El año 2025 llega con múltiples retos en materia económica, política, social, ambiental, cultural, etc., derivado buena parte de ello del déficit fiscal, presupuestal y del aumento en el gasto público de funcionamiento del Estado, de la creciente burocracia estatal y de la nómina paralela que se expresa en los contratos de prestación de servicios.
Paralelamente a esta realidad, de crecimiento descomunal del Estado, la poca industria existente en el país, más los otros sectores económicos aún en acción, no cubren toda la mano de obra disponible, permitiendo la existencia de una alta tasa de desempleo y de informalidad laboral.
Estamos ante realidades que propician y alimentan los altos índices de concentración de la riqueza y aumento de la desigualdad social que caracterizan al país y que lo mantienen como uno de los más desiguales del mundo.
Es una realidad no abocada de manera frontal, con decisión de superación y sí utilizada para diseñar y concretar una caprichosa segmentación socioeconómica mediante la cual se divide a la sociedad en estratos socio-económicos, con la cual se ha desconocido la realidad de familias que pese a ser clasificadas en estratos 5 y 6 no hacen parte de los supuestos ricos que integran esos segmentos.
Es claro que al realizar la clasificación que divide, polariza y estigmatiza a segmentos de nuestra población, se ignoraron elementos sustanciales necesarios para evaluar las carencias y necesidades de los sectores poblacionales que no necesariamente son homogéneos en cada uno de los estratos en que fue dividida la sociedad colombiana, clasificada arbitrariamente para efectos del cobro de los servicios públicos domiciliarios y los impuestos predial y de industria y comercio desde los años 80 del siglo pasado.
Siendo Colombia un Estado Social y Democrático de Derecho con claros principios y fines plasmados en la Constitución de 1991, estos no han sido aplicados en la práctica, convirtiéndose en simples formas jurídicas que poco o nada han servido para defender el interés general por encima de los intereses particulares de las clases sociales que detentan el poder económico y político.
La idea de cumplir con dichos propósitos mediante el aumento de los subsidios a los sectores más vulnerables de la sociedad –estratos 1, 2 y 3–, no ha sido suficiente para resolver las graves carencias que padece la población que no tiene oportunidades de trabajo, vivienda, salud, educación. Circunstancia que se ve agravada con la no aprobación de la ley de financiamiento con la cual el ejecutivo esperaba obtener los recursos suficientes para atender las necesidades en diversas materias como aumento de los subsidios en vivienda, en educación, salud, servicios públicos, entre otros aspectos.
Aunque la Constitución Política de 1991 consagró la posibilidad formal de atender prioritariamente el gasto público social, la Corte Constitucional en la sentencia C-541 de 1995 definió que el gasto social es “(…) aquel destinado a solucionar necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, etc., siendo apenas lógico que las partidas correspondientes figuren en los capítulos respectivos (de la ley de presupuesto)…”; abriendo de esta manera la puerta al asistencialismo que practicaron todos los gobiernos desde la vigencia de dicha Constitución, fomentando una sociedad de pobres que no contribuye a construir una sociedad más justa y equitativa, encaminada a acabar con la desigualdad económica y social del pueblo colombiano.
Con la desindustrialización del país y el auge de la denominada economía de los servicios, aquella se ve limitada a depender de los commodities derivados de la extracción del petróleo, del carbón y otras materias primas, al igual que de los impuestos, tasas y contribuciones que se les cobran a los ciudadanos, siendo insuficientes para atender las necesidades de la población conforme a lo establecido en los principios y fines rectores del Estado Social de Derecho, circunstancia esta que ha llevado al país a una crisis institucional, al tiempo que no existen verdaderos planes de desarrollo económico y social que permitan avanzar por los caminos del bienestar social; al tiempo que los monopolios nacionales y extranjeros se convirtieron en un freno del desarrollo económico del país, que en la actualidad se ve obligado a importar toda clase de productos, bienes y servicios, generándose con ello una mayor dependencia del capital financiero.
El país necesita de un cambio social que implica una profunda transformación de las condiciones de existencia y desarrollo de la sociedad y de sus instituciones, la cual se abre paso a través de la lucha ideológica contra las distintas concepciones reformistas y populistas tanto de los sectores de derecha, centro y de la izquierda, que se oponen en el fondo al verdadero cambio que requiere en la actualidad la sociedad colombiana. Para entender dicho proceso es necesario tener en cuenta que el desarrollo de la sociedad se desenvuelve en medio de una serie de hechos y circunstancias contradictorias que se entrelazan unas con otras, con la particularidad que en cualquier momento pueden surgir nuevos hechos que cambian las condiciones iniciales del devenir social e histórico de la sociedad, lo cual no depende de la voluntad ni de los deseos de las personas como tampoco de los gobiernos de turno.
En todo esto, juega un papel fundamental la concepción ideológica, política y la organización de las fuerzas democráticas y progresistas comprometidas con el cambio, lo que implica realizar rigurosamente las tareas convenidas con las masas para desarrollar la lucha por su cabal cumplimiento.
Y de ahí la necesidad de escoger el camino correcto para convertir el cambio en una realidad palpitante y segura, acorde con las condiciones concretas y objetivas del desarrollo social y político, las cuales deben manifestarse generando un clima propicio para el cambio social que reclaman campesinos, indígenas, afrodescendientes, pequeños y medianos propietarios de tierras y diversos sectores económicos y sociales medios y pequeños que viven en lo fundamental de su trabajo y claman por un verdadero cambio ligado con la lucha social en condiciones de equidad y justicia social en torno a la creación y distribución de la riqueza y participación en la vida económica, política y social del país.
La Constitución de 1991 fue producto de una sociedad en crisis que aún no ha logrado superar dicha situación, agravada con la violación permanente de los derechos y libertades de los ciudadanos, la profundización de la desigualdad económica y social y la imposibilidad hasta el momento de afianzar la paz y la seguridad.
Las alternativas de solución de los problemas a partir de la aprobación de un sinnúmero de reformas constitucionales, no ha permitido la estabilidad del orden jurídico constitucional. En tanto se impone el deber del pueblo de exigir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, encargada de diseñar una “Constitución real y democrática”, que pueda ser utilizada como instrumento eficaz para construir una verdadera democracia económica, política y social con la cual se ponga fin a la explotación económica del trabajo, la discriminación social y de género y la exclusión política de los ciudadanos de participar en la dirección, administración y control de los asuntos del Estado y de la sociedad.
Cali, 13 de enero de 2025
* El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social.≠
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