A partir del próximo mes los migrantes venezolanos podrán solicitar una visa de residencia en Colombia, siempre y cuando tengan el Permiso por Protección Temporal (PPT). Una luz verde para llegar a la cual debió recorrerse un largo camino de casi diez años. Este texto es un repaso de la historia de la diáspora venezolana en Colombia.
La cifra es inmensa: hoy por hoy 3 millones de venezolanos viven en el país vecino con que comparten historia e idioma además de extensa frontera: Colombia. Los datos confirman que dejaron su territorio natal debido a la grave crisis económica, social y política que padece el territorio que los vio nacer. Una realidad, extendida por años, que les impide gozar una vida con mínimas condiciones de dignidad y luces de buen futuro.
Son hombres y mujeres, en su mayoría en plena juventud, que se baten contra un presente colmado de penurias y decididos a reiniciar sus vidas en pro de un buen futuro, del cual no atisban pista alguna en su terruño.
Aunque el propio vínculo con la patria podría dar la impresión del deseo de los migrantes de regresar a su país, las encuestas más recientes muestran un panorama diferente: el 62 por ciento de los venezolanos quiere quedarse. Sólo el 27 por ciento sabe con certeza que quiere retornar a su territorio natal. Para muchos, en su país de origen ya no queda nada de lo que constituía su otrora vida. Y nadie parece esperar un cambio en la situación económica que padecieron y que aún viven en Venezuela.
No es extraño, por tanto, que podamos decir que “el futuro de Colombia es venezolano”, por lo que el Estado tiene el imperativo de diseñar una política integral inmediata para sobrellevar de la mejor manera los millones de nuevos pobladores que ahora suman al censo nacional. Más todos aquellos que podrían seguir llegando.
Si se echa una mirada retrospectiva a las presidencias colombianas que se preocuparon por ese problema, podemos ver cierta voluntad por abordar el problema. ¿O se trata sólo de un intento de evitar o al menos regular lo inevitable? Mientras que otros países de la región prácticamente cerraron el paso a la inmigración tras la primera oleada de empatía, cuando se trataba del futuro, o más de la vida de estos millones de personas, Colombia se veía a sí misma como responsable de sus vecinos. Al fin y al cabo, Venezuela ya había hecho lo mismo con miles de migrantes que pasaron la frontera en procura del boom petrolero en las décadas 70-90. Más cerca que los Estados Unidos, con el mismo idioma, con una moneda –el Bolívar que por entonces llegó a cambiarse a 10 por un dólar, y sin persecución o estigmatizaciones, colombianos que fueron a buscar mejor vida encontraron allí lugar para trabajar y así resolver el empobrecimiento padecido desde siempre en su patria. Y no erraron, la mayoría mejoraron las condiciones propias de vida y la de los suyos.
Remedios en lugar de soluciones
Décadas después, las cosas cambiaron. El bloqueo gringo, la caída de los precios internacionales del barril de petróleo en momentos de arribo de Maduro al gobierno, los ininterrumpidos sabotajes a las plantas petroleras como a las de energía, la incapacidad administrativa y los errores de todo orden de su dirigencia política, el desfalco de las divisas y de los ahorros del país en una orgía de corrupción prolongada por años, así como las conspiraciones golpistas, llevaron el país a una inimaginable recesión económica, con escasez de todo tipo de alimentos. La debacle humanitaria sería su consecuencia obvia.
Así que cuando, ante tal realidad, millones protestaron en la calle y fueron “atendidos” con incontrolada violencia. Entonces, además de crisis económica y social, ahora también era de derechos humanos, el ambiente social era inaguantable y, ante todo ello, la migración ganó un ritmo de desangre humano para este país.
El destino más propicio para un porcentaje alto de quienes empacaron sus pertenencias, fue Colombia, donde no encontraron obstáculos para habilitar su nueva residencia, país que para el año 2017 introdujo la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), con la cual podían entrar legalmente al país y permanecer en las regiones fronterizas durante una semana, lo que facilitó el cruce de fronteras, al menos para quienes se desplazaban diariamente en procura de comprar alimentos, al igual que medicamentos inexistentes en su país. En resumen: para la gente que no quería emigrar. La TMF fue un remedio breve, pero no resolvió el verdadero problema: cada vez más personas buscaban establecer su nuevo hogar en Colombia, no solo realizar un viaje de fin de semana a su territorio.
