“La violencia aparece donde
el poder está en peligro”.
Hannah Arendt, Sobre la violencia.
Con motivo de la visita realizada a Colombia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales Indepaz, Temblores y Paiis, en conjunto con Canal 2 y los periodistas Felix de Bedout y Camila Zuluaga, convocaron el 8 de junio a rueda de prensa para presentar un detallado reporte sobre la efectiva violación por parte de la Policía de diversos derechos humanos fruto de su violenta arremetida contra quienes levantaron su voz de protesta en el marco del paro nacional convacado el 28A
En realidad la rueda de prensa, transformada en una conferencia, sirvió para que cada una de las organizaciones dedicadas al tema de los derechos humanos presentaran avances de sus investigaciones sobre prácticas desplegadas por la mal llamada “fuerza púlica” a la hora de su despliegue para proteger el orden establecido, todo ello en aras de plantearse escenarios de reparación y no repetición.
Desapariciones forzadas
De vieja práctica en Colombia, donde las cifras indican que más de (,,,,) personas la han padecido, y con ellas sus familias y amigos cercanos que sufren la zozobra del cuerpo insepulto, el no poder realizar el necesario duelo para despedir al ser querido, su ejecución no ha estado ausente a lo largo de las semanas que suma el paro.
Según Indepaz, y con corte al 28 de mayo, 346 manifestantes registran como desaparecidos/as. Cifra contraria a la informada por la Fiscalía General de la Nación que la sitúa en 129.
En cuanto al modus operandi para llevarlas a cabo, la retención ilegal, subpreticia y sin registro de quien es perseguido y capturado, es el paso inicial para ejecutarla; su detención sin dejar huella en las minutas de los centros de detención es el paso que le sigue, y la imposbilidad de ser asistido por abogado alguno es el paso que le sigue.
En ocasiones en que el detenido de manera ilegal sí queda registrado en alguna minuta, el tiempo que trascurre entre su transitoria desaparición y la certificación de estar deternido en uno u otro lugar, es suficiente para que la sometan a presión psicológica, por ejemplo, pero también a todo tipo de golpizas y, en no pocos caso, hasta a prácticas de tortura.
Amedrantar, humillar, desequilibrar psicologica y moralmente a la persona apresada, dejando en ella huella para que no se anima a continuar protestando son algunos de los propósitos de estas prácitcas, las cuales se extienden hasta por 72 horas, momento en el cual, al no existir cargos para mantenerla en prisión, es dejada en libertad. De ello dieron explicación quienes intervinieron a nombre de Temblores, Indepaz y Paiis en la ya mencionada rueda de prensa.
Temblores, por su pasrte, cifró en 2.387 los casos de violencia policial y en 43 los homicidios paadecidos por quienes alzaton su voz de protesta desde el inicio del paro nacional. En su análisis del despliegue violento distribyó y tipificó cada caso acorde a las circunstancias y naturaleza de los hechos, así: victimas con lesiones oculares, violencia sexual, retenciones arbitrarias, golpizas y la utilización inadecuada de implementos de dotación. En este último particular enfatizaron en el uso de “Venom”, un arma lanzacohetes múltiple de carácter “aturdidor” y efectos “no letales”, con capacidad, según sus fabricantes, para disipar multitudes, artefacto que hace su primera aparición en territorio latinoamericano, un arma de alta peligrosidad y de efecto incontralados sobre quienes padecen su ataque.
Por su potencia, esta arma de manufactura española, la han adquirido incluso potencias del armento como Estados Unidos e Israel. Según sus fabricantes, su potencia solo es aturdidora y cegadora, no obstante contar con un lanzador que puede enviar sobre sus objetivos 30 cartuchos al mismo tiempo, cada uno de ellos con una dirección IP “para ser disparado individualmente o en cualquier secuencia deseada”. El sistema informático de Venom permite que cada uno de los 30 cartuchos persiga objetivos diferentes, lo que indica que en realidad con su despliegue pretenden alcanzar objetivos más precisos, mucho más que simplemente aturdir o disolver aglomeraciones.
Ojos que no ven, corazón que resiste
Como una práctica generalizada en contra de la resistencia social, con balas de goma intencionalmente disparadas al rostro, efectivos del Esmad pretenden disuadir el clamor popular. Apuntan y disparan sin piedad alguna, saben de su propósito y de las consecuencias del mismo, y para ello los forman.
