o dispararles, y al mismo tiempo fomentar las organizaciones ilegales que siempre proliferan por los márgenes de utilidad que brinda el microtráfico. Se fomenta también el sicariato y la violencia engendrada en torno al tráfico y al consumo clandestino. Es por todo esto que es muy importante repensar el tema de producción y consumo, y se impida el retroceso en torno al libre consumo de la dosis mínima. Uno de los actos de la reforma jurídica que presentó la bancada es una reforma al artículo 49 de la Constitución Política (Ver recuadro).

Por otra parte, el decreto que sobre este particular planteó Iván Duque está demandado en este momento en el Consejo de Estado. Además, la Corte Constitucional suprimió del Código de Policía la prohibición extrema existente ante el consumo en los lugares públicos y los parques.

P. ¿Qué plantea en concreto la Corte sobre este particular?
R. Lo que dice la Corte Constitucional es que la policía, sí, tiene que vigilar los parques, así como demás zonas públicas, pero no puedo existir una norma de prohibición extrema de que nadie consuma alcohol o ciertas sustancias sicoactivas en sitios públicos. La tesis de la Corte Constitucional da razones para que el decreto promulgado por Duque se caiga en el Consejo de Estado.

Precisamente, como Colectivo de Abogados demandamos ese decreto, sin duda, una medida represiva contra los consumidores en espacios públicos. Igual hicieron la congresista Katherine Miranda, y el abogado –congresista– Navas Talero.

En igual sentido, lo pretendido por la reforma del artículo 49 de la Constitución Nacional es lo que hoy se llama la regulación, es decir, que la producción y el consumo de sustancias estupefacientes y psicoactivas estén reglamentadas por la ley con un enfoque de salud pública, con un enfoque de derechos humanos, de reducción de riesgos, y con atención integrada a los consumidores de drogas y demás. Se trata de lograr un desarrollo constitucional acompasado con la necesidad de la regulación, y no simplemente la prohibición y criminalización.

P. En el marco de los pequeños agricultores, dedicados en este caso a la siembra de coca, ¿qué otros proyectos tiene la bancada alternativa?
R. La bancada presentó un proyecto para prohibir el uso del glifosato, también sus derivados y complementarios. Hoy en Colombia la discusión no es la que existe en Europa, o en Estados Unidos, sobre si prohibir o no, de manera general el glifosato. En Europa y Estados Unidos lo están prohibiendo para jardinerías y para la agricultura en general. Lo que hace el proyecto de ley, en nuestro caso, es prohibirlo para el uso en las aspersiones aéreas que se ejecuten en el marco de la política antidrogas.

Sin embargo, el proyecto de ley también propone el desmonte gradual para que en un futuro, no tan lejano, se pueda suprimir el glifosato utilizado en la agricultura en general. Pero se propone un proceso progresivo. En Colombia el glifosato se usa con un acelerante, el panzer, y con otros químicos, lo que nos ha impulsado a denominar esta como guerra química.

Una guerra química lesiva y sin los resultados ofrecidos por la política gubernamental. Con el Plan Colombia y con el Plan Patriota ya tuvimos muchos años de fumigaciones y no se eliminó ni se redujo el problema. La política de fumigaciones es un negocio de las multinacionales gringas que proporcionan los químicos, así como de las empresas de aviación que hacen la aspersión aérea. Un negocio bien montado.

Por otro lado, los estudios reflejan que la erradicación con químicos, la fumigación o erradicación violenta de una hectárea de coca puede costar cerca 70 u 80 millones de pesos, y cuando uno estudia la sustitución voluntaria de cultivos lo que le pagan a una familia es mucho menos: si una familia tiene 5 hectáreas, y está en un programa de sustitución, le invierten 30 millones. Eso es muchísimos menos. Claro, con una aclaración, los campesinos cuyos cultivos son erradicados violentamente, en un 50 por ciento o más reinciden en la resiembra, mientras los que son sustituidos, casi ciento por ciento, no vuelven a cultivar, o máximo resiembra un 10 por ciento.

P. ¿Existen otras temáticas y realidades en este campo abocadas por la bancada?
R. La despenalización de los cultivadores de cultivos declarados ilícitos. Como resultado del proceso de paz y los acuerdos alcanzados, muchas de las personas dedicadas a este tipo de agricultura se acercaron al Estado para declarar sus pequeños cultivos e iniciar procesos de substitución voluntaria, una oportunidad perdida pues el nuevo gobierno optó por, potencialmente, criminalizarlos. Partiendo de estas realidad, lo propuesto con este proyecto de ley son beneficios penales para quienes están vinculados a esta actividad agraria, para que no sean criminalizados, incumpliendo con los Acuerdos pactados.

