“En Potosí la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta, derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura. La espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial. Para arrancar la plata de América, se dieron cita en Potosí los capitanes y los aztecas, los caballeros de lidia y los apóstoles, los soldados y los frailes. Convertidas en piñas y lingotes, las vísceras del cerro rico alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa.”
Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano
El siglo XIX consolidó la extracción y consumo de carbón utilizado para el desarrollo industrial de los países europeos. La Primera Guerra Mundial lo reforzó como principal fuente de energía, aunque posteriormente el petróleo lo sustituyó, con la denominada crisis del petróleo, el carbón al final de la década de los setenta representaba más del 25 por ciento de la demanda de energía mundial. Como es conocido el carbón es una fuente de energía altamente contaminante, pese a ello prosigue su explotación y uso.
En Colombia, en el departamento del Cesar, en los corregimientos de Boquerón y La Loma de Calenturas pertenecientes a los municipios de La Jagua y Becerril, se vivió hace unas décadas el boom de la explotación de este mineral, suceso que atrajo a más de 20 mil familias con la esperanza de conseguir trabajo, las mismas que al día de hoy, sufren desasosiego al conocer la noticia del cierre de la explotación minera por parte del Grupo Prodeco, un conjunto de empresas subsidiarias de Glencore. La explotación del carbón llegó a representar el 44 por ciento del PIB del departamento.
La explotación del carbón en el Cesar, para el primer trimestre del 2019, representó 20.9 millones de toneladas, que correspondían al 64 por ciento del carbón extraído en toda Colombia, incluso mayor tonelaje que el extraído en El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica, donde también opera la misma multinacional. Las estimaciones señalaban que en sus 9300 hectáreas había una capacidad de 15 millones de toneladas de carbón térmico.
Ahora en La Jagua y Becerril como corredor minero, lo que predomina son territorios desérticos, ríos contaminados y mucho desempleo. La empresa argumenta una “valoración extremadamente adversa del proyecto minero en términos de valor presente neto y flujo de caja”. Al momento de cerrar la empresa sólo canceló un año de salarios a los trabajadores, eran tiempos de la pandemia, además, para justificar el cierre en carta pública a los trabajadores, esconde su decisión de abandonar la explotación minera, en este territorio, diciendo que los contratos mineros no eran viables, que se requería gran inversión para continuar con la ejecución. Todo el siguiente año fue una controversia legal para permitir la suspensión inicialmente temporal, según artículo 54 del Código de Minas que prevé esa posibilidad siempre que surjan las circunstancias que así lo ameritan.
La contaminación por la explotación afectó fuentes hídricas, incluso en aguas subterráneas donde se han encontrado restos de plomo. Además, la contaminación atmosférica en áreas de explotación superaba los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El polvillo del carbón producido se diseminaba por la región, llevado por el viento, era tal la cantidad de partículas presentes en el aire que cuando llovía, el agua era oscura. No es de extrañar por tanto que con el paso del tiempo la población de la región comenzaron a sufrir diversidad de enfermedades pulmonares y cáncer de estómago entre muchos de sus habitantes. “Si me pregunta, quisiera responder que si recibí o tuve grandes logros. No lo puedo decir, los logros que he tenido, es estar en incapacidad, invalido dependiendo de otras personas para las cosas que necesito” dice uno de sus antiguos trabajadores postrado en una cama con oxígeno permanente. Las patologías relacionadas con el polvillo del carbón, producía un estado gripal permanente entre los trabajadores, no solo afectaba los pulmones y el estómago, sino también los ojos cuyo buen funcionamiento le implicaba algunas personas hasta dos horas recuperar la visión, también la audición por los altos decibeles por el uso de dinamita y maquinaria pesada.
La gente sabía del peligro a que se exponían, pero se inventaba fórmulas para contrarrestarlo o imaginar hacerlo. Es claro, también, que la actividad minera generó deforestación y suelos infértiles. La multinacional saca pecho diciendo que plantó 300 mil árboles en 400 hectáreas, un tapete vegetal que se torna como un paño para cubrir el gran impacto de la explotación minera que extinguió 18.000 hectáreas de bosque seco tropical. Como parte de ello los ríos Maracas y Calenturitas fueron desviados. La tradicional pesca que surtía de pescado a la población quedó como alegría del pasado. Prodeco lo niega.
