Por primera vez en la historia nacional, la agenda social está en el calendario político. Reformas en diversidad de áreas son necesarias para construir justicia social. El escenario es prometedor pero más allá del Congreso, la acción de los movimientos sociales es determinante.
Dialogamos con Alirio Uribe Muñoz, lo encontramos con la claridad de siempre en el análisis estratégico de la coyuntura histórica, y con el halo de parlamentario curtido, que dan cuatro años de incesante batallar por vida digna desde el Congreso, las calles y los encuentros múltiples con las comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Con él conversamos sobre los retos del gobierno que apenas inició labores este 7 de agosto
Héctor Arenas (HA). ¿Qué mostró el proceso de empalme entre los gobiernos saliente y el entrante?
Alirio Uribe Muñoz (AUM) Ha sido desigual. En algunos ministerios e instituciones entregaron de buena fe la información. Pero la característica prevaleciente del gobierno saliente fue la de entregar los informes más como una rendición de cuentas –como si se le estuviese evaluando–, en lugar de mostrar de manera clara el estado real de cada ministerio, de cada entidad, de cada política. Hay ciertas entidades, como por ejemplo la Unidad de restitución de tierras –en la que durante cuatro años lo hecho fue impedir la restitución de las tierras– dónde, a pesar que los funcionarios elaboraron informes completos, lo entregado al gobierno entrante fue el 20 por ciento de la información. Es decir, se “limpiaron” los informes para no entregar la información.
Otro tanto ocurrió con las instituciones de paz. No existió un real empalme y hubo que ir a la cacería, de ministerio en ministerio, a ver qué había en materia de paz. Lo que revela que se desvertebró la institucionalidad de la paz. En este campo se detectó que sus recursos se dirigieron a otros propósitos o simplemente se fueron en líneas de corrupción, por lo que se han abierto investigaciones.
HA. ¿Lo recibido, entonces, es el caos?
AUM. Puedo decirte, como síntesis, que no tenemos una información fiable del estado en el que recibimos el gobierno, impedidos de recoger información regional pues las subdirecciones recibieron la orden de no entregar nada, todo quedó centralizado por orden de Duque en el orden nacional. Para acceder a alguna información tuvimos que acudir a de derechos petición formuladas por algunos congresistas..
HA. ¿Y el estado presupuestal de cada entidad cómo es?
AUM. Otro desastre, las entidades están sin recursos. A esta altura del año ejecutaron los recursos de casi todo el año. En Colombia, los presupuestos funcionan anuales: de enero a diciembre. Pero hicieron ferias de contratos antes de la entrega, incluso hasta el 2023, para dejar amarrado al gobierno entrante.
No solamente estamos desinformados del diagnóstico real en el que nos entregan el país, sino que también estamos sin recursos porque ejecutaron con toda celeridad y porque hicieron compromisos de largo plazo para limitarnos el margen de acción.
Nosotros tenemos que aprobar, hacia septiembre de este año, la ley de Presupuesto del 2023. En la práctica vamos a legislar y gobernar a partir de enero del 2023. La situación es dramática en términos sociales y económicos: Duque recibió el gobierno con más o menos 10 o 12 billones de déficit fiscal y lo entrega con 80 billones de déficit fiscal. Recibió el dólar a 2.700 pesos y lo entrega a más de 4.000.
HA. En este nuevo escenario, ¿cómo aprecias el nuevo perfil que adquiere Gustavo Petro en este momento?
AUM. El Presidente tiene la madurez política que precisa la alta responsabilidad que le confirió la mayoría de la nación, ha evolucionado mucho en su trayectoria desde el parlamento, el ejercicio de la Alcaldía de Bogotá, hasta ejercer ahora el primer cargo de la nación. Quiere hacer bien las cosas y eso exige tomar decisiones estructurales que permitan transitar de un modelo económico extractivista* hacia una economía productiva compatible con la vida. Es una tarea indispensable y colosal: construir un nuevo modelo económico con un ordenamiento territorial alrededor del agua que genere soberanía alimentaria. Un modelo agroecológico que nos permita producir alimentos, que la canasta familiar no dependa de las importaciones.
En este ámbito cardinal de cambiar el modelo productivo es donde debe realizarse el mayor esfuerzo, al tiempo que propiciar el gran acuerdo nacional para darle respuesta al problema enconado de la guerra en Colombia, para construir la paz en el país.