P. Es posible que estas iniciativa sea malinterpretada, ¿consideraron tal escenario?
R. Sí, por ello quedó explícito que a tales beneficios no pueden acceder narcotraficantes. Se exige que sean realmente personas que tienen o laboran en pequeños cultivos. Esto es lo que se llama el tratamiento penal diferenciado. Veamos. Existen unas conductas que están tipificadas en el Código Penal, artículos 375, 376, 377, 382; y con este proyecto de ley se busca que esas conductas tengan un tratamiento penal diferenciado. Cubriría a quienes tengan actividades relacionadas con el cultivo, transformación, conservación y financiación de plantaciones de coca, marihuana, amapola; y transporte, comercialización de sus derivados en pequeñas escalas. Conductas que desarrollan la mayoría de las gentes que están metidas en ese tema. Los beneficios jurídicos que gozarían consisten básicamente en renunciar a procesarlos penalmente, o extinguir la pena si está condenado. Si la persona no está condenada tiene que aceptar una condición: no incurrir en algún delito, ni sembrar de nuevo las plantas prohibidas.

Se suponía que ese proyecto tenía que tramitarse dentro del fast track, dentro de los desarrollos legislativos de los Acuerdos de Paz. O que el presidente Santos lo hubiera expedido como un decreto ley. Pero ni el Congreso ni Santos le cumplieron a la gente. La gente sí firmó los convenios, sí hizo las actas, sí confesó que tenían cultivos –1, 2, o 3 hectáreas. Los cultivadores de coca hoy, más o menos, se mueven entre 2 y 5 hectáreas, pero esa cantidad ya es un delito.

P. ¿Tienen alguna otra iniciativa en el tema de substancias prohibidas?
R. Sí, una relacionado con cannabis. La critica expresada a la ley promovida por el senador Galán, que regula cultivo y consumo, es que no consultó con las comunidades vinculadas con tal realidad: indígenas y no indígenas; con la gente que la procesa para productos medicinales y derivados: cremas, aceites, etcétera.
Es así como la regulación resultante solo tuvo en cuenta a grandes empresas que tienen la capacidad de reunir las condiciones para tener producción voluminosa y legal de derivados de cannabis.

P. ¿Qué pretende, en concreto, tal iniciativa?
R. Enfocado en el mundo real de esos pequeños productores de marihuana y las personas que la consumen y también sus derivados, la iniciativa apunta a crear un marco regulatorio de cultivo, de producción, de saneamiento y comercialización de cannabis y de los derivados para usos medicinales, y también otros usos que puede tener.

El proyecto se orienta a legalizar lo que hoy funciona de manera ilegal. Hoy mucha gente siembra la marihuana, produce derivados, pero no tienen licencias de comercialización, son ilegales; y lo son porque el marco legal aprobado meses atrás está hecho para las multinacionales y para grandes empresarios que pueden cumplir con todas las condiciones fitosanitarias y de control, las mismas que nunca va a poder cumplir un pequeño cultivador de marihuana.

En el Congreso han anunciado unos 10 proyectos de ley en esa lógica de variar la política antidrogas existente en Colombia; tenemos por tanto un escenario de oportunidad. Desde el campo alternativo hay que asumir el debate de esta política fracasada la cual no ha podido evitar que con el paso del tiempo cada vez más gente aborde esta realidad y exija transformaciones positivas, por ejemplo, descriminalizar, poner en marcha políticas de salud pública, de prevención, al tiempo que permitir que los pequeños productores y emprendedores en todos los planos se beneficien de algo que por ahora solo beneficiaría, como ha sucedido en otros muchos sectores de la economía nacional, a las multinacionales.

Reforma al Artículo 49 de la C.P.

Artículo 49. Artículo 1°. El artículo 49 de la Constitución Política quedará así:

“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad.

La producción, porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas estará reglamentado por la ley, a través de los enfoques de salud pública, derechos humanos, reducción de riesgos y daños, inclusión social y desarrollo territorial, así como la promoción de capacidades, la participación y la reducción de estigma y discriminación. Las obligaciones del Estado Colombiano en derechos humanos serán prevalentes.
Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para la atención integral de los usuarios consumidores de dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del usuario. El Estado implementará un enfoque diferencial en las políticas de droga, que distinga entre consumos problemáticos y no problemáticos, patrones de uso dependientes y no dependientes, así como los impactos sobre grupos discriminados y en situación de vulnerabilidad.

Así mismo el Estado dedicará especial atención al consumidor dependiente o problemático y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes, en favor de la recuperación de los usuarios con consumo problemático y la protección de niños, niñas y adolescentes.