Glencore es una de las transnacionales dedicadas a la compraventa y producción de materia prima en hidrocarburos y minerales, aunque también tiene negocios con la industria de alimentos. Con su presencia en más de una treintena de países, controla el 60 por ciento del mercado mundial del zinc, el 50 por ciento del cobre, el 45 por ciento del plomo, el 38 por ciento del aluminio y el 28 por ciento del carbón destinado para centrales térmicas. Emplea directamente a 83.679 personas en todo el mundo, pero que con formas de subcontratación la cifra llega a 145.977 personas regadas por sus más de 80 filiales.
Un historial de explotador
El éxito de su negocio está en pedir dinero prestado para comprar participaciones mayoritarias en materia prima, influyendo así en el precio y logrando grandes ganancias a veces de manera ilegal. En 2013, se fusiona con Xstrata, hasta entonces la mayor empresa minera de carbón en el mundo, sin embargo su fusión no salió como planearon, pues la multinacional estuvo a punto de quebrar en 2015. Sus antecedentes que le colocaron ante la justicia inician con su fundador Marc Rich, acusado por delitos financieros y fraude fiscal, en 1983 se trasladó a Zug (Suiza). Por más de dos décadas estuvo en la lista de los 10 más buscados fue indultado por el presidente Bill Clinton en 2001. La amnistía tampoco estuvo exenta de polémica, sobrevolaba la acusación de pagar con ella, las enormes donaciones indirectas realizadas al partido Demócrata.
Glencore tiene una larga lista de acusaciones en Sudáfrica, Ghana, Zambia y Australia por no asumir responsabilidades, por suministrar materiales de mala calidad, por incumplir acuerdos, revender ilegalmente productos derivados de hidrocarburos; pero principalmente por actos de corrupción para obtener acceso a los recursos de los países y ocultar transacciones para evadir impuestos.
En 2012, en la República Democrática del Congo, donde controla el suministro de cobalto, se demostró que utilizaba mano de obra infantil para su explotación. Entre sus antecedentes recientes, en 2022, la declararon culpable por soborno en Estados Unidos, y fue multada por 1500 millones de dólares, práctica por la cual también está encausada en Brasil y Reino Unido, tiene también juicios pendientes en Suiza y Países Bajos. Pero a pesar de los procesos y multas, a la multinacional Glencore, poco le importa, para 2023 nuevamente fue multado por el gobierno estadounidense por 428 millones de dólares. Tiene acusaciones formales por actos de corrupción en Brasil, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Nigeria y República del Congo.
En nuestro país, Grupo Prodeco es un conglomerado de empresas mineras como Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones El Tesoro y Sociedad Portuaria Puerto Nuevo en Ciénaga Magdalena que tiene el control de la infraestructura portuaria para la exportación de carbón, todas ellas son subsidiarias de Glencore. A su vez tiene una participación del 39,7 por ciento en la concesión de Ferrocarriles del Norte de Colombia Fenoco que transporta carbón por tren desde el Cesar al Magdalena. Y explota la mina de carbón del Cerrejón, lo que ha implicado el desvío o secado de arroyos y fuentes de agua a su antojo como por ejemplo los arroyos: Cerrejón, Tabaco, Bruno, Río Palomino, Acuífero Aluvial del río Ranchería, Patilla y Paladines. Otros 44 arroyos han desaparecido o están en curso de sufrir su final por falta de agua, en el 2016 el arroyo Bruno fue desviado unos 700 metros al norte afectando a las comunidades indígenas, lo mismo pretendía hacer con el Río Ranchería. Esto terminó en un pleito legal que fallaría la Corte Constitucional (2017) a favor de las comunidades. Con todo este prontuario no es de extrañar que también esté acusada de financiar paramilitares entre 1996 a 2006.
Presión con demandas
En Colombia, en 2016, en un pleito jurídico la multinacional exigía al Estado, la suma de 600 millones de dólares, quizás por recuperar algo de la multa que le fue impuesta por las operaciones en el Cerrejón ante el uso ilegal y excesivo de subcontratistas. Logró que el Estado colombiano le reembolsara 19.1 millones de dólares por un acuerdo irregular que autorizó rebajas de las regalías por la extracción de carbón en la mina Calenturitas en el departamento del Cesar. Se comprobó que existió un soborno de por medio, en el que participó Glencore, y que la Contraloría descubrió que la multinacional alteraba los cálculos de las regalías. Para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) el Estado debía devolver esa cantidad de dinero.
