Lo ocurrido el pasado 12 de septiembre en Tierralta, Córdoba, vereda Bocas del Manso Camino, tiene todo el sello de una película proyectada infinidad de veces en las pantallas nacionales y, por tanto, conocida y padecida por millones en el país: militares que actúan como paramilitares. Los registros judiciales dan cuenta de ello, no una, ni dos incursiones, son muchas más, con indeleble rastro de sangre, con asesinados y desplazados, y por ese proceder hay centenares de vinculados judicialmente, decenas de condenados; en los últimos años la JEP abrió expedientes a no pocos altos mandos, algunos ya condenados.
E así como unidades militares llegan a una comunidad cualquiera, por lo general una población asentada en un territorio que le interesa a algún terrateniente, comerciante o directamente a un paramilitar por ser tierra fértil para sembrar allí x o y producto –palma africana en el caso de Urabá, o coca en el sur del país, o para deforestarlo y poner a pastar ganado –como sucedió con muchas de las más de siete millones de hectáreas usurpadas a sus verdaderos propietarios a lo largo de los últimos 30 años en todo el territorio nacional.
El copamiento militar se hace ocultando la verdadera identidad de la unidad militar que lo realiza, aparentando lo que no se es, o brindando cubrimiento y retaguardia a una verdadera unidad paramilitar, como lo denuncia una y otra vez la Comunidad de Paz de San José de Apartado a lo largo de los últimos años, y que a pesar de sus testimonios, denuncias y reclamos no ve que la presencia paramilitar cese en sus territorios ni en sus alrededores*.
Son incursiones armadas que pretenden el desplazamiento de sus pobladores, para así facilitar la usurpación de la tierra, o el silencio de la comunidad afectada, para realizar sobre esos lugares actividades ilegales –sembrado de coca, instalación de laboratorios para procesar cocaína o para transitar libremente por esos espacios movilizando amas o insumos químicos indispensables para el efectivo funcionamiento de los laboratorios, o apropiando espacios necesarios de control para ganar posiciones y la iniciativa sobre sus contrarios.
Cuando llegan al poblado proceden sin recato alguno, intimidando y sometiendo con su poder armado, insultando, agrediendo, vejando, toda una operación psicológica y de ablandamiento, de humillación, de hacer sentir la inferioridad de fuerza y poder, para así impedir rebeldías. El honor militar, el respeto de los derechos humanos, y todo lo relativo con el debido proceder militar, brilla por su ausencia. Así actuó en la fecha indicada la unidad militar adscrita al Batallón de Infantería N. 33 de la Décima Primera Brigada, al copar la vereda Bocas del Manso Camino; unidad militar integrada por un oficial, dos suboficiales y una treintena de soldados, de los cuales, y por el momento, 10 fueron suspendidos en sus funciones mientras se investiga lo sucedido.
Cuando la operación es exitosa, el comando que la realiza queda en el anonimato, y la incursión queda como efectuada por paramilitares o guerrilleros. Confundir, dificultar la investigación judicial, cruza todo el procedimiento. Y de así lograrlo solo con el paso de los años se llegaría a correr el telón, aunque no siempre se pueda comprobar, a pesar de ser voz populi el verdadero carácter de quienes ejecutaron el copamiento, el desplazamiento, el robo de la tierra y demás bienes de los afectados, como de homicidios, vejaciones, abusos sexuales, etcétera, que hayan llevado a cabo.
Así estaba predeterminado para el caso que nos ocupa. Lo que rompió el libreto fue la valentía de una comunidad que da plena prueba de conocer y defender sus derechos fundamentales, en especial una mujer, con su hijo a cuestas, que increpa a los armados: “¿Por qué vienen a atropellarnos?”, “¿Les parece justo amenazarme con una pistola teniendo yo mi hijo en brazos?”, “¡identifíquense!”, exige con tono fuerte, seguro y exigente.
La sorpresa del militar, que tiene tapado el rostro con una pañoleta, ante tan valiente reacción lo descuadra; otras personas alzan su voz pero no son claros sus reclamos, lo que resalta es la convicción de una joven mujer que sabe que le están violando sus derechos a ella y a su comunidad, y para defenderlos se juega el todo por el todo. Como también resalta que alguien haya tenido la decisión y valentía para grabar con su celular lo que estaba ocurriendo, a riesgo de lo peor, tomando un registro de más de 4 minutos de duración.