Es un esfuerzo que exige reformas constitucionales y legales. Pero, al mismo tiempo, muchas políticas públicas que no requieren nuevos marcos normativos, ponen de presente que basta con implementar la Constitución de 1991, valerse de muchas leyes que nunca se han aplicado y formular políticas sociales más incluyentes.
HA. Una parte de la ciudadanía experimenta la inquietud de que la construcción de las mayorías parlamentarias necesarias para impulsar las reformas se traduzca, una vez más, en el gobierno de los mismos de siempre. ¿carece de fundamento este malestar?
AUM. Es un tema complejo, difícil de explicar. En el escenario político colombiano se mueven más o menos 14 partidos con representación parlamentaria, en la Cámara, incluso, son más, pequeños partidos, y están las 16 curules de paz.
En medio de esta multiplicidad y atomización de fuerzas no hay otro camino para adelantar las reformas que construir mayorías y esto exige acuerdos políticos. Nosotros estamos construyendo las mayorías con los más cercanos: los Verdes, Comunes, las curules de Paz en Cámara, el partido Liberal, la U, los conservadores.
Es un acuerdo que, en tanto en nuestro país no existe una ley de partidos que reglamente con exactitud funcionamiento parlamentario, disciplina y similares, la votación de las reformas queda abierta a la convicción y conciencia política de cada congresista.
Mientras estuve en el Congreso (2014-2018), durante el fast track de la paz, en la aprobación veloz de las leyes que desarrollaban los Acuerdos de Paz, teóricamente éramos doce partidos por la paz y solo el CD estaba en contra, sin embargo cuando llegábamos con propuestas como la JEP, la Justicia Especial de Paz, las bancadas empezaban a decir: CR no vota ese artículo; el partido Conservador aprueba la JEP, pero no vota ese artículo, evidencia de que las mayorías son inestables, relativas, porque cuando lleguen a consideración ciertos proyectos de ley, o ciertas reformas, los actores privados, los lobistas, los actores corporativos, los actores que apelan a la corrupción, compran votos y desbaratan las mayorías.
Y esto es grave para el país, pues perpetua una política de Estado corporativo en la que los grandes bancos, las grandes empresas, los intereses mezquinos saboteen la agenda legislativa en función de sus intereses privados y no en defensa de lo público.
HA. ¿Qué lugar van a tener los movimientos sociales y sus redes organizativas? ¿Van a conservar sus espacios o deben asumir como sus banderas las lideradas por el gobierno nacional?
AUM. El movimiento popular, sindical, campesino, indígena, de derechos humanos, las organizaciones de mujeres, los jóvenes etcétera, pueden, tienen y deben mantener sus procesos autónomos y organizativos. Ahora bien, muchos de esos actores se pueden ver representados en nosotros como congresistas y en el gobierno actual.
Además, es muy posible que muchos de estos actores salten del movimiento social a responsabilidades en el gobierno –que es lo que suele suceder en muchos países cuando la oposición accede al gobierno– y eso eventualmente puede debilitar el movimiento social porque mucha gente migra a entidades públicas. Por eso, es muy importante para la democracia que mantengan su autonomía y su rol de vigilancia y cuidado sobre los congresistas, el gobierno y las políticas.
HA. La experiencia progresista en América Latina muestra que la cooptación y los movimientos sociales siempre corren el riesgo de la cooptación…
AUM. Es una tensión siempre presente, pero lo sano es que los procesos sociales guarden distancia con respecto al Estado y tengan puntos de vista autónomos. Por ejemplo, si hay que decretar una ley contra el hambre, aprobar la renta básica, una reforma a la cultura o a la educación, es importante tener de nuestro lado, si se trata de la salud, a los gremios profesionales, a los médicos, sindicatos y ligas de usuarios, para respaldar una reforma que convierta la salud en un derecho y deje de manejarse como una mercancía.
Es probable también, que la gente afronte desilusiones porque los cambios no van tan rápido. Una reforma constitucional, por ejemplo, se puede tomar un año. Incluso la creación de los ministerios de igualdad, paz, seguridad toman tiempo para que se aprueben y, después, para que se ejecuten. Nuestra determinación es avanzar lo más rápido posible aprovechando la fuerza con la que llegamos.