En su lugar, ese mismo año se creó el primer Permiso Especial de Permanencia –PEP–. El programa para regularizar la migración desde Venezuela permitía a sus titulares la residencia legal, un permiso de trabajo y el derecho a la asistencia sanitaria y a la educación. A esta versión del PEP le siguieron otras seis hasta 2021, que variaban en sus condiciones (dos versiones no exigían pasaporte) pero tenían algunos problemas en común. Por ejemplo, casi todos los PEP tenían un plazo determinado para solicitarlo. Además, el hecho de que los pasaportes venezolanos durante años hayan sido considerados un artículo de lujo, no facilitaba a los inmigrantes la solicitud del PEP.
Una realidad, el alto precio del documento o su dificultad para imprimirlo por falta de materiales en Venezuela, no fueron considerados por Migración Colombia a la hora de valorar los requisitos para otorgar el PEP. Las autoridades aplicaron unos criterios difíciles de cumplir para muchos y permitieron a la mayoría de los emigrantes permanecer durante un breve periodo de dos años. Puede que estas exigencias llevaron a Colombia a tomar estas decisiones: no estaban preparados al masivo fenómeno de migración que ahora los sorprendía; en realidad estaban acostumbrados a la salida del país de miles de compatriotas, no a la llegada de miles de vecinos.
María Clara Robayo León, del Observatorio de Venezuela, un grupo de investigación de la Universidad del Rosario, ve paralelismos con la migración colombiana en el movimiento migratorio de los venezolanos. “Los colombianos, sobre todo en la década de los ochenta y los noventa, que hubo una migración importantísima por crisis de seguridad, por crisis de desempleo, por crisis económicas en América Latina y en Colombia, empezaron a creer que Colombia era un país inviable. […]. Pensar que uno nace en un país inviable los lleva mucho más a migrar”.
En Colombia, más de medio millón de personas abandonaron el país en 2022, más que en la última década. Desde los años de la guerra, por tanto, hay un movimiento migratorio constante que no parece disminuir. Del mismo modo, Robayo León ve ahora cómo la población venezolana se está acostumbrando a la crisis en curso, así como al hecho de que la gente abandone el país por causa de la misma.
¿Progresos en la política migratoria?
En cualquier caso, no ha cambiado mucho la situación de los migrantes desde la instauración del PEP, ni siquiera con las innumerables innovaciones incorporadas por el gobierno de Iván Duque, que considera la política migratoria como uno de sus mayores legados. Esa valoración descansa en la implementación del Permiso por Protección Temporal –PPT–, que presentó poco antes de dejar el cargo.
Este documento sustituyó el PEP y es considerado tanto una tarjeta de identidad como un mecanismo regulador de la migración. Sus ventajas: garantiza los derechos fundamentales, el acceso al sistema sanitario, a la educación y demás derechos humanos. La gran diferencia entre el PEP y el PPT: su validez es de diez años en lugar de dos. Esto garantiza que los titulares podrán acumular los cinco años necesarios para obtener una visa de residencia.
El objetivo principal del PPT es registrar a los inmigrantes. Los venezolanos que entraron ilegalmente al país tienen la oportunidad de regularizar su estadía. Un requisito previo es la inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (Rumv) y presentar un documento de identidad. El hecho de que esté caducado es irrelevante, algo que por uno u otro motivo, no todas las personas portan y se convierte en un obstáculo para obtener el PPT, así, contrario a lo aparente, no parece tan fácil obtenerlo.
Esta dificultad, sumada a la negativa de expedir los documentos de regulación desde el mismo inicio de los registros y al colapso del sistema computacional –fuga de datos–, llevó a que en la reciente campaña –“Aún estás a tiempo”– el gobierno Petro no logrará a cabalidad su propósito y 600 mil migrantes quedaran sin regulación plena.
“Se quedaron en el limbo”
Este gobierno está muy interesado en descalificar lo que hizo al gobierno pasado, Robayo León analiza los acontecimientos actuales. “El fallido PPT fue sustituido temporalmente por una Certificación del trámite como solución de emergencia. El objetivo: facilitar a los migrantes el acceso a la identificación, la asistencia sanitaria y el trabajo hasta que se resuelva la fuga de datos. El certificado en trámite es un documento, es una hoja que uno puede imprimir, pero eso no tiene ningún valor. No es un documento de identidad”. Sin embargo, el jefe de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, critica el PPT y alaba su alternativa. De hecho, es más fácil obtener el Certificado, basta con imprimirlo en Internet. Además, a diferencia del PPT, no es un documento de identidad, como critica Robayo León. Además, probablemente sea aún menos reconocido que el PPT, por ejemplo, al acudir a EPS u otras instituciones públicas.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Visita a Cúcuta – Frontera Colombia/Venezuela. https://www.flickr.com/photos/cidh/49534796243/
Parece que el PPT no está pensado para llegar a la gente que lo necesita. En el medio digital La Silla Vacía, Robayo León cuenta la historia de Rubí, de 28 años, que lleva seis viviendo en Colombia con sus hijos y, sin embargo, su solicitud de PPT fue rechazada, y sin motivo. Ni ella ni los cientos de personas cuyas solicitudes fueron rechazadas incumplían las condiciones exigidas. Rubí había esperado dos años. Desde entonces, teme por su futuro y el de sus hijos. Con estos obstáculos, incluso el esperanzador PPT resulta ser un escollo para personas que sólo quieren seguridad y estabilidad.