Pese a la condición de indefensión de la comunidad, todos en ropa de trabajo, algunos con el torso al aire, otro militar apunta su fusil para impedir que alguien intente interponerse entre la mujer y quien le apunta con una pistola, quien, además, como es apenas obvio, la intimida con el resto de su vestimenta y armamento: fusil, proveedores para el mismo, traje de fatiga, rostro oculto, voz de mando, etcétera.
La población, luego de ser obligada a salir con sus manos en alto de sus viviendas, es reunida en un solo sitio del poblado. Un proceder similar al padecido por quienes fueron asesinados, por ejemplo, en Mapiripán (Meta), en este caso a manos de paramilitares pero permitidos y facilitados en su libre actuar por cuerpos del ejército oficial que no se interpusieron en su desplazamiento y el macabro operar extendido durante largos días y noches de terror.
Sucesos acaecidos en meses recientes en Antioquia, Chocó, Guaviare, Putumayo y otros departamentos, y con proceder similar, con una extensa sombra sobre sus verdaderos ejecutantes, ahora ganan luz.
Como en otras ocasiones ante lo sucedido los altos mandos, así como funcionarios públicos, no dudan en asegurar que esto es un caso excepcional –“una manzana podrida”–, la misma que se suponía cortada con el descabezamiento del alto mando que llevó a cabo el actual gobierno al inicio de su mandato.
Lo que prueba lo recién ocurrido en el territorio córdobes, es que estamos ante un cuerpo armada que ha incorporado hasta su más profunda esencia la doctrina del enemigo interno, y contra éste no hay respeto alguno. Es decir, no solo la alta oficialidad está embebida de esa doctrina de “todo vale para derrotar a su contrario”, sino que así mismo lo están los grados inferiores de la Institución. Hay que recordar que la mayoría de los miles de oficiales con que cuentan las fuerzas armadas asisten a cursos dictados por quienes son instructores del ejército de los Estados Unidos o fueron formados por ellos.
Un actuar que permite interrogar, ¿existe en Colombia un “Estado profundo” –como califican en Estados Unidos el poder real detrás del trono, una parte del cual son las Fuerzas Armadas?
Pero también sucede que ese cuerpo armado, por sus alianzas con los paramilitares y por su conducto con narcotraficantes, ha sido permeado por una mentalidad mercenaria, y con ello por el afán de enriquecimiento rápido, dispuesto a hacerlo realidad sin importar deshonrar sus códigos, valores y arriar su moral.
Al ser así, al contar con unas fuerzas armadas instruidas en la doctrina del enemigo interno, que además opera como una fuerza de ocupación, el reto que tiene la sociedad colombiana en general, y en particular el Presidente Gustavo Petro y el Ministro de Defensa, es rehacer la totalidad de la institución –resetear dicen en lenguaje de computación–, una tarea y reto que trasciende su mandato, y que de ser acometido prometería la peor de las reacciones.
El reto, si es que aún no es factible desistir de tener fuerzas armadas –un ideal de la humanidad hermanada que habrá de poblar este planeta–, es formar una nueva generación de militares, gallardos, dignos, al servicio real de la sociedad civil, comprometidos en tiempos de paz con la investigación en ciencias de punta, aportando con ello al crecimiento del país en todos sus sectores estratégicos.
Pero además es necesario preguntar y esclarecer por las autoridades competentes, en procura de armar el rompecabezas que soporta lo acaecido en la vereda Bocas del Manso Camino, ¿por qué procedió, como lo hizo, la unidad militar en cuestión? ¿Actúo así por un acuerdo con el Clan del Golpe? –de quien se dice es la fuerza (para)militar que tiene presencia y control sobre esa parte del territorio nacional– ¿Tal vez retomaron actividades allí unidades de las Farc que no se acogieron a los acuerdos de paz y los militares culpan de encubrimiento a la población civil? ¿Así operaron para desacreditar al gobierno por desgobierno? ¿Pretendieron así para anunciar lo que vendrá si avanza la pretendida reforma agraria, como lo comentó el Presidente?
Sea cual sea el motivo, lo que es casi seguro, por la línea de mando, es que improbablemente el oficial al mando obrara por cuenta y riesgo propio, lo que de ser así hace más compleja la investigación por adelantar.
Una acción, cualquiera sea el resultado judicial de la misma, que por la manera como fue encarada por la comunidad afectada hace merecedor a este puñado de campesinos e indígenas al Premio Nacional de Paz, como a la mujer que encaró con alta dignidad a la tropa como la mujer del año, la más alta defensora de los derechos humanos, la más digna entre las dignas. .
* https://cdpsanjose.org/
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