Mientras así se avanza, y en tanto todas las reformas no saldrán en 4 años, hay que acudir a las elecciones locales del 2023 en buena disposición, llamando por parte del Pacto Histórico a conformar un Frente Amplio, acción que no debe interferir en la construcción de poder popular que estén desarrollando las gentes y los movimientos sociales en los territorios. Es con los gobiernos locales apoyados por el gobierno central que se pueden hacer las reformas que se proponen, como la paz total, la soberanía alimentaria, las energías limpias todo esto es mas fácil materializarlo en lo local.
HA. ¿Qué reformas ocupan el primer lugar en el trabajo legislativo iniciado el 20 de julio?
AUM. En primer lugar el Plan Nacional de Desarrollo. Hay que generar el proceso participativo para que la gente incluya sus prioridades. Ya hicimos el encuentro Caribe con más de mil personas para proponer sus ideas. Hay temas que son compatibles con las propuestas de gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo lo abordamos por mandato constitucional y legal; lo allí aprobado rige el presupuesto del año siguiente.
Esta Ley es compleja porque exige destinar recursos para el déficit fiscal y porque hay que hacer apropiaciones para las políticas sociales planteadas. Prioridad también tienen un conjunto de normas, que son obligatorias en materia de paz. Para implementar los acuerdos de paz, tenemos que abordar temas aplazados como la Reforma Rural Integral y la Reforma Política. Pero, además de esto, corresponde modificar lo que se conoce como Ley de orden público para crear las normas que posibiliten, por ejemplo, retomar los diálogos con el Eln; por ejemplo, formular políticas para el sometimiento de organizaciones como el Clan del Golfo.
Además, la leyes para la creación de los ministerios es ya o ya, para que puedan tener alguna eficacia en estos cuatro años. Las reformas que se precisan en educación también deberán abordarse con prioridad.
HA. Antes de la posesión de Gustavo Petro y de Francia Márquez los congresistas del Pacto Histórico se reunieron en Santa Marta, ¿qué trataron?
AUM. Nos reunimos por comisiones constitucionales, pero hay que seguir trabajando en ello ahora que ya están todos los ministros. Debemos definir las prioridades de cada ministerio en materia legislativa y, de acuerdo a las 7 comisiones constitucionales existentes, definir cómo vamos ordenando el ingreso de la agenda legislativa. Lo que tiene claro la bancada del Pacto Histórico es que nuestra agenda prioritaria es la misma del gobierno.
HA. Lo que un observador desprevenido percibe es que tienen ante si una tarea descomunal. Tu primera experiencia parlamentaria terminó en el 2018 procurando lograr la aprobación de las normas que desarrollaban los acuerdos de paz. Vinieron los 4 años no solo de parálisis sino de reversión del gobierno de Duque, ¿qué sucederá ahora?
AUM. Existen aspiraciones sociales y una agenda legislativa represadas. Pero este represamiento no es solo desde la firma de los acuerdos de paz, es desde la Constitución de 1991. Ha habido una trabajo previo por parte de muchos actores. Por ejemplo, para hacer una reforma política no tenemos que partir de cero. Desde que se firmaron los acuerdo de paz hasta hoy se han presentado cincuenta proyecto de ley que tienen que ver con reforma política.
Hay que tener en cuenta, además, que es necesario desmontar las leyes macro con las que instauraron el neoliberalismo en el país. Por ejemplo, la reforma laboral o Ley 50; la reforma de salud o Ley 100; en materia de educación superior la Ley 30. Entonces, sí, la tarea es descomunal. Los dos primeros años serán decisivos. El tercero es más difícil y el cuarto será de plena campaña electoral.
No es fácil mostrar a la ciudadanía estas realidades políticas. La gente quiere cambios inmediatos, pero no en todos los planos es posible: hay un plan de choque para evitar los asesinatos de líderes sociales, 935 de ellos asesinados durante el gobierno de Duque. Más de 280 masacres. Casi 300 firmantes de los acuerdos de paz acribillados. Este año, según cifras de Comité Internacional de la Cruz Roja van más de 70.000 personas desplazadas hasta finales de julio.