A su vez, según los investigadores sobre migración Thomas Ordóñez y Hugo Ramírez, Colombia “no ha establecido un sistema de inmigración inclusivo que pueda conducir a la residencia legal […] sino que ha implementado permisos liminares y temporales para permanecer y trabajar en el país […]”. La socióloga estadounidense Cecilia Menjívar acuña el término “legalidad liminal”, es decir, residencia legal, pero por un periodo de tiempo limitado. Este estado deja a las personas con una sensación de seguridad, aunque su permanencia en Colombia sea limitada. El “estar en medio” también tiene efectos psicológicos en los afectados: “Los procesos migratorios no son fáciles. Generan una serie de traumatismos en el migrante”, afirma Robayo León. Para las personas, algunas de las cuales han huido de la pobreza y la enfermedad, esto significa que ni siquiera tienen la oportunidad de sentirse plenamente confiados en Colombia. Su futuro sigue siendo incierto.
Colombia como sociedad migrante
El PPT promete facilitar el acceso al sistema de visa. A partir de junio de 2023, existe la posibilidad de solicitar una visa de residente. Un documento que cuesta un total de 443 dólares. Es decir, más de dos millones de pesos. Para más de la mitad de los venezolanos en Colombia, eso equivale a meses de salario, lo que lo hace prácticamente inasequible. Pero para quienes puedan cumplir con los papeleos más el dinero, las puertas a una visa colombiana están finalmente abiertas a partir de este año. Esta posibilidad crea un poco más de unidad y un poco menos de exclusividad. “Hoy la migración venezolana hace parte de la sociedad colombiana y hay que entenderlo así”, enfatiza también María Clara Robayo León. Si el Estado comprende por fin este simple hecho, entonces también puede resultar más fácil para la población dejar a un lado sus preocupaciones y temores.
Sin embargo, hasta la fecha, es difícil solicitar una visa de residente, a pesar de que la gente lleva casi una década buscando su hogar en este país, siguen siendo rechazados por el sistema, que les ponen trabas e incluso con estatuto de residencia no logran ser reconocidos en igualdad de condiciones que un colombiano.
Por ejemplo, a pesar de lo dictaminado por la ley, muchos empleadores no reconocen el PPT, pagan salarios bajos y a veces de forma irregular. Además, existe en la población mucha prevención frente al venezolano, visto en muchas ocasiones como potencial delincuente.
Robayo León pide que en el futuro las políticas se centren en la integración. El PPT facilita el acceso al trabajo, la educación y la sanidad. Sin embargo, echa en falta una visión más específica de las circunstancias, como el género: “Cuando comparamos población migrante por género, los hombres migrantes tienen más empleo que las mujeres. Y ganan más que ellas. Las mujeres migrantes, muchas veces están dedicadas a la economía del cuidado de sus hogares. Pues no tienen una red de apoyo para cuidar los hijos que les permita salir al mercado laboral”.
Cuando ellas trabajan, señala Robayo León, es más a menudo en empleos formales que los hombres. Sin embargo, esta ruptura en la inclusión en el mercado laboral debe tenerse en cuenta en la integración. Además, en la diáspora hay un 25 por ciento de niños, que también necesitan un enfoque diferente al de los hombres o mujeres que trabajan. Para ellos, la inclusión debe replantearse en todas las etapas de la vida. Una realidad que también debe incluir las micropoblaciones, con sus necesidades específicas, como los grupos étnicos, binacionales. Esas personas, según Robayo León, en teoría ni siquiera son migrantes. Viven en territorios ancestrales compartidos. “¿Cómo hacer que el PPT realmente le genere cambios positivos en la vida a personas con estas características?”. El camino hacia una política migratoria inclusiva es largo y durará varias legislaturas, afirmó.
Sin embargo, para abordar este camino, en primer lugar, el Gobierno necesita estar decidido a centrarse en la migración. Necesita una visión desde la perspectiva de los migrantes, que se aleje de las medidas ad hoc y se oriente hacia soluciones a largo plazo. La inclusión de casi tres millones de personas está en juego. La mayoría han venido para quedarse.
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