Ante las irregularidades ejecutadas por la transnacional sobre las fuentes hídricas, la Corte Constitucional ordenó con sentencia SU-698 de 2017 que cesará sus pretensiones sobre el arroyo Bruno. A Glencore no le importó y no solo desobedeció, sino que demandó de nuevo a Colombia en un arbitraje internacional, una suerte de presión en un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados en el Ciadi, organismo del Banco Mundial del que Colombia es miembro desde 1997.
Desde 2022, la Corte Constitucional se encuentra verificando las denuncias de incumplimiento del fallo judicial por parte de la empresa, mientras se suma la presión de la demanda. Y es que está acostumbrada a actuar así, como lo demuestra también en Bolivia cuando logró mejorar los contratos originales a punta de demandas. Esta es la tercera demanda de esta compañía contra Colombia. Nuestro país, enfrenta 20 otras demandas por parte de la trasnacional, 13 aún pendientes de resolución, que en conjunto podrían costar 9,8 billones dólares del presupuesto de la nación.
El 2018 fue el año de más demandas contra el Estado colombiano con seis casos. No es de extrañar, América Latina y El Caribe sea, con 320 demandas, la mayor región con cantidad de pleitos jurídicos registrados en la Ciadi, 62 por ciento de los fallos favorecen a las empresas lo que implica desembolsos por cerca de 33 mil millones de dólares. Nuestro Sur sigue explotado por quienes negocian con el despojo, el 22.6 por ciento de las demandas están relacionadas con las mineras e hidrocarburos y el 56.8 por ciento de demandantes son inversionistas de Estados Unidos, Europa y Canadá.
En la demanda del año 2022, Glencore clama que las medidas de la Corte son discriminatorias, inconsistentes, irrazonables y arbitrarias, que niegan a los inversionistas un trato justo y equitativo. Aunque no se va del todo de Colombia porque además de tener la gigante mina El Cerrejón, también tiene la concesión Puerto Nuevo en el transporte de carbón entre el Magdalena y el Atlántico, Prodeco, además figura como importante accionista de Ferrocarriles del Norte de Colombia Fenoco, como lo vimos en la primera parte de este artículo.
Prodeco tiene como responder a las personas y territorios afectados con que lucraron sus bolsillos. Eso es lo que deja las economías extractivistas de capital extranjero que abanderan el llamado desarrollo. No hay propuestas económicas alternativas que cubran los puestos de trabajo perdidos ahora para las regiones que sufrieron la explotación minera, ancladas en las actividades extractivistas con territorios desertificados sin posibilidad para recuperar la agricultura ni la pesca.
A la hora de cierre de sus actividades, la multinacional no menciona en qué consiste el plan ambiental y social que tanto se ufana; tampoco hace alusión a las obligaciones ambientales y sociales pendientes. Así recurre al Estado para que asuma esa deuda, en el Gobierno del Cambio existe (Cemprende) Centro de Emprendimiento y Empleabilidad que busca fortalecer el poco tejido empresarial y a los actores de la Economía Popular tratando de cerrar brechas regionales creadas por medio del fomento de la agricultura, el turismo y aquellos relacionados con la transición energética. La deuda histórica que tiene Prodeco lo estamos pagando todos y asegurando su riqueza.
El origen de la minería en la región
La minería en el Cesar comenzó como un relato macondiano, hacia finales de los 70s del siglo XX; la señora Julia Ortíz Cuadro apodada “Julia Piti” se convertiría en la pionera de la minería de carbón en la región, a pico y pala en pequeña escala con un esposo, una familia extensa entre hermanos y sobrinos venidos de Boyacá y con conocimientos en minería artesanal, así logró consolidar un mercado hacia 1985 que abastecía a los ingenios azucareros. Ante la posibilidad de trabajo en la aventura, surgieron cuadrillas conocidas “barbacheros”, luego vinieron las cooperativas como Coagrominera. El ingenio azucarero desplazó a las pequeñas minas artesanales bajo la excusa de evitar la desorganización del proceso minero que se adelantaba. Aunque existían otras empresas mineras como Carbón del Caribe o Carbojagua, incluso multinacional como la Drummond que llegaría a la región en 1994. Todas desaparecerían para alimentar la gran multinacional de Glencore a mediados de 1995, controlando una capacidad de extraer 1500 toneladas mensuales. Quien no trabajaba en la mina, ofrecía bienes y servicios a los mineros. Los salarios de los trabajadores podían superar los cinco millones de pesos en la actualidad, la empresa contrataba a 1200 empleados directos y unos cinco mil indirectos para la operación.
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