Es un proceder sistematizado por instituciones policiales en todo el mundo, hace parte de sus doctrinas y de qué y cómo hacer para proteger a los poderosos. Y de ello hay testimonio también en países como Chile, con un saldo de 405 impacatados, pero también en Francia, “excelencia democrática”, país en el que las lesiones en el rostro ya son un lugar común toda vez que hay protesta, y en el que se repotan a partir del 2017 y hasta el 2020, 43 impactados con perdida al menos de un vista.
Es un crimen de Estado ampliamente investigado y tipificado por la Ong Temblores, como consta más adelante.
Referencia a la dosis
En un claro escenario de “excesos” por parte de la “fuerza pública” en contra de los inconfomes que salen a las calles a ejercer sus derechos, dos temas fueron ejes centrales de la rueda de prensa:
1. La alta desconfianza que la ciudadanía tiene con las instituciones de todo orden. Es una conclusión a la cual llegan luego de atender desde años atrás el despliegue de la violencia estatal, y refrendada una vez en el curso del actual paro.
Para poder tramitar las comprobadas violaciones de los derechos fundamentales que padecen distintos actores de la sociedad civil, han desarrollado plataformas para que las victimas denuncien ante las autoridades oficiales y para que no sean revictimizadas. No obstante, resaltaron en uno de los momentos que tuvo la rueda de prensa, el gran obstáculo con que se han encontrado estos mecanismos ha sido el alto nivel de escepticismo de las victimas a la hora de entablar un proceso donde las puedan reparar pues, “no confían en las instituciones”.
2. La sistematicidad en el obrar violento de las Fuerzas Armadas. En su seguimiento a este tipo de violencia estatal, de momento Temblores concentra su foco en las lesiones oculares, las que ascienden a 65 en el corrrido del paro –con corte al 7 de junio– según las investigaciones expuestas en la rueda de prensa.
Disparan contra los ojos de quienes protestan, esa es la conclusión fundamental arrojada por el alto índice de personas amputadas de una de sus vistas; es un tiro que no es casual, ni obedece a que fue en dirección equivocada, no, todo indica que los agentes que disparan están entrenados para ello, actuan como si fueran francotiradores, capacitados en tiro de precisión y tras un claro propósito: generar terror en la población en general, infundir miedo en quien piense salir a protestar. Las consecuencias de este proceder son de alto impacto en la salud física y mental de quienes son así violentados, cuyos derechos fundamentales son claramente negados. Un actuar policivo y militar con propósitos similares a los pretendidos en confrontaciones militares con el uso de armas laser que, precisamente, tienen como propósito impactar la vista del enemigo, sin causar su muerte pero sí anulandolo para el combate. Un ejermplo de la “humanización” alcanzada por la guerra.
Ejes centrales de la reflexión que desembocan en conclusiones contundentes. Por un lado, el fuerte discurso de estigmatización de la movilización y resistencia social, el cual propicia y cobija estos excesos sádicos por parte de los uniformados estatales, tanto la “fuerza disponible” como los así especializados en su formación y enrolados en el Esmad.
Por el otro, ante la efectiva doctrina que los impegna y su actuar cotidiano como si fuera una fuerza de ocupación, la necesidad de una reforma estructural a la “fuerza pública”, un cuerpo que siempre se dice que está al servicio de la ciudadanía pero que cada vez que actúa deja la huella indeleble de ser un cuerpo al servicio del poder, para su protección, es decir, una fuerza que no tiene por fin la protección y defensa del conjunto social sino de los poderosos o, en otras, palabras, la Policía también tiene que ser desprivatizada.
La labor y las investigaciones de estas Ongs no finaliza aquí, con lo informado solo sientan un precedente clave para llamar la ateción del conjunto social, así como para tomar decisiones y garantizar, por un lado que la impunidad no se imponga y, al mismo tiempo, que se garantice una verdadera reparación a quienes son víctimas de la violencia del establecimiento.
De así lograrse, puede superarse la actual y profunda desconfianza que reina en la sociedad con respecto a la institucionalidad, la que de mantenerse rompe la necesaria cohesión que como país demanda la construcción de convivencia y el ejercicio real de la democracia, aquella que va más allá de elegir y ser elegidos.
https://desinformemonos.org/las-nuevas-armas-del-terror-policial/
https://www.youtube.com/watch?v=XtgsYldDQWE&t=3415s
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