Es una vasta y compleja tarea. Tendremos que analizar de manera cuidadosa el devenir del proceso, las vicisitudes que aparezcan: el rol de los Estados Unidos, la actitud de los empresarios y los gremios, la confianza de la gente. Nosotros queremos que los empresarios ganen plata, pero que respeten la naturaleza, los derechos laborales. Queremos reactivar la economía, “vivir sabroso” y esto exige prosperidad, no para unos pocos sino para todos.
HA. ¿La renta básica asegurada sigue considerada?
AUM. Con el Comité de Paro alcanzamos a plantear ocho proyectos de ley para implementarla, pero fueron archivados por el anterior Congreso. Tenemos que conversar con el gobierno ya que lo planteado por esta administración no es renta básica sino apoyar con medio salario mínimo a las mujeres cabeza de familia con niños que por sus circunstancias socioeconómicas así lo requiera, y también a los adultos mayores que no accedan a pensión y no tengan ingresos.
No renuncio a que esa figura de la renta básica exista, pero hay que conocer la propuesta del gobierno, teniendo en cuenta que recibimos el país con déficit fiscal.
A lo anterior hay que sumar los diálogos con agentes exteriores sobre la deuda, que en los últimos 4 años subió ochenta billones por año: 320 billones de deuda. Esta suma equivale casi a la totalidad del presupuesto de uno de los cuatro años. Si lográramos renegociarla y reducir su peso e impacto, situado, más o menos, en el 25 por ciento del presupuesto de cada año, se ayudaría mucho a la caja para cubrir la deuda social. Cambiar deuda por medio ambiente, por paz… pero esto no es decisión unilateral del gobierno, hay que hablar con los acreedores.
Creo, volviendo al tema de los movimientos sociales, que su rol es fundamental. Para acompañar, proteger y agilizar el trámite de las reformas normativas, para criticar y denunciar lo que fuese censurable, para aportar creatividad a las transformaciones y para respaldar y defender al gobierno cuando traten de bloquearlo.
HA. ¿Tomará cuerpo un encuentro nacional de movimientos sociales?
AUM. Creo que se dará, de manera espontánea se está dando, La gente se está reuniendo y presentando las propuestas. Pero el Gobierno debe hacer presencia en los territorios y facilitar el diálogo social, como se hace ahora en el Cauca.
HA. Para cerrar, ¿estará en la agenda legislativa el tema del poder popular?
AUM. Sí, el poder popular es muy importante, en especial de cara a que la gente pueda sentir que si este es su gobierno, si este es su Congreso, pueden presionar para que los cambios se produzcan.
Por otro lado, considero que hay que pensar que el año entrante es electoral en lo regional y lo local. Si nosotros ganamos en las periferias del país: Caribe, Pacifico, Amazonía, y en Bogotá ganamos en muchas localidades, pero también las periferias mostraron su fortaleza, entonces uno diría aquí hay municipios en los que la gente votó el 98 por ciento por Petro y por Francia, entonces uno diría ¿cómo esos municipios no van a poner alcaldes y concejales?
Lo que nos conduce a que, bien sea como Pacto Histórico o como Frente Amplio, con otras formaciones políticas, hay que generar esos procesos de cambio territorial. Tengo la idea de que en la escala de lo pequeño es posible lograr variaciones profundas. Por ejemplo, cambios en la matriz energética, o del manejo del agua, o del manejo de los residuos sólidos, o generar proceso de agroecología y soberanía alimentaria.
Si tenemos gobiernos locales con apoyo del gobierno nacional, y hay movimiento social creador y participativo, la gente podrá ver los cambios en el corto plazo, en lo territorial. Creo que a esto hay que apostarle. Hay que promover la organización de la gente. Creo que hay un escenario inédito. Creo que el país cambió. Cambió por las 20.000 protestas frente al mal gobierno de Duque. Creo que la pandemia, más allá de la tragedia, enseñó a la gente a ver con más claridad la responsabilidad de los políticos en las condiciones de vida cotidiana.
El reto es claro: la acción y la actitud de los movimientos sociales y ciudadano será decisivo: las ciudadanías activas tienen el deber de cuidarnos para que no nos vayan a tumbar, pero también exigir que hagamos bien lo que hay por hacer.
* Que condujo incluso a que algunos planes de desarrollo se trazaran con la idea de que Colombia era “una locomotora minera”, con énfasis en la extracción de petróleo, carbón , oro, extracción de materiales que colocó al país en el contexto internacional en una situación precaria como proveedor de materias primas, sin valor agregado.
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